La nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos Públicos del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el pasado viernes, contempla sanciones de hasta 750 euros por actividades como ensuciar las calles al regar las plantas. Idéntica sanción merecen otras actuaciones como depositar residuos fuera de las papeleras, dar de comer a los animales en la vía pública, abandonar trastos viejos en las aceras o hurgar en la basura. Ante ello, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha denunciado "la ofensiva recaudatoria" del Ayuntamiento de la capital y solicita la derogación de esta normativa
Desde la Federación vecinal señalaron que esta ley es "la prueba manifiesta de la incapacidad del Consistorio para hacer frente a la crisis de los ingresos municipales, agravada por la millonaria deuda contraída por el actual equipo de Gobierno".Así, señalaron que la medida es "un ejercicio de voracidad recaudatoria" que, bajo la coartada de garantizar la protección del medio ambiente, castiga económicamente prácticas cuyas consecuencias suponen un "perjuicio ecológico mínimo". Por último, FRAVM recordó que esta iniciativa municipal está "promovida por un Ayuntamiento cuya política urbanística se basa en un modelo desarrollista insostenible desde el punto de vista medioambiental, centrado en la construcción de grandes infraestructuras, muchas de las cuales constituyen auténticos atentados ecológicos, como la remodelación de la M-30 o la constante destrucción de zonas verdes".
Desde la Federación vecinal señalaron que esta ley es "la prueba manifiesta de la incapacidad del Consistorio para hacer frente a la crisis de los ingresos municipales, agravada por la millonaria deuda contraída por el actual equipo de Gobierno".Así, señalaron que la medida es "un ejercicio de voracidad recaudatoria" que, bajo la coartada de garantizar la protección del medio ambiente, castiga económicamente prácticas cuyas consecuencias suponen un "perjuicio ecológico mínimo". Por último, FRAVM recordó que esta iniciativa municipal está "promovida por un Ayuntamiento cuya política urbanística se basa en un modelo desarrollista insostenible desde el punto de vista medioambiental, centrado en la construcción de grandes infraestructuras, muchas de las cuales constituyen auténticos atentados ecológicos, como la remodelación de la M-30 o la constante destrucción de zonas verdes".
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