La directora de una residencia de ancianos de Alhaurín de la Torre (Málaga) fue detenida ayer después de ser juzgada por apropiarse de 18.000 euros de una de las personas mayores que cuidaba en 2003. La Guardia Civil la estuvo esperando en la puerta por una causa similar en la que hay 12 afectados.
Hasta ayer, un juzgado de Torremolinos había tratado de notificarle un auto de apertura de juicio oral sin éxito, por lo que el juez había dictado una orden de detención y personación contra ella. Estas dos no son las únicas causan que tiene abiertas Concepción Barrabino Jiménez. En 2005 fue detenida junto a otras cuatro personas de su familia por estafar y maltratar a personas mayores de la misma residencia, Nuestra Señora de Gracia, para quedarse con sus propiedades.
En el juicio de ayer, la geriatra estaba acusada de estafa y se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión. El ministerio público considera probado que engañó a la anciana, ya fallecida y que sufría demencia senil, haciéndole firmar unos documentos que le autorizaban a sacar dinero de su cuenta corriente para pagar la estancia en el centro.
A pesar de que la mensualidad rondaba los 800 euros, entre mayo y julio de 2003, Barrabino extrajo cantidades que iban de los 1.200 a 4.000 euros. Durante el juicio, la directora del geriátrico aseguró que no extrajo "ni un céntimo más de lo estipulado" y que la anciana "estaba lúcida y sabía lo que hacía".
Uno de los sobrinos de la mujer, encargado de guardar la cartilla del banco, denunció que se estaban sacando grandes cantidades de dinero e interpuso una denuncia contra la acusada.
Autorización firmada
Una cajera del banco declaró que la directora de la residencia de ancianos siempre llevaba una autorización firmada y que coincidía siempre con la firma de la titular de la cuenta. La acusación particular ha pedido tres años de prisión por un delito de estafa y otros tres por un delito de falsedad.
En la causa de 2005, la Fiscalía pide para Barrabino siete años de cárcel. La geriatra está acusada de engañar a los ancianos para hacerles firmar poderes notariales que le dieran acceso a sus viviendas y sus cuentas con el pretexto de gestionar el cobro de la pensión. En este caso, el hijo de la propietaria de la residencia se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel.
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