El contrato se firmó en un despacho privado, sin luz ni taquígrafos, el 6 de marzo de 2007. Por el Ayuntamiento puso su rubrica Ángel Macías, teniente de alcalde y mano derecha de Antonio Vázquez. Por la constructora, el representante legal, Gaspar Gutiérrez. Y allí, sin un abogado que velara por los intereses de la ciudad, tras ocultar información a los grupos municipales y sin un informe económico de cuánto iba a costar todo aquello, Vázquez, hoy diputado del PP en el Congreso, dio luz verde a la mayor operación económica del Ayuntamiento de Zamora.
Y generó un perjuicio para el consistorio tasado en 24 millones de euros, según la denuncia.Aquel día, dos meses antes de las elecciones municipales, UFC, la constructora de José Luis Ulibarri –empresario imputado en la operación Gürtel–, culminó una negociación de tres años y se garantizó un contrato de 50 millones de euros con el Ayuntamiento, gobernado por el PP. El negocio es tan ventajoso para UFC que ahora el propio Consistorio –que sigue siendo del PP– se ha denunciado a sí mismo para no cumplirlo.
La Fiscalía investiga la actuación del anterior alcalde, miembro de las comisiones de Fomento, Política Territorial y Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados. Los informes de los funcionarios municipales señalan a Antonio Vázquez como causante de la situación. El cargo electo del PP ha declinado dar a esta revista su versión sobre los hechos.A finales de 2004, el Ayuntamiento de Zamora decidió ampliar sus instalaciones. Y buscó entre las constructoras de la zona ofertas para realizar un nuevo edificio de oficinas.
Necesitaba un alquiler con opción a compra tras 25 años. Y optó por un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir: el propio Ayuntamiento buscó a los aspirantes. Tras recibir seis propuestas, el consistorio se decantó por la de una empresa local llamada Remesal y Salas, que presentó un presupuesto cercano a los 28 millones de euros. Un precio de mercado, según los funcionarios municipales de Hacienda.
Meses después, la inmobiliaria Remesal y Salas vendió los terrenos –y con ellos la opción de promover el edificio municipal– a UFC, la constructora de José Luis Ulibarri.En febrero de 2006, el pleno del Ayuntamiento aprobó, con la abstención de los concejales socialistas y el voto en contra de Izquierda Unida, las condiciones definitivas en las que se realizaría la obra. Según los informes posteriores, obrantes en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la adjudicación se hizo sin un informe económico que evaluara la totalidad de la operación.
De hecho, el secretario municipal acusa al ex alcalde y actual diputado nacional de ocultar de forma deliberada información a todos los concejales: “Ocultó un informe del arquitecto municipal en el que expresamente decía que él no podía valorar el suelo porque no podía hacer un informe económico. Ese informe del arquitecto fue introducido en el expediente después de la adjudicación en el pleno de febrero de 2006.
La secretaría considera además que las valoraciones de solares y locales los hizo en realidad la empresa UFC y que [el alcalde] se lo entregó al arquitecto para que estampara la firma”.El informe del funcionario recoge las declaraciones de los concejales de la oposición en el pleno, para probar que nadie sabía en aquel momento que la operación había pasado de costar 28 a 52 millones de euros. “Se traen a colación estas intervenciones de los señores concejales para resaltar que todos se mueven en unas cantidades más o menos próximas y en todo caso muy apartadas de lo que constituía la realidad”, asegura el interventor. “De conocerse el informe económico, el pleno del Ayuntamiento, con toda probabilidad, no hubiera aceptado la operación”, sostiene.
Sin los papeles en regla, ya que el informe económico es preceptivo por ley, la adjudicación quedó aprobada en el pleno. Pero todavía quedaba un paso. Constructora y Ayuntamiento tenían que firmar un contrato entre ambas partes para formalizar el negocio. El 24 de noviembre de 2006, sin el paso definitivo dado, llega el primer informe económico del jefe del servicio de Hacienda. El funcionario define sin tapujos la operación como “nefasta para los intereses municipales”.
El Gobierno municipal hizo caso omiso y el 23 de febrero de 2007, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, la constructora de Ulibarri envía un informe al Ayuntamiento. En él, urge al Consistorio a que firme el citado contrato y cierre de una vez el negocio. En respuesta, el secretario municipal lo desaconseja de nuevo al considerarlo fuera de la legalidad. Pese a ello, el 6 de marzo de 2007, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el teniente de alcalde Ángel Macías –por delegación del alcalde Vázquez– sella el acuerdo con la constructora UFC. El coste total de la operación es de 52,6 millones de euros.
Los técnicos municipales aseguran en la documentación que obra en poder de la Fiscalía que el contrato se rubricó sin el asesoramiento legal preceptivo, sin la presencia del secretario ni la de un notario. El interventor asegura que el documento se firmó por un “órgano manifiestamente incompetente” que se extralimitó en sus funciones, en referencia a Macías. Además, el documento blindó los intereses de UFC.
No solo le aseguró un negocio sobrevalorado en 24 millones de euros, según los datos oficiales, sino que eliminó una cláusula vital. En un principio, el pacto podía ser rescindido si la constructora no tenía terminado el edificio en un plazo de dos años.
Esa vía de escape se eliminó con la firma del acuerdo, que blindó los intereses de UFC.Dos meses después de la firma, el PP renovó su mayoría en Zamora, aunque el bastón de mando pasó de Antonio Vázquez a otra cabeza de lista: Rosa Valdeón. La actual alcaldesa intentó desde el primer momento anular la decisión de su antecesor.
Incluso acudió a los tribunales. Desde septiembre de 2007 el consistorio de Zamora intenta revocar el contrato por “nula radicalidad”, asegurando que es lesivo para los intereses municipales. Por la vía civil, UFC reclama al Ayuntamiento dos millones de euros en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La Fiscalía decidirá si abre además un proceso penal y pide responsabilidades a Vázquez y sus hombres.
fuente: interviu
