Una jueza de Soria ordena buscar
a dos generales franquistas por un fusilamiento de 1936
La inmensa mayoría de jueces que
reciben una denuncia por un asesinato de la represión franquista no admite la
denuncia. El resto, la admite pero inmediatamente la archiva siguiendo las
directrices judiciales que se establecieron en 2008, cuando Garzón fue
expulsado de la Audiencia Nacional por investigar estos crímenes.
Pero a veces hay excepciones como
el de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), que ha
reclamado el paradero de los responsables militares del asesinato de 10 civiles
en Barcones (Soria) en la mañana del 14 de agosto de 1936. La jueza quiere
saber qué ocurrió y por eso ha pedido la declaración de los supuestos
culpables, en caso de estar vivos, y la documentación de la represión en la
zona que tenga el Archivo Histórico Provincial de Soria y el Archivo de
Salamanca.
La asociación Recuerdo y Dignidad
de Soria acudió al juzgado en julio de 2013, una semana antes de que el equipo
del médico forense Francisco Etxeberria comenzará a buscar a las víctimas.
"Admitieron la denuncia pero acabó archivada porque decían que nadie era
culpable de aquello. Acabamos recurriendo hasta al Tribunal Constitucional,
pero ya no sabíamos qué hacer, hasta que nos dimos cuenta de que sí que
existían pruebas para investigar quiénes fueron los responsables. El pasado
marzo presentamos documentación de las cárceles y testimonios para la
reapertura del caso y el 1 de junio nos hemos llevado la sorpresa", explica
Iván Aparicio, portavoz de la asociación.
Un telefonista, un concejal de
Cultura...
Entre las 10 víctimas de aquella
mañana del 14 de agosto de 1936 había un jornalero, un telefonista, un
guardabarreras e incluso un concejal de Cultura. De ellos, seis eran vecinos de
San Esteban de Gormaz. Fueron sacados de la cárcel de Burgo de Osma en un
camión al que subieron por el camino a otros cuatro sindicalistas de CNT. En
una cuneta de Almazán fueron fusilados de dos en dos. La exhumación organizada
en 2013 consiguió recuperar seis cuerpos.
El resto están desaparecidos. La
asociación pagó las pruebas genéticas y todos los gastos gracias a donaciones
privadas. "Una de ellas fue de 2.000 euros de un ciudadano de Barcelona;
Miquel. Una mañana, camino del trabajo, me escuchó en la radio contar lo que
estábamos haciendo y que no teníamos un duro. No se lo pensó y nos donó 2.000
euros. Cuando terminó la identificación de los cuerpos y se los entregamos a
los familiares le llamé para que viniera al acto. Me dijo que en ese momento
estaba en paro, pero que no se arrepentía del donativo, que lo volvería a
hacer", relata Aparicio.
La falta de dinero público para recuperar los restos que hijos y nietos
de fusilados reclaman a través de las asociaciones para la recuperación de la
memoria histórica es una constante desde que hace 13 años se recuperara el
primer cuerpo con métodos científicos. La escasez de subvenciones se ha
acentuado desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno y suspendió todas las
ayudas que el Gobierno socialista otorgó para estos proyectos. "Algunos se han acordado de su padre,
parece ser, cuando hay subvenciones", dijo el portavoz del PP en el
Congreso, Rafael Hernando. La Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) reclamó el pasado
miércoles en la Cámara la dimisión del diputado.
"La mayoría de las personas
octogenarias que tienen una madre o un padre desaparecido afirman que se podrán
morir tranquilas cuando los hayan encontrado y enterrado dignamente. Los nietos
y nietas de esos desaparecidos conocen el permanente dolor de sus padres y
madres, la angustia que han sufrido toda la vida por no poder llevar sus restos
a un lugar digno", denuncia la ARMH. "Esa es la razón por la que sus
declaraciones pueden considerarse crueles y degradantes", añaden.
Busca a dos generales de Franco
La jueza de Almazán ha reclamado
a la Policía Judicial que investigue el paradero del "Sr. General de la 5ª
Región Orgánica y Comandante Militar de Zaragoza, (en el momento del
nombramiento del Comandante Militar de Soria) Miguel Cabanellas Ferrer, así
como (en el momento de los asesinatos) el General Germán Gil y Yuste". El
juzgado quiere saber si "siguen vivos, para ser oídos, en su caso, en
declaración". Además ha reclamado los datos del entonces jefe de la
Comandancia Militar de Soria, Rafael Sevillano, así como el Gobernador Civil,
Ramón Enrique Casado García".
La ARMH acude siempre al juzgado
correspondiente cuando va a hacer una exhumación con el objetivo de implicar a
la Administración en la búsqueda, identificación y esclarecimiento de los
hechos. "La mayoría tira a la papelera la denuncia. Nos han dicho que
deberíamos denunciar a esos jueces porque están incumpliendo la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que obliga a que si aparecen unos cuerpos con signos
evidentes de muerte violenta se investiguen los hechos", detalla Emilio
Silva, presidente de la ARMH. En contadas ocasiones, la ARMH ha conseguido que
el juzgado pagara las pruebas de ADN como en Villablino (León) en 2002, en
Pepino (Toledo) en 2003 o en Otero de los Herreros (Segovia) en 2003.
Casi un lustro después, en
diciembre de 2007, el Gobierno aprobó la
Ley de la Memoria Histórica que nunca desarrolló sus artículos para que la
búsqueda de los restos, su exhumación y las pruebas genéticas fueran pagadas
por el Estado.
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