La ley de Memoria de Andalucía
pasa el primer corte parlamentario con la crítica del PP
La Ley de Memoria Democrática
para Andalucía arranca su recorrido en el Parlamento andaluz sin enmiendas a la
totalidad. Tras el pleno, y casi dos años de espera desde la presentación como
anteproyecto, el texto sigue ahora su tramitación en comisión parlamentaria. En
el debate, el PP ha tachado el marco legal de "innecesario" mientras
Ciudadanos marca una línea roja en la defensa de la Transición.
La actitud del grupo popular ha
sido afeada por los socialistas en una intervención en la que su ponente, María
Márquez, ha recibido comentarios despectivos desde la bancada del PP que unían
su edad y el tema tratado: "qué pena, tan joven y hablando de estos
temas". Los conservadores han sido los más críticos con un texto que es
ejemplo, dicen, de "leyes que despiertan rencores y revanchas".
Para el Gobierno regional, el
proyecto legislativo es "imprescindible" y llega "con vocación
reparadora". Podemos, por su parte, duda del tratamiento de los restos
óseos exhumados por la legislación sobre patrimonio histórico al recaer las
competencias en Cultura. Para Ciudadanos existe una condición innegociable: la
defensa de la Transición. IU, de su parte, considera el proyecto legislativo
una herencia del trabajo realizado por la formación durante la anterior
legislatura.
Víctimas del franquismo,
familiares y asociaciones podrán aportar su visión de la ley en un proceso
parlamentario que no resultará un camino de rosas a tenor del posicionamiento
de los grupos. La refriega política en el debate plenario y las enmiendas
parciales previstas –Podemos y Ciudadanos las han anunciado–, así lo hacen
prever.
Bajo "recomendaciones de Naciones Unidas"
La consejera de Cultura, Rosa
Aguilar, ha presentado el proyecto de ley ante el primer pleno Parlamento de
Andalucía del nuevo periodo de sesiones. Un texto que recoge "las
recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica" y es
"resultado del diálogo" y la participación de colectivos memorialistas.
La ley es la misma que fuera
remitida a sede parlamentaria por el Gobierno de coalición PSOE-IU y que no
pudo ser aprobada al agotarse la legislatura. Entre sus propósitos, extiende el
horizonte temporal del inicio de la II República (14 de abril de 1931) hasta la
entrada en vigor del Estatuto de Autonomía (11 de enero de 1982). Amplía además
la consideración de víctima, incluye su estudio en el currículum educativo,
establece la prohibición de simbología fascista y facilita la intervención en
las más de 600 fosas comunes que existen en Andalucía, entre otras
aspiraciones.
Aguilar ha solicitado a los
grupos políticos "el mayor apoyo posible" a una ley "necesaria e
imprescindible, porque tiene que ver con las víctimas y con la reparación que
se les debe". El marco legislativo "viene a sumar" y ayuda a
"garantizar el derecho ciudadano a la verdad, cerrando heridas y reparando
daños, construyendo así juntos desde el presente un futuro de convivencia
asegurada".
Para posicionar al PP-A, Juan
Ramón Ferreira defiende que el texto es "innecesario" y "estira
el debate el límite de lo posible". A su juicio, "hay votantes,
también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y
revanchas". La iniciativa obedece a quienes el partido conservador define
como "neoantifranquistas", es decir, aquellos "que luchan contra
la dictadura cuando ésta ya no existe".
Los populares critican así que la
normativa memorialista andaluza "pone en cuestión el espíritu de la
Transición" e incluso "la ley de Amnistía" de 1977 con artículos
"dominados por ese espíritu revisionista". Un "intento",
entiende, "de reescribir la historia y remover un pasado trágico". El
PP rechaza apartados concretos como la inclusión de planes de estudio
"controlados por el poder político" o que la norma abarque hasta
1982, "como si el franquismo hubiera durado hasta entonces".
"Cerrar juntos las heridas"
La diputada socialista, María
Márquez, ha indicado al PP que el debate sobre la ley memorialista hay que
afrontarlo con "naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad,
la justicia y la reparación". El PSOE, explica, quiere
"lograr un acuerdo que
suponga construir entre todos un relato común y cerrar juntos las heridas para
que los errores del pasado no vuelvan a cometerse".
La norma llega tras el trabajo en
la pasada legislatura de PSOE e IU, una labor que retoma el Gobierno andaluz y
lo lleva a la cámara regional "con el ánimo de que a ese consenso se sumen
el resto de fuerzas políticas". La comunidad autónoma "vuelve a ser
vanguardia a nivel nacional" con una ley "que honra a quienes
defendieron la libertad y la democracia".
La propia presidenta de
Andalucía, Susana Díaz, valora la ley de Memoria Democrática como "un paso
importantísimo" cuyo "triunfo" será "el reconocimiento a
los que se jugaron incluso la vida para que Andalucía fuera lo que es
hoy". Tanto Díaz como la consejera de Cultura han agradecido el trabajo
realizado al anterior vicepresidente andaluz, Diego Valderas.
La diputada de Podemos, Lucía
Ayala, ha criticado que el proyecto de ley "se enmarque en las
competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico
andaluz". Desde la formación tachan de “inconcebible” la cuestión porque
viene a "equiparar a víctimas de delitos de lesa humanidad con bienes
materiales" objeto de estudio arqueológico.
Ayala defiende así que el marco
legal quede tramitado a través de la consejería de Justicia. Podemos pide al
Gobierno socialista "que haga las cosas bien por la dignidad de las
víctimas y sus familiares". Y expresa dudas, además, sobre si la norma
"se podrá ejecutar" por la "tan incierta" dotación
presupuestaria que recaerá sobre la misma.
Desde Ciudadanos, Sergio Romero
asegura que su partido "no se podrá de perfil" en un debate que ponga
en tela de juicio el papel de la Transición por lo que esta etapa
"representó para la democracia". Una línea roja que sí toca la ley
memorialista y en el que a la formación naranja, precisa, "no la
encontrarán".
El proyecto de ley pretende
"reparar lo que haya que reparar", en referencia a dar una sepultura
digna a los ejecutados por el franquismo. "Un país se mide por la dignidad
que da a sus muertos", apela Romero. Ciudadanos aboga así por cerrar este
capítulo "con altura política" y liberándolo de "cualquier politización".
La diputada de IULV-CA,
Inmaculada Nieto, defiende el trabajo realizado por su formación en el anterior
Gobierno andaluz y que, como resultado, el concepto de memoria democrática
"amplía" el de memoria histórica. Ha resaltado también que el deber
público de la memoria "corresponde esencialmente al Estado
democrático" y, en ese sentido, la Junta "asume como propio" ese
débito. Desde IU piden una "tramitación sin sorpresas" de la ley, sin
enmiendas que puedan "frustrar" las aspiraciones de las asociaciones
memorialistas.
Juan Miguel Baquero
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