Cuatro consejeros de Aguirre avalaron 51 contratos a la trama

No sólo Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre y su candidato a presidir Caja Madrid, firmó pagos a empresas de la trama Gürtel. Otros cuatro consejeros hicieron lo mismo: los dos últimos titulares de Inmigración, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty; el que fue consejero de Cultura hasta las elecciones europeas de junio, Santiago Fisas; y Alberto López Viejo, ahora imputado por el caso Gürtel y quien desde su posición de viceconsejero de Presidencia a las órdenes de Ignacio González fue ascendido a máximo responsable de Deportes tras las elecciones de 2007.
En total, de acuerdo con el listado de facturas incluido en el sumario del caso Gürtel, los cuatro signaron 51 pagos y contratos por 719.143 euros, lo que equivale a casi el 25% de los más de tres millones que las cuatro empresas de la red corrupta obtuvieron gracias a los 342 contratos que les otorgó la Comunidad de Madrid a partir de 2004. La propia Figar, ahora responsable de Educación, reconoció el jueves que "algunas" de las facturas de las empresas de la red corrupta que aprobó el Ejecutivo madrileño en la pasada legislatura "no cumplían con el principio de austeridad".
La interventora reprochó a Lasquetty que fraccionara pagos
López Viejo, a quien Aguirre señala como único responsable de que el conglomerado empresarial de Francisco Correa introdujera sus tentáculos en la Comunidad, fue el que más se reservó en su puesto de consejero: como titular de Deportes, sólo firmó dos abonos que suman 12.153 euros. El hombre que, según el equipo de Aguirre, organizaba todos los actos de la presidenta dentro y fuera del partido, autorizó un pago de 5.708 euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.445 por la de una piscina.
Diecisiete contratos
El mayor volumen de pagos avalados por consejeros se da en Inmigración. Lucía Figar, responsable de ese departamento desde su nacimiento, en septiembre de 2005, hasta que, tras las elecciones de 2007, se hizo cargo de Educación, otorgó 17 contratos a empresas de la trama, todos ellos a dedo por un importe total de 97.979 euros. Su sucesor en Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, siguió la estela, corregida y aumentada. En contra de lo dicho por su predecesora, los pagos no terminaron con la legislatura que expiró en junio de 2007.
En 2008, la Comunidad siguió contratando a las empresas de la red
En un año y medio, el transcurrido entre ese mes y diciembre de 2008, Lasquetty estampó su rúbrica en documentos de abono para 17 facturas que suman 117.776 euros. Todos estos encargos se adjudicaron como contratos menores. Hay otro más, cifrado en 69.020 euros, que lo obtuvo Diseño Asimétrico, mediante procedimiento negociado sin publicidad. O sea, también a dedo. El contrato tenía por objeto el montaje del stand de la Consejería en la Feria Integra, que se celebró entre los días 5 y 8 del pasado mes de diciembre. La adjudicación provisional se hizo pública el día 2 de ese mes, tres días antes de que comenzara el certamen.
Muy probablemente, Diseño Asimétrico sabía de antemano que el contrato acabaría en su poder. En realidad y con independencia de que resulta difícil dilucidar si el precio se ajustaba o no al mercado, el grupo de Correa sí sabía de antemano que se vería beneficiado con esa adjudicación: la Consejería cursó las tres invitaciones preceptivas en el procedimiento negociado. Pero las tres fueron a parar a empresas de la trama.
Tanto Figar como Lasquetty tuvieron como subordinado a Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta octubre de 2008 e imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de sobornos. Clemente cesó a petición propia y, cobijado por el ex ministro José María Michavila, logró un alto cargo en una prestigiosa fundación a la que ya no pertenece.
Fraccionar los pagos
Al igual que Ignacio González, también Lasquetty firmó pagos que incumplían el precepto de la Ley de Contratos Públicos que prohíbe el fraccionamiento para minorar cuantías y evitar la convocatoria de concurso. El 13 de mayo de 2008, el consejero de Inmigración rubricó el ADOK (documento que contiene la autorización y reconocimiento de gasto) de una factura de Servimadrid fechada el 15 de octubre del año anterior. El objeto del contrato, el personal encargado del "montaje y desarrollo" de la carroza del Día de la Hispanidad en la Cabalgata Viva América. Servimadrid cobró por ese trabajo 11.997,85 euros.
Las cuatro empresas de la trama operaban con el Gobierno de Aguirre
Y la intervención avisó, por escrito, de que otras empresas, entre ellas Good and Better, habían prestado servicios para el mismo evento. "Se ha podido incurrir en un fraccionamiento", expuso la interventora. Que se sepa, no hubo consecuencias. Desde luego, Figar acertó al reconocer la falta de austeridad o despilfarro de algunas adjudicaciones. Ella misma firmó una factura de 5.825 euros que emitió Servimadrid por organizar una visita a un centro de formación del grupo Sigla. Las fotos del evento muestran el ya clásico cartelón de la "trasera" y la no menos clásica moqueta "rojo institucional". En el centro de la imagen, Aguirre.
Las cuatro empresas de la trama (Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico) operaban con el Gobierno de Aguirre como un fármaco de amplio espectro. Lo mismo montaban una trasera que asesoraban a la Consejería de Cultura y Deportes en cuestión de imagen.
El 12 de noviembre de 2004, el entonces consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, firmó un pago de 11.925 a Down Town Consulting (nombre anterior de Easy Concept) por la "asesoría de imagen en el acto Getafe C.F.". Ese acto consistió en una celebración en la sede de la Presidencia de Madrid por el ascenso del Getafe a Primera. No se sabe, porque la memoria explicativa no se molesta en explicarlo y la factura tampoco, en qué consistió tal asesoramiento. Down Town cobró otra factura por averiguar la "repercusión mediática del ascenso" del Getafe. La investigación le costó al erario público madrileño 4.098,68 euros. Gracias a una tercera factura según la cual imprimir unas lonas costó 10.743 euros, Down Town se embolsó 26.766 euros tras el acto del Getafe. Y Esperanza Aguirre tuvo su baño de flashes.
Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas
Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas del pasado mes de junio con el objetivo de alejarse del Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Antes de irse, firmó 12 pagos a la trama y dos contratos.
Esos dos contratos se corresponden con las adjudicaciones más sustanciosas cosechadas por el grupo de Correa en el fértil campo de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían por objeto organizar, en las ediciones de 2005 y 2006, la gala de entrega de los Premios de la Cultura y de la Medalla Internacional de las Artes. Y ambos concursos los ganó Servimadrid. El primero, por 162.000 euros. El segundo, por 177.570 euros. Al primer concurso acudieron varias empresas. En el segundo, nadie quiso competir. Sólo Servimadrid. En total, Santiago Fisas avaló pagos por valor de 422.215 euros.

Las cifras

21/06/2004Asesoramiento sin explicaciones: 11.925 euros Santiago Fisas avaló el pago de 11.925 euros a Down Town (Easy Concept) por “consultoría y asesoramiento de imagen”. No se sabe en qué consistió.

07/02/2006Entregar premios escolares: 11.763 eurosComo consejera de Inmigración, Lucía Figar validó con su firma un pago de 11.763 euros a Servimadrid por montar el acto de entrega de los premios escolares Paz y Cooperación. Aguirre protagonizó el evento, como casi todos los encargados a la trama.

26/07/2007 Inaugurar una piscina local: 6.445 eurosLópez Viejo firmó dos pagos a Servimadrid, que cobró 6.445 euros por la inauguración de una piscina; y 5.708 por la apertura de un polideportivo.

12/10/2007Diseñar una carroza: 11.200 euros Javier Fernández-Lasquetty rubricó el pago de 11.200 euros a Diseño Asimétrico por “diseño y presentación en 3D de la carroza” para el Día de la Hispanidad. La carroza reportó a la trama 46.847 euros divididos en cuatro facturas. Lasquetty las firmó todas.
"La ‘Gürtel’ es una hiedra que llega a la cúpula del PP"
"No somos iguales"El vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, se encargó ayer de clausurar la I Convención Socialista de la Ciudad de Madrid. Y entró al trapo de la ‘Gürtel’, algo que evitó el líder regional del partido, Tomás Gómez. Es un caso “escandaloso”, dijo Chaves, “una hiedra que empieza en los pies y llega hasta la cúpula” del PP. El vicepresidente combatió un temor lógico: que el electorado entienda que, con tantos focos de corrupción, la política no vale. “No todos somos iguales. No. Ningún partido está exento de que en algún momento ocurra algún caso de corrupción, pero nosotros asumimos responsabilidades, decimos la verdad y tomamos decisiones”. La solución no es “amedrentar a jueces, fiscales y policías”, ni tampoco “escurrir el bulto o cambiar de sitio a tres diputados”. Chaves aludía así a la expulsión del Grupo Popular de los tres parlamentarios madri-leños imputados en la ‘Gürtel’. Hace falta sólo que se “coja el toro por los cuernos”, demandó.Chaves se mofó de la falta de autoridad de Rajoy. Dudó de que pueda gobernar España quien “no es capaz de mandar en su partido”, ni de “arreglar cuentas con el que está sentado en el despacho de al lado”, en clara alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
Gal, Filesa y ahora Faisán“No acepto ni media lección de aquellos condenados por Filesa, de aquellos que sabían lo que era el GAL”, dijo Javier Arenas, presidente del PP andaluz. Al igual que Francisco Camps, Arenas acarició la idea de que algún escándalo acabe costando el cargo a Zapatero. “El caso Faisán, en cualquier país de Europa le costaría la cabeza, no a un ministro, sino al presidente”. Frente a la corrupción, Javier Arenas defendió que su partido “nunca mira para otro lado” y señaló que en el ‘caso del chivatazo’ se llegó a “avisar a los etarras para que se escapasen de la Policía”. Los conservadores han encontrado un filón en el ‘caso Faisán’. Mariano Rajoy anunció el viernes que su formación se personará en la causa la próxima semana porque se “permitió a un etarra” darse a la fuga.

fuente: Publico

Bancarrota en la Iglesia católica en EE UU

¿Se ha acogido la diócesis católica de Wilmington (Delaware) al Capítulo 11 de la Ley Federal de la Bancarrota para evitar el escándalo? Su obispo dice que no. Las víctimas aseguran que sí. Si lo ha hecho, no es la única. El de Wilmington sería el séptimo caso de una diócesis católica de Estados Unidos ligada a juicios relativos a abusos por parte de sacerdotes contra niños que desde 2004 se ha declarado en suspensión de pagos. Primero fue Portland (Oregon). Le siguieron San Diego (California); Tucson (Arizona); Spokane (Washington); Davenport (Iowa) y Fairbanks (Alaska).

Hace una semana, justo un día antes de que debiera iniciarse el juicio contra Francis DeLuca, un antiguo sacerdote de Wilmington, acusado de abusar sexualmente de un monaguillo menor de edad -que hoy tiene 57 años-, la diócesis presentó un recurso de bancarrota que dejó en suspenso de forma automática el caso que debía verse en la Corte Superior del Condado de Kent. Ése debía de ser el primero de ocho juicios por abusos sexuales cometidos en Delaware. Todos han quedado en el aire.
El obispo Francis Malooly emitió un comunicado a sus feligreses nada más declararse la suspensión de pagos. "Esta es una decisión dolorosa, una que esperaba y rezaba por no tener que tomar nunca", dijo el responsable de la diócesis, que justificó a continuación los pasos dados con el siguiente argumento: "Pedir Capítulo 11 de la ley de bancarrota nos ofrece la mejor oportunidad, dados los recursos finitos, de dar el tratamiento más justo posible a todas las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de nuestra congregación".
El planteamiento de la Iglesia de Wilmington es compensar a las víctimas a través de un solo proceso que llegue de la mano de la Corte de Bancarrotas. En esta maniobra -como en los anteriores casos-, los abogados de las víctimas ven un "esfuerzo desesperado" por parte de la Iglesia católica por evitar que se hagan públicas "miles de páginas de documentos escandalosos". "La diócesis quiere sepultarlos", ha declarado Thomas Neuberger, letrado cuya firma representa a más de 80 presuntas víctimas. "La declaración de bancarrota es el último y triste episodio de muchas décadas de intentos de tapar los crímenes cometidos por los sacerdotes y de mantener el secretismo que rodea la responsabilidad y la complicidad en el abuso de cientos de niños católicos", asegura Neuberger en un comunicado.
La diócesis de Wilmington, que a su vez cubre también la costa Este del Estado de Maryland, cuenta con 233.000 fieles repartidos en 58 parroquias y 14.000 estudiantes católicos. El documento de petición de suspensión de pagos valora los bienes de la congregación entre 50 y 100 millones de dólares (entre 33 y 66 millones de euros), con una deuda estimada de entre 100 y 500 millones. La Iglesia de Roma ha visto tambalearse sus cimientos norteamericanos debido a la ingente cantidad de escándalos que en la última década han salpicado sus templos y la callada respuesta que han tenido las altas esferas eclesiásticas.
Bernard Law, cardenal de Boston y en su momento el católico de mayor rango dentro de Estados Unidos, fue forzado a dimitir en el año 2002 al descubrirse que 250 sacerdotes de su archidiócesis estaban involucrados en violaciones a menores. Las víctimas que denunciaron sumaban más de 550. Cuando esos casos salieron a la luz, Law permitió que los curas implicados fueran trasladados a otras parroquias y que no fueran expulsados. La dimisión diseñada desde la Santa Sede silenció el escándalo público. Hoy día, Law sirve en Roma como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor.
En opinión de la asociación Red de Sobrevivientes de Abusados por Curas (SNAP, siglas en inglés), la historia se repite. "El asunto de fondo es que el obispo no quiere que se conozca la verdad", declaró Barbara Blaine, presidenta de SNAP. Hasta ahora, el dinero ha silenciado la vergüenza eclesiástica. La diócesis de Wilmington ha pagado más de 6,2 millones en acuerdos que han evitado sentencias judiciales por abusos sexuales. Como otros casos dentro de EE UU, Delaware también ha pagado a víctimas en acuerdos extrajudiciales. La mayor cantidad desembolsada la hizo la archidiócesis de Los Ángeles en 2007 al indemnizar con 660 millones de dólares (438 millones de euros) a 500 personas víctimas de abusos.

Traslados silenciosos entre parroquias.

El escándalo estalló a nivel nacional en 2002: La Iglesia católica estaba encubriendo a sacerdotes pedófilos. Un año después, la diócesis de Wilmington declaró que había recibido alegaciones creíbles de que 18 curas habían abusado sexualmente de niños. Algunos casos se remontaban a 1952. Sólo tres nombres se hicieron públicos del total de 18. De esos tres, dos religiosos dimitieron y uno fue apartado de sus funciones. La diócesis se negó a dar el nombre de los otros 15, alegando que siete de ellos habían muerto y que ninguno estaba en activo.
En 2004, la Iglesia de Wilmington admite que se han cometido violaciones durante los últimos 50 años y que se ha comprado el silencio de las víctimas y sus familiares con 1,6 millones de dólares. El diario de Delaware The News Journal reporta que Wilmington está siguiendo los pasos de Boston: los curas pederastas son transferidos, silenciosamente, de parroquia a parroquia.
En 2006, Francis DeLuca, que sirvió 35 años en la diócesis pero había sido apartado del sacerdocio, es detenido acusado de abusos sexuales. En 2007, Delaware aprueba una ley que elimina la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a niños y abre un nuevo periodo de dos años durante el cual las víctimas pueden hacer oír su caso. El plazo acabó el pasado 9 de julio con más de 170 demandas civiles interpuestas. La pasada semana la justicia quedó paralizada. El abogado de las víctimas declaró, pesimista, que muchos de sus clientes, que tenían sólo ocho años en el momento de los abusos, pueden morir esperando ver a la Iglesia en el banquillo de los acusados.

YOLANDA MONGE - Washington El Pais

La Junta lleva entregados a CCOO 253 millones de euros

Pedro de Tena
Entre ambas, apenas superan el 16 por ciento de la afiliación de trabajadores asalariados. Si hace una semana poníamos de manifiesto que la UGT, según la investigación realizada sobre toda la información que arroja el BOJA(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), había recibido 251.090.256,42 euros, algunas fundaciones incluidas, por diferentes conceptos, desde subvenciones varias a pago de gastos generales, Comisiones Obreras no le queda a la zaga. Según la misma investigación practicada sobre la totalidad de los BOJA, Comisiones Obreras ha recibido por los mismos conceptos la cantidad de 253.107.343,83 euros, es decir, 42.114 millones de pesetas. Básicamente el dinero ha sido recibido por la sección andaluza de la confederación sindical, 246, 15 millones de euros. El resto fue recibido por la Fundación de Estudios Sindicales, unos pocos 4.000 euros, la Fundación Paz y Solidaridad, que recibió casi 31.000 euros y, sobre todo, FOREM, Formación para el Empleo, que ha recibido alrededor de 7 millones de euros.
Las cifras exactas son las siguientes:
Subvenciones de la Junta de Andalucía aparecidas en el BOJA.(Para verlas una a una, debe pulsar aquí)CC.OO. ......................................................246.152.692,32

Fundación Estudios Sindicales......................................... 4.000,00

Fundación Paz y Solidaridad.......................................... 30.866,58 FOREM............................................................................... 6.919.784,93 TOTAL....................................................................... 253.107.343,83 EUROS (42.113.518.510,00 PESETAS) Por tanto, entre Comisiones y UGT, las dos centrales "mayoritarias" han recibido en los últimos años en Andalucía, sin contar las subvenciones recibidas del gobierno de la Nación, Diputaciones, Ayuntamientos y otras instancias), la cantidad conjunta de más de 504 millones de euros, unos 83.000 millones de pesetas. Ya pusimos un ejemplo la semana pasada en referencia a UGT de cómo los Ayuntamientos daban dinero para “obras piadosas” como la manifestación del 1 de mayo. Sepan que la Diputación de Sevilla firmó en 2008 un acuerdo “provincial” de concertación social en el que, imaginamos sin mucha brillantez, también habría dinero de por medio. Se habló de 700 millones en tres años, pero no se sabe a quién ni para quién o para qué. Incluso hay una Intersindical en la Diputación de Sevilla que se presenta al público como “sindicalismo no subvencionado”, así que fíjense. De destacar es el papel de FOREM, con más de 100 millones de pesetas de subvención. Lo primero que hay que destacar es que a diferencia de la UGT que no justifica nada ni informa de nada, CC.OO hace una memoria anual -2008 es la última, naturalmente -, en la que al menos da cuenta de en qué dicen emplear el dinero. Un detalle que a la UGT ni se le pasa por la cabeza. Pero, lamentablemente, no encontramos ni una línea que nos diga de dónde sale el dinero para tan gran cantidad de actividades, aunque, naturalmente, nos maliciamos que sale en su totalidad tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, teniendo la Fundación una dependencia total de las subvenciones públicas y habiéndose convertido en detentadores del poder de formación profesional gracias a estas subvenciones. Estos dineros se fijan en Andalucía a lo largo de las negociaciones para lo que se llama "la concertación social", por lo que resulta patente ver con qué angustia se refieren a ella los líderes sindicales cuando tarda demasiado el acuerdo. Sencillamente, es que se acaba la "pasta" pactada y hay que sustituirla por nueva "pasta" que ayude a mantener el quiosco, quiosco que, dadas las cifras, va camino de convertirse en grandes almacenes sindicales en la apoteosis sindical socialista del régimen andaluz.

La trama Obra Nueva Chiclana suma ya 58 personas imputadas

Nada menos que 58.

Ésta es la cifra oficial de personas imputadas, a día de hoy, en la trama Obra Nueva Chiclana, dedicada a la regularización de viviendas ilegales. La diligencias, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana, sufrieron un parón importante porque el órgano quedó vacante, estando mucho tiempo sin titular. Al frente ya se halla una nueva juez, nueva también en la carrera judicial, que trabaja a marchas forzadas para ponerse al día en el asunto.La Fiscalía de Cádiz sigue muy atenta el caso. De hecho, una vez que culmine la instrucción, el Ministerio Público se plantea solicitar al Juzgado que la causa se desglose por grupos de delitos/acusados. Con ello, se pretende "facilitar la pronta celebración de juicio", según ha avanzado a este periódico la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso.La investigación comenzó en mayo de 2007, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular.

Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a la Guardia Civil.Entre los 58 imputados, se hallan el abogado con bufete en Cádiz José Ignacio Rosano, pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido por agentes de la Benemérita hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por rubricar presuntamente certificados falsos de antigüedad de viviendas tanto en Chiclana como en El Puerto.Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y un buen número de propietarios. La primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo en el verano de 2007. Desde entonces, en sucesivas oleadas, se han ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sumar en la actualidad la cifra oficial de 58.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas en realidad inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos y arquitectos técnicos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra las viviendas actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes.Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas sin problemas (al haber logrado ya 'probar' la existencia de la casa con las escrituras y la inscripción en el Registro de la Propiedad), a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes. Lograban así la constitución de una hipoteca sobre una vivienda fantasma consiguiendo el dinero necesario para la edificación.La Guardia Civil ha detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja, y 6o en el Banco de Andalucía.

fuente:diario de cadiz

El Gobierno de Feijoó elimina los 200 euros adicionales que cobraban unas 50.000 pensionistas

El Gobierno del PP en la Xunta de Galicia ha eliminado la pensión de 200 euros anuales que cobraban unas 50.000 personas en Galicia.
Los pensionistas gallegos dejarán de cobrar los 200 euros adicionales que había aprobado el bipartito como complemento a las pagas de jubilación que en Galicia son las más bajas del Estado.
Un jubilado gallego cobra 704 euros frente alos 1074 que recibe un vasco.
Según los últimos datos, la Consellería de Traballo ha asegurado que son en total 10 millones de euros que se van a dedicar a políticas asistenciales dirigidas al mismo colectivo que, de momento, no son capaces de especificar.
El Gobierno de Feijoó justifica su decisión al considerar que esa paga es un mero parche que no soluciona los problemas de los pensionistas gallegos.

Él cuanto dinero gana, que cara hay que tener. Que mire cuanto se gasta su compañero Camps en los trajes. Quitaselo a la trama Gurtell.

Salgado: "El Gobierno está cómodo alineado con los sindicatos"

En la entrevista, concedida a El Periódico de Cataluña, Salgado reconoce que existe una crisis económica "importante" y que, "por responsabilidad de todos", sindicatos, empresarios y Gobierno, no ha generado una crisis social. "Esa paz social no puede ponerse en riesgo", añade, y "está fuera de toda cuestión electoral".Explica que el Gobierno se siente cómodo alineado con los sindicatos, y que si hay que alinearse con una de las posiciones, "para un Gobierno progresista es más lógico hacerlo con los sindicatos". También ve posibilidad de pequeños acuerdos entre patronal y sindicatos: "Creo que esa es la vía", dice.Por si hubiera dudas, afirma que la política económica es del presidente del Gobierno y de la ministra de Economía , "de los dos", y que, "por supuesto", ambos han tenido discrepancias y puntos de vista distintos sobre algunas cosas. No llega a hablar esta vez de Rajoy y su supuesto, como algunos han visto, comportamiento machista al criticar directamente a Zapatero por el rumbo económico.También dice Salgado que las comunidades autónomas tendrán que devolver por el descenso de la recaudación el año pasado unos 6.000 millones de euros de 2008 y previsiblemente otra cantidad similar de 2009, aunque tienen cuatro años para devolver lo recibido de más el año pasado y éste, "con posibilidad de alargarlo a cinco".La ministra opina que la recuperación de la economía empezará desde la primera mitad de 2010 y el número de parados empezará a bajar de manera estable a partir del segundo semestre del año que viene.También cree que es posible que la Comisión Europa decida dar un año más para reducir el déficit al 3% del PIB y, si eso ocurre, el Gobierno lo utilizará.Para Salgado el proceso de reestructuración bancario "va lento" y las fusiones de cajas deben hacerse sobre criterios económicos, "criterios muy objetivos de ganar eficiencia, robustez y solvencia".Sobre las fusiones de las cajas catalanas, la ministra dice que hasta donde ella sabe, "el Banco de España ha estimado razonables las operaciones que se han formulado en Cataluña".

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Receta para capear la crisis en Puerto Real

Manuel Rueda González, de Puerto Real
Cuando vemos a todos los ayuntamientos de la zona como por ejemplo Cádiz, El Puerto de Santa María gobernado por el PP, que congelarán sus Impuestos Municipales para el año 2010, por contra vemos que el Ayuntamiento de Puerto Real gobernado por las izquierdas como IU y el PSOE proponen subir los Impuestos Municipales en un 3% para el año 2010, y todo esto cuando las subidas de las pensiones más bajas subirán un 1%. Y todo esto después de haberse hecho (según el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento) un Plan de Saneamiento en este Ayuntamiento para salir de la Crisis, y que según la opinión de muchos Ciudadanos y Ciudadanas de este pueblo este Plan de Saneamiento consistiría en CONGELARSE LOS SUELDOS DE LOS CONCEJALES, la eliminación de tantos concejales liberados, de limitar los teléfonos móviles a los concejales, de quitar tantos cargos de confianzas como tiene este Ayuntamiento y que aumentaron con la llegada de los socialistas al poder con IU, o que este Plan de Saneamiento impediría que electricistas de plantilla de este Ayuntamiento no se dedicarían a quitar los toldos de la calle de La Plaza y en su lugar una contrata de electricistas estén haciendo su trabajo, o que los albañiles de plantilla de este Ayuntamiento no se dedicarían a limpiar el patio de la brigada de mantenimiento y una contrata este realizando el trabajo de albañilería.Así que confundido de no saber dónde están las izquierdas en este Ayuntamiento de Puerto Real, de querer confundir a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo algunos grupos que dicen llamarse de izquierdas absteniéndose en la subida de los Impuestos propuesta por IU, lo mejor será ver pasar el tiempo, a contemplar el paisaje que está muy negro para las izquierdas en este pueblo y a esperar que lleguen de nuevo las elecciones locales y limpiar el trigo de la paja.

Un tránsfuga da una alcaldía en Lugo a una ex edil popular

Primero fue en Silleda (Pontevedra), hace menos de un mes. Ayer, en Folgoso do Courel, en la alta montaña lucense. El Partido Popular resulta prácticamente el único beneficiario de las mociones de censura en Galicia. El apoyo de un concejal tránsfuga del PSdeG, Manuel Bouza, contribuyó al relevo del hasta ahora alcalde de la localidad de Folgoso do Courel, el socialista José López Fontal. Aunque los cuatro concejales que tramitaron la operación se habían dado de baja en el PP, el secretario provincial de los socialistas, Ricardo Varela, acusó "a la alta dirección del PP en Galicia" de lo que calificó como "robo con alevosía".
La nueva alcaldesa, Dolores Castro, se hace así con un sillón que desde 1999 habían ocupado con mayoría absoluta los socialistas. El texto de la moción de censura invocó argumentos idénticos a los de Silleda, entre ellos "caos en la gestión".

Condenan a una periodista saudí a recibir sesenta latigazos

Según informan varios medios saudíes y árabes Rosana Al Yami fue acusada de trabajar sin licencia en el programa "La Oscura Línea Roja" que emitió el canal libanés de capital saudí LBC.Sin embargo, el juez determinó que la acusada no había participado directamente en la elaboración del programa, a pesar de que el fiscal le había acusado durante el proceso de colaborar a través de internet.El pasado mes de julio, el saudí Mazen Abdel Yawad apareció en una emisión de "La Oscura Línea Roja", en la que relataba cómo era su vida sexual en su ciudad natal de Yeda, en Arabia Saudí.Abdel Yawad fue juzgado y condenado a cinco años de prisión y 1.000 latigazos y las oficinas del canal libanés en el reino saudí fueron clausuradas y sus equipos confiscados. Al Yani, que recibirá los 60 latigazos de una sola vez, fue detenida junto a otra periodista, de cuyo caso no se hacen eco los medios saudíes.Las intimidades de Yawad, que entre otras cosas contaba ante las cámaras como conocía a chicas en Yeda y mostraba algunos objetos sexuales, soliviantaron a la sociedad saudí.En los meses que siguieron a la emisión del programa decenas de ciudadanos presentaron denuncias particulares contra lo que consideraron una apología del pecado y un atentado contra la moral y los principios religiosos.Según informa este sábado el periódico Al Watan, el canal LBC, ha eliminado el programa "La Oscura Línea Roja" de su programación internacional y únicamente se podrá ver dentro de las fronteras libanesas.
EFE

Paro y concentración en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir

El próximo Lunes 26 de Octubre se realizará un paro y concentración en la sede de Mancomunidad, (Ctra. Las Cabezas - Lebrija. Camino San Benito - Finca San José, s/n. Lebrija Sevilla) como protesta por el impago del salario a los alumnos de las escuelas taller a los profesores y a los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad. La concentración será de 3 horas dando comienzo a las 12:00 horas y finalizando a las 15:00.


Por parte de La Mancomunidad está habiendo presiones a los trabajadores que han intentado movilizarse, amenazando con amonestaciones y partes para quitarles días de sueldo, queremos hacer saber que el acto está legalizado para que no puedan tomar represalias por asistir. Pero queremos dejar claro desde CNT que este intento por parte de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir de represión de la libertad sindical es lamentable y no lo vamos a consentir.

Silbar al alcalde de Mazarrón cuesta 200 euros

Silbar al alcalde de Mazarrón tiene un precio: 200 euros. Cristina Navarro y Ana María Arias, dos vecinas de la localidad murciana, han sido multadas por desacato a la autoridad por silbar al alcalde, el conservador Francisco Blaya, en un acto público. Los hechos ocurrieron el pasado verano, aunque ha sido ahora cuando han recibido la sorprendente notificación de la sanción.
Durante la Gala del Deporte, que congregó a más de quinientos vecinos, Cristina y Ana María se presentaron, junto a un nutrido grupo de mujeres, ataviadas con una camiseta en la que se podía leer No al traslado de la plaza de abastos. Y es que las dos forman parte de una plataforma vecinal que protesta desde hace meses por el cambio de ubicación del viejo mercado local.
Cuando vieron que el alcalde irrumpía en el escenario, las dos mujeres comenzaron a silbarle. "La verdad es que Ana María silbó, pero yo, como no sé, abucheé al alcalde, que estamos en un país libre", explica Cristina.
Dos policías locales interceptaron entonces a las mujeres. Uno de los agentes les pidió el DNI y les dijo: "La broma os va a costar 600 euros". Pero ninguna de las dos se esperaba que la sanción se hiciese algún día realidad. Cristina y Ana María se preguntan ahora si el alcalde de su pueblo es "más importante que el presidente Zapatero, que fue abucheado el día de las Fuerzas Armadas", porque, a lo que se ve, a nadie se le ha impuesto una multa.
El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, echa balones fuera y descarga toda responsabilidad en la policía. "Los policías de Mazarrón realizan un trabajo rutinario en el que no nos metemos los políticos, tienen que poner orden y seguridad en el municipio y para eso tienen autonomía y autoridad".
Muy bien pagado
La plataforma que agrupa a los vecinos que se oponen al traslado de la plaza de abastos, por el contrario, ha mostrado su indignación por lo que consideran represión policial a instancias del regidor, al que tachan de "fascista". Sostienen los vecinos que "el alcalde firma los decretos como Franco firmaba las penas de muerte. Parece que no se ha enterado que estamos en democracia desde 1978 y que hay libertad de expresión".
Francisco Blaya, alcalde de Mazarrón, con 34.000 habitantes, es uno de los munícipes mejor pagados de España, con unos ingresos de casi 90.000 euros al año, más gastos de protocolo. Tiene siete concejales de su equipo de gobierno liberados que cobran unos 50.000 euros al año.

Secuestro de una niña

Elise es una niña de tres años y medio que ha sido secuestrada recientemente en Arlés, en el sudeste francés.Sus secuestradores, dos hombres y una mujer, viajaban en el momento del secuestro en un Renault Modus 99 ABD 76, de color beige o marrón.Si la ven, avisen inmediatamente a la Policía Local de su ayuntamiento.

15 imputados en la trama de corrupción de Alhendín

El juicio por la supuesta trama de corrupción urbanística de Alhendín (Granada) está próximo. Están imputadas 15 personas, entre ellas el ex alcalde del municipio José Guerrero (PP) y tres ex ediles (Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente). El juez de Instrucción número 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, considera que hay "indicios racionales suficientes" contra los ex ediles y los empresarios implicados.

Las partes tienen 10 días para formular su escrito de acusación por este caso, denominado Marchelo, que saltó a la luz en marzo de 2007 cuando fue detenido el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández. El juez se centra en cinco proyectos: la promoción de viviendas Novosur, el Parque Empresarial Alhendín, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base de Armilla, la Gasolinera Estaciones de Servicio Penibéticas y el parque municipal-mercadillo del municipio.
Según la investigación realizada durante estos años, los implicados recibieron dádivas en especie, realizaron contratos ficticios y llevaron a cabo otra serie de irregularidades urbanísticas para supuestos beneficios de políticos y empresarios. El arquitecto municipal también está imputado.
Como ejemplo de esta supuesta trama de corrupción valga el caso de Novosur. Según el juez, el ex concejal de Urbanismo pudo haber recibido "en su propio provecho" una dádiva del promotor de la urbanización, Fernando Rafael R. A., también imputado, consistente en una vivienda en Armilla, donde fue detenido, valorada en 340.000 euros.

Golpe de mano de los barones del PP valenciano para controlar a Camps

Los tres presidentes provinciales del PP en la Comunidad Valenciana han decidido dar un golpe de mano para controlar al presidente de la Generalitat e imponer sus decisiones a Francisco Camps, paralizado desde hace meses por los escándalos del caso Gürtel. Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) han esbozado ya la hoja de ruta para evitar que el presidente de la Generalitat arrastre a todo el PP valenciano a la situación de parálisis en la que se ha instalado. Una situación que, desde que se conoció su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha deteriorado progresivamente. Primero con el escándalo de los trajes pagados por la trama corrupta y ahora por la supuesta financiación irregular del PP y el sainete de la defenestración de Ricardo Costa.

El presidente no piensa cambiar a su equipo, según la consejera portavoz
Fabra, Rus y Ripoll se reunieron el pasado jueves en un campo de golf de Castellón, sin la presencia de Camps, y pusieron en común su malestar con la gestión realizada por el presidente valenciano. Los tres dirigentes exigen del jefe del Consell tres cosas: una remodelación de Gobierno; la convocatoria de un Comité Ejecutivo Regional para elegir un nuevo secretario general tras la defenestración de Ricardo Costa; y ser tenidos en cuenta en la elección de un nuevo portavoz parlamentario que rehaga la maltrecha moral de los diputados populares en las Cortes Valencianas.
La dirección nacional del PP, según fuentes del partido, fue consultada antes de la iniciativa. A Francisco Camps se la comunicaron.
Las presiones de los presidentes provinciales -que desde hace meses mantienen conversaciones telefónicas para analizar la situación- obligó a Camps el pasado martes a pedir a sus vicepresidentes Vicente Rambla -también salpicado por el escándalo- y Gerardo Camps que adquiriesen más protagonismo en la estrategia de defensa del caso Gürtel.
Fuentes del PP aseguraron que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, almorzó esta misma semana con Camps para trasladarle el malestar del partido por cómo se había deteriorado la situación. La reacción de éste el pasado jueves en la sesión de control de las Cortes valencianas, donde se tomó a burla el caso Gürtel, lejos de tranquilizar a Barberá aumentó su inquietud, según las mismas fuentes.
Los tres presidentes provinciales del PP quieren sumar ahora a su hoja de ruta a Barberá; al alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo.
La alcaldesa de Valencia es vista por la mayoría de los cargos del PP como la alternativa más sólida a Camps; aunque Alberto Fabra, también diputado autonómico, es otra de las figuras ascendentes. Tanto los tres presidentes provinciales, como Barberá consideran que Francisco Camps aún está a tiempo de reaccionar y de retomar la iniciativa para enderezar la deteriorada situación.
Ripoll reconoció ayer que la reunión con sus homólogos de Valencia y Castellón fue "en el ámbito privado" y que los tres están de acuerdo en "arrimar el hombro para salir cuanto antes de la situación de impasse, que es mala para el partido".
La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, aseguró que la reunión de los tres presidentes provinciales forma parte de "la más absoluta normalidad de trabajo dentro de cualquier partido". Fabra, Rus y Ripoll no se habían reunido desde hacía años al margen de Camps, y los tres mantenían hasta ahora diferencias irreconciliables entre ellos.
Sánchez de León aseguró que la posición del presidente de la Generalitat, que ha sido "muy claro y contundente", es la de no modificar su Gobierno.
En el seno del PP no ocultan su preocupación por la decisión de Camps de ignorar la gravedad del caso Gürtel y aguantar contra viento y marea y han empezado a consultar el calendario. Los cargos populares temen que si Camps no reacciona a tiempo, y acaba por caer víctima de nuevos escándalos tras una prolongada agonía, el partido no tendrá tiempo para reaccionar y afrontar con garantía las próximas elecciones autonómicas previstas para dentro de año y medio.

Espejismos

Nada más que espejismos son algunos de los datos que el INE nos ha ofrecido con la última encuesta de la EPA. Una bajada del desempleo de 14.100 personas en España y de 4.300 en Andalucía. ¿Acaso significan el tan esperado cambio de tendencia en las incesantes subidas de las cifras de paro? Eso no se lo cree ni el propio Gobierno. Todos los gobernantes suelen lanzar las campanas al vuelo cuando las cifras son de su conformidad o se ajustan a sus previsiones, mas en este caso hasta ellos mismos nos dicen que los datos que correspondan a los próximos meses pueden ser aún peores. Cautela, pues.

Que duda cabe que esta bajada correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre ha estado condicionada por la campaña turística y por las obras llevadas a cabo con los fondos estatales y autonómicos invertidos en obras públicas –FEIL y PROTEJA-. Pero el verano acabó y buena parte de estas obras públicas también tocaron a su fin. Lo que no ha cesado es la destrucción de empleo. Las cifras siguen siendo de vértigo y la situación de las familias no es muy esperanzadora.

Ante este panorama llama la atención la escasa movilización social que se está produciendo. Las encuestas de opinión nos dicen que el descontento social ha aumentado en los últimos meses; ya no se culpabiliza sólo a las entidades financieras, como al principio de la crisis, sino a los gobiernos, central y autonómicos. A la situación de la crisis acompaña, además, un nuevo aluvión de casos de corrupción de la clase política –Gürtel, El Ejido, Mercasevilla, etc., etc.-, que no hacen sino aumentar la desconfianza en los partidos, en las elecciones, en los gobiernos.

Pero hay colchones para todo. Los conocidos como ‘agentes sociales’, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal, que duda cabe que están ejerciendo su labor de contención. En Andalucía ya nos anuncian para las próximas semanas importantes avances en la VII Concertación Social, un engaño más, como las VI anteriores. Bolsas de dinero de las que un importante pellizco son subvenciones para los propios agentes.

El descontento está en la calle, pero es incapaz de articularse de una manera eficaz. Están surgiendo asambleas de parados de carácter puramente local, inconexas, vinculadas a sus inmediatas condiciones, pero no preocupan a más autoridad que al alcalde del municipio en cuestión. Nuestros compañeros de Lebrija se enzarzaron en una lucha honesta hace unos meses. En diversos pueblos de la campiña cordobesa hay conatos diversos que arrancan lentamente. En Jaén hay asambleas y manifestaciones en Úbeda, Bailén, Torreperogil. En Jerez de la Frontera, cuadrillas de albañiles exigen trabajo paralizando las obras en las viviendas del Polígono San Benito, que son acalladas con los antidisturbios. Protestas, al fin, que se disolverán como azucarillos si no encuentran una coordinación suficiente, unos objetivos comunes. Ante esta situación, como ante otras semejantes, la CNT siempre ha lanzado el mensaje de que lo que no quiere es el voto de los trabajadores, ni suplantarles en su fuerza y su decisión, porque siempre les ha dicho a los trabajadores que la resolución de sus problemas es cosa de ellos mismos, o no será. Éste es el espíritu de la Acción Directa, la que hace falta poner en práctica frente a la desilusión, frente al desengaño de políticos y agentes sociales, frente a los espejismos.

Los errores del tramposo

Vivía el señor don Juan Ramón Tramposo feliz en su castillo, cuando una trabajadora decidió denunciar sus contratos en fraude de Ley y aprovechar para dar a conocer la existencia de una Sección Sindical de CNT AIT al Ayuntamiento y al CEMAC. Inmediatamente le quitó 142,60 € mensuales de su nómina, y cuando la compañera protestó, le prepararon una encerrona con la PrimeraTeniente Alcalde Delegada de Personal y de la Mujer en la “Gran Sala del Trono” y la amenazó con echarla de todas todas. Soy un alcalde con mayoría absoluta y con tres años de legislatura por delante. ¿Qué te habías creído?.
Mira por donde, la compañera le salió rana, y comenzaron las movilizaciones. Exaltado de los nervios, cuando la trabajadora repartía panfletos contra el nefasto convenio colectivo que CCOO y UGT iban a firmar, instigado por estos, le prohibió a la trabajadora pisar cualquier dependencia que no fuera la suya, pisar el Ayuntamiento fuera de su horario de trabajo y salir a la calle a trabajar, ya que la calle es donde trabaja principalmente. Así no podría repartir nada. Atada a una silla.
A la par, la compañera, conocedora de que el Alcalde había decidido tirar las casas históricas del pueblo para especular con el suelo, lo informó a CNT y organizamos un movimiento ciudadano, ahora con entidad propia, que es la PLATAFORMA DE VECINOS CONTRA EL PGOU. En ese momento, al borde de la histeria colectiva, el señor Tramposo decide expedientarla por informar sobre un documento en INFORMACIÓN PÚBLICA. Panfletea ESOS ANARQUISTAS.... como si fuera un insulto.
Unos vecinos, molestos por el ruido que hace el metro que va en superficie y pegado a sus ventanas, acuden a la Plataforma de Vecinos contra el PGOU y a la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, que CNT había avisado como experta en estos temas, y a CNT para que les ayuden también a organizarse, y constituyen su propia plataforma: LA PLATAFORMA CONTRA EL RUIDO de San Juan de Aznalfarache, con autonomía propia y eficiente modo de trabajar.
Llega la sentencia por represión sindical contra nuestra delegada, se acobardan y deciden dejar prescribir el expediente pero decide meter su plaza, siendo por sentencia ya trabajadora indefinida, en la oferta de empleo pública del 2.007. Por lo que comenzamos una campaña contra las mentiras del Alcalde, pero, por si fuera poco con CNT, la Plataforma de Vecinos contra el PGOU, Plataforma de Vecinos contra el Ruido, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, se mete en conflictos laborales con el Sindicato de Policías Locales y lo arregla a su manera, con expedientes disciplinarios.
El Defensor del Pueblo comienza a hacer preguntas sobre el ruido, sobre el PGOU… Vamos, sobre todo lo que está pasando.
En resumen, Un Alcalde, DON JUAN RAMÓN TRONCOSO PARDO y una Primera Teniente Alcalde DOÑA MARÍA DOLORES MOGOLLO, del PSOE con mayoría absoluta, han presentado su dimisión con fecha 19 de octubre.

FELICIDADES A TODOS LOS VECINOS Y TRABAJADORES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Pero no por ello debemos de bajar la guardia, porque son los mismos Tramposos los que siguen en el poder.

Perdida de facturas en el ayuntamiento de San Fernando

Las presuntas irregularidad realizadas por la empresa encargada del mantenimiento del alcantarillado, que fueron detectadas por el Partido Socialista (PSOE) y que podrían alcanzar los 600.000 euros, siguen levantando incógnitas.
La última ha sido lanzada de forma directa al equipo de Gobierno formado por los partidos andalucistas y popular, al acusarlos de tener «complacencia» con la UTE San Fernando acusada de las irregularidades e investigada por la Fiscalía. Lo hacen los miembros del PSOE local, al exigir responsables por la pérdida de 12 meses de facturas originales registradas por la empresa del alcantarillado al Ayuntamiento.
«¿Por qué se ha perdido este volumen de partes de trabajo?, ¿quién es responsable de custodiarlos?, la señora Álvarez debería explicarlo», señaló el concejal del PSOE, Fernando León. Y es que el socialista asegura que la mitad de las pruebas presentadas para mostrar la duplicidad de facturas, que fueron cobradas indistintamente a los ciudadanos y al Consistorio, sólo podrían comprobarse con esos originales desaparecidos.
De esta forma León ha solicitado que se convoque una Comisión de Medio Ambiente la próxima semana para hace un análisis de la situación y conocer que iniciativas está tomando el equipo de Gobierno, además de preguntar por qué no les ha remitido la información que les habían solicitado.
Sanciones
Los socialistas volvieron a sacar a la luz los retrasos de la empresa Mantenimientos Públicos Locales, componente de la UTE San Fernando, en la entrega de las obras de la estación de bombeo de Venta de Vargas. «Deben certificar el coste total de la penalización a la empresa porque no entregar la obra, y parece que con complacencia evitan sancionarla».
El Partido Socialista local pidió ayer la colaboración del Partido Popular isleño para conseguir información sobre las facturas sin consignación presupuestaria a empresas y proveedores. De esta forma aseguraron haber encontrado irregularidades en la liquidación de las cuentas generales de 2008.
«Queremos que el PP se posicione y muestre su transparencia en la gestión municipal para que no ocurra lo mismo que con el alcantarillado, porque sino será corresponsables de lo que vamos a denunciar la próxima semana», señaló el concejal socialista Fernando León. Para ello enviaron un escrito a la portavoz del PP, Carmen Pedemonte.

fuente: La voz digital

La Fiscalía eleva a 20 millones en cinco años el desfalco en el Palau

La Fiscalía de Barcelona eleva a 20 millones de euros el desvío de fondos del Palau de la Música que realizaron Félix Millet y Jordi Montull en los últimos cinco años, aparte de las últimas "depredaciones" conocidas, como el hecho de que las bodas de las hijas de Millet las pagó el Palau.

Este es uno de los principales argumentos que esgrime el fiscal del caso Millet, Francisco Bañeres, en el recurso de apelación que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que ve la causa del Palau de la Música, contra la libertad provisional de Millet y Montull dictada el pasado lunes 19 por el juez Juli Solaz.El fiscal recuerda que, además de los recursos de la institución cultural desviados sin justificación por los dos imputados, continúan "aflorando más depredaciones: bodas con cargo al Palau, gastos de índole personal", a lo que se debe añadir la percepción "injustificada de primas o estipendios no se sabe por qué gestión" de los dos imputados."Son sumas estratosféricas -añade- de las que se desconoce en qué pueden haberse invertido pero no es descartable que algunas hayan sido situadas en el extranjero, concretamente en Suiza, país donde ambos inculpados reconocieron en sus declaraciones poseer cuentas bancarias".Tampoco se puede obviar, a juicio de la Fiscalía, que Félix Millet tenía una caja de seguridad con 1.800.000 euros en billetes de 500 euros que fueron incautados por el juzgado.En el extenso recurso de apelación, el fiscal desgrana punto por punto la argumentación del juez Solaz a la hora de dictar la libertad provisional de ambos imputados y cita diversas sentencias y casos, como Afinsa, Fórum Filatélico, Gürtel, Jesús Gil, o "especialmente el caso Tous", en los que se aplicó prisión a sus presuntos responsables a pesar del arraigo familiar que tenían.Así, sostiene que la gravedad de las penas asociadas a los delitos que se imputan a Millet y Montull -falsedad en documento mercantil y apropiación indebida-, que podrían suponer alrededor de 14 años de prisión, "permitiría por sí sola, más allá de consideraciones relativas a su supuesto arraigo o a su pretendida ausencia de peligrosidad", el ingreso en prisión de ambos.A esos dos delitos mencionados, se podría añadir en un futuro el delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, lo que sumaría una pena de cuatro a ocho años más de privación de libertad, si se considera finalmente que los fondos desviados del Consorcio del Palau de la Música "mantienen su naturaleza de fondos públicos".Estos fondos hasta ahora provenían de Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que se han personado conjuntamente como Consorcio en este caso como acusación.Recuerda también el fiscal el eco social que ha tenido este caso en Cataluña y especialmente en Barcelona, un elemento de ponderación a la hora de calibrar la existencia del peligro de fuga que "no ha sido objeto de valoración por parte del instructor omitiendo cualquier reflexión sobre el mismo", se afirma en el recurso

Electrolux cerrará su planta de Alcalá de Henares en 2011 y despedirá a 450 empleados

La compañía Electrolux cerrará en 2011 su factoría de Alacalá de Henares (Madrid), que cuenta con un total de 450 empleados, según informó la compañía sueca.
El cierre de la fábrica será completado durante el primer trimestre de 2011, y supondrá costes por valor de cerca de unos 43 millones de euros, que serán provisionados en los resultados operativos del grupo durante el cuarto trimestre de este mismo año.
"El mercado europeo de electrodomésticos es muy competitivo. Desafortunadamente, no podemos fabricar productos competitivos en costes en la factoría de Alcalá, por lo que Electrolux parará allí su producción en 2011", explica el grupo.
A finales de 2008 Electrolux anunció un plan para la reducción de costes en el que se contemplaba el despido de 3.000 trabajadores de las fábricas que la empresa sueca tiene repartidas por el mundo. Fue entonces cuando se comenzó a especular con el posible cierre de la fábrica de lavadoras de Alcalá, ya que Electrolux, al mismo tiempo que anunciaba los despidos, abría un estudio de viabilidad de la fábrica de Alcalá.
Para evitar el cierre, tanto la dirección de la fábrica complutense como los trabajadores acordaron un plan de mejora de la productividad que incluía, además de la congelación salarial, un aumento de la fabricación de lavadoras por hora a cambio de más inversión y nuevas líneas de productos de Electrolux para la factoría de Alcalá.
Sin embargo, ese plan de viabilidad fue rechazado por la dirección de Electrolux en Europa y, aunque en principio habían fijado el mes de diciembre para anunciar de qué manera se iban a llevar a cabo los despidos, el pasado 14 de octubre en Bruselas acordaron con los trabajadores decantarse sobre el futuro de Alcalá "la próxima semana o a principios de la siguiente".

fuente: Cadena Ser

Parada y quemada en el sindicato CCOO

• Estaba en paro y acudió a un curso de soldadura de la fundación de Comisiones Obreras en Gijón. Sufrió un accidente. Nadie le aplicó el extintor mientras se quemaba y ella misma tuvo que meterse en un barril de agua sucia para calmar su dolor.
Reportaje por: Luis Miguel MONTERO
Aquel viernes 4 de mayo de 2007 la desgracia se cebó con Montserrat Méndez, una parada asturiana de 44 años que recibía un curso para formarse como soldadora de estructuras metálicas ligeras. “Yo estaba en paro, y aunque no hay muchas mujeres soldadoras, pensé que era un trabajo que se me daría bien porque requiere concentración y perfección”, explica Montserrat, que recuerda el día del accidente con amargura: “Eran como las cuatro menos cuarto de la tarde y yo estaba haciendo un cordón de soldadura sentada en el suelo, con las piernas abiertas, las chispas botaban en el suelo y de repente me encontré con calor en la pierna y cuando quise reaccionar tenía las piernas en llamas”. Podría ser uno más de los 7.000 accidentes graves que se sufren al año en el ámbito laboral, según datos del Ministerio de Trabajo, pero su caso llama la atención porque se produjo en un curso del Forem Asturias, Fundación para la Formación y el Empleo, un organismo tutelado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Según establece la sentencia del caso, el curso no cumplía varios protocolos de actuación en materia de seguridad. Al respecto, Forem Asturias, que según los datos que facilita a esta revista forma anualmente a cerca de 6.000 alumnos en distintas especialidades, argumenta: “El accidente es un hecho excepcional y lamentable en la impecable trayectoria de nuestra fundación en materia de seguridad”.Lo cierto es que cuando esta mujer gijonesa, casada y madre de dos hijos, salió de la cabina donde soldaba y comenzó a gritar en la nave, donde había una docena de compañeros en sus respectivas cabinas, el monitor y tutor responsable del curso, José Ramón Estrada, no se encontraba allí y nadie supo reaccionar y rociarla con un extintor, hasta que ella misma se introdujo como pudo en un barril con agua sucia que se utilizaba para enfriar las planchas calientes de los trabajos de soldadura. “Después me llevaron al hospital de Gijón y desde allí a la unidad de quemados de Oviedo, porque tenía quemaduras de tercer grado”, recuerda Montserrat. La mujer permaneció 21 días internada en el hospital y necesitó siete meses más para recuperarse.La sorpresa fue que cuando denunció el accidente para cobrar el seguro, desde el Forem comenzaron a acusarla de imprudencia: “Dijeron que el pantalón de pana que llevaba había provocado más llama, que también llevaba unos ‘leggins’ puestos y que avivaron el incendio. Eso era mentira”, asegura. Además, dice que “el sindicato se portó mal. No reconocieron nunca su negligencia, porque el monitor del curso no estaba en ese momento y tampoco nos dieron los cursos de prevención antes de iniciar el cursillo”. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón sentenció a favor de Montserrat Méndez y fijó una indemnización de 32.000 euros; la fundación no ha recurrido la decisión, que ya es definitiva. Durante el juicio, Forem Asturias justificó la ausencia del monitor porque “se encontraba en un taller contiguo cogiendo material para el curso”. “Grave negligencia” La sentencia también determina la “clara y grave negligencia que al tiempo de ocurrir el siniestro, según parece, cuando habían transcurrido dos meses desde el inicio de las prácticas de soldadura, todavía no se hubiese impartido en debida forma el preceptivo curso o módulo de prevención de riesgos”. En el juicio, la propia experta propuesta por CC OO admitió que es obligatorio realizar previamente un módulo de prevención de riesgos para orientar a los alumnos, que no se realizó y prueba de ello, argumenta la sentencia, es que cuando Montserrat tuvo el accidente “nadie tuvo la reacción de buscar un extintor, que estaba allí mismo”.Forem Asturias ha enviado un comunicado a esta revista en el que señala que “tras el análisis de las causas del accidente, efectuado en su momento por nuestro Servicio de Prevención, se detectaron fallos en los protocolos de actuación y en su puesta en práctica que han sido inmediatamente corregidos”. Añade Forem que antes del juicio rechazaron “la pretensión de Montserrat Méndez de ser contratada como trabajadora de Forem Asturias a cambio de paralizar las acciones judiciales que en caso contrario iniciaría”. El abogado de Montserrat matiza: “Cuando comenzamos la negociación antes de ir a juicio, pedí ayuda para encontrar trabajo a mi clienta durante seis meses, nunca para trabajar en Forem, porque yo sé que eso es casi imposible por la composición de este tipo de fundaciones. Lo que me contestaron fue: «Miraremos qué podemos hacer», y ya no supe más porque pusimos la demanda”.También deja zanjado la sentencia el asunto de la ropa que Montserrat llevaba el día del accidente: “Se ha discutido el tipo de ropa que vestía doña Montserrat el día que ocurre el accidente y en concreto si portaba unos ‘leggings’ de material acrílico, como ha sostenido la parte demandada para desplazar toda responsabilidad del siniestro a la actora por su culpa exclusiva y al respecto cabe concluir que no existe prueba suficiente de que ello fuera cierto porque ningún testigo ha declarado con contundencia al respecto”. Por su parte, Montserrat explica: “Dijeron que con pantalones vaqueros quizá no hubiera ocurrido tan fácil como con la pana, pero reconocieron que el mono que daban no era totalmente ignífugo y que sólo asegura segundos en retardar la acción del fuego”. El resto del equipo, compuesto por mandil, careta y polainas sí era el adecuado, según la sentencia.

Autonomos: Aqui no paga ni Dios

Tengo facturados más de 300.000 euros que todavía no he cobrado. Así no se puede vivir”. Miguel Ángel Lozano se enciende cuando repasa las facturas que le faltan por cobrar: “Aquí no paga ni Dios. Trabajé para una gran constructora en Huelva en 2006 y me han dado largas hasta ahora; tengo un pagaré que vence a finales de octubre y me han pedido rescatarlo 180 días más, pero les he dicho que no, estoy harto. En abril hice una obra en Alcalá de los Gazules (Cádiz) por 1.600 euros y acabo de cobrarlo ahora, seis meses después y porque me he puesto borde…”, enumera el propietario de la empresa gaditana Pavimentos Lozano, con 15 trabajadores –antes de la crisis eran 25–, que se indigna aún más cuando habla de la ley de morosidad. “Aquí es muy fácil robar, la ley está hecha para el chorizo. Una empresa de Sanlúcar de Barrameda me debe 36.000 euros, pero ha presentado suspensión de pagos. En realidad sigue funcionando, ahora la empresa la ha puesto a nombre de su hija. Aunque lo he denunciado, yo no cobraré y él se pasea con su Mercedes”, denuncia Lozano, que en más de una ocasión se ha apostado en la puerta de las promotoras que le debían dinero con un cartel. “Algunas me han denunciado por hacerlo, pero sólo reclamo lo que es mío, tengo el lomo roto de trabajar y no quiero que nadie se quede con mi dinero”.Lozano no sólo es víctima de los impagos de constructoras privadas “El Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) me adeuda una obra que hice cuando todavía había pesetas; el de Lucena del Puerto (Huelva) me debe 1.500 euros desde hace nueve años; el de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 4.000; el de Burguillos (Sevilla), 7.000…”, enumera y no para. El Ayuntamiento de Burguillos, a través de su empresa pública Burguillos Natural SL, tiene contraída una deuda de 14 millones de euros con 160 empresarios por la construcción de una piscina climatizada, un campo de fútbol de césped artificial, la ampliación del edificio consistorial, un aparcamiento y un hotel.Los ayuntamientos acumulan una deuda de 33.000 millones de euros, de los que una tercera parte, en torno a 10.000 millones, corresponden al sector de la construcción, según datos de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC), que hartos de ser las víctimas han organizado, junto con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una protesta en Madrid el 22 de octubre. Estiman que las comunidades autónomas les adeudan más de 18.000 millones de euros. “Consideramos inaceptable que los procedimientos de reclamaciones de la deuda y que los procedimientos concursales puedan llegar a durar hasta cuatro años, porque no hay empresa que pueda aguantar”, denuncia José María Carrasco, vicepresidente de AEPIC. No es su única reclamación: “Hacen falta más juzgados mercantiles, que agilicen el cobro de la deuda. En Madrid sólo hay nueve, cuando son necesarios 30; que cambie la ley de morosidad y que las constructoras no hagan pagarés a 240 días, como está ocurriendo; y que no tengamos que pagar el IVA hasta que cobremos la factura… En 2009 han desaparecido 116.000 autónomos, la mitad del sector de la construcción. Es un ERE silencioso, que afecta al motor económico del país”.

fuente: Interviu

Unos 300 pescadores de Barbate se manifiestan en Cádiz para reclamar más ayuda al sector por el paro

Los pescadores de la Cofradía de Pescadores de Barbate (Cádiz) secundaron hoy una concentración frente a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta y ante la Subdelegación del Gobierno para exigir ayudas económicas durante la parada biológica de cerco después de que la administración haya comunicado que sólo subvencionará "un mes". La convocatoria contó con la asistencia de "unos 300 pescadores", según el colectivo.En declaraciones a Europa Press, el patrón mayor de la cofradía barbateña, José Manuel Martínez, manifestó no entender "por qué este Gobierno no es sensible con el sector pesquero" y recordó, tras abogar por conservar los recursos pesqueros mediante paradas biológicas, que esos periodos se subvencionan con los Fondos Europeos de Pesca establecidos hasta 2013 para "garantizar la subsistencia" del sector. Sin embargo, la Dirección General de Pesca "dice ahora que no hay dinero para mantener las paradas biológicas dentro de los planes de pesca", cuando se trata de algo "fundamental" para el mantenimiento de la actividad, que "de lo contrario tendría a desaparecer". El patrón mayor indicó que los pescadores entienden que "hasta 2013 tendría que haber financiación" porque los caladeros "siguen teniendo recursos gracias a las paradas", lo que permite que los marinemos "puedan seguir viviendo, aunque mal, de la pesca". Martínez añadió que la Administración les trasladó que "el presupuesto está agotado, no tienen disponibilidad económica" y que "haciendo un esfuerzo" sólo habrá subvenciones para diciembre, lo que es "muy insuficiente" para el mantenimiento de la pesca. Así las cosas, el objetivo de las movilizaciones es "conseguir un segundo mes subvencionado" para "lograr otra temporada más el mantenimiento de la pesca", y agregó que un tercer mes sería "fundamental para mantener los recursos" y evitar que se esquilmen los caladeros. Finalmente, incidió en que la Junta "no debe consentir" que se produzca lo que sería "una catástrofe", en cuanto que este panorama supondría "romper todo el sistema de producción", lo que podría llevar al "cierre de caladeros" porque "no habría recursos para seguir viviendo de ellos".

Condenado por tratar como "esclavos" a cuatro obreros

Explotaba a los trabajadores y ahora pagará por ello. M. E., de 26 años, un empresario de nacionalidad marroquí afincado en Cartaya (Huelva), ha sido condenado por el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva a abonar 16.000 euros, en "concepto de salarios y otros aspectos retributivos", a cada uno de los empleados, compatriotas suyos, a los que trataba como "esclavos" en una empresa textil de su propiedad.

Un quinto trabajador, que denunció más tarde que sus compañeros los hechos, espera la sentencia después de que se celebrara ayer su juicio por la vía laboral. El abogado de los demandantes, Fernando Osuna, recordó ayer que el empresario "sólo abonó 200 euros a repartir entre cinco empleados". El patrón cobró 7.500 euros por cada uno de ellos para sufragar los gastos de residencia y permisos de trabajo. Este proceso es independiente al que se sigue por vía penal en el Juzgado de Ayamonte, que se celebrará en 2010.

El PSOE desvela más contratos a dedo a un allegado al PP

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes, dio ayer a conocer que el consistorio adjudicó de forma directa otras 10 obras por un importe total de 266.744 euros entre los años 2006 y 2008 a un constructor allegado al PP, al que ha representado como interventor y miembro de un consejo de distrito. Los nuevos datos evidencian, según Fuentes, la existencia de un "trato de favor" por parte del equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre.

En total, Miguel Ángel Pérez Barba obtuvo entre los años 2006 y 2008 la adjudicación a dedo de 25 contratos de obras en los distritos de Campanillas y Churriana por un importe que suma de 635.837 euros. Además de haber sido representante político del PP en el distrito de Campanillas o interventor en las elecciones europeas del pasado junio, Pérez Barba es propietario también del local donde el partido tiene su sede de barrio.
Fuentes volvió a exigir ayer explicaciones al equipo de Gobierno y calificó el asunto de inmoral. Denunció que en muchos casos por la cuantía y el concepto de las obras cabe deducir que se han fraccionado actuaciones en varios contratos para que no superaran los 30.000 euros, cuantía a partir de la cual la ley exige un concurso público.
De la Torre insistió ayer en que las contrataciones son "legales" y "absolutamente legítimas". Según el equipo de Gobierno no hay ninguna norma que impida contratar con un consejero político de un distrito y que nunca se mira el carné. Además desveló que cuatro empresas han obtenido más adjudicaciones que Pérez Barba.

El ex director de Mercasevilla implica a Torrijos (IU) en el supuesto fraude del suelo

Fernando Mellet, ex director de Mercasevilla, achacó ayer al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), la propuesta para que la venta de terrenos supuestamente irregular se realizara por concurso público, en vez de por subasta, tal y como indicaban varios informes de los técnicos municipales. La juez del caso ha tildado de "fraudulento" y "premeditado" el concurso, en el que Mellet y el ex asesor jurídico Jorge Piñero, ambos acusados de cuatro delitos, supuestamente lograron que la constructora Sando ganara dicho concurso, pese a no presentar la mejor oferta.

"Ojalá no hubieran existido estas dos cláusulas para que ganara Noga"
Ayer Mellet acusó a Rodrigo Torrijos, miembro de la comisión ejecutiva en 2006, de contradecir cuatro informes del secretario, el interventor, el letrado mayor del Ayuntamiento y otro técnico: "Torrijos sostuvo que la fórmula idónea era la del concurso público para que el precio no fuera lo único decisivo en orden a la compraventa de los terrenos".
El ex director de Mercasevilla, tras negarse el pasado verano a declarar por las comisiones ilegales que supuestamente exigió a dos empresarios, ayer se exculpó al asegurar que él era partidario de vender los terrenos por subasta pública. Mientras, según él, Rodrigo Torrijos propuso el concurso público como miembro de la comisión ejecutiva que decidió el pliego de condiciones para las ofertas en 2006. El primer teniente de alcalde ya ha declarado ante la policía y la Fiscalía estudia ahora su imputación. Ayer Mellet señaló que el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, como presidente de Mercasevilla, encomendó la elaboración del pliego de condiciones a la comisión ejecutiva, y posteriormente Piñero y la técnica Victoria Bustamante, ambos imputados, elaboraron el pliego de condiciones que premiaría la oferta de Sando de 106 millones por encima del grupo Noga, cuya oferta la juez considera más ventajosa, ya que ofrecía 158 millones.
Las dos cláusulas del concurso que según los técnicos permitieron ganar a Sando, de limitación al alza y de titularidades previas, se incluyeron gracias a Piñero y Bustamante. Mellet relató al respecto: "Ojalá no hubieran existido estas dos cláusulas para que el concurso lo ganara Noga". Además, Mellet aclaró que los miembros de la comisión ejecutiva Crespo y Domingo Castaño, "eran hombres de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín". El ex directivo matizó que la relación de Castaño con el alcalde "era bastante más estrecha que con Gonzalo Crespo".
A continuación, Mellet relató a la juez que el gerente de Sando, José Luis Miró, propuso subrogarse el derecho de superficie en propiedad del grupo Arena98, gracias a sus relaciones profesionales con Vía Pública, área municipal dirigida por Castaño. "Desconozco si fue Domingo Enrique Castaño la persona que puso en contacto a Sando con Mercasevilla", subrayó Mellet. El ex director reconoció que el canon que abonó Sando "le sirvió a Mercasevilla para sostenerse económica de manera importante en la grave crisis que atravesaba". Tras ganar el concurso, Sando hizo donaciones por valor de 240.000 euros.
Mellet señaló ayer que la polémica cláusula de alza temeraria era "calcada" a las que aparecen en otros concursos públicos, pese a que reiteró que no compartía su inclusión en el pliego de condiciones. Además, aseguró que ni Crespo ni Torrijos intervinieron en las cláusulas del pliego de condiciones. Mellet declaró durante seis horas y sólo respondió a las preguntas de la juez y el fiscal.

fuente: El Pais

"No sé cómo criaré a mis hijos"

"No tengo dinero para criar a mis hijos". Susana Puscas, pareja de uno de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan (Terra Alta) del pasado julio, deberá mantener a sus cuatro niños con poco más de los 180 euros al mes que gana limpiando hogares. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha denegado la pensión de viudedad al considerar acreditado que sólo convivió durante cuatro años con Jordi Moré, muerto entre las llamas a los 41 años y con el que tuvo dos gemelos, de cuatro años. Es el tiempo que certifica el padrón pese a que la pareja compartió domicilio desde 2003.

"Dependíamos económicamente de mi pareja y tampoco puedo trabajar más horas. ¿Quién se ocupará de los niños?". Lamenta la mujer, que tiene otros dos hijos de una relación anterior. Las parejas de otros dos fallecidos en Horta de Sant Joan, una de las cuales dio a luz hace una semana, se encuentran en la misma situación, explica Puscas.

"La situación es lamentable", admite Lluís Ballera, alcalde de La Pobla de Segur (Pallars Jussà), donde reside Puscas. Puscas y su pareja se empadronaron juntos cuando se mudaron a un piso nuevo, en agosto de 2005, informa El Segre. Hasta entonces vivían juntos en otro domicilio pero empadronados en viviendas distintas. "Nunca pensamos que este documento iba a ser tan importante", explicó Puscas, que ayer visitó por primera vez el escenario en el que su marido perdió la vida. "No lo entiendo. ¿No ha pagado lo suficiente después de 20 años trabajando? Tengo derecho a recibir la pensión".

Así lo atestigua el propio alcalde: al saber lo que estaba sucediendo, firmó un acta oficial que certifica que la pareja convivió durante más de cinco años, como exige la Seguridad Social. "Lo hice porque les conozco, era vecino de donde residieron entre 2003 y 2005 y les veía a diario", aseguró Ballera. Otros vecinos también declararon lo mismo ante el secretario municipal.
Todos los testimonios quedan en papel mojado para la Seguridad Social. "Lo fundamental es el padrón", apunta el subdirector en Lleida, Antoni Dolcet.

Embrollo burocrático
El embrollo burocrático en el que ha encallado Puscas ha sido una pérdida de tiempo. Primero la mutua Asepeyo le pidió dos testimonios que certificaran el periodo de convivencia con su pareja; después se le requirió el testimonio de una "persona oficial", lo que consiguió gracias al alcalde de La Pobla; después se le pidió el documento del empadronamiento. Finalmente, rechazó la solicitud.
La pensión de orfandad que sí han concedido a los hijos se deducirá del 20% cotizado por el fallecido, mientras que la denegada representaba un porcentaje del 51% (unos 1.500 euros al mes, según fuentes judiciales). "La ley no permite interpretaciones. Es una lástima, pero no hay nada que hacer", remachó Dolcet.
No es del todo cierto, según el abogado Jordi Juan Serra, experto en derecho de la Seguridad Social que ganó recientemente un caso similar. Lograrlo requiere paciencia y dinero dado que la minuta de los gastos relacionados con el proceso ronda los 6.000 euros. "Es muy complejo porque en estos casos la Seguridad Social sólo acepta pagar con una sentencia judicial y suelen recurrirlas hasta el Tribunal Supremo. El proceso dura entre cuatro y cinco años", precisó. Serra asegura que cualquier documento es válido para justificar ante un tribunal la convivencia de parejas de hecho, como facturas de luz o del gas. "Aunque tuviera el dinero, ¿de qué viviríamos durante este tiempo?", se quejó Puscas.
El Departamento de Interior se comprometió ayer a "realizar todas las gestiones posibles" para que la familia reciba la pensión completa, informa Jesús García. "No es competencia nuestra, pero estamos al lado de la familia y tendrá todo nuestro apoyo", precisó un portavoz.

Una pancarta para reclamar los 735.000 euros que les deben

Casi 40 familias de la localidad sevillana de Lebrija se concentraron en la mañana de ayer ante la sede social de una promotora chiclanera en plena calle Vega. Ésta, denominada Forum Inmobiliario de Cádiz S.A., contrató a proveedores y una pyme, La Albinilla S.L. para levantar una promoción de 52 viviendas en Lebrija, y según el representante de los afectados, José Sánchez, «no nos ha pagado al terminar las obras porque dicen que no logran vender las casas». Esto supone «un grave problema» para sus economías, explicaron.

El paro aumenta en un 42,5% en los últimos doce meses en la provincia (Cadiz)

El paro aumentó en la provincia en un 42,5% en los últimos doce meses, según la última oleada de la encuesta de población activa (correspondiente al tercer trimestre de 2009), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
El número de parados se ha incrementado en un año en 44.400 personas. Con respecto al segundo trimestre del presente ejercicio, el número de desocupados apenas ha sufrido variación, tan sólo una subida del 0,4%. Esto se debe a que las cifras se corresponden con los meses de campaña estival. La tasa de paro en la provincia gaditana, según el INE, se sitúa en el 26,3%, la cuarta más alta de Andalucía.

Los Verdes desbordados por las quejas y denuncias por las talas indiscriminadas de árboles en todo el termino municipal de Puerto Real

En los últimos días se está llevando a cabo otra brutal tala indiscriminada de pinos en la barriada del Río San Pedro, ayer mismo pudimos ver como ejemplares sanos, preciosos, con mas de 20 años de edad, eran salvajemente talados y hecho añicos.

Con las excusas de no se sabe que extraña enfermedad,o el daño que producen estos árboles en el acerado o escudándose en las quejas de los vecinos por la proximidad de los pinos a sus viviendas, este ayuntamiento está "apeando" con saña la mayor parte del arbolado de esta barriada.

Hay que recordarle al Sr. Barroso que fue él mismo quien los plantó, por lo que, en cualquier caso, debe asumir la responsabilidad de la tala o de ese grave error a la hora del diseño de la urbanización de la barriada, con el agravante de la reincidencia, pues no es la primera vez que por culpa de la improvisación, o no se sabe de que oscuros intereses , se adornan nuevas barriadas con especies totalmente inapropiadas para el lugar, que luego deben sustituir por otras,dando lugar a una sangría como a la que estamos asistiendo en el Río San Pedro, generando además,curiosamente, pingues beneficios a terceros, por la adquisición de nuevos árboles, cuando de haberse actuado correctamente en su día hoy no sería necesaria ni la tala ni la reposición.

Lo mínimo que puede hacer este equipo de gobierno con el Sr. Alcalde a la cabeza es quitarse el antifaz de defensores del medio-ambiente, y de amantes de lo natural y de lo ecológico y sostenible, máscara que se colocan cada vez que hay alguna efeméride relacionada con el medio-ambiente, como bien podemos observar estos días con los actos por la celebración del centenario de la compra de Las Canteras por el pueblo de Puerto Real.

Que le aprovechen los actos, los golpes de pecho y las medallas que se quieran colgar durante las jornaditas en las que sufren un repentino amor por lo verde, pero eso no va tapar la responsabilidad que tienen en la sangrante destrucción que durante su mandato se está produciendo de nuestro patrimonio medio-ambiental, y de gran parte del arbolado referencial de la ciudadanía.

fuente: Los Verdes de Puerto Real

Trama Gürtel: Un alto cargo de Castilla y León aparece en un vídeo cobrando comisiones

Nuevas revelaciones del caso Gürtel sobre altos cargos del Partido Popular que continúan en activo. El Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, Miguel Ignacio González Sánchez, es la persona que aparece repartiéndose dinero en una mesa con el alcalde de Boadilla, Arturo González, cuando era teniente alcalde de este Ayuntamiento, según recogen informes policiales del sumario. El video habría sido grabado por Francisco Correa como método de extorsión.
Según las declaraciones judiciales de Isabel Jordán, una de las principales testigos del caso Gürtel, Correa dijo haber entregado una comisión al alcalde de Boadilla del Monte. En la entrega y el reparto participó Miguel Ignacio González Sánchez. Entonces, ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de obras y servicios en este Ayuntamiento hasta septiembre de 2005, cuando fue nombrado Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León.
En la conversación grabada y aportada al sumario, Correa explica que tanto Miguel Ignacio González como el alcalde de Boadilla hacen una operación de un terreno público y se lo adjudican a la empresa que ellos deciden. Parte de la comisión que obtiene Correa se la da a ambos. Según la declaración de Isabel Jordán, Correa le confesó haberlo grabado en video. Miguel Ignacio González y el alcalde Arturo González aparecían repartiéndose fajos de billetes sobre una mesa. Un video que, según la policía, Correa utilizó para amenazarles con enseñárselo al partido y conseguir contratos.
Miguel Ignacio González es todavía hoy director de Deportes en la Junta de Castilla y León. Su nombre tiene un apartado propio en el informe de la brigada de blanqueo de la Policía Judicial bajo el título 'Participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa'.
La Cadena SER ha tratado de ponerse en contacto con Miguel Ignacio González desde hace meses tanto en sus teléfonos particulares como a través de sus portavoces. Ni ha contestado a las llamadas ni han querido dar explicaciones desde su Consejería.

fuente: Cadena Ser

Magna y los sindicatos acuerdan rebajar a 900 los despidos

Los nuevos dueños Magna han acordado rebajar el número de despidos previstos en la planta de Opel en Figueruelas. El acuerdo, que se ha cerrado en el Ministerio de Industria, pretende supirmir 900 puestos de trabajo. Se negocia la fórmula para aplicar dichos despidos.

Según fuentes presentes en la negociación, Magna se ha comprometido a rebajar los despidos a una cifra inferior a los 1.000 despidos. Antes pretendía eliminar 1.330 puestos de su factoría. La oferta se ha cerrado en 900 despidos entre el Comité de Empresas y los sindicatos, aunque aún no se ha decidido la fórmula para aplicar estos despidos.
Además, en esta misma reunión se ha solucionado el futuro de la Planta de Prensas de Aragón la cual seguirá trabajando para Opel Corsa y Meriva.
Movilizaciones previstas
Los sindicatos, a propuesta de UGT, habían decidido parar completamente la fábrica, en sus tres turnos, los días 28 y 30 de octubre y el 3 y 5 de noviembre. Pedían que se rebaje el número de despidos y ahora con el acuerdo logrado este jueves, aún no ha dado a concocer si mantendrán o suspenderán la medida de presión.
El comité ha señalado que la capacidad industrial mantendrá las 478.000 unidades a partir de 2013. Sin embargo, no detalla qué ocurrirá en los próximos tres años. Los responsables sindicales no entienden que se mantenga la línea productiva y se recorte esta cantidad de empleos.

El ex alcalde Alonso Rojas comparecerá ante el juez por denegar información

El ex alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, deberá comparecer el próximo 5 de noviembre ante el juzgado de lo penal número 4 de Algeciras por un presunto delito contra los derechos cívicos, según ha informado hoy el PA
La citación para el juicio oral es resultado de una denuncia interpuesta por el PA en 2005 en la que se acusa a Rojas de negar "continuadamente" desde 2005 a 2007 el derecho de los concejales a acceder a información "en el ejercicio de sus funciones".
El portavoz del PA barreño, Jorge Romero, ha explicado en un comunicado que la información solicitada hacía referencia a cuestiones como las facturas de teléfonos móviles, gastos con tarjetas de créditos, listados de espera en las casetas de feria y al convenio para la construcción de una plaza de toros.
El PA solicita una pena de cuatro años de inhabilitación, más las costas procesales, mientras que la Fiscalía pide inhabilitación especial para el cargo de alcalde durante dos años y seis meses, más las costas.
Los denunciantes han subrayado que tendrán en cuenta "quién asume la defensa de Rojas" porque consideran que, al haber dimitido hace cuatro meses, "los ciudadanos no tienen por qué costear los errores de sus antiguos gobernantes".
Según Romero, "toda negación a los derechos de los concejales en una corporación es también una falta de respeto a todo el pueblo, haya votado o no a los concejales afectados".
El portavoz del PA local ha recordado en declaraciones a Efe que recientemente fue admitida a trámite otra demanda de su partido contra Rojas por prevaricación porque el municipio "dejó de percibir más de siete millones de euros por la gestión del servicio de recogida de residuos durante su mandato".

Toxo espera "avances" para evitar la huelga de Opel

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, confió en que haya "avances" en la reunión que mantienen este jueves los sindicatos y los representantes de Magna, a partir de las 12.00 horas en Madrid, y consideró que si tiene que haber recortes de personal, estos sean con prejubilaciones "para evitar que sean traumáticos".
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea de cuadros sindicales que se celebra en el Salón Rioja de Ibercaja, en Zaragoza, Toxo señaló que, después del encuentro de el miércoles que fue "una reunión importante pero que terminó sin acuerdo", hay algunos elementos "que deben modificarse para que pueda establecerse un acuerdo aceptable para el futuro de la planta" de General Motors (GM) España, ubicada en la localidad zaragozana de Figueruelas.
El secretario general de CC.OO. apuntó que "parece que el futuro de las dos líneas está garantizado" pero "sigue planteándose un sacrificio en términos de empleo y alguna incertidumbre con respecto a alguna de las instalaciones".
Ignacio Fernández Toxo esperó que en la negociación de este jueves "se pueda avanzar suficientemente" porque "sería deseable que no hubiera que llegar a la materialización de las jornadas de huelga convocadas". "No obstante, la voluntad de los trabajadores está ahí claramente manifestada: hacemos una apuesta por el mantenimiento en condiciones de garantías de futuro de la fábrica más competitiva de Opel, pero también con mucha voluntad de defender los intereses de la sociedad aragonesa, española y de los trabajadores en particular", aseveró.
"HACER UN ESFUERZO"
En este sentido, Toxo consideró que la multinacional austriaco canadiense Magna, que prevé hacerse con el control del 55 por ciento de las acciones de Opel Europa, "tiene que hacer un esfuerzo" que, "en conjunción" con las actuaciones del Ministerio de Industria, Gobierno de Aragón y sindicatos "debe ser suficiente para mover la voluntad del grupo y terminar cuadrando un acuerdo satisfactorio".
En referencia a los reajustes de personal, Toxo consideró que a su entender "no sobra nadie" en la planta de Figueruelas, pero que, si la situación obliga a reducir la plantilla, "el plan social no haga necesario que se produzcan bajas de carácter traumático" al utilizar mecanismos como la prejubilación "que, en caso de tener que reducir efectivos, deberían ser suficientes para atender lo que demande el plan industrial", concluyó.

fuente: Europa-press

Rescatan el cuerpo del minero fallecido el martes por un derrumbe

El cuerpo del trabajador fallecido el pasado martes como consecuencia de un derrumbe de carbón en una mina de Cerredo, en el municipio de Degaña, fue rescatado a las 5.30 de esta madrugada según confirmaron a Europa Press fuentes de los equipos de rescate.
El minero, Gerardo Fernández, de 35 años y vecino de San Romano de Arbás, en Cangas del Narcea, quedó atrapado el martes a consecuencia de un derrumbe de carbón. El accidente se produjo alrededor de las 12.30 horas del citado día.
Nada más producirse el accidente se puso en marcha el dispositivo de rescate, pero la dificultad en las tareas hicieron que el cuerpo no pudiese ser rescatado hasta la pasada madrugada.
fuente : Europa-press