Una inspectora médica denuncia un "fraude contable" en la
Seguridad Social en Cádiz
24.12.2017 –
05:00 H.
La
inspectora médica María Dolores Mesa Varela (San Fernando, Cádiz, 1954)
denuncia un "fraude masivo" en la Tesorería General de la Seguridad
Social de la
provincia de Cádiz que consistiría en "imputaciones contables de
cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e
incluso años", según relata a El Confidencial.
En 2016 la
TGSS presentó ante la Audiencia Nacional informes donde se observa la
diferencia entre "fecha real de ingresos" y "fecha de
aplicación", según la documentación que obra en poder de este diario. El
asunto le consta, con fecha 18 de octubre de 2016, a la Subdirección general de
Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería que hace referencia al número de
expediente 234/2013-1-1.
También está
al corriente de esta cuestión la Subdirección General de Recursos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social por "un asunto de reclamación por
responsabilidad patrimonial" y la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica del Ministerio, que solicitó que se le enviara información
a la Audiencia
Nacional.
Según datos
oficiales de la dirección provincial de Cádiz de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el detalle de ingresos aplicados por título ejecutivo a
día 17 de octubre de 2016 hay importes como uno de 10.034,51 euros de la
sociedad cooperativa andaluza centro médico Safer con fecha real de ingreso 1
de octubre de 2007 y la fecha de aplicación se demora hasta el 4 de enero de
2008. Esta 'descoordinación' de asientos contables también se refleja en
otra media docena más de ingresos del centro.
"Enriquecimiento injusto"
Estas
presuntas irregularidades comprenderían, según Mesa, un espacio de tiempo entre
2001 y 2015. "Lo que han realizado durante todos estos años es quedarse
con el dinero sin anotar y emitir documentos de falsas deudas de las
empresas", explica la denunciante quien sostiene que se habría podido
producir un presunto delito de "enriquecimiento injusto de la
Administración y la productividad de los funcionarios que lo hacen porque
elevan el número de embargos y el total cobrado". Y es un
"fraude masivo", añade, "porque lo hicieron en las tres empresas
que yo tenía y en muchas más de las que tengo documentación", argumenta.
El 'modus
operandi' consistiría en "una ejecución de embargo por inexistente deuda
ante la que no permitieron defensa que han reconocido pero que no han
trasladado a la contabilidad, dando continuidad a procedimientos de embargos en
cascada sin regularizar los asientos contables, realizar devoluciones de
ingresos indebidos o aplicar a cuotas que permitirían comprobar que existe al
día de la fecha saldo acreedor de la sociedad".
Y denuncia
"la falta de control por parte de la Dirección General en Madrid de la
Tesorería General y de la Inspección de Servicios del Ministerio, entonces de
Trabajo e Inmigración, y ahora de Empleo y Seguridad Social, incluso con
denuncias personales y documentales". Solo entre septiembre de 2006 y
julio de 2007 se ha producido una diferencia de 22.103,89 euros de presuntos
incrementos debidos a las cuotas de la Seguridad Social, según la
denunciante. "Esta mecánica ha costado el cierre de empresas y denuncias
ante el contencioso-administrativo penal y denuncias ante el Ministerio".
Mesa, que
ahora ejerce como inspectora médica en Sevilla, culminó los estudios de
Medicina en Cádiz siendo empleada de Telefónica, empresa donde trabajó 16 años.
Tiene ya 43 años cotizados. Fundó el centro médico Safer en 1989 por su
"ilusión" por ejercer la medicina en la atención primaria. Conocida
por sus empleados (llegó a tener 27) como "la jefa" argumenta cuál es
su "secreto": "La contabilidad y las cuentas siempre han
estado bajo mi responsabilidad en exclusiva, no ha habido interferencias de
nadie. Por eso sé perfectamente lo que ha pasado. Han ido a por mí por envidia.
Nos financiábamos sobre todo de las urgencias. Lo que me gustaba de mi centro,
que me cerraron en febrero de 2012, era la asistencia sanitaria 24 horas".
Safer llegó a esponsorizar el club de hockey de San Fernando.
El cierre del centro médico
Los
problemas de Mesa con la Administración se remontan a 2001. "Me exigieron
en la Tesorería una cantidad que no debía (1,2 millones de pesetas). Embargaron
la cuenta de mi banco sin expediente ni nada. Al día de hoy no lo han podido
justificar. Ellos argumentaban que era una deuda, pero la diferencia a su favor
era de 4.000 euros y no era cierta". 'Diario de Cádiz' ya informó que Mesa reclamaba "una deuda
de 300.000 euros por un servicio prestado, que la Administración le negaba por
no cumplir una serie de requisitos".
"No es
hasta septiembre de 2012 cuando la TGSS reconoce que mantiene excedentes de
embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad"
La doctora
tampoco se explica cómo no se ha realizado "ninguna investigación" durante
todos estos años en la Fiscalía Provincial de Cádiz donde se acudió por parte
de la representación de la sociedad cooperativa Safer, que atendía a pacientes
de las aseguradoras Adeslas, Mapfre, Asisa, trabajadores de Diputación y
personal del Ministerio de Defensa. "No es hasta septiembre de 2012 cuando
la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce por primera vez que
mantienen excedentes de embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad
y, a pesar de ello, hasta la fecha no se ha regularizado", argumenta la
denunciante.
La
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía adujo como motivos del cierre
"una serie de irregularidades y deficiencias en las unidades asistenciales
por visitas practicadas por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios
tales como la carencia de autorización administrativa y de tarjetas de
transporte de la ambulancia del centro". Dolores Mesa argumenta que el
centro disponía de autorización del Ministerio de Sanidad desde 1989 y
de la Junta de Andalucía desde 1994. "La documentación se remitió por
burofax, contemplada en el artículo 7 del Decreto 69/2008, y también en la
Delegación del Gobierno en Sevilla. No me la admitieron y por eso cerraron el
centro".
La Tesorería lo niega
El
Confidencial se puso en contacto con la TGSS para recabar su versión de los
hechos. Este organismo resaltó que no cobraba deudas "inexistentes",
ya que todas las deudas que constan en sus ficheros responden "a un
incumplimiento en el pago por parte de los obligados a ello, estando
identificada la causa del incumplimiento, el responsable y el expediente",
señalaron a El Confidencial fuentes próximas a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
"La
norma contempla un procedimiento en el que se garantiza que el deudor es
conocedor del expediente de apremio desde su inicio, y a quien se le
notifican las actuaciones de la TGSS con sus correspondientes pies de recurso.
Una vez cobrada una cantidad, el propio sistema informático, aplica dicha
cantidad a la deuda más antigua que exista, sin que se pueda alterar dicha
imputación", explican en el organismo.
La Policía
registró en septiembre de 2016 la sede de la TGSS de Cádiz investigando un
presunto delito de alteración en subastas públicas
La dirección
provincial gaditana de la Tesorería General de la Seguridad Social resalta que
no resulta posible "mantener cuentas falsas ni deudas falsas y por tanto
es imposible subastar una finca que no haya sido embargada conforme a
las disposiciones legales. Es muy importante resaltar que no se retiene ninguna
cantidad de dinero de procedencia ilegítima ya que todos los ingresos que se
obtienen se corresponden con deudas reales y existentes". Agentes de la Policía
Nacional registraron
en septiembre de 2016 la sede de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Cádiz
investigando un presunto delito de alteración en subastas públicas de efectos
intervenidos por la Seguridad Social.
La denuncia
de Mesa no solo se limita a la Tesorería General de la Seguridad Social, sino
que también alcanza a Hacienda, según una sentencia del Tribunal Supremo
del pasado 26 de junio en la que se admite en parte el relato de la denuncia
del centro médico Safer también por presuntas irregularidades contables.
"Sigo
luchando para lograr que funcionarios y cargos públicos de las administraciones
no impidan a los gaditanos el derecho constitucional al trabajo... y
poner de nuevo las actividades laborales, el centro médico y la actividad de
mayores que también teníamos en marcha", explica Mesa de modo contundente.
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