El actual jefe de licencias urbanísticas de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell, es una de las once personas imputadas en la última operación de la Guardia Civil contra la especulación urbanística en la localidad portuense, en la que se ha destapado una supuesta red de influencias en el Consistorio para conseguir licencias de construcción en suelos aún no urbanizables.
La trama habría funcionado entre los años 2004 y 2007, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el partido Independientes Portuenses (IP). De hecho, como ya adelantó LA VOZ el pasado viernes, en esta operación están también imputados el ex alcalde portuense Hernán Díaz y su entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, que eran en última instancia quienes aprobaban los permisos de obra que están bajo sospecha. La Benemérita les imputa un supuesto delito de prevaricación, pues estima que ambos políticos conocían de la irregularidad de licencias.
La pasada semana, ambos altos cargos de IP y Jiménez Fornell acudieron a declarar ante el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil en Cádiz (encargado de las investigaciones), aunque no han llegado a ser detenidos, ni han pasado aún a disposición del juez de instrucción número 1 de El Puerto (que dirige las diligencias).
La comandancia de la Guardia Civil daba ayer a conocer (en una escueta nota de prensa) la presunta implicación de otras ocho personas, entre ellas cinco propietarios de las viviendas ilegales que se habrían beneficiado de las licencias urbanísticas.
El resto de imputados en la 'operación Tequila' -como ha sido llamada- son aparejadores de El Puerto vinculados al estudio de arquitectura TEC, la empresa sobre la que pivotaba supuestamente toda la trama de licencias irregulares. No en vano, la operación ha sido bautizada como 'Tequila' por el nombre del estudio.
Una de las imputadas es propietaria de esta empresa: la arquitecta técnica Milagros T., que además, es pareja sentimental de Fernando Jiménez Fornell y habría trabajado de manera esporádica en el Ayuntamiento portuense como delineante. Aunque se declaraba propietaria de TEC, esta compañía ni siquiera aparece en el Registro Mercantil, por lo que es considerada por fuentes de la investigación como una empresa «tapadera».
TEC era responsable supuestamente de algunos de los proyectos de construcción que han sido investigados por la Guardia Civil en esta operación. Entre ellas, la ampliación del club de alterne Oh Puerto!, que presuntamente se realizó en suelos que entonces aún no urbanizables, amparados en el argumento de que el futuro Plan General de Ordenación Urbana de la localidad sí contemplaba los terrenos como edificables. Además, según las fuentes consultadas, la operación incluiría la supuesta legalización de viviendas irregulares, dotándolas para ellos con licencias de agua y luz. Además de Milagros T., como principal imputada, la Guardia Civil ha incluido entre los supuestos miembros de la trama a dos trabajadores más del estudio, uno de ellos Isabel R. V., ya que sus firmas aparecen en algunos proyectos incluidos en las diligencias.
Las posibles responsabilidades de TEC, de Jiménez Fornell y la corporación municipal de Hernán Díaz ya habían sido denunciadas ante la prensa y el Ayuntamiento en reiteradas ocasiones desde 2006. De hecho, la actual 'operación Tequila' ha partido de un nutrido paquete de denuncias que la agrupación local de Izquierda Unida presentó ante la Fiscalía en 2007. La Guardia Civil no descarta que el número de imputados se amplíe en los próximos días.
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