Trabajadores de Rota: “El
Gobierno español es el mamporrero de los americanos”
“Ponlo con todas las letras.
Culpamos a la Administración española, al Gobierno español, porque son los
mamporreros de los americanos”. La rotunda afirmación de Rafael Chacón,
secretario del comité de empresa de la Base Naval de Rota (Cádiz), desde donde
han partido los buques USS Ross y USS Porter para el ataque con misiles en
Siria, dan buena muestra del enfrentamiento interno que se vive en una base
militar que es estratégica en la lucha abierta por Donald Trump contra el
régimen sirio.
Los trabajadores de la base naval
de Rota no han tenido ningún conocimiento de la orden de ataque contra el
régimen de Al Assad. Excepto algún mando civil con el máximo rango, las
operaciones militares estadounidenses y españolas se preparan y ejecutan a
espaldas de la plantilla civil. Así lo asumen los trabajadores que, sin
embargo, no ocultan su malestar por todo lo que está ocurriendo en el plano
laboral, con incumplimientos flagrantes, denuncian, del convenio bilateral
firmado con EEUU hace ya seis décadas (1953) y que se tradujo por primera vez
en un convenio laboral hace veinte años, en 1997.
Los últimos datos oficiales, de
2014, señalan que en la Base Naval de Rota trabajan 4.975 trabajadores
españoles y 3.880 norteamericanos. La mayoría son militares, casi el doble españoles
que estadounidenses en una base de uso compartido. Una parte importante de esa
plantilla son civiles. Según el comité de empresa, ahora mismo quedan 900
trabajadores de los 1.300 fijos de plantilla de años atrás, contratados por el
Ministerio de Defensa español pero cedidos a los americanos. No es eso lo que
dice el convenio bilateral. Tampoco lo que les prometieron cuando se firmó, en
2011 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el despliegue de cuatro
buques del escudo antimisiles atracados en los muelles de la base naval, claves
en la capacidad defensiva de la OTAN, que aseguraron iba a multiplicar el
empleo.
Huelga en el aeropuerto
Los puestos de trabajo se están
amortizando conforme llegan las jubilaciones. Estados Unidos opta por las contratas
para servicios esenciales y eso incrementa los conflictos. El último está
protagonizado por el personal del aeropuerto, adjudicado a la empresa
norteamericana Louis Berger. “Tiraron los precios, casi cuatro millones de
euros menos, para llevarse la adjudicación y al llegar anunciaron 45 despidos,
13 ya ejecutados, y pusieron en marcha recortes graves desde un punto de vista
salarial, del 22%, y de derechos laborales”, señalan desde el comité de empresa
de la base naval.
A las puertas de entrada las
pancartas y los carteles dan muestra de las protestas. Los trabajadores
convocaron paros parciales de cuatro horas por cada uno de los tres turnos de
trabajo los días 29, 30 y 31 de marzo, 5, 6 y 7 de abril, 19, 20 y 21 de abril,
y 26, 27 y 28 de abril. La huelga está siendo secundada por un 95 por ciento de
la plantilla, informan desde CCOO.
Los trabajadores de la contrata
americana Louis Berger tienen aprobado un calendario de paros y huelga en un
momento esencial para EEUU
La precarización de los puestos
de trabajo que caen en manos de las contratas es evidente, defienden desde la
plantilla civil. “Todo esto quien lo permite es el Gobierno español que no se
planta ni se atreve a decir nada a sus socios”, insiste el portavoz del comité
de empresa. El convenio bilateral señala que el porcentaje de la plantilla
civil debe respetar un 70% de españoles y un 30% de americanos. Ahora mismo hay
unos 900 españoles y unos 500, no se difunden datos oficiales porque son
“reservados”, norteamericanos. “Deberían crearse 400 empleos directos más de
civiles españoles para cumplir esa proporción”, señala Chacón, una cifra que
sería fundamental en una comarca gaditana donde las tasas de paro superan el
30%.
Readmisión de un civil
Los ánimos están más que
caldeados contra el Gobierno español en la plantilla civil de una base clave en
el Mediterráneo, con un movimiento anual aéreo de unos 13.500 pasajeros y el
acceso diario de 18.000 personas y 8.000 vehículos, según los datos oficiales.
El último conflicto que ha
disparado la tensión afecta al caso concreto de un trabajador que fue despedido
tras la apertura de un expediente disciplinario abierto por el Ministerio de
Defensa español a petición de EEUU. El despido se ejecutó y el trabajador,
Rafael Romero, acudió a los tribunales donde ganó todos los pleitos y ya, sin
posibilidad de recurso, tiene en su mano una sentencia que obliga a su
readmisión inmediata en el mismo puesto y con las mismas responsabilidades que
antes de su despido. Nadie ha ordenado que se cumpla la sentencia, lamentan los
trabajadores. Él se ha dirigido al Rey de España sin respuesta. “Las sentencias
firmes hay que cumplirlas. El propio fiscal general de EEUU, dice ‘nadie está
por encima de la justicia ni de la ley, incluso ni el presidente’, ni en España
tampoco. Tengan la dignidad de pedir disculpas”, reclama Romero. Ni la parte
americana atiende lo que dicen los tribunales españoles en última instancia ni
el Ministerio de Defensa obliga a sus ‘socios’ a la readmisión. “Y así todo”,
agrega Chacón como representante de los trabajadores.
El comité de empresa ultima
argumentos jurídicos para que Podemos y PSOE eleven un recurso de
inconstitucionalidad desde el Congreso
La plantilla civil dependiente
del Ministerio alberga una última esperanza. A finales de abril se reunirán con
el diputado de Podemos por Cádiz en la comisión de Defensa, el exguardia civil
Juan Antonio Delgado. El comité de empresa reclama que se interponga un recurso
de inconstitucionalidad, que requeriría de 50 diputados, por vulneración del artículo
37 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la negociación
colectiva laboral. También tienen diálogo abierto con el PSOE.
Los empleados civiles, adscritos
al Ministerio de Defensa y al servicio de EEUU, tiene una situación muy particular.
Se rigen por el tratado bilateral que fija el uso compartido de la base naval,
que tiene rango jerárquico superior a cualquier ley española pero inferior a la
Constitución, recuerdan los trabajadores. Ese tratado impide a la plantilla
negociar sus salarios o sus jornadas y dicta que “no es materia de negociación
sino una discrecionalidad de las fuerzas armadas de los EEUU”. “Nosotros no
somos militares, somos personal laboral contratado por el Ministerio de Defensa
y tenemos que tener plena capacidad de negociación”, reivindican desde el
comité. Trump tiene todo un polvorín laboral en su base geoestratégica para
derribar el régimen sirio.
Díaz rechaza la intervención unilateral y Podemos pide explicaciones
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, señaló sobre el bombardeo perpetrado por las fuerzas de
Estados Unidos en la provincia siria de Homs que ella "nunca" estará
"a favor" de las "intervenciones unilaterales", sino que
este tipo de decisiones hay que adoptarlas "en el marco de Naciones
Unidas", y condenó al mismo tiempo el reciente "ataque con armas
químicas" en Siria. "Desde Rota no ha sido. Seamos correctos, no vaya
a ser que entremos también en la postverdad en este tema", apuntó Díaz,
quien insistió en que "del pasado hay que aprender y de los errores
cometidos también y nunca las intervenciones unilaterales son útiles".
La coordinadora general de
Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, preguntó al Gobierno de Susana Díaz si
tenía conocimiento de que el ataque perpetrado “de manera unilateral” por parte
de Estados Unidos en Siria “se ha realizado desde el portaaviones que tiene su
base en Rota (Cádiz)”. Exigió a la jefa del Ejecutivo andaluz, “que ayer estaba
en Cataluña y hoy en Extremadura, que preste un poco de atención en su apretada
agenda interna para atender y compartir la preocupación que tenemos los
andaluces con que esta escalada bélica pueda partir de la base de Rota, desde
nuestro propio territorio, poniendo en riesgo también nuestra propia
seguridad”, señaló.
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