El alcalde de Badajoz pide “sentido común” después de ocasionar un quebranto millonario a la ciudad

Para CNT es una desvergüenza que el Alcalde acuda a una manifestación contraria al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. CNT cree que el tema del “cubo” no deben gestionarlo quienes lo crearon. El alcalde trata de ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales. Responsabilidad personal y patrimonial de los políticos en caso de ilegalidades, pide CNT.
¿Alguien dejaría gestionar una empresa, un club o una asociación a quien la ha arruinado o deshecho? Es una pregunta retórica que se hace desde la CNT para mostrar su extrañeza por la actitud del Alcalde de la ciudad al intentar hacerse pasar por bombero cuando ha sido el culpable del fuego creado con el “cubo” de Biblioteconomía. El “sentido común” que el Alcalde pide ahora a la Asociación de Amigos de Badajoz (AAB) es el que él debería haber tenido hace años y que no solo no tuvo sino que, en un acto de soberbia política, trató de engañar a los tribunales haciendo modificaciones ad hoc en el plan de urbanización para “legalizar” a toro pasado una actuación urbanística ilegal. Para CNT, Miguel Celdrán no está éticamente capacitado para tratar de solucionar un problema que él y otros miembros de su corporación han creado, y mucho menos para dar consejos.
En una nota anterior, CNT pidió que las personas responsables de crear este problema pidieran perdón a la ciudad, reconocieran y valoraran el papel jugado por la AAB y se pusieran manos a la obra para buscar alternativas que fueran en dirección de recuperar para su uso y disfrute la zona afectada, pero lejos de eso, y en un acto casi de desacato a una sentencia del Supremo, el Alcalde se propone encabezar una manifestación, que si bien en palabras de sus convocantes es para mantener el “cubo” y recuperar espacios para la ciudad, no tiene otra finalidad que buscar la complicidad ciudadana a una gestión nefasta cuyo coste económico está aún por saberse, pero que nadie duda que será millonario.
Para CNT es una burla a toda la ciudadanía, y quizás a las leyes, que diga que no es el momento -¿y quien dice cuando lo es?- de buscar responsables porque, seguramente, no quiera tener que autonombrarse y, lógicamente, dimitir en un acto de vergüenza torera, ya que no cabría otra opción para una persona que va a ocasionar a sus conciudadanos un gasto millonario por una inexplicable actuación de soberbia política. Esta actitud del primer edil pacense no tiene otra explicación que el intentar ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales y tratar que los votos “limpien” su actuación, en un intento muy típico de los políticos de enfrentar votos contra sentencias judiciales y poder decir que ellos están “legitimados” por el pueblo y los jueces no. En este sentido, esperamos que la ejecución de la sentencia y el derribo del “cubo” pongan a Celdrán y a sus cómplices en su sitio y quede para la historia y los tribunales su nefasta actuación desde el principio hasta el final.
CNT insiste en que estas prácticas urbanísticas, ilegales por lo demás, que ocasionen un quebranto económico a los ciudadanos y ciudadanas deben ser investigadas de oficio por los fiscales anticorrupción, por si hubiera delito, así como que todos los gastos que ocasionen estas actuaciones deben ser pagadas de su bolsillo por los responsables, con ello lograríamos que más de un alcalde y un concejal de urbanismo se lo pensaran antes de estampar su firma en planes de urbanización, como se lo habría pensado Celdrán y compañía si hace años, cuando firmó el proyecto del “cubo” tuviera claro que también firmaba la asunción de una responsabilidad personal y patrimonial si el proyecto era declarado ilegal.

Ganado el juicio de modificación sustancial del puesto de trabajo de Juan Moreno

Tras ser readmitido por declararse el despido nulo, se ha conseguido una nueva sentencia favorable en este caso sobre la modificiación sustancial de su puesto de trabajo.
Antes de su despido, el compañero Juan Moreno estaba siendo acosado de diferentes maneras, una de ellas fue la suspensión temporal de su puesto de trabajo por tres días y otra fue su traslado de encargado de la limpieza viaria de tarde a conductor de camión de basura de noche.
Tras ser readmitido, aunque no le consienten que pise su puesto de trabajo y le pagan por no trabajar, una segunda sentencia le reconoce su categoría profesional y obliga a la empresa CESPA FERROVIAL a reconocerlo como encargado y abonar la diferencia.
Mientras tanto, el Alcalde consientiendo este caso de represión sindical reconocido judicialmente en el Servicio Municipal de Limpieza y le aumenta la contrata a la empresa por casi 250.000 dando su apoyo incondicional a los represores. Aún resuena en nuestros tímpanos las exclamaciones de el Primer Teniente Alcalde en el último pleno de julio. "No nos importa las condiciones de trabajo de los obreros siempre que la calle esté limpia" Pues parece que a los jueces les importa algo más este vecino del pueblo de Tomares que los políticos de Tomares.

La Junta de Portavoces y representantes de Puerto Sherry abordan la situación de los trabajadores despedidos del hotel

El lunes día 23 se celebró en el Ayuntamiento portuense una sesión de la Junta de Portavoces con representantes de la concesionaria de Puerto Sherry para abordar la situación de los trabajadores despedidos del hotel. Esta reunión responde al interés de toda la Corporación municipal por llegar a una solución beneficiosa para estos trabajadores.En el transcurso de la reunión, según señalan fuentes del Consistorio a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde Enrique Moresco, y todos los portavoces municipales, han trasladado a la concesionaria la necesidad de agotar todas las vías de negociación y diálogo con los trabajadores con el fin de evitar los despidos. Moresco ha instado a la empresa a seguir dialogando con los trabajadores despedidos y a evitar que se culmine el proceso de despido, más aún cuando está en proyecto la ampliación del hotel.El primer edil popular ha destacado la unidad de toda la Corporación municipal en la defensa de estos puestos de trabajo y en la petición a la empresa de que reconsidere su postura y dé marcha atrás.PSOE E IU LAMENTAN LA POSTURA DE LA CONCESIONARIAPor su parte, el portavoz del PSOE, Ignacio García de Quirós, ha lamentado el resultado de la reunión: “nos hemos encontrado con que la empresa mantiene una posición excesivamente estática basada en el criterio de que ya los trabajadores no pertenecen a la empresa, cuestión con la que no estamos en absoluto de acuerdo”.Los socialistas abogan por que la empresa “se siente con la plantilla para debatir el asunto hasta consensuar la readmisión inmediata de los ocho trabajadores despedidos”. Y es que, como añade el edil “toda aquella posición que no parta de este principio será entendida por nosotros como un enfrentamiento hacia los intereses generales de los portuenses, dado que en otros momentos hemos manifestado el apoyo incondicional al proyecto en el que vienen trabajando los nuevos gestores, y mucho nos tememos que ahora tengamos que alterar nuestra posición explicando a la opinión pública el por qué de nuestro cambio de actitud”.Desde el PSOE manifiestan que “toda aquella cuestión que no se quiere resolver con el diálogo es una imposición pura y dura y, desde luego, este tipo de comportamientos no se corresponde con los actuales tiempos. Por lo que exigimos un cambio de tono y de talante a la empresa para que dialogue y readmita a los trabajadores”. Y es que como señala García de Quirós “es inaudito que se pretendan excusar en que las pérdidas contraídas en este último ejercicio es achacable a los trabajadores, cuando hay aspectos sobre los que quizá habría que debatir: tales como la política de tasas en los atraques, la política de precios en los locales, o los estériles enfrentamientos con organismos federativos presentes en las instalaciones”.Igualmente, la portavoz de IU, Pepa Conde, ha tachado de “paripé” este encuentro “por la nula predisposición inicial de los empresarios de Puerto Sherry a negociar y a aportar soluciones a los despidos”.Esta formación denuncia “una estrategia empresarial perversa que nos inducen a pensar que ya tienen tomada definitivamente la decisión de los despidos”.La postura de IU, según Conde, ha sido “clara y tajante” en relación a exigir que no se despida a los trabajadores, poniendo de manifiesto cómo desde el Ayuntamiento se ha sido excesivamente complaciente en los últimos años con la empresa. IU siempre ha manifestado que había que garantizar junto a la viabilidad del proyecto, la conservación de los puestos de trabajo.Recuerda además esta formación que los trabajadores “han sido comprensivos renunciando a derechos sociales, como en el acuerdo de 2008, por el que pasaron de fijos a fijos discontinuos para garantizar la viabilidad de la empresa”. Para IU queda manifiestamente claro que la empresa “no respeta los acuerdos con los trabajadores y, exclusivamente, busca sus intereses económicos”.Pepa Conde tampoco entiende que se haya devuelto a los mismos empresarios que llevaron a la quiebra a Puerto Sherry las instalaciones actuales una vez resanadas por Autoridad Portuaria.

fuente: diariobahiadecadiz

!!! Vaya "peaso de convenio" despues de meses de duas negociaciones

La mesa negociadora del convenio provincial de Limpieza en Edificios y Locales integrada por representantes de la patronal de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Gaditana de Empresas de Limpieza (ASGEL) y de UGT y CCOO ha alcanzado finalmente el lunes día 23 un acuerdo en el Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos (Sercla), que permite desconvocar la huelga que estaba anunciada para los días 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.Después de meses de duras negociaciones, las partes han conseguido cerrar un convenio a tres años con subidas salariales de un 1,4% para el primer año, un 0,5% para el segundo y un 0,8% para el tercero. El acuerdo afecta a unos 6.000 trabajadores en la provincia gaditana.Por lo demás, el convenio se mantiene intacto aunque han conseguido incluir una cláusula adicional a una ya existente que obliga a las empresas de mayor tamaño a aplicar obligatoriamente el convenio de provincial de Cádiz a los trabajadores de empresas pequeñas que han sido absorbidas. Y es que como denuncia la Federación de Servicios (FES) de UGT, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “desde hace un par de años, las empresas grandes habían dejado de aplicar el convenio a los trabajadores”, por eso, “ahora garantizamos que sea cual sea la operación comercial entre empresas –absorción en la mayoría de los casos- los trabajadores van a seguir rigiéndose por su convenio principal”.

El funcionario isleño insiste en que no ha manipulado ni un dato de las cuentas

Once horas después de que el único detenido por el desfalco de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento isleño, el funcionario Clemente Ruiz García, hiciera su entrada en el Palacio de Justicia de San Fernando, volvía a salir camino de la prisión de Puerto II, después de prestar declaración por espacio de tres horas y media. Por la mañana, su pareja, Manuela Oneto, y la otra funcionaria imputada, María José Lebrero de Celis, habían hecho lo propio. Pero las más esperadas eran las palabras del abogado de la defensa Clemente, Ignacio Quintana, quien, instantes antes de las nueve y media de la noche, daba detalles acerca de lo ocurrido tras los muros del edificio.Las toma de declaración, apuntaba, se había centrado en los aspectos clave hasta ahora conocidos del caso. La Fiscalía ha puesto sobre la mesa documentación económica relativa a las cuentas municipales, datos muy específicos, señalaba Quintana, "y difíciles de defender teniendo en cuenta que nosotros no tenemos acceso a ella", apuntaba. Clemente, eso sí, y como en anteriores ocasiones, fue tajante en su defensa. "Ha insistido en que no ha manipulado ni un dato del Ayuntamiento". Volvió a señalar, una vez más, a tesorera e interventor. Y no sólo a ellos dos, sino también a otros compañeros de trabajo, según ha podido saber este periódico. El detenido dio incluso detalles de las facilidades de acceso a la caja municipal. Fue preguntado además al respecto de su relación con los marroquíes. "Y él ha vuelto a explicar que les une una relación de amistad, desde hace 15 años, fundamentada también en el hecho de que ambos tienen hijos con una discapacidad". Sobre su nivel de gasto, "lo ha justificado por todos sus ingresos", decía el abogado. Unos gastos que podrían ascender, sin embargo, a los 12.000 mensuales.Durante el tramo de la mañana la toma de declaraciones se centró en la esposa de Clemente García y en la otra funcionaria. Entraron y salieron juntas del Juzgado, a las diez menos veinte de la mañana y pasadas las tres de la tarde. Eso sí, los ánimos mostrados en ambos momentos fueron bien distintos. Así, a la calma de los primeros momentos le sucedió la consternación de la marcha, acompañadas por el abogado de la trabajadora municipal, Juan Manuel Priego. No quisieron hacer declaraciones y sólo la esposa, interrogada por los periodistas, tuvo unas contundentes palabras: "No os preocupéis, que ya hablaré cuando llegue el momento", espetaba. Porque, previamente, ésta había tenido que responder al cuestionario de la jueza, quien la interrogó acerca de su relación con los dos marroquíes, que se basaba en que Manuela había trabajado varios años en el negocio de uno de ellos, propietario de una tienda de quads, ya cerrada. Precisamente en el registro practicado durante el fin de semana han aparecido documentos de esta empresa, lo cual ha podido servir para completar el interrogatorio de ayer, que estaba sin embargo ya fijado desde el jueves. En cuanto a María José, las preguntas que se le han realizado han estado más vinculadas a su papel como funcionaria de caja. El cuestionario en este sentido se centró especialmente en su tarea profesional.

Una nueva denuncia reclama a Jenaro más de 646.000 euros

Uno de los socios de Jenaro Jiménez ha presentado el martes una denuncia contra el empresario que huyó a Paraguay en la que se le acusa de delitos societarios, falsificación de documentos mercantiles y apropiación indebida. Esta demanda es la continuación de la declaración que hizo en los juzgados de Algeciras cuando Jenaro estaba desaparecido. Se da la circunstancia de que esta denuncia se presentó justo dos días antes de que el Juzgado decretara la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de Jenaro.Esta es la denuncia que tiene un mayor valor económico ya que se le acusa a Jenaro Jiménez de apropiarse indebidamente de más de 646.000 euros en distintas operaciones que no justificó a la empresa Casas de Cádiz, que es la afectada. Jenaro Jiménez Hernández era el administrador único de la sociedad dedicada al negocio inmobiliario y poseía el 51% de las acciones, siendo el 49% restante de otros dos socios, uno de ellos el denunciante.En el tema de la apropiación indebida, de lo que se le acusa a Jenaro es de vender determinados bienes de Casas de Cádiz "apropiándose del precio o de parte del mismo, obtenido por dichas ventas".En la denuncia aparece una relación de las mismas. Por ejemplo, el 3 de mayo de 2005 Casas de Cádiz adquirió dos locales en el centro comercial de la urbanización Novo Sancti Petri en Chiclana. El 29 de marzo de 2006 Jenaro Jiménez firmó la venta por un importe total de 294.500 euros. Jiménez dijo que se había pagado una comisión de casi 5.000 euros que nunca se justificó y el beneficio final de la operación, 58.510 euros, nunca se ingresó en las cuentas de la sociedad.Esto sucede también con el resto de los casos. Así, entre mayo y agosto de 2006 Jiménez suscribió varios contratos privados por los que vendió las seis viviendas de una finca que estaba rehabilitando Casas de Cádiz en la calle Veedor 20. En concepto de señales entregadas por los compradores recibió 68.594,95 euros. Según la denuncia, tampoco entró en las cuentas.Con esto se generó además un problema añadido con la desaparición de Jenaro y es que estas señales tuvieron que ser devueltas a través de una poliza de la empresa a los compradores tras las reclamaciones judiciales que iniciaron. Esto hizo que el edificio se vendiera. Otra de las ventas sin justificar se produjo con una finca en la calle Nueva 38 de Jerez que generó 20.000 euros. La última se produjo el 27 de marzo de 2007 cuando vendió un local comercial de la jerezana plaza de Plateros. El precio de venta fue de 450.760 euros de los que Jenaro declaró haber recibido 60.889 euros en total en metálico, mientras que el resto, 389.871 euros, mediante tres cheques bancarios. Entre la cancelación de la hipoteca y demás debería haber quedado un saldo positivo de 316.061 euros que no figuró ingresado en ninguna de las cuentas de la sociedad. Además, tampoco consta liquidado el importe de IVA de esta operación.Por otro lado, el socio que ha denunciado le ha acusado de un delito societario por no haber hecho entrega de las cuentas correspondientes, pese a que se le requirió en numerosas ocasiones. Asimismo, se le acusa de haber falsificado documentos mercantiles simulando la celebración de juntas generales los días 30 de junio de 2006 y 2007, en las que supuestamente asistieron todos los socios y en las que se dio el visto bueno a las cuentas, algo que el denunciante demuestra que no fue así. Así, en un buró fax que remitió Jiménez al denunciante se le decía que la única junta general desde su nombramiento como administrador general fue el 22 de enero de 2007, por lo cual no pudo haberlas en las fechas anteriores. La del 22 de enero tampoco existió.El último de los temas es la existencia de la falsificación de una licencia de obras en Veedor 20, que fue descubierta cuando la finca se vendió a un tercero.

Trabajadores de Astilleros queman una barcaza y cortan el tráfico fluvial en Sevilla

La crisis de Astilleros ha encendido los ánimos de los trabajadores. En Sevilla, los empleados han cortado el tráfico fluvial al quemar una barcaza a la altura de la factoría, mientras que en Huelva han quemado neumáticos y gomas en el exterior de la planta.
De un lado, los trabajadores de la factoría de Sevilla reclaman a la empresa una actitud "más racional" y que acepte el plan propuesto por la Junta. La protesta se ha realizado al finalizar una reunión del comité de empresa.
Así, posteriormente, decidieron cortar el cauce del río mediante la botadura de una barcaza llena de contenedores con material inflamable, a la que se le prendió fuego, lo cual provocó el corte del tráfico fluvial a la altura de la factoría, en el llamado muelle de armamento.
Los trabajadores mostraron de nuevo su "desacuerdo" con la actitud de los actuales propietarios, a los que exigieron "una vez más" que cambie su "actitud irracional y basada en el interés personal, por una actitud más racional, y así se avengan a la hoja de ruta".
Incidentes en Huelva
Por su parte, alrededor de medio centenar de trabajadores de Astilleros de Huelva han protestado desde primeras horas de la mañana a las puertas de la factoría naval para reclamar el pago de las nóminas del mes de octubre, que no se hizo efectivo el pasado jueves.
En declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa, Isidro García, ha recordado que pese a que el compromiso de la compañía era abonar los salarios el jueves, pero "esto no se ha producido y no tenemos otra forma de reclamar que ésta".
Haciéndose escuchar y quemando neumáticos y gomas, estos trabajadores se encuentran en la factoría desde las 7 de la mañana, donde han indicado: "todos estamos muy cansados con la situación que atraviesa la compañía y si a eso le sumas que no se paguen las nóminas, pues los ánimos empeoran".
García ha precisado que mantendrán la protesta hasta que la empresa les dé una respuesta sobre cuándo piensa pagar los salarios a los trabajadores.

fuente: EFE

Detienen a 37 personas por un fraude bancario de más de tres millones de euros

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a un total de 37 personas como autoras de los presuntos delitos de estafa y falsificación documental.
Durante la operación, que se ha llevado a cabo en las localidades de Málaga, Torremolinos y Antequera, se han realizado registros domiciliarios en Alhaurín el Grande y en dos locales de una entidad financiera franquiciada ubicados en Málaga y Antequera. Además, se han analizado más de 20.000 archivos informáticos y numerosa documentación.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio del año pasado. Los investigadores tuvieron conocimiento de que se podrían estar cometiendo estafas bancarias masivas en distintos bancos y entidades financieras de la capital mediante la aportación de documentación falsa. Según las pesquisas, el importe de los préstamos obtenidos y en los que se ha detectado falsificación de los documentos aportados asciende a más de 3 millones de euros.
Para cometer los fraudes los detenidos presuntamente utilizaban dos métodos. En unos casos, se valían de personas con escasos recursos económicos, a las que les ofrecían la posibilidad de obtener un préstamo personal a cambio de una importante comisión por tramitar la operación.
Con tal fin la organización les facilitaba los documentos falsificados. En otros casos, y aprovechando la precariedad de la situación económica actual y la dificultad para conseguir financiación bancaria, captaban a numerosos clientes demandantes de un crédito hipotecario, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por parte de varias entidades financieras dado que su perfil económico no superaba los limites de riesgo establecido por ellas.
Una vez captados estos clientes y en base a esa necesidad económica, modificaban la documentación necesaria (nóminas, declaraciones de IRPF, vidas laborales, etc) y volvían a plantear la operación ante otras entidades de crédito, las cuales aceptaban la operación dado que la misma se encontraba dentro de los niveles de riesgo asumible por la entidad. En este caso igualmente cobraban una comisión esta vez inferior a la anterior.

'Me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas'

La investigación judicial sobre la presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena descubrió que el dinero supuestamente malversado por personal de confianza del alcalde -el también senador socialista Luis Moreno- se destinaba a sufragar los gastos derivados de las visitas a un afamado burdel de Marbella, el Milady Palace, situado en la carretera de Puerto Banús.
Lo confirman las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil por orden del juzgado, a las que ha tenido EL MUNDO.es. Reproducen los aspectos más reseñables de 62 conversaciones que tuvieron lugar entre el 30 de julio y el 4 de octubre de 2007.
"Una que está muuu buena"
Destaca una conversación intervenida el 6 de septiembre de aquel año al imputado Juan Díaz Pérez en la que habla con un trabajador del club de alterne antes de viajar a la Costa del Sol, interesándose por "cómo está por ahí el ambiente" y de si había "buenas tías".
Se presenta como "Juan el de Córdoba", y como su interlocutor no lo identifica, el trabajador baenense le recuerda: "Cojones, de allí de Milady, ¿no me conoces, cojones? Con la de veces que nos hemos bebío copas". Una vez lo identificado, se interesa por si está prestando sus servicios "una brasileña, una alta que estaba, que está muuu buena".
"A mí me da cosa"
Hay otra conversación en el sumario en la que también vuelve a evidenciarse el uso final que se el daba al dinero recaudado de las facturas falsas. En concreto, el 3 de agosto de 2007 se intervino una comunicación entre Rafael Santano, secretario del alcalde de Baena, y el citado Juan Díaz.
La preocupación de Santano es lograr dinero para no tener que pagar de su bolsillo los gastos de sus visitas al club de alterne de Marbella, ni en concepto de adelanto. Por eso intenta obtener liquidez con las supuestas facturas falsas, explicando a su acompañante: "A mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas".
Pese a todo, el alcalde de Baena, Luis Moreno, apelando al derecho a la presunción de inocencia de su secretario y el otro trabajador imputado, se ha negado en redondo a sancionarlos. Y eso que Luis Moreno está al tanto de todo lo que se trasluce de las escuchas, que revelan más prácticas corruptas de su personal de confianza.

Los dueños de las casas ilegales del Almanzora piden celeridad a la Junta

"Muchos de nosotros habremos muerto antes de que la situación de nuestras casas se solucione", sostiene Mike Phillips, dueño de uno de los 5.000 inmuebles fuera de ordenación que se contabilizan en el valle del Almanzora, al que pertenece el municipio de Arboleas. Su Ayuntamiento fue registrado esta semana por orden de un juez en busca de indicios de delitos urbanísticos.

Vivienda intenta ordenar el 95% de los más de 5.000 inmuebles.

Tras veranear varias veces en España, este ingeniero inglés jubilado decidió cumplir su sueño de vivir junto a la costa, e invirtió "los ahorros de una vida", unos 200.000 euros, en la adquisición de una vivienda en Albox, localidad a la que se trasladó junto a su mujer hace cinco años.
El idílico proyecto ideado por este matrimonio se convirtió en un espejismo en tan solo unos meses, cuando el empresario que le vendió su casa, bajo la promesa de que todo era legal, sencillamente desapareció al descubrirse el engaño. "No hemos podido disfrutar ni un solo día de nuestro retiro desde entonces", lamenta Phillips, quien ocupa la vicepresidencia de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, colectivo que aglutina a 400 de los miles de ciudadanos británicos que también se han visto afectados por la fiebre urbanizadora que se ha extendido en esta década por esta apartada y tranquila comarca.
Las denuncias por la supuesta construcción ilegal de viviendas en zonas no urbanizables de distintos municipios de la zona -entre ellos Albox, Partaloa, Arboleas o Zurgena- comenzaron a proliferar hace tres años. El alcalde de Zurgena y concejal de Urbanismo, ambos del Partido Andalucista, fueron detenidos por presunta corrupción urbanística en abril de 2008.
El colectivo británico, que calcula que los juzgados de Huércal-Overa investigan en estos momentos la situación de hasta 2.000 inmuebles, comenzó entonces a organizarse, remitiendo sus quejas al Parlamento Europeo y movilizándose para exigir soluciones a un desorden urbanístico que, además, ha condenado a cientos de vecinos a vivir sin luz o agua. Como les ocurre a Charles y Geraldine Day, un matrimonio afincado en una zona rústica de Albox, que considera que sus "derechos más básicos" están siendo "pisoteados" desde su traslado a Almería en 2006.
Para tratar de paliar esta situación, que se hizo especialmente compleja tras el derribo en enero de 2008 de la vivienda de una pareja británica domiciliada en Vera, en septiembre de ese mismo año la Junta y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín acordaron colaborar en la elaboración de planes de inspección que permitieran detectar la cantidad de viviendas irregulares y la situación exacta de cada una de ellas.
Esta iniciativa, aún inconclusa, permitirá -según las primeras estimaciones del delegado de Vivienda y Ordenación, Juan Caparrós- ordenar el 95% de estos inmuebles, lo que no ha evitado el recelo de la comunidad británica. Ésta ve aún muy lejana la solución a las viviendas edificadas en la zona al margen de la legalidad, que tanto los propietarios como Ecologistas en Acción cifran en más de 10.000. La justicia sigue su curso, con múltiples diligencias abiertas para determinar los delitos urbanísticos que se han cometido en la zona.

Convenio Colectivo del Campo provincia de Cadiz

Para ver el convenio pinche en el enlace pagina 20:

http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP224_23-11-09.pdf

Concierto flamenco: Juan Morena "El Patri" en el Ateneo Libertario de Villaverde

El próximo sábado 28 de Noviembre, lxs compañerxs de la Sección Sindical en el H.G.U. Gregorio Marañón organizan un concierto flamenco, con el cantaor Juan Morena "El Patri", en el Ateneo Libertario de Villaverde.
Desde las 19h estará abierta la cafetería, para dar paso al concierto a las 22h.
Los beneficios de la entrada (5€) serán destinados íntegramente a la financiación de dicha Sección Sindical.
Ateneo Libertario de VillaverdePaseo de Alberto Palacios, 2. MadridMetro y Renfe: Villaverde Alto

CHICLANA .El gobierno asegura que sigue abierto a escuchar a los propietarios de las AGB

Tras la celebración el sábado de la multitudinaria manifestación protagonizada por miles de vecinos del extrarradio en protesta por las Ordenanzas de Regularización de las Áreas de Gestión Básica, el equipo de gobierno ha valorado dicha protesta declarando que respeta profundamente a todos los que se manifestaron contra las Ordenanzas de regularización, y considera que están en su total derecho de expresar públicamente sus ideas.No obstante, desde el equipo de gobierno se lamenta que "los representantes de la Plataforma no hayan pedido, en ningún momento desde que hace meses se inició el proceso, una reunión con ningún miembro del equipo de gobierno, ni con el área de Urbanismo, con el fin de establecer un diálogo sobre el texto que recogen las Ordenanzas e intentar llegar a todos los acuerdos que sobre ellas fueran posibles".De cualquier manera, se asegura desde el Consistorio que "las puertas del Ayuntamiento siguen abiertas en igual medida que hace meses, esto es, de par en par, para recibir con la máxima celeridad posible a toda aquella persona o plataforma que desee se le facilite información del proceso de regularización y quiera aportar sus pareceres sobre el mismo".En lo que al proceso que se está siguiendo se refiere, el gobierno municipal incide en varios puntos entre los que destacan que: la regularización de cada zona sólo se pondrá en marcha con el visto bueno de la mayoría de los vecinos; el proceso de entrada en funcionamiento de los servicios puede limitarse a los de agua y luz; los vecinos participarán activamente en la elección de las empresas que realizarán las obras, para que velen por la consecución de los precios más bajos que sean posibles.También se quiere hacer hincapié por parte del gobierno en que, hasta el momento, después de numerosas reuniones con personas y colectivos implicados en este proceso, "se ha atendido la mayoría de las peticiones, y ha aumentado las ventajas para participar en la iniciativa, como anular los plazos para poner en marcha los servicios (estaba previsto hacerlo en tres años), fasearlos para que el pago se pueda hacer mucho más cómodamente, disminuir las cantidades a pagar al mínimo posible, etcétera. Además, se prosigue manteniendo negociaciones con entidades bancarias para que faciliten préstamos a un bajo interés y explorando cualquier otra medida que beneficie al proceso".El gobierno municipal insiste que, "en modo alguno es posible que el resto de los ciudadanos que ya pagaron por servicios como agua, luz, alcantarillado, etcétera para sus respectivas casas abonen nuevas cantidades para que quienes tienen una vivienda irregular dispongan de ellos sin pagarlos en su totalidad".Por último, los responsables municipales lamentan la posición de PP, PA y el concejal José Pedro Butrón, "que cuando gobernaban tenían la intención de poner en marcha unas Ordenanzas mucho más duras para este tipo de viviendas que obligarían a los vecinos a pagar más dinero por los servicios y a hacerlo en menos plazos y que, sin embargo ahora, con fines claramente electorales, engañan a los vecinos diciéndoles cosas totalmente diferentes a las que pretendían llevar a cabo". Lamenta, igualmente, la negativa de estas formaciones a dialogar sobre el proceso con el equipo de gobierno, recordando en este sentido que "han abandonado el foro dispuesto para ello, haciendo gala de una postura inflexible e intolerante".

Clemente Ruiz y María José Lebreros declaran de nuevo ante el juez

DESFALCO AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO (CADIZ)
Clemente Ruiz y María José Lebreros se encuentran en estos momentos declarando ante el juez en el Palacio de Justicia de San Fernando en pos de seguir esclareciendo aún más el caso del robo en la caja municipal. El primero de ellos ha llegado directamente desde Puerto II, donde está internado desde que el juez ordenara para él cárcel sin fianza, mientras que María José Lebreros permanece en libertad con cargos hasta el momento.

«Estupor» ante la inesperada libertad de Jenaro Jiménez

Ha sido tan poco prevista que incluso para los medios de comunicación ha pasado casi desapercibida. Este periódico pudo confirmar el sábado que el empresario Jenaro Jiménez había quedado en libertad provisional tras abonar una fianza de 3.000 euros. Jenaro había salido de prisión el pasado jueves y estuvo viviendo un par de días sin que nadie, salvo su círculo más cercano de familiares y amigos, supiera que había regresado de Puerto II. Hasta que el domingo, las páginas de LA VOZ informaran a muchos de los afectados de la nueva situación del empresario. Algunas de las primeras reacciones ante el cambio sustancial de medida cautelar del imputado han sido de «estupor» e «indignación» no sólo por su nueva situación sino por la escasa cuantía de la fianza, si se compara con el dinero que le reclama algunos de los afectados que siguen en el procedimiento.
Hay que recordar que de la lista de posibles víctimas de las supuestas estafas de Jenaro se fueron cayendo personas que consiguieron saldar sus deudas con la familia del empresario sin que mediara juicio. Pero de los que se mantienen en el procedimiento, algunos de ellos les costaba creerse la noticia de su libertad. Si bien prefieren conocer el auto del juez antes de pronunciarse en firme sobre esta última decisión judicial.

Escóznar, 11 años sin agua potable

En octubre de 1998, el alcalde de Íllora, municipio granadino del que es pedanía Escóznar, publicó un bando por el que advertía a los habitantes de esta última población que el alto contenido de nitrato detectado en las aguas que abastecían el pueblo no las hacían aptas para el consumo, ni en los hogares ni en las fuentes públicas. En octubre de 2007, la Consejería de Salud volvió a realizar el mismo diagnóstico, que reafirmó en marzo de este año.
Aproximadamente en la misma fecha, la Fiscalía Provincial de Granada archivó la denuncia de los vecinos basándose en la instalación de una fuente a un kilómetro en las afueras del pueblo, a medio camino de la localidad cercana de Obeila, de cuyo abastecimiento se nutre. En el interín, por los grifos de los habitantes de Escóznar sigue saliendo el mismo agua con alto contenido en nitratos, con la que al menos se duchan y lavan la ropa la mayoría de los vecinos «cuando no sale muy turbia».
El consumo para beber y cocinar tienen que atenderlo recorriendo la distancia hasta la fuente válida (hay otras tres fuentes que carecen de un aviso de que no son potables) o comprando el agua embotellada, que algunos usan para lavar cuando no les gusta el color de lo que sale por el grifo. El comentario de una vecina que sale del supermercado con un par de garrafas es: «Si llevamos ya toda la vida así».
Los vecinos, organizados en una plataforma, esperaban que los avisos de Salud sirvieran para que, hasta que solucionen el problema, se suministre agua potable por otros medios, tal y como consta en el escrito que redactó en 2007 la jefa del Servicio de Salud Pública de la provincia.
Malos olores y alergias
«El agua embotellada que tenemos», explica Cristóbal, presidente de la Comunidad de Regantes, «es porque vamos a comprarla, de manera que estamos pagando el agua dos veces, porque la factura de la empresa nos la cobra como potable». Una de sus reivindicaciones es que se deje de cobrar la diferencia e incluso «se devuelva lo que nos han cobrado de más». Los vecinos que se han negado a seguir pagando se han visto obligados a pagar tras ser bloqueadas sus cuentas, como le ha ocurrido a Alejandro varias veces. «Pago cuando ya no me queda más remedio. O me embargan la cuenta y tengo que pagar un 20 ó 30% más, o me rescinden el contrato; entonces no me queda más que agachar las orejas».
Comenta que «hay días que huele como si saliese de un estercolero y sale turbia. Ahora han limpiado el aljibe y se nota menos. Pero de donde coge el agua están ahora mismo las obras del AVE y llegan todos los barros de Íllora, filtrándose. Así que a veces ni para ducharse, y aun así, cuando está mejor, la gente que es alérgica sale picándole todo el cuerpo».
La solución ofrecida por las Administraciones es construir una depuradora. A Cristóbal no le convence. «En aguas con alto contenido de nitratos no son efectivas». Después de que la Fiscalía archivara la denuncia, piensan ir al Seprona de la Guardia Civil. «Queremos que certifiquen las irregularidades», insiste, «porque las fuentes habría que pensar en clausurarlas

El alcalde de Alhaurín de la Torre declarará en diciembre por unas oposiciones irregulares

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), declarará el 2 de diciembre, tras dos suspensiones, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga por unas denuncias en las que se afirma que las plazas de empleo del Ayuntamiento están concedidas con carácter previo a las pruebas.
Una de las denuncias presentadas en la Fiscalía que han dado lugar a este procedimiento, a la que ha tenido acceso Efe, indica que las plazas y pruebas que son "organizadas y creadas por el alcalde" a fin de utilizar el libre acceso a la función pública "como método caciquil de contratación en donde prima la pertenencia al partido político del PP, ser amigo del alcalde o los compromisos personales del mismo con la política o pago de favores".
La denuncia también señala que las convocatorias de Empleo Público que se realizan en Alhaurín de la Torre "tienen una larga trayectoria de irregularidades y fraudes organizados para evitar los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Se precisa que se realizan contratos temporales "por decisión del alcalde" y que "con la reiteración de contratos temporales en fraude de ley se conseguirán los puntos de experiencia suficiente" para la plaza definitiva.
Según la denuncia de un particular, se ofertan cursos de formación a los "elegidos" para que obtengan en formación la puntuación necesaria y se crean las plazas y convocatorias de forma que "obtengan máximo resultado".
Por su parte, Joaquín Villanova asegura que la resolución administrativa a que se refiere este caso pasó "por todos los filtros de la Junta de Andalucía"; que de los integrantes del tribunal del consistorio "ninguno es político" y que el caso se debe a "una persecución" y "una actitud de venganza hacia mí de alguien que tenía mi confianza" y que denunció su despido pero perdió el caso.
El alcalde afirma no tener la capacidad de saber cuando alguien entra a trabajar en el Ayuntamiento si se va a quedar y añade que pasaron casi 10.000 empleados por el consistorio y han quedado fijos 200 y que de las 38 denuncias que le presentaron en sus 13 años como primer mandatario local le quedan dos, ésta y otra.

fuente: efe

Admitida a tramite una Querella Criminal de CNT contra el alcalde de Pilar de la Horadada

El pasado miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 12 horas, tuvo lugar en el local sindical que la CNT tiene en Pilar de la Horadada (C/ Ramón y Cajal, 38 – junto al ayuntamiento) una rueda de prensa para anunciar la admisión a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Orihuela, de la querella criminal presentada por el sindicato CNT contra el señor Ignacio Ramos, alcalde de Pilar de la Horadada, por los siguientes presuntos delitos:
Delito contra el ejercicio de los derechos cívicos y libertades públicas (artículo 542 del C. Penal).
Delito por impedir o limitar con intimidación el ejercicio del derecho de huelga (artículo 315, 1 y 2 del C. Penal).
Delito de coacciones con el objeto de impedir el ejercicio de un derecho fundamental (artículo 172 del C. Penal).
La admisión a trámite de esta querella criminal, pone en tela de juicio la labor servil por parte del ayuntamiento de Pilar de la Horadada, intentando torpedear la lucha de los trabajadores de STV Gestión en su centro de Pilar de la Horadada y estando siempre del lado de una empresa ajena a este pueblo.
En esta rueda de prensa informaremos y detallaremos en que se basa la Querella Criminal y las consecuencias que le puede acarrear a este ayuntamiento, ya que es el propio ayuntamiento el responsable civil subsidiario de los actos del alcalde.
También se tocara el tema de la sentencia favorable a nuestro compañero José Antonio Gracia Figueroa, ya que el Juzgado de lo Social de Elche no ha visto indicios ni prueba alguna para justificar la actuación de la empresa, intentado justificar el despido por una falta muy grave que nunca existió.

La última de Millet: se hizo un contrato laboral indefinido en febrero de 2009

Aunque pocas cosas pueden ya sorprender del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, cada papel o informe oficial arroja nuevos y curiosos datos sobre la gestión que realizó al frente del Palau de la Música de Barcelona. La última perla es que en febrero de este mismo año se hizo firmar un contrato por el que cobraba del Consorcio del Palau de la Música-Orfeó Català como gerente. La intervención general había detectado que Millet no tenía ningún documento sobre su relación laboral con el Consorcio (que es una de las entidades del Palau; las otras son la Fundación, el Orfeó Català y el Coro de Cámara), que tiene la condición de organismo público y debe estar fiscalizado por la Administración.
Sólo había un problema: ¿Cómo hacerse un contrato a sí mismo? ¿Puede un gerente contratarse por cuenta de un tercero? Ningún problema. Ni corto ni perezoso, “en fecha 1 de febrero de 2009, se formaliza un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con el Consorcio, con el cargo de gerente y una retribución anual total bruta de 155.018,16 euros anuales. En este contrato firman como trabajador el señor Fèlix Millet i Tusell y como representante de la empresa o Consorcio el señor Jordi Montull Bagur, cuando este último no tiene poderes para firmar el contrato del gerente”, dice el informe de auditoría encargado por la Generalitat. Montull era la mano derecha del ex presidente de la entidad y ejercía como director administrativo de la misma. Que tuviese o no potestad para hacer de representante del Consorcio y contratar a Millet como gerente era un tema baladí, por lo que formalizaron la relación.
La historia tiene miga. El informe detalla que el 7 de octubre de 1983, el comité ejecutivo del Consorcio acordó retribuir el cargo de presidente con cinco millones de pesetas, acuerdo que se formalizó el 2 de marzo de 1984 con efectos retroactivos. Y ello debido a que, como no había gerente, debía cubrir sus funciones. El 23 de junio de 1986, el mismo comité ejecutivo le otorgó poderes de gerente, función que ya desempeñaba desde dos años antes y que ha durado hasta finales de julio de 2009, tras su dimisión como consecuencia del registro policial de la sede del Palau.
De acuerdo con estas decisiones, según la auditoría, quedaba sujeto a exclusividad, por lo que no podía tener otras remuneraciones. Pero eso tampoco era problema para él. “Se ha visto que de la Fundación percibía una retribución que el año 2008 fue de 1.261.999,34 euros. Por un lado, se infringe la exclusividad y, por otro, aunque ésta no existiese, se considera que la suma de las dos retribuciones es excesiva”. Además, la ley de incompatibilidades impide al personal “ejercer un segundo puesto de trabajo en el sector público. Si se considera que la Fundación es sector privado, también las leyes prohiben el ejercicio de actividades privadas por cuenta de entidades que se relacionen directamente con el organismo o entidad en el que prestan servicio. Caso que es el presente”. Más claro, el agua. En el mismo caso que Millet, sin embargo, se encontraba también Montull y otros altos cargos que cobraban salarios o pluses de varias entidades.
El vídeo de Jaume Roures
La investigación encargada por la Generalitat revela también una curiosa operación en el año 2007, cuando encargó a Mediapro un audiovisual que luego hinchó en más de 106.000 euros. El contrato con Mercuri, una de las sociedades de Jaume Roures comprada por Mediapro, recibió el encargo de una obra audiovisual y un documental el 16 de octubre del 2006. El importe total del contrato fueron 313.740,80 euros. Los pagos realizados a lo largo de todo el año 2007 se incluyeron en la justificación de gastos de la subvención otorgada al Consorcio por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem).
Según los números presentados por Millet, la aportación del Inaem a esta obra fueron 156.870,04 euros. Además, la Fundación Caja Madrid puso 120.000 euros y Ferrovial Agroman otros 100.000 euros para que en los créditos apareciese su logotipo. En total, pues, Millet justificó el gasto de 376.870,04 euros en la realización del documental, cuando el gasto real, según las facturas, había sido de más de 313.000 euros. Sin embargo, las cifras que pagó también tienen trampa, ya que el IVA no puede justificarse ni detraerse de las subvenciones, por lo que el coste del vídeo fue, en realidad, de 270.466,21 euros y el “total del exceso de financiación” fue de 106.403,83 euros. “La financiación obtenida supera el coste del vídeo”, señala el texto de la auditoría. Por si fuera poco, en el vídeo no aparece el logotipo del principal financiador, el Inaem, que era un requisito establecido.
La picaresca le llevó también a hacer trampas en la adjudicación, ya que “algunos de los presupuestos solicitados para cumplir los requisitos” de la convocatoria (ha de tener como mínimo tres ofertas diferentes) “son de empresas que se dedican a otras actividades de las que se presupuestan”. Así, algunas de las ofertas que se utilizaron para cubrir el expediente eran de las empresas constructoras que realizaron trabajos de albañilería en el propio Palau o en los domicilios particulares de Millet y Montull (y que pagaba igualmente la entidad).
De las cuentas del Consorcio, que se nutre de fondos públicos salieron 3,8 millones sin justificación. De ellos, 1,7 millones fueron pagos irregulares del Consorcio al Orfeó Català, la ùnica entidad del Palau que no está fiscalizada. El dinero salía del Consorcio, pero no llegaba nunca a las cuentas del Orfeó. En obras particulares en su residencia de l’Ametlla del Vallès, Millet pagó más de 750.000 euros. Además, imputó indebidamente a las subvenciones públicas más de 276.000 euros que correspondían a IVA deducible. Entre los gastos que cargó a las subvenciones figuran, asimismo, los relativos a la estancia en Madrid de los dos máximos directivos del Palau juntamente son sus esposas, hijos y yerno el pasado mes de enero. Por hacer noche en Madrid cuando viajaban hacia las Maldivas, pasaron gastos por casi 3.500 euros de hotel. Todo un lujo. Tan asiático como las propias Maldivas.

fuente: el confidencial

La hora de las casas ilegales

PEDRO ESPINOSA
Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales. Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.

La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.
Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.
La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.
Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.
El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.