La Huelga de la Canadiense y la jornada laboral de 8 horas
Para la burguesía, el anarcosindicalismo
se estaba convirtiendo en una clara amenaza para el orden social que sustentaba
su hegemonía social y económica. La prueba de fuego entre ambos se inició el 5
de febrero de 1919 con el conflicto de la Canadiense en Barcelona, una huelga mítica en la
historia del sindicalismo libertario por su importancia, duración y
dimensiones.
Mientras en Berlín habían asesinado a Rosa
Luxemburgo el 15 de enero, en Barcelona, durante las semanas previas a la
huelga, había incidentes entre libertarios y ugetistas, con algún asesinato
durante la huelga de tipógrafos; acusaciones de Pestaña contra Cambó (Lliga
Regionalista) sobre la intención de asesinarlos a él y a Seguí; suspensión de
las garantías constitucionales; clausura de sindicatos; detenciones de
dirigentes y activistas libertarios; buques de guerra en el puerto y censura de
prensa. La cuestión de fondo que alimentó la huelga fue, además del derecho a
la sindicación, el intento de forzar a la patronal al reconocimiento definitivo
de la CNT como la interlocutora del mundo del trabajo en Cataluña.
La huelga de la Canadiense (llamada así porque el principal
accionista de la Compañía era el Canadian Bank of Commerce of Toronto) se prolongó por 44 días convirtiéndose
en huelga general paralizando el 70% de la industria catalana. El conflicto
comenzó al organizarse entre el personal de oficinas, un Sindicato
Independiente, que el gerente de La Canadiense, Fraser Lawton, nunca aceptó,
por lo que éste empleó como estrategia hacer fijos ocho empleados eventuales y
rebajarles el sueldo. Éstos protestaron con el argumento de que: «a mismo
trabajo, mismo sueldo». Estas ocho personas, que eran precisamente las que
habían organizado el Sindicato Independiente dentro de la empresa, inmediatamente
fueron despedidos por Lawton. Cinco de los sancionados pertenecían a la sección
de facturación y sus compañeros, en acto de solidaridad, el día 5 de febrero de
1919 se declararon en huelga hasta que se readmitiera a sus compañeros
despedidos. Los 117 empleados de la sección de facturación se dirigieron hacia
Gobernación para hablar con el gobernador, que les prometió que intercedería
por ellos ante la empresa, si volvían al trabajo. Cuando éstos volvieron, se
encontraron con fuerzas de la policía que les impedían el paso, no dejándoles
entrar al interior del edificio, produciéndose diversos incidentes y quedando
todos ellos despedidos. Al día siguiente la noticia corrió por Barcelona como
un reguero de pólvora.
Los huelguistas buscaron la ayuda de la
CNT, que se involucró en el conflicto. Se nombró un comité de huelga que lo
formaron varios de los despedidos y miembros de la CNT y que estuvo liderado
por Simó Piera. La huelga se extendió hacia los encargados de la lectura de
contadores.
Contado la huelga con un amplio apoyo
popular —se formaron cajas de resistencia que recaudaron 50.000 pesetas en una
semana— el gerente de la empresa propuso una negociación cuya fecha fue fijada
para el 17 de febrero en el edificio de la compañía y a la que acudiendon cinco
delegados en representación de los trabajadores. Cuando el gerente se enteró
que entre los delegados había un afiliado a la CNT no quiso negociar.
Los huelguistas iniciaron cortes en el
suministro eléctrico, quedando Barcelona prácticamente paralizada a las cuatro
de la tarde del 21 de febrero, aunque había otra compañía —Energía Eléctrica de Cataluña— que seguía suministrando energía. El 4º Regimiento de zapadores y algunos
marineros ocuparon la sede de la empresa y llegó a la ciudad un nuevo
gobernador militar, Martínez Anido. Con el permiso de los inversores, Romanones
confiscó la empresa y los ingenieros militares consiguieron iluminar la ciudad
la noche del 22.
El día 23 se unieron a la huelga los
trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de
Cataluña, lográndose el paro total de las compañías
eléctricas. El 26 los trabajadores de las compañías de aguas y del gas se
sumaron a la huelga, por lo que dichas empresas también fueron confiscadas.
El 3 de marzo los trabajadores de la
central eléctrica de Sant Adrià del Besos secundan la huelga y el día 5 el
general Milans del Bosch dicta un bando para llamar a la movilización a todos
los hombres entre 21 y 38 años del ramo de la electricidad que tan solo sale
publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas convocados para la
movilización decidieron el 7 de marzo no incorporarse a filas, lo que provocó
que fueran encarcelados. En totol, unos tres mil trabajadores llenaron las
prisiones, el castillo de Montjuïc y los buques de guerra del puerto, sometidos
a la jurisdicción militar, puesta al servicio de la patronal catalana tras la
declaración del estado de guerra el 12 de marzo. Barcelona fue ocupada por los
militares y las cajas de resistencia podían llegar a recoger decenas de miles
de pesetas semanales. Romanones se inclinó por algunos nombramientos políticos
para propiciar el diálogo y el día 15 se abrieron las negociaciones.
El 17 se llegó a un acuerdo, se levantó la
censura roja (que ejercía el Sindicato de Artes Gráficas) y el estado de
guerra. Dos días después concluía la huelga con un balance bastante favorable
para los trabajadores: jornada de ocho horas, mejoras salariales, readmisión de
los despedidos y libertad para los detenidos. Unas 20.000 personas se
congregaron ese día en la plaza de toros de las Arenas para ratificar el
acuerdo, pero el propio Seguí fue recibido con un importante abucheo porque
algunos trabajadores seguían detenidos por los militares. Para el «Noi del
Sucre» se trataba de elegir entre la consolidación de las mejoras conseguidas o
rescatar por la fuerza a los detenidos, con el consiguiente baño de sangre, que
podía ser el inicio de la revolución social; pero, aunque dominaban las calles,
¿estaban en condiciones de vencer a los militares? Acordaron volver al trabajo
y dar un plazo de tres días para la libertad de todos los detenidos.
Con el apoyo de Lliga, Milans del Bosch optó por no liberar a los
detenidos. Burgueses y militares esperaban acabar con los anarcosindicalistas
si éstos optaban por la huelga general revolucionaria. Los más radicales
acabaron convocándola el 24 de marzo, y el 25 el capitán general declaró por su
cuenta el estado de guerra. Al día siguiente, unos ocho mil paramilitares del
Sometent salieron armados a las calles de Barcelona bajo la dirección del nacionalista
Ventosa Calvell. El propio Cambó afirmó que se había paseado con un fusil por
las calles de la ciudad. El día 30 el estado de guerra se extendió a toda
España y el 1 de abril la huelga general abarcaba las ciudades más
industrializadas de Cataluña. Al día siguiente todos los sindicatos fueron
clausurados, aunque Romanotes decretó la jornada de ocho horas a partir de
octubre para desbrozar el camino de la vuelta al trabajo, hecho que se empezó a
producir a partir del día 5. Los partidarios de la huelga habían sido
derrotados, y con ellos la sensación de imbatibilidad que acompañó a la CNT
durante la huelga de la Canadiense. El grupo de presión formado por los
militares y la Lliga, ésta a través de la patronal, se había impuesto a las
decisiones del gobierno, que dimitió. La burguesía catalana, que propugnaba la
reforma del estado para acomodarlo a sus intereses, se había aliado con los
militares hasta el mismo límite del golpe de estado, también para defender sus
intereses económicos. No era la primera vez. Ya habían llevado a término una
campaña de delación tras la Semana Trágica; llevaban años oponiéndose a las
reformas sociales de diferentes gobiernos en nombre de la no intervención, pero
pidiendo la intervención del ejército contra los trabajadores, es decir,
propiciando el militarismo. Tampoco sería la última, porque apoyarían el golpe
de Primo de Rivera en 1923 y contribuirían a financiar el golpe de 1936.
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