El carbón fue uno de los elementos clave de la revolución industrial, del transporte marítimo y terrestre, de la siderurgia, de la industria química y de tantas otras aplicaciones que afectaron a la ciencia y a la tecnología. También en lo humano constituyó toda una revolución, allí en donde los yacimientos afloraron, cambiaron las relaciones sociales y familiares. Con las minas nació una nueva clase social, que si bien progresó en algunos aspectos, puede que el precio pagado fuera demasiado alto: pérdida de identidad, de cultura y de tradiciones, a cambio del vacío que ahora ha dejado huérfanos a valles y cuencas, como el Nalón, Caudal, Aller, etc. Todo en poco más de un siglo, en unas generaciones y ahora, además de la crisis, se suma la sensación del fracaso colectivo y de fractura social. Pero el daño humano y social no ha terminado, continua.
Muchas explotaciones se han agotado, tienen poco carbón o no es rentable extraerlo, así de simple, aparte de los efectos del CO2. Pero los mineros que además de su trabajo han puesto su tierra y su entorno, se quedan ahora con los escombros, se quedan con las ruinas que sirvieron para labrar fortunas que huyeron sin mirar hacia atrás. El negocio de la mina sólo terminó para los que de ella sacaron riqueza, pero no para los mineros y sus familias que ahora habitan en los lugares devastados. Suelo y subsuelo quedaron dañados de modo que el retorno a otra economía, al campo agrícola, forestal o ganadero se hace especialmente difícil. Comienza así lo que no es más que la privatización de las ganancias y la socialización de los daños medioambientales que no sólo nadie quiere restituir, sino que incluso son objeto de fraude.
En 1960, Antracitas de Gillón, S. L. (perteneciente ahora a García Munté Energía, S. L., con domicilio social en Barcelona), inicia la explotación minera en el valle de Gillón, en Cangas del Narcea. En un diámetro de doce kilómetros se concentraron los Grupos mineros de Riotorno, Matiella, Coto, Perfectas y el lavadero de Rengos, de los que se extrajo el carbón con labores transversales, en plano y a cielo abierto, llegando a 400.000 toneladas al año y a 1.150 trabajadores.
Muchos son los millones de toneladas de antracita extraída pero, tres décadas después, el yacimiento dicen que comienza a agotarse, la producción disminuye y la empresa, con el apoyo del Gobierno, se acoge a un plan de cierre 1998-2005. Las prejubilaciones y demás procedimientos para la "liquidación" de los trabajadores y del empleo, corren a cargo de la Seguridad Social. Otros fondos públicos aportan a la empresa cerca de 47 millones de euros a modo de "indemnización" por diversos conceptos como el lucro cesante y otros no menos etéreos, algo que no se entiende bien, porque dada la limitación de los yacimientos, las inversiones han de amortizarse durante la explotación con cada tonelada extraída.
Por otra parte, los cuatro Grupos, el lavadero y las escombreras no pueden cerrarse o abandonarse sin más. Los desperfectos y el deterioro medioambiental ocasionado por las labores mineras exigen por ley que sean reparados. Sin embargo, el Gobierno de Asturias no sólo ha consentido y dado por finalizada la obligada Restauración, sino que también ha dado por buenos los gastos, pagados con dinero público, tal como se han contabilizado en el Registro Mercantil, sin que nada se haya Restaurado.
El 16 de marzo de 2010, el representante legal de los vecinos de Gillón y una persona más, presentan una denuncia en el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil) de Cangas del Narcea contra Antracitas de Gillón, S.L. argumentando que “la mencionada empresa justificó como gastos de restauración medioambiental en el período 1998-2001 la cantidad de 1.120.275 € y, en el período 2001-2005, la cantidad de 112.000 €“. Los denunciantes -y el Seprona- ignoran el destino de las subvenciones asignadas a este fin y entienden que continua “el delito medioambiental y contra los intereses de los pueblos afectados”.
A raíz de esta denuncia, cuatro agentes del Seprona verifican los hechos denunciados y, el 21 de abril, redactan el informe que envían al Fiscal del TSJA, al respectivo Consejero de Industria (y Dirección General de Minería), Medio Rural, Medio Ambiente, al Presidente de la Confederación Hidrográfica y al Alcalde de Cangas del Narcea, adjuntando documentos del Registro Mercantil y fotos de la zona.
La inspección del Seprona es detallada y contundente. Señalan las numerosas irregularidades ocasionadas por los diferentes Grupos mineros, encuentran residuos peligrosos (uralita y amianto), un pozo de ventilación sin tapar (con peligro para las personas), una boca mina abierta, hierros, construcciones y casetas derruidas, escombros, estructuras de hormigón, tolvas y múltiples escombreras que afectan a ríos y arroyos y al vecindario. Concluye el informe diciendo que no ha sido llevada a cabo ningún tipo de medida correctora en materia de Restauración Medioambiental en ninguno de los Grupos de la Explotación, encontrándose el lugar con evidentes síntomas de afectación al entorno de bosques, vegetación y arroyos.
En los 90 comienza el declive de Antracitas de Gillón, S. L. y también las irregularidades. En 1998 se inicia el plan de cierre que concluye en 2005. Las denuncias referidas al medioambiente son resueltas por el Gobierno con el argumento de que como la autorización de la explotación es anterior al RD 2994/82, queda al criterio de la Administración exigir y aplicar o no el Plan de Restauración, pero omite otras leyes y decretos, incluyendo el art. 1.902 del CC, que obligan a Restaurar el ecosistema, a indemnizar a los afectados y sancionan al infractor. Como se recoge en la denuncia, nada resolvió la participación gubernamental, salvo financiar la comisión de un presumible delito. Conviene recordar que la explotación se encuentra dentro del área del PORNA como futuro Parque Natural de las Fuentes del Nancea y de Ibias y en la lista de Importancia Comunitaria (LICs) al amparo de la Directiva Hábitats.
Durante seis mandatos consecutivos, de 1983 a 2007, José Manuel Cuervo fue alcalde de Cangas del Nancea durante 24 años y en 2008 Senador por el PSOE, por lo que ahora es persona aforada. Al mismo tiempo, Javier Fernández, fue Director General de Minería de 1991-1995 y, a continuación, como Diputado fue responsable de la Comisión de Industria y Energía y portavoz de política energética del PSOE, volviendo después al Gobierno regional como Consejero de Industria hasta finales del 2000 en el que es elegido Secretario General de la FSA-PSOE, siendo ahora el candidato a la presidencia del Gobierno de Asturias.
La Restauración no se ha hecho, asegura el Seprona, y añade que se han podido vulnerar leyes y decretos, como la Ley de Aguas, Gestión de Residuos, Protección y Rehabilitación de Espacios Mineros, ley de Residuos Tóxicos, leyes de Espacios Naturales, de Montes y Ordenación Forestal, etc. La responsabilidad política es evidente, como lo es el presumible delito ecológico y el de corrupción y fraude de 1,23 millones de euros que ahora planea sobre las cabezas de las personas, de la Administración o de la Empresa, que en ese momento tenían la obligación y la responsabilidad de llevar a buen fin el dinero presupuestado que figura en el Registro Mercantil, sin que se haya hecho la Restauración.
Los vecinos han ejercido insistentemente su ciudadanía, pero siguen afectados. El Seprona ha cumplido, pero los responsables políticos reiteradamente no. La empresa, trasladada a Barcelona, aparentemente, se ha quedado con el dinero limpiamente y ha eludido otras responsabilidades. Tampoco ha cumplido el Alcalde, ni cada Consejero de las consejerías afectadas, ni el presidente de la Confederación Hidrográfica. Queda ahora por ver qué y cómo resuelve el fiscal del TSJA.
fuente: asturbulla
