El Gobierno de
Aznar ocultó datos sobre militares y policías adiestrados por Videla
► Las investigaciones realizadas por el juez Garzón
sobre los cursos ofrecidos por el régimen argentino a miembros de las Fuerzas
de Seguridad españolas quedaron inconclusas.
► El
anterior Ejecutivo del PP no aportó ciertos documentos sobre esa colaboración
represiva, realizada justo antes del nacimiento del GAL.
PÚBLICO | DANILO
ALBIN | MADRID | 10-12-2017
Sus inventores
lo llamaban “teléfono”, pero
no servía precisamente para hablar. En la Argentina de los campos de
concentración, aquel temible instrumento era una pieza más en el catálogo del
infierno: cuando los torturadores tenían ganas de jugar, lo utilizaban para
atormentar aún más a sus víctimas. Básicamente, consistía en un aparato que
daba descargas simultáneas de
electricidad en oreja y boca. Era simplemente horroroso. Pero
había más. Siempre había más. Por ejemplo, otro día podían meterte un tubo por
el ano y soltar dentro una rata. “Rectoscopio”, lo denominaban los verdugos.
Entre 1976 y
1983, cientos de militares argentinos se especializaron en diferentes métodos de tortura. No figuraba
oficialmente en los programas de estudio, pero alcanzaba con incorporarse a
alguno de los temibles “grupos de
tareas” –eufemismo empleado para identificar a los
comandos a cargo de los secuestros y torturas de opositores- para aprender el
amplio y tenebroso arte de los
tormentos.
A fuerza de
electrocutar, ahogar y golpear a personas indefensas, la dictadura de Jorge
Rafael Videla se hizo un hueco en el disputado mercado de la lucha anticomunista. O
antiterrorista, como preferían (y prefieren) denominarla aquellos que buscaban
justificar tales crímenes. En ese contexto, la España de la transición apostó
firmemente por la “escuela argentina” a la hora de formar a varios policías,
guardias civiles y miembros del ejército. El calendario indica que todo ello
ocurrió en los prolegómenos de la
creación del GAL, el grupo terrorista que practicó la guerra
sucia contra ETA.
Estos casos
llegaron a mediados de los noventa a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón efectuaba
una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la
dictadura argentina. Sin embargo, el magistrado no dispuso de toda la
información existente en torno a este asunto, y no precisamente porque los
documentos en cuestión hubiesen desaparecido. Nada de eso. Según ha podido
comprobar Público,
el gobierno de José María Aznar no
aportó todos los archivos que daban forma a este capítulo de la colaboración
establecida entre España y el régimen genocida de Videla.
Lista
incompleta
En el marco de
aquel procedimiento judicial, Garzón recibió un listado de militares españoles
que habían realizado cursos en Argentina durante los años de la dictadura. El
documento había sido enviado el 19
de enero de 1998 por el Mando de Adiestramiento y Doctrina
del Ejército, que había localizado en sus registros los casos de 10 militares
que entre 1979 y 1983 se desplazaron a Buenos Aires. Según consta en esa
nómina, la mayoría eran coroneles y
habían realizado cursos en la Escuela de Inteligencia del régimen argentino.
El 13 de mayo de
1998, el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, envió a Garzón un listado más amplio
sobre “nombre y empleo de los militares españoles que siguieron cursos en
centros militares argentinos entre los años 1976 y 1983”. Ese documento
incorporaba los nombres del coronel de Infantería Marina Cristóbal Gil y Gil y
del general de División del Ejército del Aire José María Paternina Bono, quienes
también habían cursado estudios en el país sudamericano en 1981 y 1982
respectivamente.
El coronel Gil y
Gil llegó a ser señalado por una de las víctimas de la ESMA, el mayor campo de
concentración de la dictadura. Según el testimonio ofrecido por el
sobreviviente Víctor Basterra, el militar español había participado en
secuestros, algo que el acusado negó ante el juez Garzón. Durante su
declaración en sede judicial, efectuada el 16 de junio de 1998, incluso aseguró
que cuando viajó a Argentina no sabía que allí se estaban produciendo desapariciones, algo que entonces
era de público conocimiento a nivel internacional.
No obstante, la
transcripción de su declaración ofrece algunas otras pistas. “Preguntado si en
el curso mencionado también se le instruyó sobre formas de combatir la
subversión, contesta que esas eran las
técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental,
siendo normales la existencia de libros de guerra de guerrillas. Por el
contrario, el contenido del curso estaba centrado en el estudio del pensamiento
y sus diferentes manifestaciones a través del Estado”, aseguró. También admitió
que en 1981, cuando fue designado para realizar ese curso, efectuaba labores de Inteligencia “en el
ámbito de lo que en aquel entonces era el antecedente del CESID”.
Ni las
declaraciones de Gil y Gil ni los listados obtenidos por Garzón con los nombres
de otros 11 militares tuvieron mayor recorrido. La causa llevada adelante por
el magistrado de la Audiencia Nacional se detuvo en 2003, cuando Argentina
anuló las leyes de impunidad y comenzó a investigar los crímenes de la
dictadura. De esta manera, las averiguaciones que se habían emprendido en
Madrid para conocer el papel de los militares españoles adiestrados en Buenos
Aires quedaron paralizadas.
Lo que
ocultó Aznar
En ese
contexto, Público ha
tenido acceso a una serie de documentos que no fueron aportados por el gobierno
de Aznar a Garzón y
que demuestran que la “formación” de policías y militares españoles en
Argentina fue bastante más amplia. En realidad, esta estrecha colaboración se
enmarcó en un “plan de becas”establecido
inicialmente por el régimen de Videla para formar a agentes de otras dictaduras
latinoamericanas.
En septiembre de
1977, la dictadura decidió ampliar esa oferta “a la Institución policial del Reino de España”. Así
consta en un documento firmado por el entonces Jefe de la Policía
argentina, Edmundo René Ojeda,
quien destacaba que “la presencia de miembros de las instituciones hermanas”
–en alusión a España- permitiría “optimizar” esfuerzos
para “enfrentar con éxito la lucha común contra la delincuencia en todas sus
formas”.
“En función de
ello, se procura concurrir al intercambio de conocimientos y experiencias, en
el que será de importancia el aporte de representantes de la Madre Patria. Asimismo, habrá de
lograrse un acercamiento entre Fuerzas, idóneo para estrechar los vínculos que
las unen”, señala el documento enviado por Ojeda al embajador de Videla en
España, Leandro Enrique Anaya.
También explicaba que todos los cursos tendrían “carácter intensivo, con clases
teórico-prácticas dictadas de lunes a sábado inclusive, complementadas con
visitas de estudio y/o conferencias especiales”.
El 25 de
noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores de España informó que el
gobierno de Adolfo Suárez había aceptado las becas ofrecidas por la dictadura
para miembros de las Fuerzas de Seguridad. “El Ministerio de Asuntos Exteriores
saluda atentamente a la Embajada de la República Argentina en Madrid, y en
relación con su nota verbal número 385, sección 2, de 19 de octubre último,
relativa al Plan de Becas de la
Policía Federal Argentina, tiene la honra de informarle que la
Subsecretaría de Orden Público del ministerio del Interior acepta dos de las
becas ofrecidas, a fin de que un oficial de la Guardia Civil y otro de la
Policía Armada puedan realizar el Curso de Explosivos previsto para el día 23
de octubre de 1978”, señalaba la nota.
La colaboración
continuó en años posteriores. De hecho, este periódico ha tenido acceso a otro
documento fechado el 3 de agosto de 1979, en el que la embajada de Videla en
Madrid notifica a la Subsecretaría del ministerio del Interior de España que
“la Policía Federal Argentina ha informado a nuestra Cancillería que acepta la
postulación del capitán Miguel
Ángel Ortiz Asín y la del teniente Ángel Martín San Miguel
–ambos pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil- para realizar el curso II
Explosivos Latinoamericanos (sic), que dará comienzo el 10 de octubre próximo,
de acuerdo con el Plan Becas 79”.
Cuando Garzón
investigaba este tipo de colaboraciones, el gobierno de Aznar no aportó ninguno
de estos documentos en el juzgado. Su “omisión” permitió que estos acuerdos siguieran
escondidos. Luego, la causa se cerró.
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