La lucha contra el olvido de las
purgas estalinistas
Moscú 7 ABR 2019 - 21:48
Maria Sahuquillo
En casa de George Shajet su
abuelo era innombrable. Un secreto peligroso y aterrador. Aún hoy, a este actor
ruso de 73 años, de rostro alargado y mirada triste, le cuesta pronunciar su
nombre. “Pavel Zabotin, ingeniero”, dice muy serio. Hace solo un par de años
constató lo que siempre, en lo más profundo, había sospechado. Su abuelo había
sido declarado “enemigo del pueblo”. Sentenciado y ejecutado a tiros en 1934
por orden de la llamada Troika Especial, la comisión extrajudicial de la NKVD
(el comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos de la Unión Soviética,
predecesor del KGB). Tenía 45 años. Desde que lo supo, Shajet investiga su
caso. Busca llenar esos enormes agujeros de la historia familiar. “Necesito
saber. Y rehabilitar su memoria”, recalca.
Poco a poco, Shajet despliega
sobre la mesa de un nebuloso café de Moscú lo que le queda de su abuelo Pavel.
Un par de retratos fotográficos de época que le muestran como un hombre serio,
de rostro redondeado y bigote. La instantánea de una reunión familiar. Una
tarjeta de visita. Es todo. Tras hallar el nombre del ingeniero represaliado en
los densos archivos de Memorial, una organización de derechos humanos que trata
de mantener la memoria histórica de los crímenes del estalinismo, Shajet
reclamó información a todas las instituciones oficiales. Sin éxito. Ahora, sus
esperanzas se van apagando. Hace solo un par de semanas, varios tribunales
rusos ampararon el derecho al Servicio Especial de Seguridad (FSB) --que
custodia los documentos del NKVD--, a negar el acceso a los archivos. Y
determinaron sellarlos.
En esos documentos están los
nombres de los verdugos de Pavel Zabotin. Y de quienes condenaron a un gulag al
abuelo de Serguéi Prudovski, cuya petición al FSB ha desencadenado uno de los
varapalos judiciales. El acceso a esos documentos, “podría perjudicar tanto a
los familiares vivos de los funcionarios que firmaron los protocolos como a la
evaluación objetiva del periodo histórico 1937-1938”, según la asesora legal
principal del FSB, Yelena Zimatkina. Es decir, los años de la Gran Purga,
conocidos en la Rusia moderna como el Gran Terror (o el 37); cuando las oleadas
represivas del estalinismo alcanzaron su apogeo.
Más de un millón de personas
fueron fusiladas. Cuatro millones, enviados a campos de trabajo. Cerca de 6,5
millones, deportados durante las purgas de la dictadura de Josef Stalin
(1878-1953). Socialistas, anarquistas, miembros del Partido Comunista
Soviético, opositores, cualquiera que diera muestras de ser “enemigo del
pueblo”.
“En total son cerca de 12 millones de personas
que deberían ser rehabilitados”, señala Yan Rachinski, director de Memorial. En
su despacho se acumulan varias cajas, que son solo una pequeña parte de la
enorme base documental que la organización ha ido recopilando a lo largo de los
años. Para muchos, la única posibilidad de conocer el pasado. La ley obliga a
desclasificar los documentos que tienen más de 75 años. Pero en la práctica,
los archivos de la NKVD y sus troikas –las comisiones extrajudiciales tenían
tres miembros que, tras una investigación simplificada y sin juicio, emitían
sentencias y condenas-- son casi inaccesibles. “Y la situación es cada vez más
difícil”, apunta el reputado historiador.
A mediados de marzo, un tribunal
de Novosibirsk (Siberia) negó al investigador Denis Karagodin la lectura de los
documentos del caso de su bisabuelo, Stepán Karagodin, y de otros
represaliados. Una medida grave. Hasta entonces, habían estado abiertos los
archivos estatales --que almacenaban los dossieres del Partido Comunista, los
únicos desclasificados--, como el de Novosibirsk, que prepara ahora la
instalación de una estatua de Stalin, financiada y reclamada por el Partido
comunista local. Una bofetada en la tercera ciudad más grande de Rusia, que el
dictador visitó solo una vez y que acoge uno de los monumentos a los
represaliados políticos erigidos en Rusia.
“[El FSB] no quiere que se
demuestre que, con acusaciones inventadas y juicios sin garantías, se ejecutó y
condenó duramente a millones de personas”, se indigna el historiador y
empresario Sergei Prudovski. Su abuelo, Stepán Kuznetsov, fue uno de los
llamados ‘rusos de Harbin’, ciudadanos enviados a construir el Ferrocaril del
Este de China. A su vuelta, en 1935, se les recibió como héroes. Dos años
después, empezó su represión. Se les consideró espías o agentes extranjeros de
Japón o Alemania, miles de ellos fueron ejecutados.
Kuznetsov fue a parar a campos de
trabajo. Pasó allí casi 20 años. A su vuelta a Moscú, relató la penosa vida en
aquellos gulags en dos cuadernos de memorias. Prudovski, los encontró. Y desde
entonces se ha dedicado a investigar lo ocurrido con los ‘rusos de Harbin’. Su
abuelo, cuenta en su despacho, en un barrio a las afueras de Moscú, había
recopilado una lista de 20 nombres de otros represaliados. Y de ahí fue tirando
del hilo. Y no se cansará de hacerlo. “Voy a recurrir a todas las instancias
para acceder a los casos”, señala.
La recuperación de la memoria
histórica es un tema enormemente espinoso en Rusia, que todavía vive al borde
de una amnesia histórica. El cuerpo de Stalin fue sacado del mausoleo de Lenin
en 1961. Sin embargo, aún está enterrado en la Plaza Roja, bajo la muralla del
Kremlin. Y cada año, en el aniversario de su muerte, decenas de personas se
acercan a dejarle flores.
En el país euroasiático, el 19%
de los jóvenes dice no saber nada sobre la represión de Stalin; el 26% apunta
que le es difícil caracterizarla, según una encuesta de 2016 del Centro Levada
(independiente). Y aunque en los últimos años se han erigido monumentos en
memoria de las víctimas —el presidente Vladímir Putin inauguró uno en 2017— y
colocado algunas placas en las casas donde vivieron los represaliados las
autoridades eluden el debate. “Putin condena honestamente las represiones, pero
reconocer que el Estado era criminal —y en la época soviética lo era— es, para
él, una forma de cuestionar el estado de hoy”, opina el presidente de la ONG
Memorial, que reclama el acceso total a los documentos del NKVD.
No lo tiene tan claro Ekaterina
Vinokurova, del Consejo de Derechos Humanos de Rusia. “Se puede difundir el
nombre de las víctimas y sus casos, pero me surgen dudas sobre los miembros de
las troikas y los ejecutores. Puede dejar una sociedad fragmentada y crear un
clima de odio”, considera la activista, que desde hace unos días colabora también
con la cadena estatal RT.
.Memorial –que fue definida por
las autoridades como ‘agente extranjero’, lo que ha dificultado su trabajo-- no
tiene constancia de que algo así haya ocurrido nunca. De hecho, hay casos de
familiares de ejecutores que han contactado a los allegados de represaliados
para pedirles perdón. Como en el caso de la familia Karagodin, que recibió una
carta de disculpas de una de las nietas de su verdugo.
“Están enterrando la memoria
histórica”, dice abrumado el actor Shajet. Con los pocos datos que ha
conseguido y algunos fragmentos de conversaciones familiares que escuchó en su
infancia, ha dibujado la figura de Pavel Zabotin. El hombre, que había sido
ingeniero militar y luego de obra civil, fue detenido por robar supuestamente
material en una de las obras en las que trabajaba y venderlo, cuenta Shajet al
borde del llanto: “Pero las troikas de la NKVD no se ocupaban de esos delitos.
Si se descubre que es verdad me dolerá, pero quiero saberlo. Es la historia de
mi familia, de mi patria; porque mi familia es mi patria”
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