Cuando se acusa a un alto cargo de la política de apropiación indebida, de enchufar a sus familiares, de adjudicaciones a dedo, de extorsión, del cobro de comisiones, en definitiva, de ser una persona corrupta, su respuesta inmediata es negar dichas acusaciones, aunque estén más que probadas, y arremeter contra el acusador que osa ensuciar su reputación. En ese momento arranca uno de los trucos más sabidos y utilizados por los politicos: problema aplazado, problema resuelto. El sistema judicial está tan saturado que la denuncia inicial irá perdiendo fuerza y el acusado irá buscando coartadas y falsos testigos en los que apoyarse para salir del atolladero y poder justificar la procedencia de sus abultados patrimonios, en un hoy por tí, mañana por mí. Todo acaba en agua de borrajas, ni siquiera se consigue que devuelvan lo robado. Estamos apañados....
Rafael Fernández.
Madrid
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