La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude
masivo de 2.000 millones
La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la
formación de desempleados que habría contado con la colaboración imprescindible
de altos cargos de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que entre
2009 y 2011, los años en los que se centran las pesquisas, la trama habría
malversado presuntamente fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros,
el fraude más elevado que se haya investigado nunca en la historia de España.
De demostrarse, la cantidad defraudada superaría holgadamente el célebre “fondo
de reptiles” del caso de los ERE (1.350 millones), el escándalo que ya provocó
la salida del Gobierno de la Junta de su expresidente José Antonio Griñán.
Las investigaciones, que han recibido el nombre de Operación
Edu, arrancaron hace dos años tras una denuncia de la Seguridad Social y son
obra de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF. Según ha
podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación, los agentes
sospechan que centenares de sindicatos, patronales y empresas privadas de toda
Andalucía recibieron fondos públicos para organizar supuestos cursos para
desempleados que nunca llegaron a realizarse o no reunían los requisitos necesarios
para poder ser subvencionados. Los policías también creen que los altos cargos
de la Junta de Andalucía responsables del control de estas ayudas colaboraron
en el fraude limitando el alcance de las inspecciones.
Colaboración necesaria de la Junta
La mecánica del presunto fraude habría hecho imprescindible
la participación de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos. Sobre el
papel, el 75% de la cuantía total de la subvención era transferido a las
entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una
auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo, los efectivos de la UDEF han
advertido que las inspecciones no se realizaron o, cuando se hicieron y detectaron
alguna irregularidad, sólo en raras ocasiones provocaron que la Junta exigiera
la devolución del 75% de la subvención presuntamente malversada.
Los fondos para formación de desempleados cuestionados por
la UDEF superarían en total los 3.700 millones de euros, de los que más de la
mitad, según los investigadores, habría acabado teniendo un destino
fraudulento. Las actuaciones delictivas también rebasarían el periodo
2009-2011, pero los agentes han decidido restringir a esos años sus pesquisas
para evitar que las posibles irregularidades detectadas hayan prescrito.
Por ahora, los agentes ya han interrogado a más de 200
alumnos de cursos fraudulentos, pudiendo demostrar que la gran mayoría de ellos
nunca participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los
centros de formación lograran ayudas públicas. Sin embargo, todos ellos
figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los sindicatos,
patronales y centros de formación presuntamente implicados para poder recibir
las subvenciones del fondo para parados.
Un fraude masivo que afecta a toda Andalucía
Aunque la Operación Edu se centra por ahora en la provincia
de Málaga, la demarcación a la que apuntaron las primeras pistas, en los dos
años de investigación la UDEF ha recopilado numerosos testimonios y pruebas
documentales que probarían que el fraude de los cursos de formación se habría
producido en toda Andalucía y que su incidencia habría sido masiva. Calculan
que existirían centenares de implicados en toda la comunidad gobernada por
Susana Díaz. De hecho, según ha podido saber este diario, la provincia en la
que se habría detectado el mayor número de irregularidades no sería Málaga,
sino Almería.
No obstante, para evitar que el volumen del caso desborde la
capacidad de la UDEF y de la Fiscalía, las pesquisas se focalizarán en esta
primera fase en la provincia de Málaga. En el primer expediente analizado,
correspondiente al ejercicio 2010, 15 de las 20 empresas que recibieron ayudas
lo hicieron sin reunir las condiciones mínimas para presentarse al concurso.
Los representantes del Ministerio Público en la provincia se han hecho cargo de
la operación, pero podrían acabar siendo asumidas por la Fiscalía
Anticorrupción de la Audiencia Nacional ante la dimensión del caso.
El 35% de las ayudas a España acabó en Andalucía
La operación supone un duro golpe a la industria andaluza
del paro. La comunidad recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo
para ayudas a desempleados correspondiente al periodo 2007-2013, el 35,6% del
total asignado a España por la Unión Europea. Esos fondos fueron completados
con otros 860 millones de euros aportados por la Administración del Estado. En
total, más de 3.700 millones de euros que están ahora bajo el foco de una
investigación que pronto dará los primeros resultados.
Los años sometidos a investigación coinciden con la última
etapa de Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía (la abandonó en abril
de 2009) y con los primeros años de Griñán en ese cargo. Asimismo, los máximos
responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) eran los exconsejeros de
Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012).
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