La Ley del Suelo obliga desde 2007 a que alcaldes y concejales de los 8.112 ayuntamientos españoles hagan público su patrimonio, sus ahorros, sus casas y hasta su declaración de Hacienda. Sólo los políticos de Sevilla, Gijón y Oviedo han dado el paso adelante.
¿Porqué será? ¿porqué no quieren que lo sepamos? ¿es un atentado a la moral de los ciudadanos en estos tiempos de crisis que ganen bastante mas que nosotros, que trabajamos por mil euros 12 horas de trabajo?
NO VOTE NO VE QUE TE ENGAÑAN
El alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, gana más de 100.000 euros al año, participa en seis empresas públicas, es vocal de la autoridad portuaria y consejero de dos cajas de ahorro. Tiene dos viviendas en Sevilla, un seguro médico y 47.000 euros ahorrados en un plan de pensiones de La Caixa. Los datos no están sacados de ningún registro público ni investigación judicial, sino de la propia web del ayuntamiento. Allí, todos los cargos electos de Sevilla cuelgan desde 2007 una declaración jurada de actividades y otra de patrimonio.
Todos los sevillanos pueden saber sin complicaciones el dinero que ganan sus cargos electos y el patrimonio que ahorran mientras están en el cargo. Ése era el objetivo de la conocida como Ley Anticorrupción aprobada en mayo de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva Ley del Suelo estipula desde entonces que todos los alcaldes y concejales españoles tienen la obligación de hacer públicos sus negocios y sus bienes. En realidad, los cargos electos hacen por ley una declaración jurada de bienes desde 1985. Pero no es pública y queda custodiada por el secretario de cada ayuntamiento. Con la nueva normativa, los 70.000 alcaldes y concejales de 8.112 ayuntamientos españoles tendrían que hacer esta información accesible a los ciudadanos. Pero no lo han hecho.Un año después de la aprobación de la ley, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, acusó a los ayuntamientos de vulnerar de forma sistemática la medida antifraude aprobada por el Ejecutivo. El asunto sigue igual, aunque la normativa está clara. El artículo 75.7 de la Ley del Suelo establece que “los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local formularán declaraciones de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades”. Es decir, que los alcaldes y concejales tienen obligación de publicar incluso cuánto dinero pagan a Hacienda. “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, que tendrán carácter público”, apuntala la normativa. En su punto más polémico, la ley explica que “las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, en los términos que fije el Estatuto municipal”. Pero el Estatuto municipal no existe en los ayuntamientos. Es un órgano previsto en la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; sin embargo, la ley que iba a ponerlo en marcha lleva años empantanada en el Congreso.Éste es el argumento al que se agarran muchos equipos de gobierno para no publicar sus bienes. Como no hay Estatuto municipal, no hay declaraciones públicas. Aunque la ley lleve dos años aprobada. En otros casos, como en el del Ayuntamiento de Barcelona, aseguran que la norma no se cumple porque es incompatible con Ley de Protección de Datos. “Es que tienen que hacer pública su declaración de la renta, y eso es ilegal”, explica un portavoz del consistorio, sin precisar si la insumisión municipal se basa en informes del servicio jurídico o en la falta de voluntad política.Según la normativa, los barceloneses podrían conocer que Jordi Hereu, el alcalde mejor pagado de España, con 117.000 euros de sueldo al año, atesora entre su patrimonio una vivienda de 84 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad, hipotecada con Bankinter por 120.000 euros.El alcalde de Burgos y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, tiene también la obligación de hacer públicos varios inmuebles comprados en la ciudad junto a sus familiares, entre los que destacan dos viviendas de más de 200 metros cuadrados. Aparicio es además diputado del Grupo Popular en el Congreso. Allí realiza también cada año una declaración secreta de actividades extraparlamentarias. En ella, Aparicio informa a la Cámara de que obtiene ingresos extra como conferenciante y escritor. Y que se encuentra en excedencia de la vicepresidencia de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos desde 1986. Según la Ley Anticorrupción, aprobada para frenar la especulación urbanística, estos datos deberían ser también accesibles para los ciudadanos.La normativa contra el fraude establece que los ediles tienen que reconocer únicamente los bienes que se encuentren escriturados a su nombre. Nada tendría que inscribir entonces la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que tras 18 años en el cargo y un sueldo de 90.000 euros al año no figura como titular de una sola propiedad en los registros españoles. El reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Valencia contempla la creación de un registro público de intereses. Pero con una coletilla: “La sección de actividades y el registro tendrá carácter público con las limitaciones que legalmente procedan”. Muchos ayuntamientos han interpretado la norma a su antojo, y han adecuado sus reglamentos con velos informativos que dejan la medida prácticamente sin efecto con respecto a la legislación anterior. En Ourense, los concejales pueden alegar razones de seguridad para no hacer públicos sus datos. En A Coruña no existe registro público, pero los ciudadanos pueden solicitar una copia si acuden en persona al ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santiago cuenta con la mayoría de la información accesible desde internet. Aunque el conocido promotor inmobiliario y concejal por el PP Gerardo Conde Roa ha solicitado al secretario general del pleno que sus datos patrimoniales no sean publicados en la web.La medida recogida en la Ley Anticorrupción se incluirá también en el código deontológico de la Federación Española de Municipios y Provincias, que prepara el alcalde de San Sebastián. Odón Elorza hizo público su patrimonio en 2007 en una rueda de prensa. Pero las declaraciones de los concejales no están al alcance del público. El actual presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, publicitó también hace menos de un año su patrimonio ante los periodistas. Después, todos los concejales de Getafe colgaron sus declaraciones en la web municipal. Pero ahora tampoco están disponibles, porque el apartado no está operativo desde hace meses.En cualquier caso, la normativa se limita únicamente a los cargos electos y no a sus familiares. Sin embargo, es común que los ediles procesados por corrupción intenten ocultar su patrimonio registrándolo a nombre de hijos, esposas o maridos. Son personas de confianza que quedan fuera de las auditorías y las medidas preventivas a las que son sometidos los políticos. Los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe inscribieron diversos bienes, acciones e incluso viviendas a nombre de sus hijos, según reveló la investigación de la operación Malaya. Las dos hijas del alcalde de Alcaucín (Málaga), el socialista José Manuel Martín, detenido en febrero de este año, se enfrentan a un proceso judicial, acusadas de blanqueo de dinero. Un mes después, la policía detuvo también al marido y al hijo de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, principal imputada en la llamada operación Molinos, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la responsable municipal.La aplicación de la Ley Anticorrupción obliga también a publicar sus bienes y actividades a todos los alcaldes y concejales de la izquierda radical aberzale del País Vasco. Inocencia Galparsoro, alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) en representación de ANV –en libertad bajo fianza de 30.000 euros y procesada por vinculación con ETA-Batasuna–, tendría que aportar a su declaración de bienes e intereses la vivienda de 71 metros cuadrados que compró en el año 2000 y dos locales comerciales que según los registros de la propiedad siguen a su nombre junto al de otros socios desde 1976. Uno de estos inmuebles, donde la alcaldesa tiene una participación del 13 por ciento, tiene un valor de tasación de cuatro millones y medio de euros.
El alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, gana más de 100.000 euros al año, participa en seis empresas públicas, es vocal de la autoridad portuaria y consejero de dos cajas de ahorro. Tiene dos viviendas en Sevilla, un seguro médico y 47.000 euros ahorrados en un plan de pensiones de La Caixa. Los datos no están sacados de ningún registro público ni investigación judicial, sino de la propia web del ayuntamiento. Allí, todos los cargos electos de Sevilla cuelgan desde 2007 una declaración jurada de actividades y otra de patrimonio.
Todos los sevillanos pueden saber sin complicaciones el dinero que ganan sus cargos electos y el patrimonio que ahorran mientras están en el cargo. Ése era el objetivo de la conocida como Ley Anticorrupción aprobada en mayo de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva Ley del Suelo estipula desde entonces que todos los alcaldes y concejales españoles tienen la obligación de hacer públicos sus negocios y sus bienes. En realidad, los cargos electos hacen por ley una declaración jurada de bienes desde 1985. Pero no es pública y queda custodiada por el secretario de cada ayuntamiento. Con la nueva normativa, los 70.000 alcaldes y concejales de 8.112 ayuntamientos españoles tendrían que hacer esta información accesible a los ciudadanos. Pero no lo han hecho.Un año después de la aprobación de la ley, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, acusó a los ayuntamientos de vulnerar de forma sistemática la medida antifraude aprobada por el Ejecutivo. El asunto sigue igual, aunque la normativa está clara. El artículo 75.7 de la Ley del Suelo establece que “los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local formularán declaraciones de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades”. Es decir, que los alcaldes y concejales tienen obligación de publicar incluso cuánto dinero pagan a Hacienda. “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, que tendrán carácter público”, apuntala la normativa. En su punto más polémico, la ley explica que “las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, en los términos que fije el Estatuto municipal”. Pero el Estatuto municipal no existe en los ayuntamientos. Es un órgano previsto en la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; sin embargo, la ley que iba a ponerlo en marcha lleva años empantanada en el Congreso.Éste es el argumento al que se agarran muchos equipos de gobierno para no publicar sus bienes. Como no hay Estatuto municipal, no hay declaraciones públicas. Aunque la ley lleve dos años aprobada. En otros casos, como en el del Ayuntamiento de Barcelona, aseguran que la norma no se cumple porque es incompatible con Ley de Protección de Datos. “Es que tienen que hacer pública su declaración de la renta, y eso es ilegal”, explica un portavoz del consistorio, sin precisar si la insumisión municipal se basa en informes del servicio jurídico o en la falta de voluntad política.Según la normativa, los barceloneses podrían conocer que Jordi Hereu, el alcalde mejor pagado de España, con 117.000 euros de sueldo al año, atesora entre su patrimonio una vivienda de 84 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad, hipotecada con Bankinter por 120.000 euros.El alcalde de Burgos y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, tiene también la obligación de hacer públicos varios inmuebles comprados en la ciudad junto a sus familiares, entre los que destacan dos viviendas de más de 200 metros cuadrados. Aparicio es además diputado del Grupo Popular en el Congreso. Allí realiza también cada año una declaración secreta de actividades extraparlamentarias. En ella, Aparicio informa a la Cámara de que obtiene ingresos extra como conferenciante y escritor. Y que se encuentra en excedencia de la vicepresidencia de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos desde 1986. Según la Ley Anticorrupción, aprobada para frenar la especulación urbanística, estos datos deberían ser también accesibles para los ciudadanos.La normativa contra el fraude establece que los ediles tienen que reconocer únicamente los bienes que se encuentren escriturados a su nombre. Nada tendría que inscribir entonces la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que tras 18 años en el cargo y un sueldo de 90.000 euros al año no figura como titular de una sola propiedad en los registros españoles. El reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Valencia contempla la creación de un registro público de intereses. Pero con una coletilla: “La sección de actividades y el registro tendrá carácter público con las limitaciones que legalmente procedan”. Muchos ayuntamientos han interpretado la norma a su antojo, y han adecuado sus reglamentos con velos informativos que dejan la medida prácticamente sin efecto con respecto a la legislación anterior. En Ourense, los concejales pueden alegar razones de seguridad para no hacer públicos sus datos. En A Coruña no existe registro público, pero los ciudadanos pueden solicitar una copia si acuden en persona al ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santiago cuenta con la mayoría de la información accesible desde internet. Aunque el conocido promotor inmobiliario y concejal por el PP Gerardo Conde Roa ha solicitado al secretario general del pleno que sus datos patrimoniales no sean publicados en la web.La medida recogida en la Ley Anticorrupción se incluirá también en el código deontológico de la Federación Española de Municipios y Provincias, que prepara el alcalde de San Sebastián. Odón Elorza hizo público su patrimonio en 2007 en una rueda de prensa. Pero las declaraciones de los concejales no están al alcance del público. El actual presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, publicitó también hace menos de un año su patrimonio ante los periodistas. Después, todos los concejales de Getafe colgaron sus declaraciones en la web municipal. Pero ahora tampoco están disponibles, porque el apartado no está operativo desde hace meses.En cualquier caso, la normativa se limita únicamente a los cargos electos y no a sus familiares. Sin embargo, es común que los ediles procesados por corrupción intenten ocultar su patrimonio registrándolo a nombre de hijos, esposas o maridos. Son personas de confianza que quedan fuera de las auditorías y las medidas preventivas a las que son sometidos los políticos. Los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe inscribieron diversos bienes, acciones e incluso viviendas a nombre de sus hijos, según reveló la investigación de la operación Malaya. Las dos hijas del alcalde de Alcaucín (Málaga), el socialista José Manuel Martín, detenido en febrero de este año, se enfrentan a un proceso judicial, acusadas de blanqueo de dinero. Un mes después, la policía detuvo también al marido y al hijo de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, principal imputada en la llamada operación Molinos, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la responsable municipal.La aplicación de la Ley Anticorrupción obliga también a publicar sus bienes y actividades a todos los alcaldes y concejales de la izquierda radical aberzale del País Vasco. Inocencia Galparsoro, alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) en representación de ANV –en libertad bajo fianza de 30.000 euros y procesada por vinculación con ETA-Batasuna–, tendría que aportar a su declaración de bienes e intereses la vivienda de 71 metros cuadrados que compró en el año 2000 y dos locales comerciales que según los registros de la propiedad siguen a su nombre junto al de otros socios desde 1976. Uno de estos inmuebles, donde la alcaldesa tiene una participación del 13 por ciento, tiene un valor de tasación de cuatro millones y medio de euros.
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