Detenidos todos los cargos de la
Junta involucrados en la concesión de Aznalcóllar
La Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido en las últimas semanas a
todos los cargos y técnicos de la Junta de Andalucía que intervinieron en el
proceso de adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar. Así consta en un
documento al que ha tenido acceso El Confidencial, relacionado con el
procedimiento que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla
para aclarar si hubo irregularidades en la concesión del proyecto al consorcio
formado por las mercantiles Grupo México y Minorbis.
Entre los detenidos se encuentran
los seis funcionarios que integraron la Comisión Técnica que se encargó de
evaluar las tres ofertas que se presentaron al concurso para quedarse con la
explotación del yacimiento. Se trata de los empleados públicos Pilar Orche,
Aurora Gomera, Manuel Gil, Luis Cordero, Juan José García y Alberto Fernández.
Asimismo, los agentes también han
arrestado a todos los componentes de la Mesa de Contratación que intervino en
el proceso. Se trata de los técnicos Juan Manuel Revilla, Pastora Sánchez de la
Cuesta, José Marcos Acosta, Julio Ramos, Salvador Camacho, Iván Maldonado y,
por último, la presidenta de mesa, María José Asensio Coto, directora general
de Industria, Energía y Minas, la dirigente de mayor rango de todos los
implicados hasta ahora en el curso de esta investigación. Asensio fue la última
en ser arrestada.
Según fuentes cercanas al caso,
las detenciones comenzaron el pasado 15 de mayo y concluyeron el pasado 15 de
junio. La UDEF tomó declaración a todos los funcionarios para tratar de
averiguar su participación exacta en las presuntas irregularidades que ya
fueron señaladas en un primer informe de los investigadores remitido al Juzgado
número 3 de Sevilla el pasado 23 de abril. Entre otras conclusiones, los
expertos en delitos económicos de la Policía señalaron que la empresa que
resultó adjudicataria había incumplido puntos fundamentales del pliego de
condiciones del concurso, como la ausencia de avales, la falta de un seguro de
riesgos profesionales y la carencia de la plantilla y los medios materiales
necesarios para poder gestionar el yacimiento, entre otros aspectos.
La UDEF habría concluido tras
interrogar a los 13 técnicos detenidos y analizar su actuación a lo largo del
proceso de adjudicación que presuntamente habrían prevaricado otorgando más
puntuación de la merecida al consorcio formado por el Grupo México y Minorbis,
en detrimento de la compañía Emerita Resources España, la sociedad que presentó
la denuncia que ha dado lugar a este procedimiento.
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