Su ejecución está inscrita en el conflicto agrario que protagonizan los campesinos del Bajo Aguan y los terratenientes de la zona; disputa que se agudizó en 1994 con la aplicación de Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, instrumento que justificó la expropiación de hectáreas de tierra cultivada en el norte del país.
"No hay ninguna duda de que ese nuevo asesinato está relacionado con el conflicto agrario que estamos viviendo en el Bajo Aguán y con los terratenientes. Quieren presionarnos para que aceptemos la propuesta del gobierno y de los bancos privados para la compra de las tierras", aseguró el secretario general del Muca, Yoni Rivas, en unas declaraciones recogidas por la prensa local.
Una semana antes del sicariato, el Movimiento había anunciado que rechazaba la propuesta del gobierno de Porfirio Lobo para la compra de tierras en Bajo Aguán por tratarse de una proposición "diseñada con un alto espíritu de lucro" que "sólo favorece al consorcio de bancos privados que participan en dicha transacción".
La propuesta entregada el pasado 4 de enero fue calificada como "impagable, inhumana y esclavizante para las familias campesinas".
En un comunicado difundido por el sitio web Minga Informativa de Movimientos Sociales, los dirigentes campesinos explicaron que los instrumentos presentados por el Ejecutivo son trampas que legalizarían la restauración de feudos en el país centroamericano.
"Proponemos que el Estado de Honduras destine fondos públicos de BANHPROVI, BANADESA, Fondos del Alba, Petrocaribe, BCIE y otros, como alternativa financiera para la adquisición de las tierras en conflicto", agregaron.
El asesinato de Matías Valle se suma al del presidente del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca), Secundino Ruiz Vallecillo, y el vicepresidente del Muca Pedro Salgado, perpetrados a finales de 2011 y que coincidieron con la primera década de lucha del Muca; organización que agrupó originalmente a 28 colectivos campesinos que fueron marginados de la reforma agraria de los setenta.
En Honduras 33 de cada 100 hectáreas agrícolas están en manos de tan sólo 1% de la población. La lucha campesina persiste: "sangre de mártires, semilla de libertad" continúa siendo la bandera de las 375 mil familias sin tierra que exigen una reforma profunda que se proponga la construcción de una industria agraria que responda a los hondureños y no a los latifundistas.
fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3085&Itemid=1&lang=es
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