LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE
PUERTO REAL DECLARADA LUGAR DE MEMORIA
El Consejo de Gobierno ha
aprobado incluir en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de
Andalucía las fosas comunes de los cementerios de Puerto Real (Cádiz) y Baena (Córdoba),
así como la Plaza de la Constitución de esta última localidad.
La decisión se adopta de acuerdo
la ley autonómica de 2017 que reconoce el carácter emblemático de los
emplazamientos de la represión franquista en la Guerra Civil y la Dictadura hasta
la consecución del Estatuto de Autonomía. Con los declarados hoy, son ya 54 los
espacios de este tipo reconocidos en la comunidad autónoma.
La fosa común del cementerio de
San Roque en Puerto Real representa uno de los máximos exponentes del trabajo
desarrollado por equipos técnicos andaluces a partir de la colaboración entre
administraciones y entidades memorialistas, que en 2016 permitió la
recuperación de 185 cuerpos. Después de las del cementerio de San Rafael de
Málaga, es la segunda mayor exhumada en la comunidad con metodología
científica.
Los dos lugares declarados en
Baena fueron los escenarios claves de los crímenes cometidos desde el 28 de
julio de 1936 por las fuerzas sublevadas al mando del coronel Eduardo Sáenz de
Buruaga. En el primero de ellos, la actual Plaza de la Constitución, tuvieron
lugar los asesinatos de más de un centenar de personas entre ese día y el 30
del mismo mes. Las ejecuciones posteriores, hasta un mínimo total documentado
de 365 personas, se sucedieron incluso durante la postguerra en el cementerio
de Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se ubicaría un enterramiento colectivo
ilegal.
A la declaración de estos tres
lugares seguirán próximamente las de otros diez en seis provincias andaluzas,
cuya fase de valoración ya ha finalizado. Se trata de la fortificación del
Estrecho, que atraviesa varios municipios del Campo de Gibraltar, en la
provincia de Cádiz; el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de
Córdoba, en Córdoba; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa
Úrsula de Jaén, el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y
la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia de Jaén; el Palacio de la Aduana, en
Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la
Gavidia, así como el lugar donde el trabajador Francisco Rodríguez Ledesma fue
herido de muerte en Sevilla, en 1978.
Conforme a la legislación
autonómica sobre la materia, el procedimiento de declaración conlleva un
informe exhaustivo sobre el enclave, su evolución histórica y la narración de
los hechos que motivan su reconocimiento, con los datos sobre las personas e
instituciones que se vieron involucradas. Si se trata de un emplazamiento
público, la Administración pública titular está obligada a garantizar su
identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente
alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro
permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
Los Lugares de Memoria Democrática
se inscriben en un inventario específico de carácter público que contiene la
documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea
de utilidad para estudios e investigación.
Fuente: Junta de Andalucia
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