Se declara inconstitucional el
Real Decreto-ley 13/2005, sobre cesión de bienes del patrimonio sindical
acumulado
El dia 20 de julio de 2016, se
hacía público la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado
por el Partido Popular contra el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre,
por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del
patrimonio sindical acumulado.
El Real Decreto-ley 13/2005 es
declarado inconstitucional por el Tribunal y, de esta forma, expulsado de la
legislación española. El fundamento para dictar esta sentencia de
inconstitucionalidad se encuentra en la vulneración del artículo 86.1 de la
Constitución Española, que regula las condiciones de recurso a la fórmula
legislativo de Decreto-ley.
El citado precepto establece que
en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales, que adoptarán la forma de
decretos-leyes. La extraordinaria y urgente necesidad a que alude el precepto
constitucional supone un requisito o presupuesto habilitante de inexcusable
concurrencia. El Tribunal, siguiendo la tesis reaccionaria sostenida por el
Partido Popular en su demanda, no considera que el retraso en la reparación de
la injusticia histórica que supuso la incautación de los bienes de las
organizaciones sindicales y la situación de incertidumbre en la titularidad de
tales bienes constituyan casos de extraordinaria y urgente necesidad. El
Tribunal se acoge también a los posicionamientos reaccionarios defendidos por
el Partido Popular y niega la inseguridad jurídica que generaba el indefinido
mantenimiento de incertidumbres sobre la titularidad de unos bienes y sobre la
cantidad que habría de satisfacerse por la restitución y los perjuicios que la
demora en resolver ésta ocasionaban a sus beneficiarios, limitando la capacidad
de actuación de unos sujetos, como los sindicatos, cuya actividad está
constitucionalmente reconocida, así como niega la urgente necesidad de la
reparación de una injusticia histórica.
La declaración de
inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 13/2005 anula todos los actos basados
en dicho decreto que no sean firmes, es decir, que anula todos los actos de
revisión sobre las devoluciones y compensaciones del patrimonio sindical
acumulado. Compete ahora al Tribunal Supremo dictar el alcance de la aplicación
de estas sentencia.
La Confederación Nacional del Trabajo
mantiene una gran cantidad de recursos pendientes de resolver en el Tribunal
Supremo desde 2006. Son ya diez años esperando la resolución de unas
devoluciones escasas, incluso ridículas comparadas con la cantidad compensada a
UGT, y parece que este retraso va a verse aumentado.
Desde la Confederación Nacional
del Trabajo debemos criticar la vergonzosa dilación del proceso por parte del
Tribunal Constitucional que ha tardado diez años en dictar una sentencia
ridícula, que ni siquiera entra a resolver la totalidad de cuestiones
planteadas y, en las que sí que resuelve, asume y copia la totalidad de las
tesis aducidas por el Partido Popular.
Es evidente que se trata de una
sentencia política, que continúa las tesis reaccionarias defendidas por el
Partido Popular sobre el patrimonio y la memoria histórica, las tesis de
aquellos que disfrutaron de cuarenta años de victoria dictatorial y que llevan
otros cuarenta administrando otra victoria, la del fin de la dictadura y el
inicio de una democracia que dejaba a todos en el mismo lugar: los golpistas y
sus hijos gobernando; las víctimas y sus hijos derrotados, calumniados,
olvidados.
Es de notar cómo la declaración
de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 13/2005 por un error técnico y
político del gobierno de turno desemboca en la injusticia de que a 80 años del
golpe militar de 1936 sigan sin resolverse la devolución del patrimonio
incautado. Hay que recordar que el golpe fascista que desembocó en una guerra y
una dictadura criminales tuvo también un importante componente de clase y
económico. Los golpistas no se contentaron con la ilegalización y persecución
de las organizaciones obreras, entre las que la de mayor importancia,
implantación, desarrollo y pulso revolucionario era la CNT. Los golpistas no
solo asesinaron y encarcelaron a los militantes obreros, sino que también
incantauron todos sus bienes y los de sus organizaciones, que fueron puestos al
servicio de la nueva política fascista.
La restitución de estos bienes es
parte fundamental en la reparación de los daños ocasionados por estos golpistas
asesinos. La Confederación Nacional del Trabajo seguiremos reclamando la
devolución íntegra del patrimonio de nuestra organización en 1936, y exigimos
la puesta en marcha de fromas de reparación de esta injusticia histórica que
continúa hasta nuestros días.
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