El Alcalde y sus parcelas

Lo primero que hizo Juan González Miramón tras sumar una nueva mayoría absoluta para el PP en las municipales de 2007 fue subirse el sueldo un 20 por ciento, hasta 83.000 euros anuales. El alcalde de Villanueva del Pardillo, localidad que no llega a los 20.000 habitantes, se convirtió en uno de los regidores mejor pagados de España. Aun así, a Eduardo Fernández, líder socialista de Villanueva del Pardillo (Madrid), no le salen las cuentas: “El incremento patrimonial del alcalde y el tren de vida de su familia no cuadran con sus ingresos”. Los bienes del clan González son motivo de conversación en la localidad madrileña, desde que el director general de la constructora Dico, David Merino, en declaraciones a interviú hace dos semanas, señalara al hijo del alcalde como perceptor de comisiones.Miramón, que fue constructor antes que alcalde –puesto del que no ha sido desbancado desde 1991– vive en un chalé de más de 300 metros cuadrados en su pueblo, una vivienda de la que, curiosamente, no hay rastro en el Registro de la Propiedad. El patrimonio inmobiliario del alcalde –que se ha negado a confirmar o desmentir ningún extremo; sólo ha dirigido a esta revista una frase: “Todo lo que publiquéis pasará por los servicios jurídicos del Ayuntamiento”– está a nombre de su esposa, Isabel Quebrada. Nunca ha tenido un trabajo regular, pero es dueña de cinco parcelas de 700 metros cuadrados cada una en la urbanización Las Vegas, ilegal por carecer de plan parcial. La recalificación de los terrenos de la urbanización multiplicó el valor de esas cinco parcelas hasta 1,3 millones de euros. Hoy, parcelas similares cuestan 270.000 euros. Isabel Quebrada declaró en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial que compró las tierras en 1988: “Por tres millones de pesetas que me dio mi padre”, precisó. Pese a que su esposa era beneficiaria de la recalificación, el alcalde no se abstuvo en la votación. Desde el Ayuntamiento puntualizan que la causa que aludía a la esposa “fue sobreseída y archivada en julio de 2006”. El grupo Dico tuvo intereses inmobiliarios en la misma urbanización, donde compró y vendió parcelas. Quebrada también posee en Villanueva un piso y un despacho adquiridos en 1999 y 2003. El hijo de la pareja, Jesús González, conduce un Range Rover de unos 80.000 euros, coche que, según el ex directivo de Dico David Merino, le salió barato: “En Villanueva del Pardillo se pagó una comisión por medio de una factura falsa para que el hijo el hijo del alcalde se comprara un cochazo”, aseguró a interviú. El hijo del alcalde no contestó a las preguntas de esta revista en su día, pero sí lo ha hecho una semana después, diciendo por escrito: “Yo no soy propietario de ningún vehículo, tal y como pueden comprobar en los registros de la Dirección General de Tráfico. No obstante, el vehículo que yo utilizo es propiedad de una sociedad de la que soy administrador único”. En los registros de Tráfico, efectivamente, figura el coche a nombre de Codipar Servicios Integrales de Limpieza, firma propiedad de González Quebrada. Y también figuran más cosas: cinco embargos sobre el vehículo y cuatro precintos de juzgados de lo social por impagos. El portavoz socialista de Villanueva del Pardillo define el estilo de gobierno de González como “caciquil”: “Ha creado una red clientelar metiendo en el ayuntamiento a sus amigos y concediendo los contratos siempre a los mismos constructores. Esto parece Sicilia”, asevera Eduardo Fernández, quien va a pedir la comparecencia del alcalde “para que aclare las acusaciones de corrupción, en beneficio del pueblo”.Uno de los constructores predilectos de González es Fidel San Román, imputado en la operación Malaya. Fijo en las promociones inmobiliarias que han transformado Villanueva del Pardillo en los últimos años, San Román se construyó su ostentosa mansión Belleza y poder en la urbanización Las Vegas después de que el ayuntamiento de González Miramón le recalificara los 55.000 metros cuadrados de la parcela sobre la que se levanta ésa y otras edificaciones. González fue inhabilitado de su cargo dos meses en 1997 por un delito de prevaricación al presionar al propietario de un restaurante arrendado en una finca propiedad del ayuntamiento.