Se ha ido de las manos. La problemática de las viviendas ilegales, aquellas construídas sin licencia ni permiso o en lugares no permitidos para ello en la provincia de Cádiz, tiene una difícil solución. La Fiscalía de Medio Ambiente aporta datos fehacientes: en estos momentos casi un centenar de viviendas cuenta con orden judicial de derribo, y al menos una decena de ellas serán demolidas de forma inminente.
Puerto Real (con tres casos), Chipiona, El Palmar (con dos viviendas), y Tarifa -dentro de los límites del Parque Natural del Estrecho- se suman al reciente derribo de una casa en la zona de Pago Melilla de Chiclana. Todos ellos son inmuebles que sus propietarios deberán demoler y que, de forma subsidiaria, deberán convertir en escombros los ayuntamientos si éstos no lo hacen.
En estos momentos, Medio Ambiente tramita además una cifra de expedientes sancionadores superior a los doscientos. Cada caso es abordado de forma individual y por tanto su proceso administrativo sigue un curso y un ritmo diferentes, en la mayoría de los casos ralentizado por los sucesivos recursos y alegaciones que presentan los propietarios, que intentan a toda costa evitar la demolición.
Con todo, desde la Fiscalía se recuerda que «los derribos son la mejor forma de ejemplarizar y evitar construcciones en el futuro», y se critica que «en muchos casos llegamos tarde al control urbanístico». Se refiere el fiscal provincial, Ángel Núñez, a algunos de los municipios más afectados en la provincia por el fenómeno de la edificación ilegal, que ya no es patrimonio exclusivo del litoral. Chiclana es el caso más sangrante, con entre 15.000 y 20.000 viviendas levantadas fuera de planeamiento, pero no el único. En otros municipios como Conil, Barbate, Vejer, Tarifa, Chipiona o El Puerto de Santa María, la situación es similar, aunque el número de casas es mucho menor.
Alarma social
En algunas de esas ciudades las amenazas de derribo está provocando la alarma entre los propietarios, como ocurre en Chiclana, donde el Ayuntamiento incluso ha tranquilizado a la población asegurando que «el 99% de las casas del extrarradio no se tirará». Se da la circunstancia de que en la mayor parte de ocasiones los propietarios se establecen como colectivos de afectados, y ejercen una fuerte oposición e incluso protagonizan manifestaciones. Esto ocurrió hace unos meses en Chipiona o Benaocaz, población ésta última donde los vecinos intentaron impedir la intervención de las excavadoras en unos de los pocos derribos que se han llevado a cabo en lo que va de año 2009.
Más control
En los últimos meses las administraciones competentes, ayuntamientos, Fiscalía, justicia y Junta de Andalucía, parecen haberse puesto manos a la obra para acabar con la edificación incontrolada. «Es cierto que algunos ayuntamientos empiezan a tener más seriedad en la disciplina urbanística», reconoce el fiscal de Medio Ambiente. Esto está dando sus frutos, y no sólo mediante sanciones económicas sino con consecuencias judiciales. Los tentáculos del descontrol urbanístico son muchos.
Como ejemplo sólo hace falta recordar la implicación de más de una quincena de profesionales (abogados, arquitectos y constructores entre ellos), en la Operación Obra Nueva, que falsificaba documentación para legalizar casas, o la investigación del archivo de 1.700 expedientes sancionadores en Chiclana entre los años 2003 y 2006, que salpica a políticos y altos cargos institucionales. Además, las administraciones colaboran en algunos casos con la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta.
En Chiclana, por ejemplo, se va a realizar un recuento de viviendas ilegales. Mientras, en El Puerto de Santa María el Consistorio insiste en su «compromiso de no derribar viviendas, salvo las que tengan orden judicial en firme y no haya más remedio por encontrarse en suelo protegido», apuntan las fuentes municipales.
Sin embargo, en ambos casos el PGOU y por lo tanto el elemento de control de la edificación en todas sus vertientes, está en entredicho; en Chiclana se reelaborará y aprobará antes de dos años, y en El Puerto, la firma Territorio y Ciudad (que es la que está redactando en estos momentos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana) se ha comprometido a tener listo un borrador del planeamiento en verano.
Mientras tanto, Ecologistas en Acción ha denunciado «el resurgimiento de las construcciones ilegales» en el término portuense, después de que «se hayan reducido las inspecciones». Este colectivo pone como ejemplos zonas como La Negra, Almendro I o San Antonio, que demuestran que el problema no acabará hasta que los propietarios tomen conciencia de lo que hacen. O lo haga la justicia por ellos.
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