El Ayuntamiento de San Fernando concedió el pasado 28 de agosto la licencia de primera ocupación para las polémicas torres de La Casería construidas por Arenal 2000. Y para el PSOE local, con esta concesión de la Gerencia de Urbanismo “nos encontramos con unos hechos muy graves que podrían reproducir el mismo calvario que en su momento supuso el caso Provigades, cuyo origen fue una situación idéntica a la denunciada ahora, de clara dejadez municipal, ya que no se informó a los propietarios de una veintena de viviendas que el promotor las había construido en zona militar y que pendía sobre las mismas una sentencia que decretaba su derrumbe”. Este silencio del Consistorio a punto estuvo de arruinar la vida de muchas familias isleñas, aunque finalmente las casas del Paseo Capitán Conforto permanecen hoy en pie y pudieron salvarse del derribo gracias a la buena predisposición mostrada por el Ministerio de Defensa.Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fernando López Gil, lo mismo está sucediendo con las tres torres de 16 pisos de La Casería, en el que todo el proceso judicial puede concluir decretando la demolición de los bloques de viviendas construidos por Arenal 2000. Y es que, añade, “la forma urbanística elegida para permitir la edificación de estas torres permitió al equipo de Gobierno aprobar un desarrollo en la zona sin que los informes negativos dictaminados por otras administraciones resultasen vinculantes”. Esta actitud municipal se ha revelado como “irregular” por lo que tiene que iniciarse nuevamente todo el proceso que desembocó en la urbanización de la zona al más propio estilo del Torremolinos de los años 70. “Si como podría suponer los informes son negativos, el desarrollo urbanístico de la franja litoral de La Casería se considerará ilegal y tendrá que procederse a la demolición de todas las construcciones”, apunta.Según el único partido de la oposición, la postura municipal “correcta”, la de la Gerencia de Urbanismo en particular y del propio Ayuntamiento en general, “sí es que realmente se quiere hacer prevalecer los derechos de la ciudadanía”, pasa por derogar la concesión de la licencia de primera ocupación hasta una vez resuelto el conflicto y, por tanto, tras conocer el veredicto de la Justicia. Hasta ahora existe una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz, de fecha 10 de diciembre de 2008. Esto, a juicio del líder socialista, debería haber sido más que suficiente para que el bipartito, a través de los mecanismos municipales, hubiese informado de la situación a los ciudadanos interesados en la adquisición de alguna de estas viviendas. “Si finalmente las torres se declarasen ilegales los compradores tendrían unas casas que se tirarían y una hipoteca que pagar, siendo el Consistorio corresponsable de la situación que se generase”, alarma López Gil en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.EL PSOE PROCEDERÁ “CON TODAS LAS CONSECUENCIAS”Una vez que el Ayuntamiento ha concedido la licencia de primera ocupación, el PSOE asegura que procederá “con todas las consecuencias sobre quienes así lo permitan porque serían responsables de un hecho delictivo ya que el Ayuntamiento es conocedor de la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2008, y sabe también que no debe, aunque pueda, conceder ninguna licencia de primera ocupación hasta que el asunto quede totalmente resuelto por los tribunales”.Por último, Fernando López Gil llama la atención nuevamente sobre la actitud que en este asunto están manteniendo los ediles del PP, “unos concejales que han aprobado la construcción de más torres de pisos en los antiguos terrenos de FSC y que ahora, a través de la decisión adoptada por la delegada de Urbanismo, Carmen Pedemonte, de conceder la licencia de primera ocupación podría poner en peligro la inversión de aquellas familias que adquiriesen, hasta que no existiera una sentencia firme que declarase legal la construcción de las torres, algunas de esta viviendas”. Así, se solicita tanto a Pedemonte como al delegado de Planeamiento Urbanístico y Licencias, el también concejal del PP Pascual Junquera que colaboren en el cumplimiento de la legalidad, deroguen la concesión de la licencia de primera ocupación que han concedido a las controvertidas torres y no perjudiquen a los posibles compradores.
Fuente: Diario Bahia de Cadiz Digital
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