Martín Villa, la 'porra de la Transición', en busca y
captura
El 17 de noviembre, Rodolfo Martín Villa aparecía en público
por primera vez desde que la jueza María Servini de Cubría cursara la orden
de detención internacional contra él y otros 19 altos cargos del franquismo.
Ese día, Martín Villa acudió a un acto de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, en el que compartió mesa con el rey Juan Carlos de Borbón y con
Marcelino Oreja. A pesar de la orden de detención, el Gobierno español de
Mariano Rajoy ha paralizado, de momento, todos los trámites. Una vez más,
gracias a la Ley de Amnistía de 1977.
La orden de detención
Para que una querella salga a trámite hace falta que el
delito que se denuncia tenga culpables. Y las investigaciones llevadas a cabo
por la jueza Servini, en colaboración con numerosas organizaciones de memoria
histórica, así como con organizaciones sindicales como la CNT, han concluido
que hay indicios suficientes para considerar que algunos cargos del franquismo
todavía vivos tuvieron responsabilidad directa en los crímenes del régimen y de
la Transición.
En concreto, Rodolfo Martín Villa es acusado de la muerte de
cinco trabajadores en los llamados “sucesos de Vitoria” del 3 de marzo de
1976. En el trascurso de una huelga, los trabajadores se reunieron en la
iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga, en
la capital alavesa. La policía, que tenía órdenes de desalojar a los
manifestantes, lanzó gases lacrimógenos en el interior del edificio. A la
salida del templo, la policía disparó contra la multitud y asesinó a cinco de
ellos. Al menos 150 personas resultaron heridas de bala. En esos tiempos,
Martín Villa ejercía funciones de ministro de Relaciones Sindicales en el
Gobierno de Carlos Arias Navarro. La querella argentina lo considera
responsable directo de lo sucedido. Una responsabilidad que, según dictaminó
una comisión del Gobierno vasco en 2008, también comparte el difunto Manuel
Fraga, entonces ministro de Gobernación.
En la demanda argentina, junto a Martín Villa se pedía
también la detención de José Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Antonio
Carro y Antonio Barreda, acusados de firmar la ejecución del anarquista
Salvador Puig Antich. Antonio Carro también es acusado de validar la muerte de
los tres integrantes del FRAP y los dos de ETA fusilados el 27 de septiembre de
1975. Al resto de citados se les acusa de torturas contra militantes
antifranquistas. A estos casos hay que sumar las anteriores pesquisas, frenadas
también por el Gobierno, contra el expolicía Antonio González Pacheco, alias
Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas.
Carrera en el
franquismo
Martín Villa es la cara más conocida de los 19 altos cargos
reclamados por Servini. Vinculado al franquismo a través de sus estructuras
sindicales verticales, Martín Villa llegó a dirigir el Sindicato Español
Universitario y fue delegado de diversos sindicatos de la Central
Nacional-Sindicalista. Su carrera en el franquismo continuó como procurador en
las Cortes en varias legislaturas, así como dirigente de la Organización
Sindical y gobernador civil de Barcelona. A la muerte de Franco ejerció como
ministro de Relaciones Sindicales en el gabinete de Carlos Arias Navarro,
cargo que ocupaba cuando se produjeron los “sucesos de Vitoria”.
Otra de las acusaciones que pesan sobre Martín Villa es su
responsabilidad en el incendio del teatro Scala de Barcelona en 1978, cuando
era ministro de Gobernación durante el mandato de Adolfo Suárez. Martín Villa
siempre había mostrado una especial animadversión hacia el anarquismo. Se
cuenta que llegó a manifestar que para él era más preocupante el movimiento
libertario que ETA. Lo cierto es que la CNT sufrió infiltraciones policiales
que desembocaron en el incendio de la sala de fiestas Scala de Barcelona. Todo
en un momento en el que la organización anarcosindicalista estaba en plena
movilización contra los Pactos de la Moncloa. La represión que se ejerció
contra la CNT, así como las posteriores escisiones, dejaron mermadas las
fuerzas de una de las centrales sindicales que no habían entrado en el juego de
la Transición.
Tras su paso por la política, Martín Villa se dedicó a los
negocios. Entre 1997 y 2002 fue presidente de Endesa, cuando la empresa todavía
era parcialmente pública. Durante su gestión, se completó la privatización. En
2004, fue nombrado presidente de Sogecable, cargo que ocupó hasta 2010.
El peso de la Ley de
Amnistía
A pesar de la orden emitida contra Martín Villa, el
exministro de Arias Navarro y Adolfo Suárez ha salido del paso, negando
cualquier tipo de responsabilidad y afirmando que está dispuesto a declarar
ante la jueza argentina si así se estima. Igualmente puede que comparezca en
el Congreso de los Diputados.
Todas las órdenes de detención cursadas dentro de la
querella argentina han quedado frenadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El
Gobierno se ampara en la Ley de Amnistía de 1977, una norma que considera
prescritos todos los crímenes franquistas, que sólo liberó a 89 presos mientras
que dejó sin juicio a centenares de torturadores y responsables de crímenes
durante el franquismo. Sin embargo, según denuncian organismos internacionales
–como la propia ONU–, asociaciones de memoria y colectivos civiles, los
crímenes del franquismo son de lesa humanidad, por lo no hay ley nacional que
los haga prescribir.
Una inagotable fuente
de acusaciones
Conocido como la “porra de la Transición”, las acusaciones
sobre Rodolfo Martín Villa no se limitan a la masacre de Vitoria y al incendio
de la sala Scala de Barcelona. El famoso torturador Roberto Conesa –conocido
por la captura y ejecución de la “Trece Rosas”, por las torturas realizadas,
entre otros, a Marcelino Camacho y por su supuesta participación en el caso
Scala– trabajó bajo las órdenes de Martín Villa cuando era ministro de la
Gobernación.
Otra de las acusaciones que pesan sobre el expresidente de
Sogecable es su papel en el intento de asesinato del abogado canario Antonio
Cubillo, líder del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del
Archipiélago Canario (MPAIAC), en 1978. El mismo Cubillo, al regresar a España
en 1985, acusó directamente a Rodolfo Martín Villa del atentado. En su larga
carrera fue comisionado del Gobierno en el caso del Prestige y también
presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997).
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