¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?
El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como
esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de
guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas
emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército
sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi
cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en
régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas
de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en
las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a
batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán
o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la
oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios
"para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así
reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye
desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley
andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas
"copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como
Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero,
transformadoras de metales como Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz, La
Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del
proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con
"órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y
diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más
de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de
100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las
fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran
parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del
país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los
Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica
cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el
pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez
Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no
contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía
señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración
de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las
medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron
utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico,
con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no
desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de
Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y
la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio
Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia
argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez
Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones
(ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo
Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y
Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de
empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el
"abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas,
que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún
comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la
mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria
les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En
ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas
compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para
conocer un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron
"imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por
Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que
las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras,
también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de
concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el
régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de
Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina,
"funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un
contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los
organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio
Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el
Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de
Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El
Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal
–"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa
del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el
investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que
solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una
treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho
al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución
benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del
Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de
Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias
provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además,
entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las
JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias,
conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid.
Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica,
Arellano y Cía., Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima,
Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera
Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de
Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de
Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería
y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo
de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de
concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que
acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado
con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en
Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado
a fondo".
Juan Miguel Baquero
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