"Es lo más duro que he
visto": la fosa de Puerto Real como ejemplo del terror franquista
"Es lo más duro que he
visto", dice un miembro del equipo arqueológico que participa en la
exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Puerto Real (Cádiz).
Con un centenar de personas localizadas, y lo que queda, es la mayor fosa común
abierta hasta ahora en la provincia gaditana.
La dureza de las imágenes no
llega tan solo por el número de asesinados que yacen en la sepultura. Las
abundantes evidencias de muerte violenta muestran ensañamiento de los golpistas
en el momento previo a las ejecuciones. Muertos a balazos en la tapia, tirados
junto a la vía del tren para servir de escarmiento, arrojados a la fosa,
cadáveres cubiertos en cal viva para facilitar la descomposición.
Casi 80 años después de los
asesinatos, los restos óseos muestran que hubo tortura, fracturas peri
mortem... episodios infernales. Oculta, en una montonera de huesos, la tumba
colectiva se reivindica como prueba de los crímenes de lesa humanidad cometidos
por el franquismo. No hubo guerra en Puerto Real, pero sí una carnicería que
acabó con cientos de vidas en el pueblo y otros como San Fernando, El Puerto de
Santa María, Cádiz o Chiclana de la Frontera.
El trabajo en el camposanto aborda
una segunda fase que arrancó en diciembre. La primera, en 2014, recuperó a 35
víctimas. En la actualidad hay 100
cuerpos localizados. Y queda una tercera intervención, en la misma fosa, a lo
largo de este mismo año. Una exhumación de la dirección general de Memoria
Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, promovida por
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, y en
la que participan la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento puertorrealeño.
"Un día le dijeron a mi
madre que no volviera más, que no hacía falta"
"En esta fosa están mis tres
tíos, hermanos de mi madre. Eran hijos de Cayetano Roldán Moreno, mi abuelo,
último alcalde republicano de San Fernando. A todos los mataron. ¿Razones?
Ninguna", dice Juan Manuel Fernández Roldán. Es uno de los familiares de
víctimas del terror golpista que visitan el trabajo de recuperación de la
memoria que se realiza en el cementerio de San Roque.
Enrique Fernández Infante busca a
su abuelo, Andrés. Quizás esté entre los restos que aparecen en una fosa que
acoge como destino final a ejecutados de diferentes poblaciones de la Bahía de
Cádiz. "Mi madre vio cómo lo detuvieron y lo subieron, junto con otras dos
personas, en un camión salinero. Siempre dijo que lo llevaron al cementerio de
Puerto Real". Andrés Infante era maestro en la escuela de aprendices.
"Mi padre se ganaba la vida
con el periodismo, tenía una librería… lo que hicieron con él fue un asesinato
puro y duro", relata Elena Fernández Muñoz, hija de José María Fernández
Gómez, alcalde de Puerto Real. "Fue detenido sin orden en su despacho,
trasladado al penal de El Puerto donde permaneció un mes, y un día le dijeron a
mi madre que no volviera más, que no hacía falta. Tenía 33 años".
Cádiz, modelo de colaboración
institucional
La provincia gaditana es un
ejemplo del "principio de colaboración" que señala el director
general de Memoria Democrática de la Junta,
Javier Giráldez. La exhumación de fosas como "importante" labor
"que estamos haciendo entre todos pero falta un elemento fundamental que
es el Gobierno del Estado, que hace cuatro años no aporta ni un solo recurso y
es una pena", subraya.
La Diputación de Cádiz, por su
parte, ha restablecido el servicio de Memoria Histórica coordinado por Carlos Perales e inactivo en el mandato
2011-2015 por decisión del anterior equipo de Gobierno de la Corporación
Provincial, en manos del PP. La colaboración del ente en el estudio
antropológico de los restos hallados "traslada" el "compromiso
real con todas las víctimas y familiares", en palabras de la diputada Elena Anaya.
En la exhumación de la fosa común
del cementerio de Puerto Real "encontramos todas las evidencias de lo que
a todas luces son crímenes de lesa humanidad", dice el arqueólogo Jesús
Román
El Ayuntamiento de Puerto Real,
por su parte, aporta personal y maquinaria municipal necesaria en la tarea
arqueológica. "Con sus manos –el equipo técnico– están desenterrando
cadáveres, cuerpos, y también la verdad, la justicia, el reencuentro con sus
seres queridos", manifiesta el concejal
Juan Antonio Pontones.
De los ejecutados que aparecen en
la excavación de la fosa común, "el 90 por ciento de ellos tienen
episodios violentos, huesos rotos antes y durante la hora de la muerte",
detalla el presidente de la ARMH puertorrealeña, Francisco Aragón. Para la asociación "y
los familiares", dice, el trabajo exhumatorio supone "culminar unos
objetivos que nos propusimos desde el año 2003".
La mayor sepultura ilegal abierta
en Cádiz, en espera de intervenir en otras como la de Jerez de la Frontera o la
propia capital gaditana, como ejemplo de la suma del empuje de la sociedad
civil y la colaboración institucional. Con el Gobierno de la Nación mirando
hacia otro lado. "Estas personas, las víctimas, son de todos", traza
Javier Giráldez.
"Ya el año pasado, en la
intervención anterior, recuperamos 35 cuerpos", según el arqueólogo Jesús Román, director de una exhumación que
cuenta con los antropólogos Juan Manuel
Guijo y Juan Carlos Pecero. En aquel
momento, otras tres víctimas quedaron "perfiladas", como indicio de
la continuación de la fosa. A la tercera fase se llegará con más de 100
individuos localizados y la cifra final será una incógnita hasta el último
momento. Lo que está claro, precisa Román, "es que encontramos todas las
evidencias de lo que a todas luces son crímenes de lesa humanidad".
Juan Miguel Baquero
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