¿Qué empresas usaron a esclavos
del franquismo?
El franquismo llegó al extremo de
usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los
vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el
país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura?
La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo.
Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más
de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy
en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su
germen económico.
Para sortear la muerte por hambre
o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos
que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús
Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas
compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado
diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos
durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían
réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina
que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a
denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de
Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a
estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la
"reparación" de esas víctimas.
"Botín de guerra" para
los golpistas
"Ferroviarias como Norte,
MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras
como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wilcox,
Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el
director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez
Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones
hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas".
"¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en
Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de
guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores,
jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el
"esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta
1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la
represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800
millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria
vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector
industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor
número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de
Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La
Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer
copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las
organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su
beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce
la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la
participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no
reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos
delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad
del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el
coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en
febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados
por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y
Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora
(Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio
Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales
responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca
reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el
año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto
con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No
haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se
extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley
andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los
trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las
"antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de
información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste
todo eso".
En sectores como la minería y la
construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de
pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido
muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos",
relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar
los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo
temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central
de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían,
describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y
propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores
generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más
trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas,
empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias
Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de
trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la
empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"–
del que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron
trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo,
una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una
relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como
mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a
la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías
privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron
presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo
Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones
Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales,
ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la
Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores
esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid,
Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen
relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock & Wilcox,
La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la
minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería
Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad
Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas),
agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal,
guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores
Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en
Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la
región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron
activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que
intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una
lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
Juan Miguel Baquero
