Una deuda de 35 millones de euros, un descenso de ingresos de más del 50% por la caída de la actividad económica, una notable disminución en la recaudación de impuestos y una plantilla con un excedente de 300 personas. Es más de lo que se puede permitir el Ayuntamiento de un municipio de 30.000 habitantes: Arcos de la Frontera (Cádiz).
Después de años de impagos y excesos, la alcaldesa serrana, Josefa Caro (PSOE), ha decidido poner pie en pared. Tras tocar el sillón consistorial, en 2003, aprobó un plan de saneamiento. Desde entonces, ha reducido la deuda global en un 30%, los históricos impagos a la Seguridad Social acumulados por los regidores precedentes (ambos del PP) en 4,5 millones de euros y la deuda con los acreedores en otros cinco millones más.
Aun así, los recibos devoran la escasa liquidez de un Consistorio que no dispone de fondos para abonar las nóminas de los trabajadores. Sin ir más lejos, y por primera vez en 25 años, el pago de los salarios de octubre y noviembre se retrasó hasta mediados de diciembre.
Después de intensas negociaciones, la delegada municipal de Hacienda y Personal, Ana González, de la mano de los sindicatos, se propone concluir, en tres meses, un proceso de reestructuración de personal que tiene como punto y final un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En 2007 el concejo arcense sumaba una plantilla de 700 personas y en 2009 la cifra debe reducirse a 400, personal necesario, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) encargada por el Consistorio. En la administración hay "temor e incertidumbre" entre los trabajadores, que, sin embargo, reconocen una situación económica "inasumible y muy perjudicial".
A la espera de la celebración de un concurso público, ya se han registrado recortes. Se han firmado 15 jubilaciones y prejubilaciones, no renovaciones y el despido de 20 trabajadores que tenían contratos temporales. Llegarán más medidas traumáticas, ya que el objetivo final es reducir la plantilla a 350 funcionarios interinos y 54 indefinidos mayores de 55 años.
De hecho, los aspirantes a las plazas que no pasen el concurso público se verán afectados por el ERE, o bien con despidos, o bien con suspensiones temporales condicionadas a la salida del Ayuntamiento con jubilaciones o prejubilaciones.
Los sindicatos advierten de que hay servicios públicos, como el de la limpieza, que van a acumular un déficit de personal de hasta el 30%, pero, al tiempo, apoyan las medidas adoptadas por el Gobierno. "Sabemos que el Ayuntamiento, económicamente, está mal", arguye Francisco Huerta, secretario local de UGT en Arcos.
Y no hay que rebuscar demasiado. Falta material en la oficina de intervención. Algunas dependencias siguen sin teléfono ni Internet o fax por el impago de parte de la factura corriente y atrasada. La semana pasada, ex empleados no podían llevarse bajo el brazo los certificados de trabajo porque a la impresora le faltaba el tóner.
Tras históricos excesos llegan los temidos recortes. "Todo el mundo sabe que esto tenía que acabar, pero ahora nadie quiere que le toque", resume Huerta.
Aun así, los recibos devoran la escasa liquidez de un Consistorio que no dispone de fondos para abonar las nóminas de los trabajadores. Sin ir más lejos, y por primera vez en 25 años, el pago de los salarios de octubre y noviembre se retrasó hasta mediados de diciembre.
Después de intensas negociaciones, la delegada municipal de Hacienda y Personal, Ana González, de la mano de los sindicatos, se propone concluir, en tres meses, un proceso de reestructuración de personal que tiene como punto y final un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En 2007 el concejo arcense sumaba una plantilla de 700 personas y en 2009 la cifra debe reducirse a 400, personal necesario, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) encargada por el Consistorio. En la administración hay "temor e incertidumbre" entre los trabajadores, que, sin embargo, reconocen una situación económica "inasumible y muy perjudicial".
A la espera de la celebración de un concurso público, ya se han registrado recortes. Se han firmado 15 jubilaciones y prejubilaciones, no renovaciones y el despido de 20 trabajadores que tenían contratos temporales. Llegarán más medidas traumáticas, ya que el objetivo final es reducir la plantilla a 350 funcionarios interinos y 54 indefinidos mayores de 55 años.
De hecho, los aspirantes a las plazas que no pasen el concurso público se verán afectados por el ERE, o bien con despidos, o bien con suspensiones temporales condicionadas a la salida del Ayuntamiento con jubilaciones o prejubilaciones.
Los sindicatos advierten de que hay servicios públicos, como el de la limpieza, que van a acumular un déficit de personal de hasta el 30%, pero, al tiempo, apoyan las medidas adoptadas por el Gobierno. "Sabemos que el Ayuntamiento, económicamente, está mal", arguye Francisco Huerta, secretario local de UGT en Arcos.
Y no hay que rebuscar demasiado. Falta material en la oficina de intervención. Algunas dependencias siguen sin teléfono ni Internet o fax por el impago de parte de la factura corriente y atrasada. La semana pasada, ex empleados no podían llevarse bajo el brazo los certificados de trabajo porque a la impresora le faltaba el tóner.
Tras históricos excesos llegan los temidos recortes. "Todo el mundo sabe que esto tenía que acabar, pero ahora nadie quiere que le toque", resume Huerta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario