Caso Almería: las vergüenzas de la Transición
La justicia y la memoria tienen asuntos
pendientes con la llamada Transición española. Uno de los más significativos –y
sombríos – es el que tiene que ver con Luis Cobo Mier, Luis Montero García y
Juan Mañas Morales. En la madrugada que transcurre entre los días 9 y 10 de
mayo de 1981 se gesta el conocido como Caso Almería. Esa noche son arrestados
por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar estos jóvenes
trabajadores residentes en la provincia de Santander (aún Cantabria no disponía
de Estatuto de Autonomía) cuando, al parecer, son erróneamente reconocidos en
el transcurso de su viaje de Santander a Almería como militantes de ETA.
"Mi querida familia, ante el
respeto que merecen me dirijo a Vds. para contarles el hecho siguiente respecto
a las extrañas circunstancias de la desgracia de buestro (sic) hijo y
compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la Comandancia [de la
Guardia Civil] de esta localidad". Así comenzaba una carta anónima escrita
por un agente del cuerpo policial militarizado que fue remitida a la familia de
Mañas Morales tres años después del asesinato de los tres jóvenes y en la que
daba cuenta de las torturas y la forma en la que once guardias civiles acabaron
con los trabajadores.
Los motivos y las circunstancias del viaje
Juan Mañas tenía 24 años, era
almeriense de Pechina, pero llevaba varios años trabajando en la FEVE,
destinado en Santander. Luis Montero –33 años, trabajador de FYESA y miembro
del PCE y CCOO – y Luis Cobo –28 años y trabajador de ACERIASA – eran buenos
amigos de Juan, quien los invitó a la primera comunión de su hermano menor,
Francisco Javier, que se iba a celebrar en su localidad natal el domingo 10 de
mayo.
Las "extrañas
circunstancias" de las que escribía el agente sin nombre comenzaron el 7
de mayo cuando, después de salir de sus respectivos trabajos, los jóvenes
emprendieron su viaje, en un SEAT 127, matrícula de Santander, con la intención
de hacer noche en Madrid, en un piso que le había prestado un amigo a Luis
Cobo. Ese mismo día por la mañana se produjo en la capital un atentado de ETA
sobre el vehículo en el que viajaba el general Joaquín de Valenzuela, Jefe del
Cuarto Militar del Rey, dejándolo malherido y matando a los tres militares que
iban con él.
Inmediatamente, las fuerzas de
seguridad del Estado montaron los dispositivos oportunos para la detención de
los militantes de ETA sospechosos de participar en la acción. Se sospechaba de
José María Bereciartúa y José León Mazusta, apoyados por un tercer integrante
del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa. En la prensa aparecieron
publicadas las fotografías de los dos primeros junto con la de José Andrés
Izaguirre Gogorza, 'Gogor', del que se sospechaba que estaba al frente del comando.
De Goyenechea Fradúa, al parecer, no existían fotografías.
Los jóvenes santanderinos ya eran
conocedores de lo sucedido en Madrid, pero arribaron a la capital sin
incidentes reseñables, salvo por algunos problemas que les estaba dando el
automóvil y que hicieron que, a la mañana siguiente, antes de continuar su
viaje, se detuvieran en un taller cercano a la vivienda en la que habían
pernoctado. No obstante, continuaron su viaje hasta que, en una localidad
manchega, El Provencio, la avería se hizo patente. Se detuvieron en el primer
taller que encontraron y allí decidieron dejar el coche para su reparación. El
mecánico les acercó en su coche a la estación de ferrocarril de Villarrobledo,
desde donde viajaron a Alcázar de San Juan para intentar un enlace con el tren
de Andalucía.
Cuando llegaron a la estación
comprobaron que el siguiente tren no salía hasta las cuatro de la madrugada,
así que decidieron alquilar otro coche. En las afueras de la estación
preguntaron a unos taxistas y a gente que pasaba por allí por una casa de
alquiler de coches. Les informaron de que solamente había en la localidad de
Manzanares, a unos cuantos kilómetros. Así, tomaron un tren que iba a
Manzanares y, finalmente, Luis Cobo alquiló a su nombre un Ford Fiesta con
matrícula de Ciudad Real. Con él llegaron a su destino en Pechina ya entrada la
noche.
El periplo por tierras manchegas
en pos de una conexión para proseguir su viaje a Andalucía exaltó la fantasía y
el fervor patriótico en algunas de las personas con las que habían hablado. Una
de ellas, al día siguiente, 8 de mayo, tras ojear el periódico y observar las
fotografías de los etarras a los que se atribuye el atentado contra el general
Valenzuela, creyó reconocer en los jóvenes de Santander a dichos militantes
vascos. Buscó la anuencia y corroboración de otros y decidieron denunciar a la
Policía y a la Guardia Civil sus conjeturas.
La caza
Luis Montero, Luis Cobo y Juan
Mañas durmieron esa noche en la casa de los padres de este último y pasaron el
día siguiente visitando distintos lugares de la provincia de Almería dado que
para los dos santanderinos era la primera ocasión por aquellas tierras.
Mientras, la denuncia que se
originaba en Alcázar de San Juan había puesto en marcha una maquinaria de
búsqueda y captura que solamente parará con la detención por parte de la
Guardia Civil de los tres amigos en el interior de una tienda de recuerdos de
Roquetas de Mar. Son las nueve de la noche del día 9 de mayo de 1981.
Años después, el teniente coronel
Victoriano Guillén, quien se opuso con contundencia al golpe de Estado del 23F
y fue castigado por ello, explicó ante las cámaras del programa de
televisión Crónica de una generación:
"La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se
daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y que
habían atentado contra el general Valenzuela. [El teniente coronel al frente
del operativo] Castillo Quero, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y
que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer un
servicio y hacer méritos, colgarse medallas".
Desde el momento en que se
produjo la denuncia, la familia de Luis Cobo comenzó a recibir llamadas y
visitas de agentes de la Comandancia de Santander preguntando por las señas
personales y la documentación con que éste contaba (dado que era Luis Cobo Mier
quien había alquilado el vehículo). La familia informó que Luis no tenía el
documento nacional de identidad porque lo había perdido, pero que viajaba con
el carné de conducir y con el pasaporte. Aportaron todo tipo de datos:
características físicas, situación laboral, la ropa que llevaba… Todo indica
que desde Santander se consiguió aclarar su identidad y que, por tanto, su
adscripción a ETA debía quedar descartada.
Sin embargo, en Almería se montó
un gran dispositivo por parte de la Guardia Civil para su localización,
advirtiéndose a los subordinados de la extrema peligrosidad de los militantes
de ETA a los que se pretendía detener.
Montero, Cobo y Mañas fueron
apresados a última hora de la tarde del sábado 9 de mayo sin que ninguno de
ellos ofreciera la más mínima resistencia. A partir de ese momento, y hasta que
fueron encontrados sus cadáveres calcinados en el interior del Ford Fiesta en
un barranco de la carretera de Gérgal, la Guardia Civil y otros funcionarios
del Estado trataron de ocultar la verdad con una versión oficial tan delirante
que, si se sigue al pie de la letra, plantea tantos interrogantes que, a fuerza
de dudas, crea demasiadas certezas.
El 12 de mayo, los diarios dudan.
El entonces bisoño periódico El País le
dedica 114 palabras en los que tímidamente reproduce la versión oficial. El Diario Montañés, en Santander, sí indica
que "la nota de la Guardia Civil que relata los hechos no parece muy clara
y por eso la propia Dirección General ha abierto una investigación (…)".
Versión oficial
En la comparecencia que
posteriormente realizó el ministro de Interior de UCD, Juan José Rosón, ante el
Congreso de los Diputados, manifestó que tras la detención, y según informes de
la Guardia Civil, los detenidos entraron en contradicción en algunas de sus
declaraciones y que en ningún momento Juan Mañas se había identificado como
natural de Almería (de hecho, en todo momento la Guardia Civil indicó,
contradiciendo a los familiares que manifiestan que salió de casa con su DNI y
su carné de FEVE, que Juan Mañas no llevaba ninguna identificación, al
contrario que Cobo o Montero). También informó de que en el reconocimiento del
automóvil en el que viajaban los detenidos se han encontrado dos pistolas marca
'Astra'.
La versión oficial mantiene que
existía un convencimiento de que los detenidos eran, efectivamente, activistas
de ETA y se ordenó su traslado a Madrid en una caravana compuesta de cuatro
vehículos que incluía el propio Ford Fiesta de los santanderinos (en total once
guardias civiles vestidos de paisano y los tres detenidos), conducido por un
guardia civil, al cual acompañaba otro como copiloto, mientras que los
detenidos iban esposados en el asiento de atrás.
Cerca de la localidad de Gérgal,
desde los coches que viajan detrás observaron como el Ford Fiesta realizaba un
giro extraño y cómo el conductor salía despedido por la puerta lateral y, a
continuación, el otro guardia civil por la puerta contraria. Todo esto se
entiende como un intento de agresión y fuga por parte de los detenidos y el
teniente coronel al mando de la operación (Castillo Quero) ordenó disparar a
las ruedas con el objeto de detener el vehículo. Sin embargo éste, lejos de
pararse, cayó por un pequeño barranco y se incendió, siendo imposible el
rescate de los detenidos por la magnitud de las llamas y el riesgo de
explosión.
El ministro, tal y como recuerda
Antonio Ramos Espejo en el libro El Caso
Almería: Abierto para la historia, también señaló que la identificación de las
víctimas no fue posible hasta horas más tarde al enterarse del suceso sus
familiares por la prensa.
El ministro Rosón concluyó
asegurando que todo se debió a un "trágico error". Los diputados de
la oposición presentes en la comparecencia, indignados, no dudaron en calificar
la exposición de pantomima y de encubrimiento por parte del Gobierno de un
crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil. Aunque, una vez derrotada
la UCD, olvidaron el caso, la justicia e, incluso, la memoria de lo sucedido.
El juicio
"A mi madre le dieron una
bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un colgante, una prenda de ropa… y
luego ya le dieron los restos de mi tío -explica Lola Liquete Cobo, la sobrina
de Luis Cobo Mier- ... un brazo, una mandíbula, unos dientes… Claro, mi madre
dijo: ¿Dónde está el resto de mi hermano?". Las familias denunciaron desde
el primer minuto las inconsistencias de la versión oficial y, con la ayuda del
tenaz abogado Darío Fernández, lograron llevar a juicio a parte de los implicados.
El juicio se inició el 14 de
junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron
procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que
en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era
el mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández
Llamas.
El abogado de la acusación
particular, Darío Fernández, en todo momento intentó que fueran condenados por
asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de
homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso judicial
sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los hechos, y siempre
dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas por los
forenses. Fue constantemente acuciado y los intentos de intimidación por parte
de miembros de la Benemérita fueron variados, "incluida una bomba bajo su
coche: Darío tuvo que esconderse en una cueva", recuerda Lola Liquete
Cobo.
No fue Darío Fernández el único
intimidado. José Criado, Pepe el barbero, un militante de la izquierda
almeriense, rememora esos días en el libro aún inédito La Chanca. Una Revolución (1940-2000):
"Cuando la farsa del juicio, que yo le llamo farsa de juicio porque eso
fue, la represión que tuvimos fue peor porque denunciamos la farsa que estaban
haciendo. Eso nos supuso… A mí me asaltaron mi negocio, mi peluquería. El local
donde teníamos la sede de la Plataforma de Lucha Obrera fue asaltao, literalmente asaltao. Fue
violentao y yo me tuve que tirar en aquellos entonces quince días fuera
de Almería, había orden de arresto contra mí y me tuve que ir a Murcia".
Los abogados de la defensa
calificaron en todo momento de terroristas a los fallecidos, incluso con
posterioridad a la correcta identificación de los mismos. De hecho, en el
periodo que transcurrió desde el crimen hasta la finalización del juicio desde
diversas instancias se continuó poniendo en duda su identidad, pasando de
terroristas a delincuentes comunes o bien, homosexuales. Además, se intentó
crear un clima según el cual Almería estaba infestado de terroristas y pisos
francos.
Lo cierto es que no se encontró
ningún impacto de bala en las ruedas del Ford Fiesta, pero sí alrededor del
depósito de gasolina y en los cuerpos y en las cabezas de los fallecidos.
Algunos de los impactos habían sido realizados de arriba abajo, contradiciendo
la versión de los guardias de que los disparos se hicieron antes de que el
coche cayera a la hondonada y se incendiara.
En el lugar de los hechos se
encontró una lata de gasolina. Las pistolas que presuntamente se habían
descubierto horas después de la detención en el coche de los detenidos estaban
llenas de herrumbre y estaban datadas en 1921. En el juicio a instancias del
abogado de la acusación se declaró por parte de miembros de la Guardia Civil
que perfectamente podían ser armas confiscadas y depositadas en cuarteles.
Por si fuera poco, cinco
pescadores que pasaban por la carretera de Gérgal cuando el coche estaba
incendiándose con los tres jóvenes dentro ratificaron en el juicio que pararon
para ofrecer su ayuda y un extintor que portaban en su automóvil, y que un
guardia civil les dijo que no era necesario ya que los heridos habían sido
evacuados (lo cual, evidentemente, no era así).
En las conclusiones finales los
abogados defensores reconocieron por fin que había existido un delito de
homicidio, cuando previamente afirmaban que no había existido delito, pero
alegaron "cumplimiento del deber" de los tres enjuiciados y "obediencia
debida" en los casos del teniente y del guardia. El fiscal,
sospechosamente coordinado con los defensores, no cambió sus alegaciones y
siguió manteniendo en todo momento que se trataba de un homicidio.
Al teniente coronel Castillo
Quero, que en ningún momento ha mostrado sombra de arrepentimiento, se le
sentenció a una pena de 24 años de prisión. Al teniente Gómez Torres a 15 años
de prisión, y al guardia Fernández Llamas a 12 años de prisión. Todas las penas
citadas implicaban además la baja en el cuerpo de la Guardia Civil.
En todos los casos los acusados
salieron de la cárcel con bastante antelación al final de sus penas por un
teórico buen comportamiento (Castillo Quero logró el tercer grado a los tres
años). Además cumplieron en unas condiciones que para sí quisieran muchos de
los internos que siguen penando por las cárceles de España. Durante parte de la
pena residieron en centros militares en lugar de hacerlo en cárceles ordinarias
y, tal y como se denunció años después, recibieron un 'salario' procedente de los
fondos reservados del Ministerio del Interior.
Con posterioridad a la sentencia,
tal como mostró el diario El País en su
edición del día 15 de octubre de 1985, la esposa del exteniente coronel
Castillo Quero solicitó para su marido un indulto por "sus largos
servicios a la patria".
El 22 de abril de 2015, El Diario de Almería dio cuenta de cómo la
formación política Amaiur había formulado varias preguntas relacionadas con el
Caso Almería en el Congreso de los Diputados. Quería saber si los agentes de la
Guardia Civil condenados por asesinar a los tres jóvenes cobraron esas ayudas
de fondos reservados, las cantidades y si, finalmente, el Gobierno contemplaba
considerar a los fallecidos como víctimas del terrorismo, tal y como reclaman
las familias. Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, recibió la siguiente respuesta
a sus numerosas preguntas: "El Gobierno carece de información que pueda
aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antigüedad de los hechos
referidos en la pregunta".
Unas conclusiones que se extienden en el tiempo
Tanto las familias de los jóvenes
fallecidos como su abogado, numerosos periodistas y políticos que siguieron el
caso, tienen hasta el día de hoy, 35 años después, otra versión de los hechos
que se sigue manteniendo en la oscuridad por parte de las sucesivas autoridades
gubernativas y de la Guardia Civil.
Caben pocas dudas respecto a que
a Juan Mañas, a Luis Cobo y a Luis Montero los mataron miembros de la Guardia
Civil en un estado de confusión rayano en la demencia o la obsesión. Pudiendo
realizarse las comprobaciones de identidad oportunas no se hicieron, pese a que
la Guardia Civil tenía medios para ello, tal y como se comprobó en el juicio.
Las pistolas que dijeron haber encontrado en el coche, con toda probabilidad
fueron colocadas allí para justificar la inculpación como militantes de ETA.
Es muy probable que a uno de
ellos o a todos se les trasladara a una antigua fortaleza cerca de la costa y
se les torturara intentando arrancarles una confesión. También es posible que
alguno de ellos o todos fallecieran bajo tortura y que el Ford Fiesta en el
convoy de traslado solamente transportara en la parte de atrás personas muertas
o… sus restos. Si fuera así, estaríamos ante un concepto aún más perverso de la
"ley de fugas".
Es posible que se prendiera el
coche utilizando la propia gasolina del depósito y también la del bidón que se
encontró en los alrededores, con el objeto de ocultar las lesiones producidas
con antelación.
Este 10 de mayo se cumplen 35
años de los hechos que se relatan. Las familias continúan en completo
desacuerdo con el desenlace. Por ello, siguen pidiendo que se aclaren las
circunstancias reales de la muerte de sus familiares y que recaiga la ley con
justicia en los causantes. Los guardias civiles eran once y solamente fueron
juzgados tres. El resto, además de participar en la acción, cometieron el
delito de ocultación de pruebas.
Las familias siguen solicitando
dignidad para los jóvenes asesinados y que se les considere víctimas del
terrorismo. En ningún momento ha sido aceptada esta cuestión, alegando que
solamente pueden ser consideradas así las víctimas de ETA. Hoy en día son
consideradas de ese modo también las víctimas de otros grupos terroristas y se
reclama que el "concepto" se amplíe a las víctimas del terrorismo de
Estado.
El año pasado, en la plaza de
Pechina, localidad de nacimiento de Juan Mañas, se le levantó una placa en
homenaje y en recuerdo de los hechos acaecidos. En Cantabria, tierra de
nacimiento o de adopción de todos ellos, jamás se ha realizado un acto de
homenaje oficial ante sus asesinatos.
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Caso-Almeria-verguenzas-Transicion_0_513049551.html
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