Documento base sobre el posicionamiento de CNT en relación a la
Memoria Histórica
POR UNA MEMORIA VIVA de la lucha anarcosindicalista “El
pasado no está muerto ni enterrado, de hecho ni siquiera es pasado” William
Faulkner
El movimiento libertario en general y el anarcosindicalismo
en particular han sido tradicionalmente objeto de persecución y represión
violenta por parte del Estado y de sus habituales socios: ejército, iglesia y
oligarquía económica. El poder ve en el anarcosindicalismo y el anarquismo dos
de sus principales enemigos, ya que cuestionan tanto su existencia como su
práctica mediante la solidaridad, el apoyo mutuo y la movilización obrera
entendida como instrumento material para alcanzar un futuro libre de tiranías y
yugos de cualquier tipo. España es un país en el que a lo largo de su historia
se han vivido intensas etapas de persecución del movimiento obrero, y en ese
escenario la CNT ha sido una de las organizaciones a la par que más combativas
sin duda, la más atacada y hostigada desde el poder, no sólo en períodos con
gobiernos monárquicos o autocráticos sino también bajo la república, la
dictadura franquista o la actual monarquía parlamentaria habida tras el proceso
de la llamada transición.
Con todos estos
formatos de modo de gobierno se ha producido un ataque sistemático a las ideas
del anarquismo y del anarcosindicalismo, que llegan a día de hoy y que
continuarán a futuro. Contra la imagen del anarquismo que se ha difundido desde
el periodismo, la literatura y la historia domesticada, la militancia
anarquista ha padecido mucho más la violencia estatal de lo que la ha podido
ejercer en algún período determinado. Persecución y muerte son términos
repetidos a lo largo de la historia de la CNT, por ello cumple hoy a la
organización y a todos sus miembros o simpatizantes dar una contundente réplica
en lo que se refiere a los resultados de la represión, así como difundir entre
la opinión pública y el pueblo en su conjunto toda una serie de ataques que han
supuesto muerte, cárcel, persecución, torturas, desapariciones, humillaciones,
vejaciones, depuraciones y violencia indiscriminada de la que han sido objeto
sus militantes y en muchos ocasiones sus propios familiares. Importa mucho por
tanto romper el cómplice velo de silencio que desde el Estado y demás
instancias de poder se está produciendo acerca de la memoria histórica,
entendida como forma de reivindicación frente a la barbarie y represión
aplicada al movimiento obrero, en nuestro caso al anarcosindicalismo y al
anarquismo en general. Los intentos por difundir bajo un punto de vista crítico
la acción represiva durante la guerra civil y el franquismo, han contado con la
mordaza de diferentes “gobiernos democráticos” y un tibio posicionamiento por
parte de la socialdemocracia, que pese a haber promulgado una insuficiente ley
de memoria histórica ni siquiera ha realizado el más mínimo esfuerzo para hacer
que se cumpla; en sus manos, el tema de la memoria histórica ha sido solamente
una herramienta para el combate electoral y no una cuestión de principios y de
justicia. La derecha política y sus sectores más ultramontanos -herederos
morales y materiales de la represión- justifican a día de hoy su existencia,
crean irreales y falsarios documentos que tergiversan cifras e intensidad de la
represión, y en el colmo de su farisaico cinismo tratan de minimizar las
prácticas de barbarie humana ocurridas favoreciendo un olvido culpable.
La ley de amnistía de 1977
La constitución de 1978 no supuso una auténtica ruptura
democrática con la dictadura franquista, sino una adaptación de sus leyes a la
nueva realidad, en la que, a cambio de la ‘apertura política’ se conservaron la
estructura del estado y sus integrantes. La ley de Amnistía de 1977 fue una ley
de punto final que otorgó una total impunidad a los responsables de la
represión en la dictadura, bajo la coartada de sacar de las cárceles a los
presos políticos. Esta injusticia nos aboca desde entonces a una transición
eterna, que no sólo deja sin resolver la actuación criminal del estado, sino que
pone todos los obstáculos posibles a los que intentan sacar a la luz esos
crímenes. Al amparo de esa ley vergonzosa, ha crecido lo que se ha dado en
llamar democracia. Una sistema político que nació lastrado por un régimen que
sólo cambió algunas de sus formas, pero que mantuvo intactas las riendas del
poder. La figura más clara es la monarquía, instaurada con el beneplácito del
dictador. Los órganos e instituciones más altas del estado siguen dirigidas, en
demasiados casos, por descendientes de las mismas familias responsables de la
represión franquista; esos mismos clanes dominan en los partidos políticos, en
la justicia, en la economía y en las grandes empresas del país; la ultramontana
cúpula de la iglesia sigue añorando el fascismo sin recato alguno; incluso
retirar sus símbolos de las calles sigue costando acudir a los tribunales, casi
cuarenta años después de la muerte del dictador, lo que muestra por sí solo el
carácter “modélico” de la transición. La oposición de CNT a los pactos de la
transición que dieron origen al actual sistema político, nos legitiman en la
cuestión de la memoria histórica, en contraposición a otras organizaciones
políticas y sindicales. En cambio, la izquierda parlamentaria debería asumir su
papel de neta complicidad en la consolidación de un sistema político marcado
por la impunidad de los criminales de estado, el olvido de los luchadores
antifranquistas y el silencio de las víctimas de la dictadura.
La Ley de Memoria
Historica
Si la ley de amnistía es la primera losa sobre los
represaliados del franquismo, la ley de Memoria Histórica, supone una segunda,
porque lo que hace esta ley es consolidar esa situación según la cual los
asesinatos cometidos por el franquismo no son tarea de las autoridades ni de
los tribunales de justicia. Una ley en la que el estado traslada nuevamente de
sus responsabilidades y las deposita en las asociaciones de víctimas y
familiares, subvencionando tareas como las de localización y exhumación de
fosas en lugar de asumirlas y financiarlas directamente, de forma sistemática y
con criterios científicos. Es paradójico, como señalan varias organizaciones
internacionales, que las víctimas sean las encargadas de intentar rehabilitar
su memoria, teniendo en cuenta además, que esa tarea está chocando con multitud
de escollos administrativos, judiciales y económicos, dispuestos con el
objetivo de entorpecer y silenciar esa rehabilitación. Este solo hecho,
demuestra que el estado español sigue sin reconocer que es el heredero de aquél
estado franquista y por tanto, el encargado de esclarecer los crímenes
ejecutados por el estado durante la dictadura.
En un sistema que
pretende llamarse democrático, la diferencia entre la consideración
institucional que reciben las actuales víctimas del terrorismo y la actitud que
se muestra ante las víctimas del terrorismo de estado, debería cubrir de
vergüenza a todos los que tienen responsabilidades públicas. En esa misma línea
de no asumir su responsabilidad, la ley evita anular las sentencias de la
justicia franquista, a través del artificio legal de dejarlas “sin efecto”, lo
que permite no tener que resarcir moral y materialmente a las víctimas; sigue
sin reconocer a los guerrilleros antifranquistas y que deja sin resolver la
devolución justa de los bienes expoliados por el franquismo a sus legitimos
propietarios; una ley que equipara de nuevo a víctimas y verdugos, porque no
está hecha para buscar la verdad, ni la justicia ni la reparación, sino para
cerrar un período de nuestra historia cuyas heridas siguen sangrando porque sigue
sin hacerse justicia. Una ley, en fin, que apenas deja a las victimas y sus
familiares intentar reconstruir su propia memoria, pero que niega tajantemente
la memoria colectiva del pueblo, la que reivindica la lucha contra la
dominación y la barbarie fascista, que a la postre, es la única que puede
conseguir que crímenes como aquellos no lleguen a repetirse. Luchemos para
devolver al pueblo su historia Desde el punto de vista de la CNT, seguiremos
anclados en el tardofranquismo político e institucional en el que vivimos hasta
que se devuelva al pueblo la historia de sus luchas, sin la cual, los pueblos
quedan reducidos a la nada. Para ello es fundamental participar en las
actividades del movimiento social de recuperación de la memoria histórica con
nuestra propia visión, aportando un componente social y libertario,
reivindicativo y rebelde, que a veces queda difuminado. Al mismo tiempo, hay
que denunciar que hasta el momento las instituciones estatales han sido un
estorbo para la recuperación de la memoria y para la exigencia de justicia;
desde esta perspectiva, el estado sólo le cabe adoptar las siguientes medidas:
Derogar de la Ley de Amnistía de 1977, para que el genocidio
franquista pueda ser investigado y juzgado en los tribunales españoles e
internacionales.
Asumir por parte del estado todas sus responsabilidades en
la búsqueda de VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA para con las víctimas del
franquismo, como exige las normas internacionales en Derechos Humanos,
legislación que la propia constitución de 1978 asume.
Investigar y
difundir, para el público conocimiento de los responsables de la represión y la
exigencia de responsabilidades a los franquistas supervivientes (políticos,
militares, eclesiásticos, empresarios o miembros de los sindicatos verticales).
Localización y
exhumación científica y sistemática de las fosas comunes devolviendo a los
familiares los restos de las personas asesinadas, rechazando las medidas de
carácter asistencialista introducidas por la Ley de Memoria Histórica,
contrarias a las normas internacionales de derechos humanos al trasladar la
responsabilidad del Estado a las asociaciones y particulares.
Declarar nula de
pleno derecho toda la legislación franquista y los actos administrativos o
jurídicos represivos derivados de ella, planteando un rechazo frontal a
cualquier equiparación de víctimas con verdugos.
Eliminar todos los símbolos del régimen dictatorial, como
monumentos, lápidas en las iglesias, cementerios o edificios públicos, nombres
de vías públicas, establecimientos sanitarios o centros de enseñanza y
cualquier otra referencia a la más siniestra época de la historia de España.
Indemnizar
debidamente a cuantos sufrieron persecución y promover su rehabilitación
pública, reponiendo de oficio los inmuebles, muebles, documentos y bienes de
todo tipo que fueron incautados en base a la Ley de Responsabilidades Políticas
y legislación conexa.
Reconocer la
propiedad del patrimonio documental de las organizaciones políticas y
sindicales, que fue incautado por el régimen anterior y que el actual maneja
sin tener en cuenta el criterio de sus auténticos propietarios.
Impulsar una
necesaria socialización de la historia, en aras de la justicia y la reparación,
rechazando la justificación de acudir exclusivamente a la memoria individual y
familiar para crear en cambio, una memoria colectiva y viva que pase por llevar
la verdad a las calles, a las casas, y a los cementerios, pero sobre todo, a
los colegios, institutos y universidades.
Por nuestra parte, la
CNT se propone impulsar distintas acciones para poner de manifiesto los
procesos de represión que ha soportado, romper el cerco de silencio que se
ejerce desde el propio poder y desde muchos medios de comunicación o grupos
ideológicos, que de un modo u otro quieren echar tierra sobre la represión al
movimiento libertario, mirando para otro lado y tratando de extender un mensaje
benévolo para aquellos criminales que la practicaron y salieron indemnes de
responsabilidad alguna. Hay mucho por hacer en este sentido, como investigar en
profundidad y coordinar los esfuerzos en la recuperación de la memoria de
nuestros perseguidos y represaliados a lo largo del tiempo, limpiar su buen
nombre del olvido, reivindicar su figura frente a los juicios sumarísimos, las
condenas de muerte, las torturas continuadas, los expedientes de depuración,
las largas condenas carcelarias, la esclavitud de los trabajos forzados, los
destierros, la exclusión profesional o los informes represivos emitidos por la
Falange, requetés, curas, monjas y demás entidades benéficas católicas.
Es preciso e
inexcusable del mismo modo implementar un plan de localización y exhumación de
fosas, pozos, cunetas y escombreras en las que aún hoy día siguen abandonados
los restos de muchos de nuestros compañeros que fueron asesinados.
También es obligada la reivindicación de la memoria de todos
aquellos que participaron en los maquis y en la guerrilla urbana, limpiar la
sucia imagen de bandoleros que les atribuye el franquismo y poner de relieve su
esfuerzo e incondicional sacrificio en la lucha frente a la dictadura.
Reivindicar también
el obligado y duro exilio social y económico al que se vieron abocados muchos
militantes del anarcosindicalismo y del movimiento libertario, es otro de los
campos en los que es preciso el desagravio de todos aquellos que hubieron de
sufrirlo, aportando su esfuerzo a la lucha antifranquista y dejando así una
imborrable semilla que perdura en el tiempo en diversos países de Europa,
América o África. Es de justicia deshacer la imagen de que el exilio lo constituyeron
los intelectuales acogidos en América Latina, para recomponer una imagen global
en la que esa minoría no oculte la historia de los padecimientos del conjunto
de exilio: miles de hombres y mujeres que en su mayoría no pudieron llegar al
dorado exilio latinoamericano y permanecieron en Europa y el Norte de África,
con la intención de continuar su combate contra el franquismo; un exilio que
costó la vida a muchos hombres y mujeres en los campos de refugiados franceses,
en los combates de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración
nazis y también, en las actividades antifranquistas de posguerra. La acción
mediática de la reacción y la complicidad consciente de muchos durante la
transición e incluso hoy día, han generado una serie de mecanismos que inciden
en la justificación y el olvido, por lo que la reivindicación de la memoria
adquiere el carácter de mecanismo vivo para combatir la impotencia e
indefensión frente al poder en una sociedad cada vez más injusta y corrupta.
Está claro que
nuestro concepto de memoria histórica difiere bastante del maniqueo modelo que
se pretende desde el poder. Nosotros reivindicamos la verdad, la dura realidad
sufrida, la vida militante de nuestros compañeros que fueron perseguidos y
represaliados, queremos que resplandezca la figura de los que fueron
torturados, fusilados o asesinados sin otro motivo que el de luchar
esforzadamente por una humanidad libre. Por ello, ni tranquilidad ni reposo,
hay cosas que no admiten mayor retraso o demora. –
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