Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
Franco inventó la memoria
histórica
El dictador encargó censos de
desaparecidos y exhumaciones desde 1936. El BOE prueba su preocupación por
honrar (sólo) a su bando
El País / Natalia Junquera / 1 MAR
2009
La Ley de Memoria Histórica la
inventó un dictador, Francisco Franco, cuando sólo era un general golpista. No
la llamó así, pero no hay, en el texto arrancado con esfuerzo a las fuerzas
democráticas en 2007, nada que el Caudillo no hubiera hecho 70 años antes. Fue
Franco el primero en pedir un censo de desaparecidos de la guerra; el primero
en encargar a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y el único en
preservar por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas.
Todo únicamente para las víctimas de su bando.
Así se lee en la fuente más fiable posible, al
menos, la más oficial. Múltiples leyes, decretos y órdenes publicadas en el
Boletín Oficial del Estado dan cuenta, desde casi el principio de la contienda,
en 1936, de la preocupación de Franco no ya por ganar la guerra, sino por
honrar a sus víctimas. Así lo han constatado cuatro investigadores de la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tras dedicar más
de 400 horas a bucear en una fuente tan generosa como inabarcable. "Sólo
hemos podido arañar el BOE analizando algo más de 3.000 páginas", reconoce
Carlos Agüero, coordinador de la investigación.
Franco vigiló que todas sus
víctimas fueran inscritas en un censo de desaparecidos o fallecidos acompañando
las palabras "muerto gloriosamente por Dios y por España". Y quiso
atender "tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que
gloriosamente cayeron víctimas de la barbarie roja"; esto es, recuperar
los cuerpos de las fosas comunes donde yacían.
Para llevar a cabo la
"piadosa finalidad" de devolver a las familias los cadáveres de sus
seres queridos, una ley de mayo de 1939 facultó a los Ayuntamientos para no
exigir los impuestos que "gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados
de cadáveres víctimas de la barbarie roja", obedeciendo a "la
verdadera necesidad de rendir el postrero homenaje de respeto a los restos
queridos de personas asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el
frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares
inadecuados". Otra orden de 1940 publicaba el "modelo de acta de
exhumación" que había elaborado su comité de expertos, en este caso, el
Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. El protocolo de
exhumación incluía la expropiación temporal de un terreno cuando los restos se
hallaran en fincas privadas y la declaración del lugar de "tierra
sagrada".
Además, en abril de 1940, el
Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los Ayuntamientos que adoptaran
"medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas
las víctimas de la revolución marxista". Y explicaba: "Con el fin de
evitar posibles profanaciones y guardar el respeto debido a los restos sagrados
de los mártires de nuestra Cruzada, los Ayuntamientos acotarán y cerrarán, de
modo provisional, pero que reúna las precisas garantías de seguridad, aquellos
lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de (...) asesinados
por los rojos".
Y para los casos en que nada de
lo anterior fuera suficiente, Franco estableció medidas drásticas: "Para
defender este camposanto (Paracuellos)", recordaba un decreto de marzo de
1951, "fue desviado en 1941 el torrente de San Miguel, afluente del río
Jarama, y se llevó a cabo una variante de la carretera provincial de Barajas a
Fuente el Saz".
Quiso preservar (y lo logró) los
lugares donde yacían sus muertos para que pudieran ser devueltos a sus
familias.
Mientras, muchas de las fosas de
republicanos eran sepultadas para siempre por autovías y edificios. Y concedió,
desde 1936, generosas pensiones vitalicias a sus viudas, algo que las esposas
del bando enemigo no lograron hasta 1979. "Hemos encontrado pensiones de
más de 1.200 pesetas, un fortunón para la época, y eso, en la España de la
posguerra, generó unas élites de vencedores, poderosas y ricas", afirma
Agüero.
Para Emilio Silva, presidente de
la ARMH, esta investigación derriba la tesis de que Franco diera un "golpe
espontáneo" porque "comienza a legislar desde el primer momento"
y demuestra lo "absurdo" del debate sobre la ley de memoria:
"quienes decían que habría que reparar a los dos bandos deberían haber
sabido que uno de ellos se autorreparó durante años". Silva lamenta no
haber podido investigar más. "Hemos gastado más de 1.000 euros en las
consultas al BOE. Prefiero usar ese dinero para ayudar a familiares a recuperar
a los suyos". Como hizo Franco.
La factura de la guerra
Franco fue tan generoso con las
víctimas de su bando como cruel con las del contrario. Mientras concedía
"medallas al sufrimiento por la patria" y pensiones vitalicias a
unos, vaciaba por completo las casas de otros. Primero, de gente, llevándose a
padres y maridos republicanos a cárceles o fosas comunes. Y después, de todo lo
que les quedaba, arrebatando a los supervivientes su profesión y sus bienes. De
hecho, lo uno hubiese sido imposible sin lo otro.
Franco empezó a conceder ayudas y
pensiones a sus víctimas en 1936. ¿De dónde salía el dinero? En 1937, Franco
estableció por ley el procedimiento para la incautación de "bienes
pertenecientes a las entidades de carácter político", esto es, todos los
partidos e instituciones democráticas. Después lo hizo familia a familia.
"Se juzgó incluso a personas ya muertas para poder requisar sus bienes y
pagar la factura de la guerra", asegura Emilio Silva, presidente de la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Todo eso está también en la
investigación sobre el BOE: "Las comisiones depuradoras", las
"incautaciones", las "requisitorias" convocando a cientos
de personas ante el juzgado más cercano; las partidas para mantener los
abarrotados "campos de concentración"... "Por eso le enviamos el
informe a Garzón", afirma Carlos Agüero, coordinador de la investigación.
"Era la prueba más contundente e inapelable de la feroz represión de
Franco". –
Foto: Exhumación de cuerpos de
presos franquistas asesinados en 1936 cerca de Madrid, para trasladarlos al
cementerio de Paracuellos del Jarama. EFE
No hay comentarios:
Publicar un comentario