La huelga de la Canadiense y la
jornada de 8 horas
Para la burguesía, el anarcosindicalismo se
estaba convirtiendo en una clara amenaza para el orden social que sustentaba su
hegemonía social y económica. La prueba de fuego entre ambos se inició el 5 de febrero
de 1919 con el conflicto de la Canadiense en Barcelona, una huelga mítica en la
historia del sindicalismo libertario por su importancia, duración y
dimensiones.
Mientras en Berlín habían
asesinado a Rosa Luxemburgo el 15 de enero, en Barcelona, durante las semanas
previas a la huelga, había incidentes entre libertarios y ugetistas, con algún
asesinato durante la huelga de tipógrafos; acusaciones de Pestaña contra Cambó
(Lliga Regionalista) sobre la intención de asesinarlos a él y a Seguí; suspensión
de las garantías constitucionales; clausura de sindicatos; detenciones de
dirigentes y activistas libertarios; buques de guerra en el puerto y censura de
prensa. La cuestión de fondo que alimentó la huelga fue, además del derecho a
la sindicación, el intento de forzar a la patronal al reconocimiento definitivo
de la CNT como la interlocutora del mundo del trabajo en Cataluña.
La huelga de la Canadiense
(llamada así porque el principal accionista de la Compañía era el Canadian Bank
of Commerce of Toronto) se prolongó por 44 días convirtiéndose en huelga
general paralizando el 70% de la industria catalana. El conflicto comenzó al
organizarse entre el personal de oficinas, un Sindicato Independiente, que el
gerente de La Canadiense, Fraser Lawton, nunca aceptó, por lo que éste empleó
como estrategia hacer fijos ocho empleados eventuales y rebajarles el sueldo.
Éstos protestaron con el argumento de que: «a mismo trabajo, mismo sueldo».
Estas ocho personas, que eran precisamente las que habían organizado el Sindicato
Independiente dentro de la empresa, inmediatamente fueron despedidos por
Lawton. Cinco de los sancionados pertenecían a la sección de facturación y sus
compañeros, en acto de solidaridad, el día 5 de febrero de 1919 se declararon
en huelga hasta que se readmitiera a sus compañeros despedidos. Los 117
empleados de la sección de facturación se dirigieron hacia Gobernación para
hablar con el gobernador, que les prometió que intercedería por ellos ante la
empresa, si volvían al trabajo. Cuando éstos volvieron, se encontraron con
fuerzas de la policía que les impedían el paso, no dejándoles entrar al
interior del edificio, produciéndose diversos incidentes y quedando todos ellos
despedidos. Al día siguiente la noticia corrió por Barcelona como un reguero de
pólvora.
Los huelguistas buscaron la ayuda
de la CNT, que se involucró en el conflicto. Se nombró un comité de huelga que
lo formaron varios de los despedidos y miembros de la CNT y que estuvo liderado
por Simó Piera. La huelga se extendió hacia los encargados de la lectura de
contadores.
Contado la huelga con un amplio
apoyo popular —se formaron cajas de resistencia que recaudaron 50.000 pesetas
en una semana— el gerente de la empresa propuso una negociación cuya fecha fue
fijada para el 17 de febrero en el edificio de la compañía y a la que
acudiendon cinco delegados en representación de los trabajadores. Cuando el
gerente se enteró que entre los delegados había un afiliado a la CNT no quiso
negociar.
Los huelguistas iniciaron cortes
en el suministro eléctrico, quedando Barcelona prácticamente paralizada a las
cuatro de la tarde del 21 de febrero, aunque había otra compañía —Energía
Eléctrica de Cataluña— que seguía suministrando energía. El 4º Regimiento de
zapadores y algunos marineros ocuparon la sede de la empresa y llegó a la
ciudad un nuevo gobernador militar, Martínez Anido. Con el permiso de los
inversores, Romanones confiscó la empresa y los ingenieros militares
consiguieron iluminar la ciudad la noche del 22.
El día 23 se unieron a la huelga
los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña, lográndose el
paro total de las compañías eléctricas. El 26 los trabajadores de las compañías
de aguas y del gas se sumaron a la huelga, por lo que dichas empresas también
fueron confiscadas.
El 3 de marzo los trabajadores de
la central eléctrica de Sant Adrià del Besos secundan la huelga y el día 5 el
general Milans del Bosch dicta un bando para llamar a la movilización a todos
los hombres entre 21 y 38 años del ramo de la electricidad que tan solo sale
publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas convocados para la
movilización decidieron el 7 de marzo no incorporarse a filas, lo que provocó
que fueran encarcelados. En totol, unos tres mil trabajadores llenaron las
prisiones, el castillo de Montjuïc y los buques de guerra del puerto, sometidos
a la jurisdicción militar, puesta al servicio de la patronal catalana tras la
declaración del estado de guerra el 12 de marzo. Barcelona fue ocupada por los
militares y las cajas de resistencia podían llegar a recoger decenas de miles
de pesetas semanales. Romanones se inclinó por algunos nombramientos políticos
para propiciar el diálogo y el día 15 se abrieron las negociaciones.
El 17 se llegó a un acuerdo, se
levantó la censura roja (que ejercía el Sindicato de Artes Gráficas) y el
estado de guerra. Dos días después concluía la huelga con un balance bastante
favorable para los trabajadores: jornada de ocho horas, mejoras salariales,
readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos. Unas 20.000 personas
se congregaron ese día en la plaza de toros de las Arenas para ratificar el
acuerdo, pero el propio Seguí fue recibido con un importante abucheo porque
algunos trabajadores seguían detenidos por los militares. Para el «Noi del
Sucre» se trataba de elegir entre la consolidación de las mejoras conseguidas o
rescatar por la fuerza a los detenidos, con el consiguiente baño de sangre, que
podía ser el inicio de la revolución social; pero, aunque dominaban las calles,
¿estaban en condiciones de vencer a los militares? Acordaron volver al trabajo
y dar un plazo de tres días para la libertad de todos los detenidos.
Con el apoyo de Lliga, Milans del
Bosch optó por no liberar a los detenidos. Burgueses y militares esperaban
acabar con los anarcosindicalistas si éstos optaban por la huelga general
revolucionaria. Los más radicales acabaron convocándola el 24 de marzo, y el 25
el capitán general declaró por su cuenta el estado de guerra. Al día siguiente,
unos ocho mil paramilitares del Sometent salieron armados a las calles de
Barcelona bajo la dirección del nacionalista Ventosa Calvell. El propio Cambó
afirmó que se había paseado con un fusil por las calles de la ciudad. El día 30
el estado de guerra se extendió a toda España y el 1 de abril la huelga general
abarcaba las ciudades más industrializadas de Cataluña. Al día siguiente todos
los sindicatos fueron clausurados, aunque Romanotes decretó la jornada de ocho
horas a partir de octubre para desbrozar el camino de la vuelta al trabajo,
hecho que se empezó a producir a partir del día 5. Los partidarios de la huelga
habían sido derrotados, y con ellos la sensación de imbatibilidad que acompañó
a la CNT durante la huelga de la Canadiense.
El grupo de presión formado por
los militares y la Lliga, ésta a través de la patronal, se había impuesto a las
decisiones del gobierno, que dimitió. La burguesía catalana, que propugnaba la
reforma del estado para acomodarlo a sus intereses, se había aliado con los
militares hasta el mismo límite del golpe de estado, también para defender sus
intereses económicos. No era la primera vez. Ya habían llevado a término una
campaña de delación tras la Semana Trágica; llevaban años oponiéndose a las
reformas sociales de diferentes gobiernos en nombre de la no intervención, pero
pidiendo la intervención del ejército contra los trabajadores, es decir,
propiciando el militarismo. Tampoco sería la última, porque apoyarían el golpe
de Primo de Rivera en 1923 y contribuirían a financiar el golpe de 1936.
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