El Congreso aprueba un fondo para
las víctimas del amianto y pone fin a 40 años de abandono
El Congreso ha aprobado una
proposición de ley que contempla la
creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta
proposición ha sido impulsada por el Parlamento vasco la pasada legislatura y por
eso fue defendida por tres parlamentarios autonómicos de PNV, EH Bildu y
Partido Socialista de Euskadi. Salvo el
PP que se ha abstenido, el resto de partidos que integran el Congreso ha dado
el visto bueno a la propuesta. Ahora arrancará la tramitación de la ley y los
grupos podrán añadir enmiendas para mejorarla.
Con esta aprobación, el Congreso
pone fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han
visto obligados a menudo a arrastrarse
por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una
enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.
Ahora falta por determinar cómo
será la composición de ese fondo, que, en buena medida, se tendrá que nutrir
desde los presupuestos españoles. España pasa así a contar con un mecanismo de
compensación que ya existe desde hace años en países como Francia, Holanda o
Bélgica. El fondo permitirá a las víctimas completar la indemnización que se
les haya concedido en un primer momento sin perjuicio de que puedan seguir
pleiteando en los tribunales.
Algunos países ya cuentan con
este tipo de fondo, como Francia, Bégica y Holanda. Francia tiene el Fondo de
Indemnización para las Víctimas del Amianto (FIVA) desde 2001. Se financia con
el 90% de los fondos de la Seguridad Social y el 10% el Estado. Las
aportaciones a la Seguridad Social las hacen solidariamente todos los
empresarios, hayan o no tenido nada que ver con el amianto, a través de los
excedentes de sus mutuas de trabajo. La mayor parte de las indemnizaciones se
van para financiar los cáncer broncopulmonares, después para las enfermedades
benignas ligadas al amianto, los mesoteliomas van en tercer lugar y después
otras patologías.
En mayo de 2016, el Parlamento
vasco se convirtió en la primera institución del Estado en exigir la creación
de este fondo, pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser
tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó. Los
parlamentarios vascos Jon Aiartza (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez
(PSE) han sido los encargados de defender la propuesta en el Congreso. La
parlamentaria socialista Sánchez ha explicado que la propuesta pretende poner
fin al calvario judicial al que se han visto sometidas estas personas y sus
familias, y ha relatado cómo tampoco es una situación justa para las empresas
que actuaron en un marco legal que consentía el amianto, hasta que se constató
su peligrosidad.
Junto a ese contenido de la
proposición de ley, la representante socialista ha querido poner en valor que
es una iniciativa adoptada por unanimidad de los representantes vascos, y, en
unos momentos “turbulentos” para el diálogo y el acuerdo, en los que se
cuestiona la política y la democracia representativa, es especialmente
relevante que se adopten iniciativas como la creación de este fondo de
compensación, una demostración de que se hace caso a los afectados y se
conducen sus demandas allí donde pueden ser resueltas.
Jesús Uzkudun, representante de
Comisiones Obreras y de la Asociación vasca de Afectados por el Amianto (Asviamie), lleva muchos años
dedicado a esta lucha. “Hay muchas pequeñas empresas que con el tiempo han ido
desapareciendo y los trabajadores afectados por el amianto no tienen ninguna
posibilidad de indemnización. El fondo ayudará a aliviar sus sufrimientos”. La
previsión es que durante los próximos 20 años los casos sigan en aumento.
“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer
de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre
la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral
y que es la causante del cáncer”. Es la advertencia de Nuria Busto, abogada de
Asviamie.
Por sus propiedades físicas y
químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera
abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo
pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en el país. En España, entre
1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
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