La impunidad marca el 40
aniversario de la matanza de Vitoria
PATRICIA CAMPELO @patriciacamcor
MADRID.- “¡Buen servicio! (…)
Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. (…) Aquí ha habido una
masacre (…). Pero de verdad una masacre”. La Policía Armada de Vitoria
concluía así una jornada represiva que se saldó con tres trabajadores
asesinados por disparos de bala y otros dos, heridos de gravedad, fallecidos en
los días siguientes. Era el 3 de marzo de 1976, y la ciudad llevaba dos meses en
un clima de reivindicaciones con la plataforma obrera nacida de Forjas Alavesas
que pedía, por un lado, mejoras laborales; y por otro, que no se les detuviera
por expresar sus pretensiones.
La iglesia de San Francisco, en
el barrio obrero de Zaramaga, se había convertido en el escenario habitual de
asambleas de trabajadores después de que la patronal les prohibiera reunirse en
las fábricas. Cada empresa disponía, en su zona de la ciudad, de un templo para
organizar y canalizar la lucha por los derechos laborales.
El miércoles 3 de marzo había
cuajado, después de dos intentos, la huelga general en Vitoria. Jornadas de 40
horas semanales, el 100% en las bajas por enfermedad o accidente laboral, una
subida lineal de 6.000 pesetas y el rechazo a los jurados de empresa, del
sindicato vertical del franquismo, eran algunas de las reivindicaciones que
condujeron al parón generalizado.
“Comercios, estudiantes o
agricultores salieron en apoyo y solidaridad. La huelga había triunfado”,
recuerda Andoni Txasko, víctima de la brutalidad policial en aquel conflicto, y
hoy presidente de la Asociación de víctimas y familiares del 3 de marzo,
entidad que promueve estos días una serie de actividades para recordar el 40
aniversario.
“Gasead la iglesia”, se escucha
en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial
“La policía se empleó con una
dureza especial. Las iglesias siempre habían sido respetadas y ese día, en
algunas asambleas que se celebraban por la mañana, irrumpieron y sacaron a los
trabajadores”, apostilla Txasko sobre el día en que las fuerzas de seguridad
entraron con armas en las iglesias, violando así el Concordato de España con el
Vaticano.
A las cinco de la tarde, la
asamblea en la parroquia de San Francisco pretendía evaluar la jornada. Media
hora antes, la Policía rodeó el recinto, permitiendo que se llenase el templo.
Dentro quedaron atrapadas cerca de 4.000 personas, y un número similar de gente
esperaba fuera. Minutos después comenzó el desalojo: “Gasead la iglesia”, se
escucha en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial. “Los
párrocos mediaron diciendo que no había necesidad de intervenir, que era una
reunión pacífica; que no había alteración del orden. Pero la Policía rompió las
ventanas, introdujo gases lacrimógenos y botes de humos. La gente se
asfixiaba”, anota Txasko.
“¿Qué tal está por ahí el asunto?
(…) Te puedes figurar, después de tirar, igual, más de mil tiros y romper la
iglesia”, se escucha en otra grabación. Aquellos disparos acabaron con la vida
de tres obreros, en aquel momento, y de otros dos en los días siguientes, con
heridas mortales. Eran Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar
Clemente (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda
(30). Algunos presentaban heridas de bala en el cuello, tórax o rodillas. Y
testigos oculares aseguraron ver cómo los agentes disparaban a los huelguistas.
El estruendo de las armas quedó grabado en la emisora policial, donde también
se escucha cómo un agente pide más “cartuchos, botes y pelotas”. Estas
conversaciones empezaron a circular entre la ciudadanía de Gasteiz los días
posteriores a los hechos.
“No podían permitir que se extendiera a otros
lugares el triunfo de esa huelga basada en el poder de las asambleas de la
clase obrera. Y ese día decidieron cortar por lo sano”, resume Andoni.
La huelga concluyó con más de un
centenar de víctimas. “Llegaron a intervenir en el puesto de socorro donde se
amontonaban familiares y heridos, y lanzaron bombas de humo y gases
lacrimógenos que llegaron hasta los quirófanos. El equipo médico emitió una
nota contundente de protesta”, recuerda. Cinco días más tarde, el entonces
Ministro de Gobernación, Manuel Fraga, alertó al resto de trabajadores: “Que
este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país los próximos
meses”.
Pese al manto de impunidad que
cubrió los hechos durante décadas, la jueza argentina María Servini,
instructora de la querella contra el franquismo abierta en Buenos Aires,
reclamó en noviembre de 2014 la extradición de Rodolfo Martin Villa, ex
ministro de Relaciones Sindicales, por su responsabilidad en esta matanza. El
Gobierno del PP, sin embargo, desoyó la petición, en la que también se imputaba
a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia, y al capitán de la Policía Armada Jesús
Quintana, entre otros altos cargos de la dictadura.
Represión continuada y
consecuencias de por vida
Sólo durante un día, Andoni
Txasko pudo esquivar la fatalidad. Este titulado en maestría industrial de 20
años acudió a su fábrica el 4 de marzo, donde los trabajadores decidieron en
asamblea apoyar la huelga. “Por la tarde, fui con dos compañeros a dar una
vuelta por el lugar de la masacre. Llegó la Policía; nos rodeó y yo me eché
contra la pared cubriéndome la cabeza, soportando golpes en la espalda y en los
brazos”. Temía este obrero que uno de esos palos le cayera sobre su ojo
izquierdo en el que apenas tenía visión debido a una lesión de la infancia.
Una paliza de la Policía
franquista le reventó el ojo
“Como no paraban, les dije que me
llevaran detenido, que no había hecho nada, pero que no siguieran dándome
golpes por la lesión del ojo, que me podían fastidiar”, detalla. Pero los
agentes utilizaron esa información para atacarle con mayor crueldad. “Me
agarraron de los brazos para que no me pudiera cubrir la cara y todos los
golpes ya vinieron de frente, cara y cabeza, y uno de los porrazos fue a parar
al ojo sano. Me dejaron en blanco, como adormecido, no veía nada”.
Los vecinos de la zona acudieron
a socorrerle. Le trasladaron a una vivienda y le calmaron con agua fría pero la
visión no regresaba. “Me metieron en un coche y, como pudieron, me llevaron al
puesto de socorro. Allí me dijeron que el pronóstico era muy grave”.
Tras un mes ingresado con fuertes
dolores salió con el diagnóstico de un ojo reventado por las lesiones y escasas
posibilidades de recuperarlo. Ocho operaciones y distintas visitas a clínicas
de Madrid, Barcelona y Navarra concluyeron que no había solución. Aquella
agresión policial había derivado en un glaucoma que también comenzaba a
perjudicar la escasa visión que tenía en el otro ojo. La última decisión médica
conllevó la extracción del mismo.
Así, la vida de Andoni cambió.
Tuvo que dejar su puesto en la fábrica e ingresó en la Once, donde vendió
cupones en la calle durante años. Hoy conserva un 2% de visión, y vive volcado
en extender la verdad de los hechos desde su asociación, creada en 1999. “No
merecemos la vida que hemos tenido que vivir”, deplora.
Cadena de desaires judiciales y
políticos
Con todo, familiares y víctimas
de la matanza de Vitoria no han cejado en el empeño de recabar justicia. En un
primer momento, los juzgados abrieron diligencias tras recibir los informes
médicos y se crearon dos sumarios: uno con las cinco víctimas mortales y otro
con 68 personas heridas, entre ellas, Andoni Txasko.
Ninguna instancia judicial
permitió que se investigara
Ambos sumarios viajaron de
Vitoria a Burgos, A Coruña, Tribunal Supremo y Tribunal de Orden Público.
Ninguna instancia judicial los admitió para investigar los hechos. “El Supremo
acabó dictando que la competencia recaía sobre la jurisdicción militar, pero
ésta no llamó a declarar a nadie. Sólo quedó una declaración de Jesús Quintana
donde justifica su actuación diciendo que se vieron obligados a disparar para
preservar sus vidas”, esclarece Andoni. Después, el tribunal sobreseyó los
casos argumentando que “los hechos son constitutivos de un delito de homicidio
(…) pero no hay motivos suficientes para acusar de él a determinada persona”,
según el escrito de sobreseimiento. “Esa es la primera gran burla de la
justicia española”, lamenta.
Así, las víctimas reclamaron la
responsabilidad subsidiaria del Estado, sin éxito. Ya con la asociación
constituida, se personaron en el Parlamento Vasco, en una ponencia que recibía
a víctimas de todo tipo de violencia. En ese mismo lugar impulsaron una
comisión de investigación, a la que estaba llamado Fraga para declarar, en
2008. Nunca fue.
En 2004 presentaron una querella
criminal contra el gobernador civil, “creíamos que había fallecido, pero pensábamos
que la querella avanzaría y se marcarían las responsabilidades. Queríamos
llegar a la cúpula del Gobierno”, recuerda Andoni. Esta querella fue admitida
primero y rechaza después tras un escrito de la Fiscalía defendiendo que los
hechos estaban “prescritos” y que, en su caso, la jurisdicción competente era
la militar. Tras ese fracaso, acudieron al Comité de Derechos Humanos de la
ONU, y aún esperan una respuesta. Su último paso fue la presentación de una
denuncia ante el Parlamento Europeo, el pasado verano.
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