Los trabajadores de Cernaval temen perder su empleo tras el vertido del 'Shenzhen'

El vertido de fuel del mercante 'Shenzhen' a la bahía de Algeciras arrastra consecuencias no sólo medioambientales. Los 150 trabajadores de la plantilla de Cernaval, el astillero en cuyo dique seco ha quedado inmovilizado por orden judicial el buque, muestran su preocupación ya que ven peligrar sus puestos: ‘Cernaval no se cierra’, reclamaron hoy.
Según explicó un representante de la plantilla, «estamos preocupados porque los barcos (tres hasta el momento) se están desviando a los astilleros de Gibraltar, pedimos una solución». "La empresa nos ha dicho que en pocos días podemos perder el trabajo», apunta Gázquez, quien reconoce que «el astillero está limpio y dispuesto para recibir barcos pero no tenemos autorizaciones».
En estos momentos, la situación es más complicada desde el punto administrativo que desde ningún otro. Manuel Piedra, director general del astillero, confirmó que la Consejería de Medio Ambiente ya les ha dado autorización para vaciar las 90.000 toneladas de agua al mar que permanecían en el interior del dique.
Pero faltan, según explicó el director de Cernaval, al menos tres meses para acabar con las tareas de limpieza, aunque ya es posible recibir barcos para reparaciones. Sin embargo, no es posible hasta que las cuatro partes implicadas en el suceso (remocaldores, prácticos, armador y astillero) no se pongan de acuerdo. Mientras tanto Cernaval explicó, «sin ánimo de bucar culpables», lo ocurrido el día de autos, a través de las grabaciones y fotografías realizadas. Piedra subrayó que su compañía «no se arrepiente de lo que hizo», actuar como refugio del buque, «pese a que la aseguradora del barco nos dijo que habría sido mejor dejar el fuel en la Bahía, que se limpia muy bien en las playas».
Por su parte, el capitán Rogelio Garcés dejó claro que era evidente la existencia de «errores en la maniobra», aunque, según él, «habría que conocer los cuadernos de bitácora y otros informes», pero las imágenes dejan claro que «el barco tocó el muelle en la izquierda y que estaba enfilado a 22 metros de proa y 28 de costado, cuando lo ideal es que esa distancia sea de 25 metros», por lo que concluyó, sin culpar a nadie, que «la maniobra ha fallado».

Los vecinos se cansan del ‘mes que viene’ del Ayuntamiento

Una treintena de vecinos de La Merced, acompañados por representantes de otras asociaciones vecinales de la capital, cortaron ayer un tramo de la calle Vázquez Limón, para expresar su protesta por el impago del Ayuntamiento a las asociaciones de vecinos de la capital onubense.En la merced fue la primera parada de una serie de protestas que, con el respaldo de la Federación de Vecinos Tartessos, se llevarán a cabo en aquellas asociaciones que tienen sus locales en régimen de alquiler, y que son las que más están padeciendo que todavía el consistorio onubense no les haya dado “ni un duro en todo 2009”, asegura Francisco Ruiz, presidente de Tartessos. Como explicó Dorleta Vaquero, presidenta de la Asociación de Vecinos La Merced, a la que se le adeudan “18.000 euros”, la situación es “crítica”, y vaticina que de seguir así la situación “muchas asociaciones vecinales vamos a desaparecer”. “Desde marzo nos están diciendo que nos pagan el mes que viene, y ya nos hemos cansado de esta situación”, aseguró.El Ayuntamiento aseguró ayer a través de su concejala de Participación Ciudadana, Juana Carrillo, que abonará la cuenta pendiente a lo largo de este mes de noviembre.

"No vamos a permitir que los traslados sean más lejos de Sevilla"

Las negociaciones del ERE extintivo presentado por Vicasa registraron ayer un leve “acercamiento” entre ambas partes en el punto relativo a la actividad que la multinacional conservará en el centro logístico que dejará en Jerez tras cesar la producción del vidrio. En este sentido, la empresa elevó hasta 32 los puestos que conservaría en la localidad, frente a los 20 planteados desde el principio, si bien la propuesta inicial del comité era de 54, es decir, prácticamente la mitad de la plantilla. En el tema de las prejubilaciones, las diferencias están más acentuadas, dado que mientras que los trabajadores en su primera propuesta solicitaron 54 prejubilaciones desde los 53 años, Vicasa propone 34 a partir de los 57, con lo que las negociaciones deberán todavía avanzar también en este punto. La postura de la multinacional en los traslados también difiere notablemente a la del comité. Mientras que este último sólo contempla siete y únicamente a la planta de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con indemnizaciones de 30.000 euros y un préstamo de otros 30.000 “a devolver sin intereses”, en su planteamiento global la dirección habla de 26 traslados, 11 de carácter inmediato y otros 15 a los que se les aplicaría un ERE “temporal” de un año con idea de incorporarse en 2011 en Sevilla. Un planteamiento en el que contempla además las factorías que posee en Burgos y Zaragoza como destino de parte de la plantilla que sea trasladada, a lo que el comité se opone de forma tajante, dado que, como afirma el presidente del comité, Antonio Alba, “no vamos a permitir que se trasladen a trabajadores fuera de Sevilla”. en la recta finalTras una reunión con varios recesos y que se prolongó mañana y tarde, el comité de empresa planteó por la tarde una contrapropuesta sobre la que hoy esperan que conteste Vicasa, y en la que matizan algunos de los capítulos del Plan Social, sobre todo el relativo a los empleos que se quedan en Jerez, bajando de 54 a 45 (la empresa plantea ahora 32) y, en consecuencia, eleva de 7 a 14 las propuestas de traslados a Sevilla. No obstante, el tema de las prejubilaciones se mantiene intacto a la primera propuesta con 54 trabajadores a partir de los 53 años (la empresa quiere 34 desde los 57). Por su parte, el Gobierno local llevará al próximo Pleno ordinario del jueves 26 la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística para devolver la calificación de suelo industrial a los terrenos de la fábrica de botellas.“evidente” incumplimientoPara el Ayuntamiento, el “evidente” incumplimiento de sus compromisos por parte de la multinacional Saint-Gobain Vicasa supone la “fulminante” cancelación del convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento con el único y exclusivo objetivo de garantizar y facilitar la actividad industrial y el empleo de la mencionada fábrica en Jerez. En este sentido, advirtió que tras el incumplimiento el Ayuntamiento hará uso de sus cláusulas y retrotraerá la situación urbanística del suelo a su estado original, previo al mencionado convenio, todo ello sin ningún tipo de contrapartida, tal como se recoge de forma explícita y reiterada en el acuerdo. Barricadas en la fábrica, que volvió a parar 24 horasEl 100% de la plantilla de Vicasa respaldó ayer una nueva jornada de paro de 24 horas en las instalaciones de la ronda de los Alunados, que se suma a los tres que el comité de empresa convocó el pasado mes de octubre incluso a nivel nacional. Pese a que desde un primer momento los trabajadores decidieron suspender la manifestación a Sevilla tras conocer a través del consejero de Empleo, Antonio Fernández, que el cierre era “irrevocable”, sí decidieron seguir adelante con la huelga de ayer. Un paro que, aunque se saldó sin incidentes destacables, pero que dejó estampas que hasta ahora no habían existido, que denotan la indignación y el malestar de la plantilla ante un cerrojazo que ya han asumido. Así, un grupo de empleados protagonizó barricadas de fuego en frente a la fachada de la factoría, tras quemar palés como protesta a unas negociaciones que entran en la recta finalCortes de tráficos en la avenida Álvaro DomecqMientras ambas partes negociaban el ERE en el Hotel Sherry Park, medio centenar de personas, entre trabajadores de la planta y familiares, cortaron el tráfico de la Avenida Álvaro Domecq, a la altura de la Avenida José Cádiz de Salvatierra, dos veces, a las 11.00 y las 12.30 horas. Fue una concentración pacífica, por lo general, si bien hubo un altercado cuando una conductora intentó esquivar la barrera subiéndose a la acera, a lo que uno de los manifestantes reaccionó dando varios golpes al coche. Esta protesta dejó algunas retenciones de tráfico, ya que en las dos ocasiones se alargaron durante un cuarto de hora. Aunque Alba siempre se ha mostrado defensor de las protestas pacíficas, ayer en cierto modo se mostró comprensivo con los cortes de tráfico que protagonizó este grupo aislado “después de lo que tenemos encima”, señaló.Hoy viernes las conversaciones cambian de escenario y se reanudarán en el Hotel AC Jerez, en Chapín, a partir de las 9.00 horas. Hay que recordar que el tiempo preceptivo de las negociaciones acaba formalmente el próximo domingo.

andalucia informacion

Prisión para el quinto policía local de Mijas detenido en la operación antidroga

El Juzgado de Instrucción número dos de Fuengirola (Málaga) ha decretado prisión sin fianza para el quinto policía local de Mijas detenido la noche del miércoles por su presunta participación en la operación contra el tráfico de drogas iniciada el pasado sábado en la localidad, según informaron a Efe fuentes judiciales.En dicha operación contra el tráfico de drogas ya se decretó hace unos días prisión para los otros cinco apresados, entre ellos cuatro agentes locales.La Guardia Civil se ha incautado de quince kilogramos de hachís en un coche patrulla de los agentes y han encontrado 150 kilogramos más de la misma sustancia en un domicilio de uno de los apresados.La detención de los cuatro primeros agentes locales se practicó cuando estaban vestidos de uniforme y prestaban servicio en plena calle, tras una investigación iniciada hace tiempo por la Guardia Civil y el pasado lunes el juez decretó su ingreso en prisión.Del caso se encargan la Policía Judicial del instituto armado en Málaga y el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil en Mijas.Por otro lado, el Ayuntamiento de Mijas se presentará como acusación particular en la causa contra los cuatro policías locales detenidos, una vez que se produzca la imputación por parte del juez.Así lo anunció el alcalde, Antonio Sánchez, quien ha abierto también un expediente disciplinario por falta muy grave y ha decretado la suspensión cautelar de empleo y sueldo para los cuatro primeros agentes detenidos. Precisamente Sánchez declaraba ayer que la detención del quinto policía local "limpia el cesto de manzanas podridas", lo que evita, a su juicio, "que pueda contagiar al resto".Asimismo, explicó a Efe que la investigación aún no está cerrada y que se están abordando todas las posibles vías de investigación.Al quinto policía detenido se le abrirá expediente disciplinario por falta muy grave y se le suspenderá cautelarmente de empleo y sueldo.
EFE

Imputado el Presidente de la Diputacion de Castellon

El chófer de Fabra ingresaba su dinero
Una veintena los trabajadores de banca testificarán a petición de la Fiscalía Anticorrupción

El juzgado de Nules (Castellón) retomó ayer el caso que implica al presidente de la Diputación castellonense, el conservador Carlos Fabra, con la declaración de ocho nuevos testigos, empleados de distintas entidades financieras. Fabra está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y falsedad documental.
En total, serán una veintena los trabajadores de banca que testificarán en el tribunal valenciano a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es conocer los movimientos de dinero que se registraron en las cuentas de Fabra.

Declaración de las cajeras

Dos de las cajeras que trabajaban en Ibercaja explicaron al juez que era el chófer del presidente de la Diputación castellonense, José del Campo, y no el propio Fabra el que, durante 1999, realizó continuos ingresos en efectivo en las cuentas del líder provincial.
El proceso se dilata ya durante seis años
Según el diario El País, esas cantidades oscilarían entre los 600 y los 12.000 euros. Sólo durante 1999 se estima que Fabra y su entonces esposa registraron más de cien ingresos en efectivo que sumaron cerca de 600.000 euros.
Las declaraciones de ayer son un episodio más de un proceso que se dilata ya durante seis años, y que ha pasado por las manos de nueve jueces diferentes. La dirección nacional del PP no ha tomado medidas disciplinarias contra Fabra, pese a sus anuncios de endurecer el código ético del partido.

El fiscal pedirá el embargo de lo que haya cobrado Carretero en Telecinco

El ex jefe de la Policía Local de Ubrique, que se negó en su día a responder a las preguntas del juez y del representante de la Fiscalía, acudió a un programa de televisión a hablar de la Operación Karlos.

La Fiscalía solicitará a la Audiencia Provincial de Cádiz que embargue el dinero que haya podido cobrar Carlos Carretero por la entrevista que le hicieron en Telecinco el pasado 23 de octubre. Carretero, uno de los principales procesados de la Operación Karlos, para quien el fiscal pide 10 años de prisión por estafa, falsedad y cohecho, acudió al programa Sálvame Deluxe, donde minimizó su papel en la trama montada para obtener de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral. El fiscal se unirá así a una de las partes personadas en el procedimiento (posiblemente una de las acusaciones) que ya ha pedido el embargo de lo supuestamente cobrado por el ex jefe de la Policía Local de Ubrique a cambio de la entrevista en televisión. La Sección Tercera decidirá en los próximos días si tramita la solicitud, que comenzaría por requerir a Telecinco que informe acerca de la cantidad que pagó o pagará a Carretero.La Operación Karlos sentará en el banquillo a 30 procesados. El fiscal acusa a 24. Al resto los incluyen las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y la Tesorería de la Seguridad Social. El fiscal también solicita 10 años de prisión para el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, a quien sitúa al frente de la trama junto con Carlos Carretero. Ambos estuvieron en prisión preventiva varios meses y quedaron en libertad tras abonar fianzas fijadas por el juez instructor.Carretero ha hecho dos declaraciones en el Juzgado. En ambas respondió únicamente a las preguntas de su abogado defensor. El juez y el fiscal quisieron interrogarlo acerca de numerosas cuestiones pero Carretero se acogió a su derecho a no contestar.Sí accedió Carlos Carretero a responder a preguntas sobre la Operación Karlos en un programa de televisión. Aunque no aportó gran cosa y fue prudente en sus explicaciones acerca de su participación en la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral para personas que le pagaban por ello. Lejos del papel destacado como organizador y dirigente de la trama que le otorga el fiscal, Carretero se mostró como una víctima de la Operación Karlos y desvió hacia Casto Pérez la responsabilidad de una documentada ilegalidad: que otra mujer suplantase a la madre de María José Campanario en una revisión médica. Campanario está acusada de pagarle 18.000 euros a Carretero para conseguirle una pensión de incapacidad laboral a su madre, Remedios Torres, que también está procesada.El ex policía explicó que recibió 18.000 euros por su gestión pero que Campanario no se los entregó a él directamente sino a través de otro procesado, José Luis López Fernández, conocido como El Turronero. "María José Campanario recurrió a una persona amiga de la familia de Jesús y cómo esta persona sabía que yo me dedicaba a esto, me pidió que se lo tramitara", relató.La mujer que suplantó a Remedios Torres es Isabel Gil, la madre de la secretaria de Carretero. "Es el inspector médico el que me dice que hay que enviar a alguien sea quien sea y yo envío a esta persona", dijo Carretero. "No estoy eludiendo mi responsabilidad. Lo que no quiero es que se me tache de organizador", agregó.La Audiencia también decidirá en los próximos días si sigue adelante con la causa o la devuelve al Juzgado para que la Operación Karlos la juzgue un jurado y no un tribunal de magistrados.

Regularización a la carta viviendas en Chiclana

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana ya no sabe qué hacer para que los propietarios paguen lo mínimo por regularizar y urbanizar sus casas ilegales.
En el día de ayer, la edil del área, Cándida Verdier, explicó un poco mejor algunas de las posibilidades que se barajan para ello, y que pasan por la obtención de créditos blandos en entidades bancarias, la ampliación del plazo para ejecutar las obras o la contratación individual de las mismas.
Precisamente este último punto es uno de los más novedosos. Según explicó la edil socialista, «Urbanismo no tiene ningún inconveniente en que los propietarios participen en el proceso de adjudicación de las obras».
Dicho de otra forma, en los próximos años los vecinos de forma individual o aglutinados en juntas de propietarios o cualquier otra entidad legal podrán «proponer que los trabajos sean ejecutados por una empresa u otra, buscando el menor precio». Esto se hace pensando en la generación de puestos de trabajo que tendrán las miles de actuaciones de derribo, construcción o retranqueo que habrá que hacer en un municipio con tanta mano de obra en la construcción como es el de Chiclana.
Además, la medida dará posibilidades a los propietarios de viviendas sin licencia para que las legalicen «a un coste menor».
Ampliación de los plazos
Desde el Consistorio se trabaja también en otra de las propuestas de colectivos de afectados, y que pasarían por ampliar los plazos de los periodos de pago del proceso. «Estamos estudiando todas las posibilidades financieras posibles, siempre que sean viables y no supongan un endeudamiento para el Ayuntamiento», apuntó Verdier.
Entre estas están la puesta en marcha de un canon en los recibos de basura o agua para que los denominados ilegales puedan pagar poco a poco su regularización.
Estas facilidades no tienen aún confirmación jurídica, y estarán sujetas a un control de la GMU, que deberá aprobar un proyecto de urbanización básico para cada obra. A partir de ahí serán los propios vecinos quienes decidan si quieren un tipo de farolas u otro, y quienes deban correr con los gastos derivados de esos trabajos.

La asociacion de drogodependientes reclama 53000 € al ayuntamiento de Puerto Real

La entidad reclama los convenios firmados y comprometidos con el equipo de gobierno con los que tener liquidez para pagar a sus empleados.
La asociación de ayudas a drogodependientes y presos, Mará, arrancaba el día de ayer con una campaña de movilizaciones y manifestaciones con la que protestan por lo que consideran incumplimientos de compromisos contraídos por el equipo de gobierno municipal.
Desde Mará se incide sobre todo en la promesa de la responsable municipal de Servicios Sociales, Rocío Fernández, acerca de la firma de un convenio que hubiera supuesto un aportación de 31.500 euros, dentro de una rebaja el 75 por ciento sobre los 43.000 en principio previstos. A ellos habría que sumar los 21.500 pendientes de cobrar del convenio del año pasado, la mitad de lo comprometido. El total ascendería a los 53.000 euros. La deuda está incidiendo en los salarios de los trabajadores de la entidad, que ya les ha comunicado que carece de liquidez para poder hacer frente a las nóminas. Los manifestantes cerraron su protesta con un «¡Volveremos, oé!» del que se deduce que las protestas se prolongarán en el tiempo.

Lorenzo Sanz (ex-presidente del Real Madrid) intenta sacar obras de arte fuera de España

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz fue puesto en libertad a última hora de este miércoles tras ser detenido, acusado de un supuesto delito contra el patrimonio por intentar sacar sin autorización obras de arte fuera de España, en concreto a Italia, según fuentes de la Brigada de Patrimonio Histórico. Sanz prestó declaración en la comisaría del distrito de Retiro (Madrid), en el marco de una investigación abierta desde hace tiempo por la policía. Al parecer, en el transcurso de la jornada sufrió un ataque de claustrofobia.
Es el segundo caso en el que se ve involucrado Sanz en poco más de un año, ya que el 26 de septiembre de 2008 también fue detenido en Córdoba, en relación con un presunto delito de estafa a raíz de una denuncia interpuesta por una entidad bancaria. Entonces fue arrestado cuando intentaba cobrar unos pagarés falsos y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Según fuentes de la investigación, en la que estaban implicadas otras dos personas, intentaron ingresar un pagaré de 10.000 millones de dólares de un banco inexistente, con el fin de lograr un certificado de línea de crédito y poder usarlo en otra entidad de un paraíso fiscal.
Cannes (Francia). Sin embargo, no tuvo que acudir al retirarse la querella presentada contra él por el intermediario italiano Desiderio Rosatto. Éste aseguró que el ex máximo dirigente madridista le adeudaba 2,4 millones de euros.
Perdió su casa en Marbella
Acuciado por los problemas económicos, el pasado mes de abril el empresario madrileño llegó a perder su casa en una zona residencial de Marbella, valorada en cuatro millones de euros, por el impago de un préstamo. Tras salir a subasta, la empresa acreedora se quedó con la vivienda. La empresa que reclamaba la subasta (Monparnas 48 S.L.) ejerció entonces acciones contra Sanz, su mujer e Inversiones Rafinsa S.L.
Sanz lideró el Real Madrid entre 1995 y 2000, periodo en el que el equipo blanco conquistó dos Copas de Europa. Con el aval de la 'octava', un mes después convocó elecciones anticipadas, convencido de que ganaría tras el éxito deportivo, pero las perdió ante Florentino Pérez al ser acusado de varios casos de corrupción al frente del club.
Volvió a presentarse a las elecciones del Real Madrid en 2004, pero tan sólo obtuvo el 5,08% de los votos, frente al 91% que logró el actual presidente. En 2005 se trasladó a Italia para dirigir al Parma, y en la actualidad es su hijo, Fernando Sanz, quien está al frente de otro club de fútbol, el Málaga, del que Lorenzo Sanz es accionista mayoritario. También hace cuatro años pretendió saldar la deuda del Granada C.F. y convertirlo en sociedad anónima deportiva.

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz afirmó hoy que fueron "terceras personas" las que quisieron subastar unos cuadros en una casa de subastas de Venecia y que fue llamado a declarar hoy ante la Policía Nacional porque los habían sacado al extranjero "sin haber pedido autorización" para ello.
En declaraciones a Europa Press, Sanz afirmó que este mediodía tuvo que prestar declaración ante la comisaría de Retiro porque algunos de estos cuadros eran suyos. "Yo no tengo ni arte ni parte en este asunto. Ellos fueron los que se encargaron de todos los trámites para realizar la subasta", añadió. El ex presidente del Real Madrid indicó que él quería vender las pinturas, pero ahora no sabe lo que harán con ellas.
Con aparente tranquilidad y en medio de una reunión con amigos, Sanz señaló que prestó declaración ante la comisaría y posteriormente quedó en libertad sin cargos. No obstante, reconoció que tendrá que comparecer nuevamente una vez se abran las diligencias judiciales oportunas que se puedan abrir sobre un supuesto delito contra el patrimonio por esta cuestión.
Asimismo, negó que haya sufrido algún ataque de ansiedad o claustrofobia durante su estancia en comisaría. "Aquí me ves tomándome un café tranquilamente", agregó a Europa Press.

fuente: europapress

Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y nueve de inhabilitación

El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), ha sido condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número siete de Málaga, el juez considera probado que el alcalde "no solo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística".
En los fundamentos jurídicos se asegura que el regidor infringió el ordenamiento jurídico debido a que otorgó la licencia al margen de cualquier planeamiento y, por ello, el magistrado la declara nula, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
Los hechos se remontan a marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
En la sentencia se explica que en el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable.
Además se relata que iniciadas las obras de ejecución de la vivienda, en octubre de 2006 se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, así como incoar expediente sancionador.
Pero en febrero de 2007, el acusado en su condición de alcalde dictó un decreto en el que acordaba el archivo del expediente de disciplina urbanística, derecho que fue adoptado con la disconformidad del secretario del ayuntamiento.

EFE

Un guardia civil del puesto de Cartaya se quedó con 900 euros que eran de un detenido

Un juzgado de Ayamonte está investigando el presunto robo de 900 euros a un detenido mientras se encontraba en las dependencias de la Guardia Civil de Cartaya (Huelva), hecho del que son sospechosos, por el momento, todos los agentes que trabajan allí.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Efe los hechos y han precisado que en cuando se tuvo conocimiento de los mismos -hace ya varios meses- fue el propio cuerpo el que abrió diligencias para determinar la autoría del robo, del que están convencidos que lo cometió un agente.
Al parecer, y según consta en el registro escrito de las dependencias del detenido que se realiza al llegar a las instalaciones de la Guardia Civil, el arrestado llevaba en ese momento la cantidad de 900 euros y que en el momento de reclamarla tras ser puesto en libertad, ese dinero no se encontraba entre sus objetos personales.
Según han indicado las fuentes, ya se ha tomado declaración a todos los miembros del puesto de Cartaya sin que por el momento se haya determinado quien ha sido el presunto autor del robo.
EFE

La mujer de Montilla cobra más de 100.000 euros al año

Libertad Digital
La esposa del presidente de la Generalidad, Anna Hernández Bonancia, saltó a los medios de comunicación tras el escándalo de corrupción en Cataluña cuando se conoció que ocupa cargos en 14 empresas públicas y privadas.
Ahora se conoce, tal y como recoge e-noticies, que cobra más de 100.000 euros. Sólo en 2008 sus ingresos como diputada en la Diputación de Barcelona ascendieron a 94.300 euros. Además de 33.000 euros en dietas para asistir a algunos de los organismos de los que forma parte.
Los cargos que ocupa o ha ocupado Anna Hernàndez, según la legislación vigente son los siguientes:

Primer teniente de alcalde del Ajuntament de Sant Just Desvern.
Regidora de urbanismo de Sant Just Desvern.
Regidora de vivienda de Sant Just Desvern.
Regidora de relaciones institucionales de Sant Just Desvern.
Presidenta del área de política territorial, vivienda y medio ambiente de Sant Just Desvern.
Presidenta de Promunsa.
Presidenta de Proecsa.
Consejera del consorcio del Parc Agrari del Baix Llobregat de la Diputación de Barcelona.
Consejera de fomento de Ciutat Vella de la Diputación de Barcelona.
Delegada del área de infraestructures, urbanismo y vivienda de la Diputación de Barcelona.
Consejera de Túnel del Cadí, Concesionaria, SA.
Consejera de la comisión catalana de tráfico y seguridad viaria.
Consejera del barrio de la Mina.
Consejera general de La Caixa.
Vocal de la fundación Caviga.

José Montilla, en TV3, ha defendido a su esposa y ha intentado justificar el hecho de que ocupe 14 cargos: "hay gente que piensa que mi mujer estaría bien que fuera un florero. A mí me parece muy bien que no lo sea y que se dedique a lo que se dedica que es una actividad muy loable y muy defendible. A la que se dedican también algunas personas que lo han criticado".
El presidente de la Generalidad cree que "las críticas son injustas porque hacen referencia a una situación compartida por mucha gente de todos los partidos" y se ha mostrado "dolido" por ver a su mujer "en el centro de la diana".
En este sentido, ha señalado que "hay quien utiliza y pone el ventilador. Normalmente se hace de manera anónima, utilizando la red", a pesar de que "hay algunos que han dado la cara", en referencia a Felip Puig. Montilla ha destacado que "tampoco todos somos iguales. A mí en este terreno no me encontrarán. Haciendo descalificaciones personales de nadie. Ni de los adversarios políticos con los que estoy más lejos desde el punto de vista de los posicionamientos ideológicos."
Por último, ha dicho que esta práctica es "lamentable" porque "el combate político se debe hacer en el campo de las ideas. No en el campo del ataque bajo mano, de la insidia, de la difamación, de ensucia”.

Domingo 15 de Noviembre. Asamblea de trabajadoras/es de GADIS

Invitamos a tod@s l@s trabajadoras/es de la empresa GADIS a acudir a una asamblea donde la CNT expondrá una tabla reivindicativa, con temas que creemos son de interés para tod@s vosotr@s en torno a la precariedad laboral y la temporalidad en la empresa. Reivindicaciones que nos gustaría completar y mejorar con vuestra ayuda, y desde luego llevar adelante entre tod@s. La asamblea tendrá lugar en el local de la Federación de Asociaciones de Vecinos (C/ Andrés de Laorden s/n, -detrás de la Casa Colón-).
Con motivo de esta convocatoria, desde CNT estamos difundiendo entre l@s trabajadoras/es un boletín informativo acerca de la situación laboral que existe en la empresa, así como del conflicto que venimos manteniendo con ella.
A continuación puedes descargarte el boletín que estamos repartiendo entre l@s trabajadoras/es.
CNT INFORMA: A LAS/OS TRABAJADORAS/ES DE GADIS...Y A TI, ¿QUÉ TAL TE VA EN GADIS?Si eres trabajador/a de GADIS te invitamos a que leas estas páginas y a que compartas esta información con tus compañer@s. Valladolid no es un lugar demasiado grande, así que posiblemente haya llegado a tus oídos que algo pasa entre la CNT y GADIS. Aquí encontrarás la versión de este Sindicato, información que seguramente no habías escuchado antes. Si piensas que es importante estar al tanto de lo que sucede en tu trabajo, te animamos a que continúes leyendo.
Desde CNT hemos tratado de analizar la situación de la empresa donde trabajas, intentando que este análisis sirva de punto de partida para la reflexión colectiva, entre tod@s, de los problemas laborales que nos afectan. Para esto que te proponemos, partimos de la realidad laboral que hemos conocido dentro de GADIS, a raíz del conflicto laboral surgido por el despido de una trabajadora afiliada a este Sindicato. Somos conscientes de que nadie conoce mejor la situación laboral de una empresa que aquell@s que la padecen. Posiblemente haya errores o inexactitudes, y problemáticas que no hayamos reflejado. Por eso te invitamos a que nos las comuniques.
http://www.cntvalladolid.es/spip.php?article823
::: DESCARGA DEL BOLETÍN EN PDF :::

La CNT Zaragozana en pié de guerra contra el paro!

Jueves 12 de Noviembre a las 17.00h en el sindicato zaragozano de la CNT (Miguel Servet 34-36, portal 4, local 4).
Ya está bien que jueguen con nosotros, ya está bien que seamos el arma arrojadiza de los politicuchos de turno, y ya está bien de sindicalismo amarillo…Para los dirigentes de CC.OO. y sus primos hermanos de la U.G.T es muy sencillito decir abiertamente por televisión ,o por cualquier medio de desinformación que no hay motivos suficientes para realizar una “huelga general”, y normal que digan esto, porque esas “lindezas” salen de personas que lucen ropas impecables, viven en bonitos barrios, y maquillados para la ocasión.
Por eso los trabajador@s de la CNT que nos vemos en paro forzoso, vamos a realizar una asamblea el jueves 12 de noviembre. Creemos en las asambleas como forma de organizarnos y tomar decisiones , e invitamos a todas aquellas personas afines a participar.
Y que le quede claro a tod@s los que lean estas lineas, que la CNT no hace esto como fuente de afiliación, que esto lo hacemos en lucha por nuestros derechos, que le quede bien claro a los politicuchos de partidos políticos y sindicales amarillas.
Que ya está bien que nos tomen el pelo compañer@s. Organizate y lucha.
http://aragon.cnt.es/?p=1236

¿Y nuestro derecho a trabajar?

Otro miércoles más a principios de mes y en cualquier oficina del INEM se repiten las mismas caras. La frustración define la mayoría de los rostros a la salida del local cuando la búsqueda de un empleo pasa del año. Lo demás son cifras en titulares: Octubre sumó 5.463 desempleados más a la lista que ya supera los 160.000.
Parece que los sindicatos y la patronal encontraron ayer un punto en común para reanudar el diálogo social y ahora toca sentarse con el Gobierno para tomar decisiones. Punto Radio reunió el pasado lunes a los principales agentes sociales para abordar la situación en la provincia del paro. El secretario general de UGT, Pedro Custodio, y el de CC OO, Manuel Ruiz, conversaron a micrófono abierto con el presidente de los empresarios gaditanos, Miguel González Saucedo y el abogado Antonio Ruiz Álvarez.
Entre las posibles soluciones se propusieron la prórroga de los convenios colectivos y la recuperación de los contratos de tres años con el fin de incentivar el empleo. Los sindicatos mostraron sus reticencias e insistieron en buscar alternativas que protejan al trabajador pero se mostraron dispuestos a negociar.
La calle habla
A pie de oficina, los demandantes de empleo lo tienen claro: «¿dónde está el derecho al empleo?». Después de oír hablar de planes de reindustrialización, estrategias económicas y protocolos de empleabilidad piden a las administraciones que aparque la terminología y comience a dar respuestas.
Rafael Carbajo, carnicero en paro, lamentaba ayer que las medidas empiecen todas por recortarle derechos al más débil. «Suprimir los costes de despido no es lo que más nos conviene, pero la situación que hay ahora con empresas que hacen contratos de una hora o de un día, tampoco se puede aguantar». Aún así, dudó de que las empresas estén con el agua al cuello por pagar las indemnizaciones a sus ex empleados.
Frente a la puerta de la oficina del INEM de la avenida de Andalucía de Cádiz, Iván Otero, de 19 años, hacía tiempo hasta que llegara su turno. Lleva tres años desempleado y ha vuelto a estudiar ante la falta de perspectivas. «He trabajado como montador de soportaciones de tuberías, pero desde la caída de la construcción no me sale nada», reconoció. Sin embargo, aseguró que cogería cualquier trabajo que le ofreciera las mínimas garantías aunque no tuviera la posibilidad de convertirse en indefinido.
Manuel Martín habla con la experiencia de los casi 40 años que lleva en el mercado laboral. Ahora, jubilado, acompaña a su hija Irene a buscar trabajo. Cuando se le plantean las soluciones lo tiene claro: «el principal problema es el exceso de prestaciones a los parados en lugar de ayudar a las empresas para que no tengan que despedir». Manuel está curtido en crisis. Trabajó durante años como mecánico en Astilleros e insiste en la necesidad de proteger a la industria de la que depende la economía de la provincia.
Cualquier medida que suene a un alta en la Seguridad Social es bienvenida, especialmente cuando llega con carácter urgente.

fuente: La Voz

Cierre de la empresa VICASA Jerez

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, confirmó hoy al comité de empresa de la fábrica de botellas que Saint-Gobain Vicasa posee en Jerez de la Frontera (Cádiz), que el cierre de la planta es "irrevocable", después de asegurarles que, en el ámbito político, la Junta ha hecho "todas las gestiones posibles al máximo nivel".
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Antonio Alba, aseguró que "hoy es un día negro para los trabajadores" y anunció la desconvocatoria de la movilización prevista en Sevilla para el próximo jueves, "porque ya no tiene sentido, ya que el objetivo era implicar a la Junta".
Para Alba, a partir de ahora, "queda un camino tortuoso" para negociar para que los trabajadores "se vayan en buenas condiciones", por lo que pidió a Fernández "un compromiso de empleo" para los empleados de las contratas que se irán al paro.
Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo se reanudarán mañana a las 9,00 horas, en una reunión en la que el comité "dará prioridad" al "Plan Social" de los 125 empleos directos con los que cuenta la factoría jerezana, con más de 110 años de actividad, a los que hay que sumar otros 120 indirectos.

Detenido por retener a un jornalero trabajando a cambio sólo de la comida y la cama

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a una persona a la que acusa de retener en una finca de la localidad a un hombre al que hacía trabajar en las faenas del campo sólo a cambio de comida y alojamiento.
El Instituto Armado ha informado en un comunicado de que el pasado 29 de septiembre se interpuso ante el Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla una denuncia de un hombre de nacionalidad rumana en la que decía que, tras aceptar una oferta de trabajo de un compatriota suyo, comenzó a trabajar en una finca de Palma del Río, donde quedó retenido contra su voluntad a cambio de comida y alojamiento.
Añadía que la persona que le ofreció el trabajo le había sustraído la documentación personal y que, al no estar de acuerdo con las condiciones laborales que le imponía su compatriota, fue agredido en varias ocasiones.
No obstante, en un descuido del agresor, la víctima pudo darse a la fuga consiguiendo llegar a Sevilla, donde presentó una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.
Los datos aportados por la víctima permitieron a la Guardia Civil averiguar que el supuesto autor de los hechos era el ciudadano rumano M.O., quien el pasado 23 de octubre había presentado además una denuncia ante la Guardia Civil por la desaparición de la víctima.
A rsultas de estas pesquisas, el hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de detención ilegal, otro contra la administración de Justicia por presentar una denuncia falsa y otro contra el derecho de los trabajadores.

Cinco detenidos en Telde en una operación contra la corrupción urbanística

Cinco de los detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía en una nueva operación contra la corrupción urbanística en el municipio de Telde (Gran Canaria) han pasado la primera noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Entre ellos se encuentra el ex responsable de Urbanismo del consistorio José Luis Mena, que ya fue detenido en 2007 en la 'operación Faycán' contra otra trama de corrupción municipal y urbanística que se saldó con una treintena de detenidos e implicados.
Los detenidos, que han sido denunciados por supuestas irregularidades en una recalificación de terrenos en el municipio, pasarán este miércoles a disposición del juez de Telde que investiga el caso, según las fuentes consultadas. Además de Mena, han sido detenidos también un empresario, un arquitecto y un abogado.
A lo largo del martes otros presuntos implicados en la 'operación Calero' han prestado declaración en la investigación sobre la denuncia por supuestas irregularidades en una recalificación de terrenos en el barrio teldense de El Calero.
Efe

El juez envía a Cuevas a la cárcel pese a que puede suspenderle la condena

Agustín Cuevas, ex alcalde socialista de Sanlúcar, ingresó anteayer en el centro penitenciario de Huelva para cumplir la pena de un año y medio de prisión por un delito de cohecho a la que fue condenado en el caso Sanlúcar. La sentencia de ese asunto consideró probado que Cuevas participó en 1999 en el soborno a un concejal del PP con el que varios procesados pretendían frenar una moción de censura que le arrebataría la alcaldía sanluqueña al PSOE. Cuevas cumple los requisitos para obtener la suspensión de condena y eludir así la entrada en prisión pero la Audiencia le ha denegado ese beneficio. El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, Manuel Blanco, admite en un auto que, efectivamente, tal como planteó la defensa, Cuevas no había sido condenado en firme por otro delito cuando cometió el del caso Sanlúcar, por lo que cumple el requisito de delincuente primario para ver suspendida la condena. Pero el magistrado argumenta que si accede, Cuevas obtendría por segunda vez ese beneficio y agrega que la medida no es automática, sino que es discrecional del juez.Agustín Cuevas fue condenado en julio de 2008 en otro asunto, el caso Terán, por malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Sanlúcar. El ex alcalde, que fue expulsado en su día del PSOE, aceptó la condena, que le fue suspendida por el tribunal.La decisión de enviar a Agustín Cuevas a prisión para cumplir una condena de un año y medio es, pues, inusual. Los jueces no conceden automáticamente la suspensión de condena a los procesados que cumplen los requisitos, entre ellos ser delincuente primario, pero se otorga habitualmente sin problemas.En el caso Sanlúcar, juzgado en Cádiz por un jurado en mayo de 2006, también fue condenado el ex alcalde socialista de Chipiona Luis Mario Aparcero: igualmente a un año y medio de prisión por cohecho. La Audiencia le concedió a Aparcero la suspensión de condena y también al ex dirigente del PSOE sanluqueño Rafael García Raposo (condenado a un año y dos meses de prisión). Un cuñado de éste y dos constructores tambien fueron condenados. Todos ellos estuvieron implicados en el frustrado soborno al entonces concejal del PP Manuel Ramírez. Intentaban que no apoyase con su voto la moción de censura contra Cuevas que habían pactado el PP y el PA. A Ramírez le entregaron casi 50 millones de pesetas y le prometieron un puesto de trabajo pro ausentarse del pleno de la moción de censura.El soborno lo frustró la denuncia presentada por Ramírez, el único procesado a quien el jurado consideró no culpable: el concejal del PP también se sentó en el banquillo porque el PSOE y García Raposo, personados en la causa, lo acusaban de haberse ofrecido a ser comprado. Ramírez, que negó esa versión, fue absuelto en una sentencia de la Audiencia que elogió su "comportamiento intachable".Esa sentencia la dictó el magistrado Rafael del Río, quien presidió el tribunal del jurado que juzgó el caso Sanlúcar. El jurado se pronunció en contra de que a los procesados se les concediese en su día la suspensión de condena. Pero ocurrió precisamente que Del Río no se limitó a mencionarlo en la sentencia. El magistrado también se pronunció sobre ese asunto: se mostró contrario a concederles a los condenados la suspensión de condena pese a que las penas que les imponía no superaban los dos años y permitían eludir la entrada en prisión.La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dedicó un apartado a este asunto. Lo hizo para suprimir el pronunciamiento de Rafael del Río, que consideró improcedente. No puede tomarse un acuerdo sobre ese beneficio en el momento de dictar sentencia, argumentó el TSJA, sino mediante una resolución posterior y tras haber recabado la opinión del fiscal y de las defensas.Tres años después de aquel pronunciamiento considerado improcedente, otro magistrado deniega la suspensión de condena a Agustín Cuevas tras oír a la defensa y al fiscal y tras admitir que el ex alcalde cumple los requisitos para obtener ese benficio.

fuente:diario de cadiz

Caso de desfalco ayuntamiento San Fernando (Cadiz)

Las hojas de caja de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento isleño las realizaba diariamente el funcionario Clemente Ruiz. Así se reconoce y describe en el recurso de reforma -al auto de detención- interpuesto en la jornada del lunes por Ignacio Quintana, abogado del trabajador de caja detenido hace hoy una semana por su implicación en el desfalco de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento isleño. Unas hojas que, al parecer, no iban firmadas ni por él ni por nadie, por lo cual, se alega en el documento, "podrían ser alteradas por cualquiera con acceso a ellas y en cualquier momento". Y que además pasaban por las manos de cuatro personas más, entre ellos dos funcionarios, el interventor y la tesorera. Porque el procedimiento a seguir, apunta el documento, sería el siguiente: diariamente Clemente Ruiz confeccionaba una carpetilla con la hoja de caja y cada uno de los comprobantes de los apuntes recogidos en esa hoja. Esta carpetilla pasaba entonces a manos de otro trabajador municipal, quien se encargaba de sumar los apuntes, verificar los justificantes y hacer el arqueo, que a continuación se depositaba a interventor y tesorera quienes deban fe de esas cuentas. Por último, toda la carpetilla se entregaba a una cuarta persona que introducía los datos en el programa de archivo Sicalwin y a continuación los guardaba físicamente para su conservación. Con esta explicación Quintana quiere defender la inocencia de su cliente, ya que, según la secuencia de comprobaciones, las hojas de caja estarían sometidas diariamente a un exhaustivo control, "siendo por tanto una falsedad absoluta que Clemente Ruiz pudiera falsificar esos documentos" ya que tendrían que haber desaparecido, cada día laborable durante cinco años, 10.263 euros.Junto a este argumento, el letrado utiliza otro para volver a implicar a la figura del interventor. Según se recoge en el recurso, fue ya el 4 de abril -tan sólo tres días después de que se detuviera a los dos funcionarios- cuando tanto Clemente Ruiz, como la otra imputada, María José Lebrero, explicaron en el juzgado que la cantidad descuadrada no respondía a los 486.000 euros denunciados, sino que se elevaba a 7,8 millones de euros, y que este desajuste había sido puesto en conocimiento del interventor municipal en varias ocasiones, "y éste siempre manifestaba que tal cantidad se habría imputado en valores". Un interventor que vuelve a aparecer, junto a otros nombres, en otro asunto que también pretende desmentir el recurso, el hecho de que Clemente Ruiz extendiera talones. Porque estos talones, apunta el documento, resultaban ser en esencia cheques que eran firmados "por tesorera, interventor municipal y el alcalde, Manuel de Bernardo, en su anverso". Las cantidades recogidas en los mismos eran de nuevo registradas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, según vuelve a citarse en el recurso.Pero, junto a la concienzuda explicación de las tareas que, como funcionario de caja, realizaba su cliente, el abogado también cuestiona otras acusaciones como el nivel de vida. Así, hay un desglose, también minucioso, de los ingresos mensuales de Ruiz y su familia. Según se recoge en el documento que ya obra en poder del juzgado de instrucción número dos de La Isla, la cantidad ascendería hasta los 4.400 euros. Y además, a la herencia de la mujer de Ruiz, también habría que añadir un inmueble que heredó el propio funcionario años atrás, con cuya ganancia compró a su vez otro inmueble, vendido en el año 2005 por 180.000 euros.

fuente: diario de cadiz

Agresión patronal a sindicalistas en una concentración contra la Peluquería Ana Cara

El pasado sábado, día 7 de Noviembre, la CNT-AIT de Granada realizó la segunda concentración contra la peluquería Ana Cara por el impago a una compañera, que fue despedida sin más.
Esta concentración se realizó, esta vez, frente a la peluquería que Ana Cara tiene en la Calle Pedro Antonio de Alarcón. Se desplegó la pancarta y se informó del conflicto a la gente que pasaba por ahí.­
En un momento dado, un compañero que reparte octavillas informando del conflicto, es sorprendido por alguien que pide un ejemplar, y en ese instante le arrebata todos los panfletos. El individuo corre hasta el final de la calle, donde un grupo de personas parecen estar allí para respaldarle. Ante esto, trata de incitar al compañero a dirigirse hacia él. Al no contestar a su provocación, echa a correr y éste grupo apoya su huída. No se le dio más importancia al incidente ya que teníamos bastantes octavillas.
Lo extraño es cuando el sujeto vuelve, y resulta ser el propio Jorge Morales Fernández, dueño de la peluquería. Desde la esquina en la que apareció, el compañero que había tenido este primer encuentro le pide que le devuelva los panfletos, y ante el acercamiento de otros compañeros, tan sólo responde con fuertes insultos hacia los concentrados. A partir de entonces comienza a acompañar esos insultos, con amenazas y provocaciones, pero los compañeros no caen en su juego. El patrón se crece y comienza a levantar el brazo con gesto agresivo. Los compañeros responden en su defensa verbalmente, y se dirigen a continuar la reivindicación.
El patrón se dirige a los concentrados en actitud provocativa, introduciéndose entre los presentes en el acto y generando una situación bastante tensa.
Tras su intento de alterar el carácter de tranquilidad inicial de la concentración, y no conseguir una respuesta violenta, como parecía buscar, entra en su peluquería.
Ante esto, los concentrados siguen informando con el megáfono, sujetando la pancarta, repartiendo las octavillas, etc.
El patrón empieza entonces a realizar fotos a los concentrados, algunos de ellos muestran indiferencia. Otros, en cambio, sencillamente se giran para que no les fotografíe de frente, haciendo uso tanto de su derecho a la intimidad, como de libertad sindical. El patrón, encolerizado, coge a una compañera para darle la vuelta; y en el forcejeo le rompe la sudadera.
En este mismo incidente, empuja con fuerza a otro compañero, cayéndose, éste, accidentalmente y recibiendo un golpe en la cabeza. Cabe decir, que este último agredido, padece una importante discapacidad (de un 75%) que le afecta a la espalda, zona que también se dañó. En ese momento empieza a golpear a diestro y siniestro, hasta introducirse de nuevo en la peluquería.
Una vez ha llamado a la policía, el empresario, desde el interior del establecimiento, tira de varios compañeros a fin de introducirlos en su local. Tras varios intentos, evitados por el resto de concentrados, entre lo cuales una compañera recibe un fuerte golpe contra una esquina del establecimiento al ser empujada por el dueño, éste consigue arrastrar a uno de ellos. Varios compañeros acuden a socorrerle de la fuerte agresión.
Casualmente, este enfrentamiento tiene su inicio en el mismo instante que ve aparecer a la policía desde el fondo de la calle.
La policía aparece finalmente. Ante la situación confusa, llegan muy agresivos exigiendo a todos los concentrados ponerse contra la pared. Entran en la peluquería y sacan a nuestros compañeros.
El patrón con esa estrategia tan temeraria pensaba que iba a incriminar a nuestros compañeros, pasando por alto los numerosos testigos del vecindario y de los comercios de alrededor.
Aunque la policía, en un principio, nos cree los agresores y empieza con el protocolo de detención contra los militantes de la CNT; rápidamente recoge los testimonios de aquellos que han presenciado los hechos, quienes le aclaran lo que realmente ha sucedido.
De esta manera, nos comunican que no habrá detenciones. Aún así, tras hablar con nosotros, disuelven la concentración sindical alegando la tensión del momento, debido a los altercados; ya que el encargado sale en varias ocasiones manteniendo la misma actitud agresiva, ante el estupor de la policía, que rápidamente entiende lo que ocurre.
Desgraciadamente, nos tuvimos que retirar por orden policial, pero la concentración convocada para el próximo sábado contra la peluquería Ana Cara sigue en pie. En ésta, no sólo se denunciará el conflicto de nuestra compañera, sino también la represión sindical y las agresiones sufridas por nuestros compañeros.
La CNT de Granada interpuso de inmediato las denuncias pertinentes, contra Jorge Morales Fernández. Por supuesto, continúan las concentraciones para hacer oir nuestras reivindicaciones sindicales y demostrar que la estrategia del patrón de echarnos de la calle, por informar de sus prácticas contra los trabajadores, no va a funcionar. Más que nunca, es necesario seguir convocando actos, a fin de tirar por tierra su estrategia y dejar claro que no le tenemos miedo a un explotador sin escrúpulos.

El fiscal pide al Supremo la imputación de una senadora del PP

El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.

fuente: europa-press

El ex asesor del alcalde de Sevilla, acusado en otro caso

El juez de Instrucción 14 de Sevilla, Manuel Ignacio Centeno, ha imputado a Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en el caso que investiga el supuesto pago de facturas duplicadas por parte del Consistorio a la federación vecinal Unidad. Es la segunda imputación de Castaño en menos de una semana, tras la acusación judicial en el caso Mercasevilla para esclarecer su papel como miembro de la comisión ejecutiva de la empresa municipal.
De este modo, el juez Centeno ha citado a Castaño para que comparezca el próximo 4 de diciembre. Antes el Ayuntamiento debe especificar "a la mayor brevedad posible" y, por orden del magistrado, los cargos que el ex director de Vía Pública y asesor del regidor ha ostentado en la corporación municipal o en el grupo socialista en el Consistorio desde 2001.
El caso de las facturas de Unidad trascendió en 2006 ante las presuntas irregularidades detectadas en subvenciones dadas por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla a la federación de vecinos Unidad cuando la presidía Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la Diputación, Ángel Cervera. Por ello, el juez ha requerido a la empresa Copyur, la copistería cuyas facturas originaron el caso, que entregue en el juzgado una copia de sus libros de contabilidad y de las facturas o albaranes entre 2002 y 2005. El caso Unidad acumula ya siete imputados, entre ellos el ex concejal y ex presidente de Unidad, Manuel Gómez Lobo y la presidenta de la federación, Ángeles Nevado, como presuntos responsables de las facturas duplicadas presentadas ante el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.

Concentracion ante DIA%

El pasado Viernes 6 de Noviembre, compañeros del SOV de Motril y Vélez, llevamos acabo una concentración en otro supermercado Dia% de la localidad de Motril en solidaridad con el compañero despedido en el supermecado de la misma cadena en Cádiz.
La concentración empezó a las 17:30, desplegando, como no, la pancarta, en la que todas las personas que acudían a comprar, así como todos los vehículos que pasaban, podían leer “READMISIÓN ¡¡YA!!, DIA% ACOSA Y DESPIDE”.
A continuación procedimos al reparo de las octavillas explicativas del conflicto y de las vejaciones que ha sufrido el compañero, engañado y despedido.
Como en la anterior concentración, en el otro supermercado Dia% que hay en Motril, accedimos al parking del mismo. No tardaron en salir dos empleadas a pedir explicaciones de qué y porqué respartiamos octavillas. Dadas las pertinentes explicaciones del conflicto que CNT_AIT mantiene con la empresa, nos piden que salgamos, a lo que respondimos con una negativa, por lo que avisaron, como no, a los de la Ley en la cintura, los cuales, una vez personados allí, nos piden que salgamos, sorprendentemente de buenas maneras. Tras explicarles que estamos en nuestro derecho y que no violamos ninguna Ley, nos informan que lo saben, aunque insisten.
Una vez fuera, esperando a que se fueran por donde vinieron para volver a entrar, nos informan que la denuncia que interpuso el otro cdentro de Dia% no fue admitida por la polícia pues mandaron a una trabajadora a ponerla, a lo que, según la policía, le respondieron que debía ir el jefe.
Una vez que la policía se va por donde vino, sale una trabajadora que volvía a casa y paró a hablar con nosotros pidiendo información del conflicto. Tras un rato de conversación con un compañero, ésta le comenta que sabe quien es la que llamo a la policía y fue a poner la denuncia y... ¡qué sorpresa!, quien llamó a la policía y fue a denunciar nuestra actividad sindical... ¡¡es la representante sindical de UGT en Dia%!! las sonrisas no nos tardaron en salir.
El momento de tensión llegó cuando otra mujer, aparentemente trabajadora del Dia%, se acerca y se avalanza sobre un compañero para quitarle la pancarta que tenía apoyada en la reja del parking, al no poder, se dispuso a hacer fotos, textualmente, “para ponernos una denuncia”, cosa que al final, por el absurdo de su intención, desistió entre insultos. Al cabo de un rato, y ya casi recojiendo a eso de las 20:00h., nos enteramos por otra trababajadora, que quien nos increpó y amenazó con denunciarnos trabajaba de Vigilante de Zona, no nos extrañó, pues parecía eficiente en el trabajo de perseguir y controlar hasta lo que ni a ella le importa. No sabemos que le dará el patrón a esta gente, pero ya lo suponemos, además, los/as perritos/as faderos/as del patrón suelen pedir poco, se venden al primer postor.
A pesar de todas las trabas que nos han ido poniendo a lo largo de todas las concentraciones, hicimos ver, tanto a Dia% como a los/as trabajadores/as, lo que es la CNT-AIT, lo que es la Solidaridad y la Acción Directa.
Con la CNT-AIT no se juega.

DIA% ACOSA, DESPIDE Y DENUNCIA POR RECLAMAR LO JUSTO¡DIA% APESTA!¡¡READMISIÓN COMPAÑERO DESPEDIDO!!

Norinver se compromete a contratar a cinco alumnos de un curso de electricistas para 15 desempleados

El Ayuntamiento de Puerto Real y la empresa Norinver han firmado un acuerdo para la realización del curso ‘Conectores para sistemas eléctricos y electrónicos en equipos navales’. Ha sido concretamente el teniente de alcalde de Desarrollo Económico y vicepresidente del Impro, Antonio Galindo, quien rubricaba el convenio en nombre de la institución local conjuntamente con el gerente de la empresa, Manuel Vázquez Castro.El acuerdo, según informan fuentes municipales a DIARIO Bahía de Cádiz, contempla un curso con una duración de 40 horas, en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, con fecha prevista de inicio a finales del presente mes de noviembre. La inscripción estará abierta hasta el 20 de noviembre, y podrá solicitarlo cualquier persona que se encuentre en desempleo, que posea FP II Electricidad y Electrónica o CFG. Superior de Electricidad y Electrónica, y sin experiencia previa laboral en el sector.El convenio contiene asimismo la inserción laboral del alumnado que finalice el curso en la consideración de apto, en un porcentaje de 33,33%, por lo que tras finalizar el curso como mínimo cinco alumnos serán contratados en diciembre 2009.

Derriban una vivienda ilegal en Chiclana

En la mañana de hoy lunes se ha procedido en Chiclana al derribo de una vivienda construida sin licencia. En concreto, se trata del segundo derribo de una casa ilegal en el municipio.
El inmueble ha sido demolido por los propios familiares de su propietaria, una mujer alemana de mediana edad fallecida en 2007, y sobre él pesaba una orden judicial desde hace meses.
Los trabajos han sido ejecutados en menos de una hora por operarios de la empresa Nivelaciones Buti, contratados para tal efecto.
Este inmueble se ubicaba en el camino de la Fusta de la zona conocida como Pago Melilla de la localidad chiclanera.

La inteligencia fusilada por el franquismo

El 12 de octubre de 1936 Unamuno ya sabía que no podría cumplir su promesa. Antes de comenzar su discurso como rector de la Universidad de Salamanca, por lo que entonces llamaban la Fiesta de la Raza, sentado junto a Carmen Polo y otras autoridades franquistas, garabateó unas palabras sobre la carta que le había enviado la mujer de un íntimo amigo suyo, el pastor protestante Atilano Coco preso desde hacía meses, interesada en saber cómo iba la negociación para liberar a su marido. "Venceréis, pero no convenceréis" fue el resignado broche final de su discurso, que provocó la rabia del general Millán Astray, plasmada en la famosa frase: "Muera la inteligencia".
Como ocurrió con otros intelectuales de la época, la voz de Atilano, maestro de una escuela protestante en Salamanca, fue silenciada para siempre por los franquistas antes de que acabara ese mismo año.
"Han asesinado a dos catedráticos de Universidad uno de ellos discípulo mío y a otros. Últimamente también al pastor protestante [Atilano Coco], por masón y amigo mío. A mí no me han asesinado todavía esas bestias al servicio del monstruo" (Epistolario inédito II [1915-1936], Laureano Robles, Espasa Calpe), aseguró el intelectual, que moriría pocos días más tarde, el 31 de diciembre.
La historia de Atilano se interrumpió ahí. Su cuerpo ha permanecido en paradero desconocido desde entonces, y hasta ahora no había pistas concluyentes sobre el lugar de su enterramiento.
Encuentro de dos inquietudes
Un artículo aparecido en Público sobre la represión franquista en Salamanca despertó a la vez el interés de la Iglesia anglicana, que envió una carta al director, y de Isabel Pérez, una lectora de 85 años que aseguraba saber dónde se encuentra la fosa de Atilano.
Este diario propició el encuentro de Isabel con el obispo de la Iglesia Reformada en España, Carlos López. En la reunión, en el viejo Café Comercial de Madrid, la mujer aportó detalles del fusilamiento de Atilano, asesinado junto a su tío en Salamanca, y explicó al obispo cómo sus cadáveres fueron trasladados hasta un pequeño pueblo de Zamora.
Su relato ha permitido comenzar una nueva vía de investigación para localizar la fosa común que alberga los restos del íntimo amigo de Unamuno, 73 años después de su muerte.
"Sé dónde está enterrado Atilano. Le mataron con mi tío la noche del 8 de diciembre de 1936", empieza el texto que Isabel lleva preparando desde hace semanas y lee con voz entrecortada. "En 1936 murió la inteligencia", añade.
Varios hombres corrieron la misma suerte en aquella noche de diciembre grabada en la memoria de Isabel. El mètre del Gran Hotel su tío; el Timbalero, crítico taurino del periódico Adelanto; y el propio Atilano, entre otros, fueron fusilados por los golpistas en el monte de La Orbada, a 24 kilómetros de Salamanca.
"Están enterrados en el Cubo del Vino, en Zamora. Los hijos del Timbalero les siguieron y sacaron el cadáver de su padre. Vieron que había más muertos. Se lo contaron a mi prima y les identificaron por la ropa que llevaban y porque les vieron el día en que salieron de prisión", afirma la mujer. Desde entonces, nadie ha intentado recuperar los cuerpos.
Isabel continúa su relato y recuerda emocionada el sufrimiento de aquellos años: "Somos la generación del miedo. Podían meterte en la cárcel y tenías miedo ya no sólo por ti, sino por lo que pudieran hacerle a tu familia". Y precisa que "todavía hoy hay miedo de hablar". "Ya no pueden hacer lo que hicieron, pero son los mismos perros con distinto collar", advierte.
Carlos recuerda cómo desde pequeño soportó los prejuicios por su condición de protestante. Y cuenta que la mujer de Atilano, Enriqueta Carbonel, "acudió a ver al obispo católico de Salamanca para pedir su ayuda, pero él le dijo que sabía a lo que iba y no podía hacer nada".
"Con este tipo de cosas, se pierde mucha fe. ¿Cómo íbamos a creer en Dios?", replica Isabel. "Mucha, no, se pierde toda", se resigna Carlos, cuyo único objetivo, lejos de venganzas, es recuperar la memoria. "La única justicia que nos queda", dice.
Carlos entrevista ahora a los mayores del pueblo para fijar el punto exacto en el que excavar. "Previsiblemente, en primavera", confirma. Forenses de la Universidad de Alcalá de Henares ya están preparados para desenterrar otro resto de la inteligencia que fusiló el franquismo.

fuente:Publico

Antonio Fernández, alcalde socialista de Pinto de 1995 a 2005, vendió a particulares las 18 casas que se construyeron con dinero del Ayuntamiento en l

Antonio Fernández, alcalde socialista de Pinto de 1995 a 2005, vendió a particulares las 18 casas que se construyeron con dinero del Ayuntamiento en la ciudad homónima de Argentina. Afirma haber ingresado los réditos de esos inmuebles, que él estima en 60.000 euros, en la cuenta de una fundación presidida por él mismo.
El anterior regidor dice que el dinero era para proyectos de cooperación
Documentos a los que ha tenido acceso este periódico y que forman parte del proceso judicial por malversación de fondos contra Fernández, su hija Patricia (ex concejal de Pinto) y Juan Tendero (su sucesor en la alcaldía, también del PSOE), demuestran que la ciudad argentina cedió a la Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde, el cobro de la venta de las viviendas. Fernández lo reconoce.
En el Ayuntamiento de la localidad madrileña (PSOE) afirman desconocer que las casas que se construyeron con parte del millón y medio de euros destinados al Pinto argentino, dentro de un convenio de cooperación, fueran a ser objeto de transacciones inmobiliarias.
Los dos Pinto habían firmado en diciembre de 2004 un convenio por el cual la localidad española construiría viviendas destinadas "a personas necesitadas". A mitad de partido, las reglas de juego cambiaron. Una vez que Fernández dejó la alcaldía de Pinto, en junio de 2005, creó la fundación, de la que era vicepresidente Emilio Rached, entonces alcalde de Pinto Argentina y actual senador nacional. Ese mismo septiembre, Antonio Fernández, en nombre de su fundación, y Guillermo Ganón, que sustituyó a Rached como alcalde, firmaron un convenio que fijaba un cambio de criterio en la adjudicación de las viviendas. No serían para necesitados sino para personas con ingresos no inferiores a 1.000 pesos argentinos (176 euros), una cantidad que excluiría, según reconoce Fernández, a la mayoría de habitantes de Pinto, porque "el 95% de la gente son pobres". El precio de las viviendas se fijaba en 50.000 pesos (8.800 euros), con una entrada de 10.000 pesos.
Ganón ha explicado en medios argentinos el cambio de criterio afirmando que el objetivo era atraer profesionales que contribuyeran al desarrollo del pueblo. Según Fernández, algunos son médicos y educadores. El Ayuntamiento madrileño afirma que no tenía constancia de cambios y que no los habría autorizado. Ganón y Fernández sostienen que todos los partidos de la localidad española lo supieron en una reunión en octubre de 2005, pero el Partido Popular y la formación independiente Juntos por Pinto lo niegan. Fernández dice que los nuevos criterios no se registraron por escrito "porque nadie cayó. A veces la burocracia es complicada." El actual alcalde, Juan José Martín (PSOE), declaró la semana pasada que espera una notificación de Argentina sobre el criterio de reparto de las viviendas antes de reclamar el dinero.
En mayo de 2006, otro convenio de Fernández y Ganón delegó en la Fundación Pinares "el cobro de todas las cuotas que se produzcan por la venta de las viviendas durante el año 2007, 2008, 2009, 2010", así como el de "las entradas pertinentes, para que [la fundación] destine el equipamento a su sede". La sede es la Casa España, un chalé edificado en terrenos cedidos.
Desde ese momento, Fernández, en nombre de su fundación, firma los contratos de las casas como "el vendedor". Entre quienes adquirieron una se encuentran la hija menor de edad de Rached, político y vicepresidente de la fundación, y Juan Manuel Rodríguez Sguario, abogado que Fernández admite que le representó en Argentina. "Estoy harto que se hable de 'hijos de'. Si la gente cumple los requisitos, tiene derechos", protesta el ex alcalde.
Fernández admite que su fundación ha percibido por los pagos de las viviendas 60.000 euros, aunque sumar la venta de las 18 supondría más de 150.000. Afirma que su intención era reinvertirlos "en proyectos socioculturales en Argentina". Por el momento, estos proyectos se han limitado a "dos fiestas para los niños el día de Reyes".
En respuesta a la polémica surgida en Argentina, Fernández remitió a este periódico un escrito dirigido a Ganón en el que renuncia a la gestión de las viviendas. El Ayuntamiento madrileño declaró ayer que, si se comprueba que se han realizado operaciones comerciales con viviendas pagadas con sus fondos, tomará medidas legales.
El periplo argentino de Fernández ha levantado ampollas. En la inauguración de la Casa España se gastaron 3.547 euros, y 63.649 en amueblarla, según sus cuentas. No se tiene constancia de que el chalé tenga ninguna función aparte de alojar al ex alcalde en sus visitas. La fundación ha recibido a lo largo de los años donaciones de miles de euros de políticos e industriales de Pinto de España.

Miembros de la Cámara de Cuentas cobran sobresueldos como gasto de representación

Los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador que preside Rafael Navas, llevan casi seis años ya cobrando una indemnización mensual fija que se autoconcedieron con carácter retroactivo por supuestos gastos de representación que, sin embargo, no tienen que justificar documentalmente, por lo que se podría hablar de una suerte de sobresueldo con un encaje legal nada sencillo.
El 22 de junio de 2004, el pleno de la Cámara aprobó la indemnización tanto para Rafael Navas (750 euros mensuales brutos) como para el resto de miembros del Consejo y la secretaria general (600 euros al mes). En el acta de la sesión, se precisa que la indemnización se abonaría retroactivamente para todos los consejeros y con cargo a la aplicación presupuestaria Otras indemnizaciones, contemplada en la correspondiente orden reguladora.
La institución subraya que no hay más dietas, aunque cada consejero tiene tarjeta de crédito
Sin embargo, la legislación vigente establece que como Otras indemnizacionessólo pueden abonarse las que «no tengan cabida» en otros conceptos regulados, y hay una partida específica de gastos para Atenciones protocolarias y representativas a la que han de imputarse «los gastos que se produzcan como consencuencia de los actos de protocolo y representación que tengan necesidad de realizar, en el desempeño de sus funciones, los altos cargos».
En principio, y atendiendo a la letra de la legislación presupuestaria, parece claro pues que ni genérica ni específicamente cabría atribuir gastos de representación de los miembros de la Cámara de Cuentas al capítulo Otras indemnizaciones, que permite eludir la supervisión de la Mesa del Parlamento sobre una serie de supuestos gastos protocolarios que ascienden cada año a un total de 59.400 euros, ya que su buen fin se presume y no tiene por qué probarse documentalmente.
Así se explica que, incluso en su mes de vacaciones, los consejeros puedan seguir repartiéndose casi 5.000 euros en concepto de representación, que evidentemente operan a modo de sobresueldo. Aparte, según fuentes consultadas por elmundo.es, tanto Rafael Navas como el resto de miembros de la institución dispondrían cada uno de una tarjeta crediticia institucional para afrontar gastos de representación.
Quienes eluden cualquier control externo sobre su actividad representativa, son los mismos responsables de fiscalizar los fondos públicos
Lo paradójico del caso es que quienes eluden cualquier control externo sobre su actividad representativa, son los mismos responsables que se encargan de la fiscalización permanente de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la comunidad autónoma, examinando detalladamente las cuentas de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos incluyendo todos sus organismos autónomos y redes de empresas y de las universidades públicas.
A todo lo dicho hay que añadir que los altos cargos de la Cámara de Cuentas no se encuentran precisamente entre los peor pagados de la Administración autonómica. Conforme al Presupuesto de la Comunidad Autónoma aprobado para el presente ejercicio económico 2009, a final de año se habrán repartido entre «retribuciones básicas y otras» un total de 569.910 euros, lo que permite concluir que Rafael Navas cobra más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán (81.155 euros al año).
El detalle de cuánto ingresan en concreto el consejero mayor y el resto de altos cargos que integran la Cámara de Cuentas no es público. Tampoco están colgados sus patrimonios en el Registro Público de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, ya que no están obligados a ello por ley. Por el contrario, en el enlace de la página web de la Consejería de Justicia y Administración Pública sí pueden consultarse las sucesivas declaraciones patrimoniales de Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo, que sí está obligado legalmente a hacer públicos sus bienes y cualquier cambio patrimonial sobrevenido.
Incluso en los meses de vacaciones ingresan los consejeros 600 E brutos; Rafael Navas llega a 750
Fuentes de la Cámara de Cuentas de Andalucía consultadas han justificado la indemnización mensual por gastos de representación a los miembros del pleno en que éstos «no cobran ninguna dieta», ya que desde 2004 está en vigor un sistema «muy similar al de otros órganos de extracción parlamentaria del país» vino a sustituir al tradicional régimen de dietas, que obligaba a los consejeros a documentar cualquier gasto de representación o protocolo en que incurrieran.
Conviene recordar que, desde septiembre de 2008 está pendiente la renovación de cuatro consejeros, dos nombrados por el PP Rafael Navas y Eduardo Rodríguez Melgarejo y otros dos designados por el PSOE Antonio Marmolejo Ledesma y Ricardo Sánchez Virués de Segovia. Hace más de dos años renovaron el cargo Carmen Iglesias (PSOE), Rafael Rodríguez Bermúdez (IU) y Mariano Pérez de Ayala (PA).

Protesta parados de San Fernando (Cadiz)

La crisis y el desempleo no entiende de buenas formas cuando falta el pan para alimentar a la familia. Así de claro lo tienen los parados de la construcción que volverán hoy a protagonizar una protesta para demandar un puesto de trabajo en las obras que se están desarrollando en la localidad.
No es la primera vez que se realiza una protesta de este tipo, pero en esta ocasión, ha sido convocada por un grupo de trabajadores del sector de las estructuras como son los encofradores y ferrallas.
El colectivo se unió después de comprobar que las empresas que tenían obras adjudicadas en La Isla habían contratado en su mayoría personal de fuera de la localidad y, sobre todo, a extranjeros.
Así fueron a una de las obras que se está ejecutando en el Polígono Fadricas para pedir trabajo y les dijeron que habían «traído a su propia gente». Es decir, trabajadores portugueses al igual que la procedencia de la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos.
Con la misma dificultad se han encontrado al acudir a otras obras como la del Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz, y por ello han decidido denunciar que «se están realizando contrataciones de extranjeros para pagar al personal más barato y no se está teniendo en cuenta que seamos ni isleños ni gaditanos», aseguraron.
Llamamiento
Por ello, el grupo de parados de la construcción ha querido hacer un llamamiento a todos los afectados del sector que se encuentren en situación de desempleo para protestar hoy por la falta de contratación de trabajadores locales en las obras de la ciudad.
La protesta comenzará a las 19.30 horas en la obra del establecimiento Lidl del callejón del Pino, en el Polígono Fadricas de la localidad. El colectivo asegura que están dispuestos a paralizar y boicotear todas las obras que se realicen en La Isla si no obtienen un compromiso de tomar medidas para una situación que consideran «injusta para los isleños».
Esta protesta es la segunda que protagonizarán los desempleados del sector de la localidad en los últimos meses.

La dimisión de la responsable de la Casa del Pueblo agrava la crisis del PSOE local

La histórica militante y decana de la Ejecutiva Antonia Alvarado Galván firma la renuncia irrevocable por «discrepancias con el secretario de organización»
Los que consideran que la tradicional inestabilidad del PSOE local gaditano se ha agravado en el último año tienen un nuevo argumento para defender su tesis. La decana de la Ejecutiva gaditana del PSOE e histórica militante Antonia Alvarado Galván ha redactado y rubricado su dimisión irrevocable como secretaria general de la Casa del Pueblo en Cádiz.
La renuncia, que la propia firmante confirmó anoche aunque no quiere comentar hasta que le sea aceptada, se hará oficial durante la jornada de hoy.
Según el testimonio directo de la propia dimisionaria, su marcha responde a «discrepancias con el secretario de Organización, Francisco González».
Según su entorno y otros militantes consultados, Alvarado se siente «maltratada por la forma en la que González gestiona la participación de la militancia en la ciudad».
El secretario general del PSOE en Cádiz, Federico Pérez Peralta, conoció esta dimisión el pasado viernes, aunque su presencia en el Pleno municipal y otros actos institucionales oficiales le impidió solventar el paso formal de recibirla y aceptarla. Está previsto que ese trámite se produzca en la mañana de hoy lunes.
Un «palo simbólico»
Aunque fuentes oficiales del partido aseguraron ayer que se trata de «una decisión personal sin consecuencias orgánicas», varios destacados militantes socialistas en la capital afirman que «esta renuncia tiene un gran valor simbólico. Antonia Alvarado era la cara amable y colaboradora del PSOE en la ciudad, el vínculo entre dirección y militantes, la responsable de la Casa del Pueblo... no es una dimisión más».
Antonia Alvarado era, hasta su renuncia, la decana de la Ejecutiva a sus 77 años. Cuenta con más de dos décadas de militancia activa, a las que hay que sumar una larga trayectoria en la clandestinidad durante el franquismo. Hija y sobrina de sindicalistas fusilados en la Guerra Civil, ha sido la portavoz socialista más activa a la hora de reivindicar o criticar algunos aspectos de la Ley de Memoria Histórica.
Los militantes que confirman y lamentan su salida del órgano de dirección provincial aseguran que «por prestigio, edad y trayectoria está lejos de cualquier sospecha de arribismo, interés personal o participación en luchas internas». Estas mismas fuentes consideran que «su dimisión refleja como ningún hecho anterior el clima de malestar y deterioro que se vive entre la militancia gaditana». Ella no da detalles. Por ahora, sólo deja el cargo.

La trama de El Ejido usaba operarios de Elsur en obras privadas de políticos

Los avances en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Poniente, que hasta el momento se ha saldado con una veintena de detenidos por presunta corrupción -de los que siete continúan en prisión sin fianza tras la puesta en libertad la tarde del viernes del empresario Ambrosio Cuevas, que pagó una fianza de 100.000 euros- siguen abriendo múltiples vías de actuación que apuntan a nuevos arrestos en una segunda fase de la intervención policial, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación.
Entre las causas que pueden dar origen a nuevas detenciones se encuentra la malversación de fondos públicos por parte de partidos y cargos políticos que utilizaron, presuntamente, a Elsur, la empresa mixta de servicios municipales sobre la que gira toda la presunta trama de corrupción, para obras y trabajos privados, en algunos casos con grandes gastos.
Entre estas obras están las realizadas en cortijos y fincas privadas, como la adecuación de un solar para riego con la compra, transporte e instalación de cientos de metros de tuberías, y todo tipo de arreglos, así como obras de construcción de sedes de partidos políticos. Quienes investigan el asunto advierten de que la investigación puede deparar sorpresas, puesto que los trabajos no se habrían realizado sólo para el Partido de Almería, que preside el alcalde ejidense, Juan Enciso.
Algunos pueden declarar como testigos protegidos, para garantizar que no puedan tomarse represalias
La generalización de estos trabajos privados de Elsur llegó a extenderse de tal manera que un obrero llegó a denunciar que era enviado periódicamente a la casa de dirigentes políticos a hacer todo tipo de obras, mantener el jardín, e incluso a limpiar los excrementos de los perros. «La sensación de impunidad era tal que un cargo llegó a llamar a operarios de Elsur porque se le había atrancado un desagüe del cuarto de baño» apuntan fuentes del caso.
Asimismo, se investigan distintas actuaciones y tramas empresariales de gran calado económico de la sociedad que posee la mayoría de las acciones de Elsur, Agua y Gestión de Servicios Medioambientales, domiciliada en Sevilla, que cuenta con un 70% del capital social. Junto a ello, la Fiscalía también sigue la pista de la trama urbanística creada de forma paralela a la de subcontratas de Elsur, así como la supuesta evasión de capitales y de los beneficios conseguidos a otros países, organizada, supuestamente, a través de uno de los encarcelados.
En la primera redada policial, que tuvo lugar el 20 de octubre, fueron detenidos el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, junto a José Alemán, interventor en funciones del Ayuntamiento y supuesto cerebro de la trama creada en torno a la empresa mixta de servicios municipales, Elsur, que subcontrataba sus trabajos a otra veintena de empresas, creadas con un mínimo capital social y administradas por el resto de los detenidos, que conseguían desmesurados beneficios inflando las facturas, sin aportar apenas material o maquinaria para ello. En total fueron detenidas 20 personas, de las que siete siguen en prisión.
En las pesquisas que acabarán con nuevas detenciones serán fundamentales tanto las declaraciones de los detenidos como de otras personas a quienes se ha interrogado o se interrogarán en los próximos días.
Algunos de ellos podrán declarar como testigos protegidos, para garantizar que no puedan tomarse represalias por sus testimonios, puesto que aún «existe mucho miedo a prestarse voluntariamente a declarar, porque se teme que cualquier día pueda volver quien ha mandado hasta ahora en el municipio», según fuentes de la investigación.

DE VERGUENZA. La SGAE exige 12 euros mensuales a un peluquero por poner la radio en su local

Esteban Criado, un peluquero de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), explicó que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) le exige un cuota mensual de entre 6 y 12 euros por tener la radio puesta en su local mientras peina a sus clientes.

El dueño del local relató que hace unas semanas estaba trabajando en su peluquería y vio "un señor en la calle haciendo anotaciones". Poco después el individuo entró en el establecimiento y se identificó como un inspector de la SGAE.
Señaló que el inspector le entregó "una acta con un croquis" de su establecimiento y un texto en el que le comunicaba que debería firmar un contrato y pagar un canon para seguir poniendo la radio en su local.
El peluquero al principio pensó que se trataba de una broma, pero pocos días después recibió una carta certificada de la SGAE en la queDijo que ha decidido resignarse y pagar el canon pero no entiende por que tiene que ser el único peluquero que paga esta tasa si la gente acude a su establecimiento "a cortarse el pelo y no a escuchar música".

Paco Salud: ¿pregunto? Se puede cagar ó hacer el amor escuchando la radio, porque tiene guasa pagar por cagar.