El Estado tardó 18 años en
prohibir el uso del amianto pese a las advertencias de médicos
Europa Press | Madrid
Actualizado martes 18/05/2010
19:40 horas
El Estado español desoyó en 1984
las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del
amianto, tras detectar los primeros casos en los años 70, con el objetivo de
evitar el coste económico y laboral de su supresión, que finalmente se llevó a
cabo en 2002.
Así lo reveló este martes el
neumólogo Juan Ignacio Camargo Ibarra, durante su declaración como perito en el
juicio por la demanda presentada contra Uralita por 47 ciudadanos afectados por
amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollet,
que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.
"En 1984, los médicos
apoyamos la prohibición del amianto, pero no se admitió por cuestiones
económicas", explicó Camargo, quien declaró a petición de Uralita, y
matizó que la normativa no incluyó la recomendación por los "costes
laborales y empresariales" que podrían derivarse de su total prohibición.
El perito era uno de los tres
médicos que entonces formaban parte de la Comisión Nacional de Seguimiento del
Amianto, integrada también por representantes de los sindicatos Comisiones
Obreras y UGT, así como por las principales empresas que trabajaban con este
material utilizado en la construcción, el sector naval o el textil industrial,
entre otros.
Normativa
Así, el entonces Gobierno de
Felipe González estableció una moratoria y se limitó a restringir los niveles
de exposición de los trabajadores al amianto a una fibra por centímetro cúbico
en la Orden Ministerial de 1984 que aprobó el 'Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto'.
En 1962, la legislación permitía
una exposición de 175 fibras por metro cúbico. En 1982, se estableció la
primera normativa sobre el amianto que fijó la exposición máxima en dos fibras
por centímetro cúbico y obligó a las empresas a aumentar la seguridad. En 1993
el nivel se bajó a 0,6 fibras por metro cúbico hasta su prohibición en 2002.
Por otro lado, el médico explicó
que las afecciones relacionadas con el amianto (placas pleurales, mesotolioma,
asbestosis y cáncer de pulmón) están catalogadas como enfermedades laborales y
son indemnizables pero, según dijo, no existen estudios "fiables" que
demuestren la incidencia medioambiental de esta materia prima.
La demanda
Este es el primer juicio que se
celebra en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes
de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron el amianto desde
principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002.
Los demandantes acusan a Uralita
depositar materiales con polvo de amianto al aire libre cerca de las dos
localidades, mientras que la compañía defiende que siempre cumplió la legalidad
vigente.
Durante la mañana también
declararon a petición de Uralita el médico Enrique Aldaid, que también formó
parte de la Comisión de Seguimiento del Amianto junto al doctor Camargo, y los
doctores César Sánchez, Joaquín Ferreiros, Anselmo López y María García
Ibarrola.
Los cuatro últimos repasaron caso
por caso los expedientes médicos de los 47 demandantes, tal y cómo hizo este
lunes un médico propuesto por los afectados con la finalidad de que el juez
determine las indemnizaciones para cada uno de ellos, en caso de dictar una
sentencia favorable.
El juez deberá determinar el nexo
de causalidad que existe entre la presencia de la fábrica y los casos de
enfermedades relacionadas con el amianto entre la población de las localidades
cercanas.
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