La respuesta ciudadana por la detención del cajero acusado por el robo de la Caja municipal no se ha hecho esperar. En esta jornada encabezados por los responsables de la plataforma Responsabilidades Políticas Ya, los isleños realizarán una caravana de vehículos por diferentes calles de las ciudad. Lo harán como medida de protesta por la desaparición de un total de 7,8 millones de euros de las arcas municipales entre los años 2004 y 2009.
Pero los manifestantes aseguran que no buscan culpables eso se lo dejan «a la justicia», sin embargo no cederán en su empeño de exigir «responsabilidades políticas porque han fallado los sistemas de control y los políticos, que son los que nosotros votamos, no han hecho su trabajo». Así de contundente se mostraba en sus declaración el portavoz de la Plataforma, Manuel Pareja, quien explicó que «hayan detenido al cajero nos da más fuerza para protestar porque corrobora que han robado el dinero de los isleños y lo han hecho durante mucho tiempo sin que nadie se de cuenta de lo que estaba ocurriendo».
Manifestación
La caravana de vehículos saldrá a las 11:30 horas del Centro Cívico de La Ardila. Con está sumarían tres las protestas realizadas de esta peculiar forma por los simpatizantes con la plataforma ciudadana.
Pero además el portavoz de la misma dio a conocer que ya tienen fecha para una nueva protesta. Será el próximo 10 de diciembre y para ello ya han comenzando a convocar a los ciudadanos a través de internet y mensajes a móviles. Entres sus demandas también incluyen la ruptura del pacto entre andalucistas y populares.
7.11.09
San Fernando (Cadiz) - La plataforma contra el robo de la caja protesta hoy con una caravana de coches
El juez registra las viviendas de Matas en Palma y Madrid
El juez del caso Palma Arena llevó a cabo ayer una espectacular acción al registrar durante toda la jornada las propiedades del ex presidente balear Jaume Matas, imputado en la causa del sobrecoste del velódromo de la capital balear. Matas está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cohecho impropio por supuesto enriquecimiento irregular.
La operación comenzó por la mañana en Madrid, donde la Guardia Civil registró e inventarió los bienes del piso de la familia Matas. Por la tarde, los agentes acompañaron al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en el minucioso examen y valoración del piso palacio que Matas adquirió por un millón de euros en el centro de Palma y que Hacienda valoró en dos veces y media más de su valor de compra.
El registro en Palma concluyó pasadas las nueve de la noche. Un arquitecto experto en peritaje judicial tasó la vivienda de 425 metros cuadrados hábiles. También se valoraron las obras de arte de ambos inmuebles. En la primera inspección, los peritos constataron la gran inversión para la reforma interior del piso-palacio. "Una gran fortuna", según los investigadores. El abogado de Matas, Rafael Perera, señaló, tras concluir el registro, que se incautaron de documentos y facturas, y que buscaron la caja fuerte y los joyeros.
Matas tendrá que declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo junto a su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal. Éste está encausado por un presunto pago de gastos electorales del PP con 72.000 euros en dinero negro. El juez sostiene que esos fondos procedían de empresas de la obra del velódromo balear, cuyo presupuesto se disparó de 40 a 110 millones.
La operación comenzó por la mañana en Madrid, donde la Guardia Civil registró e inventarió los bienes del piso de la familia Matas. Por la tarde, los agentes acompañaron al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en el minucioso examen y valoración del piso palacio que Matas adquirió por un millón de euros en el centro de Palma y que Hacienda valoró en dos veces y media más de su valor de compra.
El registro en Palma concluyó pasadas las nueve de la noche. Un arquitecto experto en peritaje judicial tasó la vivienda de 425 metros cuadrados hábiles. También se valoraron las obras de arte de ambos inmuebles. En la primera inspección, los peritos constataron la gran inversión para la reforma interior del piso-palacio. "Una gran fortuna", según los investigadores. El abogado de Matas, Rafael Perera, señaló, tras concluir el registro, que se incautaron de documentos y facturas, y que buscaron la caja fuerte y los joyeros.
Matas tendrá que declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo junto a su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal. Éste está encausado por un presunto pago de gastos electorales del PP con 72.000 euros en dinero negro. El juez sostiene que esos fondos procedían de empresas de la obra del velódromo balear, cuyo presupuesto se disparó de 40 a 110 millones.
el pais
Exposición: Solidaridad Obrera, 100 años de prensa anarcosindicalista
La exposición, traída para la ocasión desde Cataluña, trata acerca de la historia del periódico Solidaridad Obrera, más conocido de forma coloquial y cariñosa como "la Soli". Con motivo de su centenario en el 2007, concretamente el 19 de octubre, la Regional de Cataluña y Baleares de CNT-AIT realizó una serie de actos de homenaje en los que se incluye la elaboración de esta exposición.
A pesar de que dicho periódico ha tenido a lo largo de la historia un ámbito de distribución concreto, creemos que por su importancia histórica traspasa cualquier ámbito (ya sea este geográfico o lingüístico) y es un orgullo para el movimiento libertario y nosotros como anarcosindicalistas, poder presentar bajo esta exposición a uno de los periódicos de la prensa obrera más longevos y que llegó a constituirse en diario con una tirada de 220.000 ejemplares en la Cataluña libertaria de 1936.
La muestra recoge el testimonio de las épocas más significativas y de las personas que han tenido relación con la historia de éste emblemático periódico, con el movimiento libertario y anarcosindicalista. Un movimiento libertario que siempre se dedicó y lo sigue haciendo a promover la cultura entre las clases populares, no solo con todo tipo de publicaciones sino también con la fundación de bibliotecas, ateneos o escuelas racionalistas.
* Durante los días que dure la exposición tendremos a disposición de los interesados en profundizar más en la historia del periódico, el libro de Paco Madrid: "Solidaridad Obrera y la prensa de raíz ácrata". El investigador Francisco Madrid, a través de éste libro hace un esbozo de lo que podrían ser las líneas maestras de un estudio sobre el movimiento obrero español de tendencia anarquista y del propio movimiento anarquista, tomando como hilo conductor al propio diario obrero, pero también a todo el conglomerado cultural que el anarquismo desplegó entonces y continúa desplegando en la actualidad. Este libro abarca desde los inicios de la prensa obrera decimonónica hasta 1939.
En este sentido, en la exposición, en horario de tarde estará presente la distribuidora del sindicato en donde se pondrá a la venta diverso material difusor de las ideas anarquistas y anarcosindicalistas, así como libros procedentes de la Fundación Anselmo Lorenzo y otras editoriales como es el caso del ya mencionado libro del periódico Solidaridad Obrera, como el libro que analiza la historia de Ajoblanco "Los 70 a destajo"; la Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español; o el libro "El lado oscuro de las ONG" entre otros..
Acto de presentación:
Día 12 de noviembre a las 19.00 h.
Archivo Histórico Provincial de Málaga
c/ Martínez de la Rosa 8.
Al concluir la presentación se ofrecerá una copa de vino (de la tierra) a los asistentes
A pesar de que dicho periódico ha tenido a lo largo de la historia un ámbito de distribución concreto, creemos que por su importancia histórica traspasa cualquier ámbito (ya sea este geográfico o lingüístico) y es un orgullo para el movimiento libertario y nosotros como anarcosindicalistas, poder presentar bajo esta exposición a uno de los periódicos de la prensa obrera más longevos y que llegó a constituirse en diario con una tirada de 220.000 ejemplares en la Cataluña libertaria de 1936.
La muestra recoge el testimonio de las épocas más significativas y de las personas que han tenido relación con la historia de éste emblemático periódico, con el movimiento libertario y anarcosindicalista. Un movimiento libertario que siempre se dedicó y lo sigue haciendo a promover la cultura entre las clases populares, no solo con todo tipo de publicaciones sino también con la fundación de bibliotecas, ateneos o escuelas racionalistas.
* Durante los días que dure la exposición tendremos a disposición de los interesados en profundizar más en la historia del periódico, el libro de Paco Madrid: "Solidaridad Obrera y la prensa de raíz ácrata". El investigador Francisco Madrid, a través de éste libro hace un esbozo de lo que podrían ser las líneas maestras de un estudio sobre el movimiento obrero español de tendencia anarquista y del propio movimiento anarquista, tomando como hilo conductor al propio diario obrero, pero también a todo el conglomerado cultural que el anarquismo desplegó entonces y continúa desplegando en la actualidad. Este libro abarca desde los inicios de la prensa obrera decimonónica hasta 1939.
En este sentido, en la exposición, en horario de tarde estará presente la distribuidora del sindicato en donde se pondrá a la venta diverso material difusor de las ideas anarquistas y anarcosindicalistas, así como libros procedentes de la Fundación Anselmo Lorenzo y otras editoriales como es el caso del ya mencionado libro del periódico Solidaridad Obrera, como el libro que analiza la historia de Ajoblanco "Los 70 a destajo"; la Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español; o el libro "El lado oscuro de las ONG" entre otros..
Acto de presentación:
Día 12 de noviembre a las 19.00 h.
Archivo Histórico Provincial de Málaga
c/ Martínez de la Rosa 8.
Al concluir la presentación se ofrecerá una copa de vino (de la tierra) a los asistentes
La mujer de Clemente Ruiz dice haber cobrado una herencia de 240.000 euros
Uno por uno. Así quiere rebatir el abogado Ignacio Quintana cada argumento que en el auto de prisión respalda la detención de su cliente, el funcionario de Hacienda Clemente Ruiz, detenido ante el riesgo de fuga por la comisión de tres delitos -malversación de fondos, falsedad de documento público y falsedad de documento mercantil- relacionados con el desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal del Consistorio isleño. Por eso, ya en la mañana de ayer el abogado trabajaba en el recurso en compañía de la pareja de Ruiz, un documento que perfilarán durante el fin de semana para presentarlo el mismo lunes. Sobre tres ejes basculará también su defensa. Así, Quintana se detuvo en un primer momento en el más llamativo de los datos. El alto nivel de vida de Ruiz y de su esposa tiene una explicación. Obviamente, matizó, los ingresos que entran en el domicilio de la familia son superiores a los 1.700 euros del salario de un funcionario. Su esposa, Manuela Oneto, trabaja también desde el año 2002 y además, ésta -decía al abogado durante la conversación telefónica mantenida con este periódico- había cobrado no hace demasiado tiempo una herencia de un familiar bastante cuantiosa, en torno a los 240.000 euros. "Y lo puede demostrar con papeles", apuntaba Quintana, al hilo de lo que le explicaba la mujer.Otro asunto que se tratará en el recurso es la relación de su cliente con el marroquí M.A.B., con el cual, así se señala en el auto, Ruiz podía estar preparando su ocultación en Marruecos. En este sentido, comentó que la existencia de unos segundos nombres marroquíes para su cliente y su pareja no se debía más que a una broma que comenzó en una barbacoa conjunta y que siguió en conversaciones posteriores. Quintana insistió en este sentido que ellos ni siquiera conocían ese país, y lo demostrarán, matizó, con la entrega de los pasaportes. Además, comentaba, "¿por qué precisamente ahora es cuando había riesgo de fuga, por qué no hace un mes o hace dos?, es algo que desconocemos porque claro, no tenemos acceso al sumario y sólo podemos basarnos en la información que nos ofrece el auto".Un tercer punto en el que basarán su defensa es en la improbabilidad de que, a su juicio, Ruiz fuera el único que tenía acceso a la hoja de caja. "Existía una clave de entrada, y no creo que fuera él el único que la conociera", apuntaba Quintana, quien además explicaba que el programa informático que se utiliza en Hacienda es manipulable. "De ahí mi temor a que puedan haber sido modificados ya elementos desde el propio Ayuntamiento". En cuanto a los cheques que supuestamente expedía este funcionario, el abogado también era tajante. "Hasta donde me ha contado mi cliente, cualquier tipo de talón que se expedía tiene que ser solicitado a Tesorería y tiene que contar con el visto bueno de este departamento. En Caja no se liberan cheques, sólo se cobran", concluía.
Vecinos de Aluche (Madrid) reclaman un nuevo centro de salud
Centenares de vecinos del barrio de Aluche se manifestaron el jueves 5 de noviembre para reclamar a la Comunidad de Madrid la construcción de un centro de salud además del que ya funciona en la calle de Maqueda porque, entre otras cosas, este último no tiene capacidad para cumplir los protocolos establecidos por Sanidad para tratar la Gripe A, según informó este jueves la Asociación de Vecinos de Aluche.
Un mes después de la última manifestación, los vecinos del barrio que son atendidos por este centro volvieron a salir a la calle para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la promesa de dotar al barrio con un nuevo centro de salud. Salieron desde el centro de salud y recorieron las calles del Tembleque e Illescas hasta llegar al solar cedido para la construcción del centro sanitario.
Denuncian que el programa electoral con el que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, concurrió a las elecciones de 2007 recogía el compromiso de construir 55 centros de salud nuevos, que podrían extenderse a 76, según las disponibilidades de suelo que se tuviera. "Uno de estos centros, e incluso de los más prioritarios, según la propia Consejería de Sanidad, es el de Aluche", apuntan.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid cedió un solar para ello en el año 2006 en la calle de Seseña. En la actualidad cerca 40.000 vecinos están adscritos a Maqueda, que se encuentra situado en los bajos de unas viviendas "sin cumplir los mínimos requisitos para que el personal médico pueda trabajar en condiciones adecuadas en un centro caracterizado por la saturación, la falta de espacio y la escasa ventilación".
Según los usuarios, el centro "no sólo incumple la normativa" en aspectos como la evacuación, sino que además por sus características "es imposible cumplir con los protocolos del plan de respuesta ante la Gripe A elaborados por la Consejería de Sanidad que contempla la creación de áreas restringidas, así como mantener separadas las consultas de pediatría del resto de los pacientes".
Pese a todo esto, señalan que se seguirán manifestando porque, además, los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 no cuentan con una partida específica para la construcción del centro prometido.
La Haine
Un mes después de la última manifestación, los vecinos del barrio que son atendidos por este centro volvieron a salir a la calle para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la promesa de dotar al barrio con un nuevo centro de salud. Salieron desde el centro de salud y recorieron las calles del Tembleque e Illescas hasta llegar al solar cedido para la construcción del centro sanitario.
Denuncian que el programa electoral con el que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, concurrió a las elecciones de 2007 recogía el compromiso de construir 55 centros de salud nuevos, que podrían extenderse a 76, según las disponibilidades de suelo que se tuviera. "Uno de estos centros, e incluso de los más prioritarios, según la propia Consejería de Sanidad, es el de Aluche", apuntan.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid cedió un solar para ello en el año 2006 en la calle de Seseña. En la actualidad cerca 40.000 vecinos están adscritos a Maqueda, que se encuentra situado en los bajos de unas viviendas "sin cumplir los mínimos requisitos para que el personal médico pueda trabajar en condiciones adecuadas en un centro caracterizado por la saturación, la falta de espacio y la escasa ventilación".
Según los usuarios, el centro "no sólo incumple la normativa" en aspectos como la evacuación, sino que además por sus características "es imposible cumplir con los protocolos del plan de respuesta ante la Gripe A elaborados por la Consejería de Sanidad que contempla la creación de áreas restringidas, así como mantener separadas las consultas de pediatría del resto de los pacientes".
Pese a todo esto, señalan que se seguirán manifestando porque, además, los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 no cuentan con una partida específica para la construcción del centro prometido.
La Haine
Detienen y apalean a la bloguera Yoani Sánchez cuando iba a una protesta
La bloguera cubana Yoani Sánchez, que ya ha sufrido en varias ocasiones la represión del régimen castrista, fue detenida este viernes durante veinte minutos y maltratada por varios policías cuando acudía a una manifestación.
Yoani Sánchez relató que iba caminando por una calle de La Habana con otros blogueros y fueron interceptados por policías que les pidieron que les acompañaran, a lo cual se negaron y exigieron que les mostraran órdenes de arresto.Los policías los metieron a la fuerza en dos vehículos y los maltrataron "física y verbalmente" antes de dejarlos en otro lugar de la ciudad veinte minutos después."Fui secuestrada al peor estilo siciliano, con violencia verbal, física, llaves de inmovilidad, rodillazos", relató Sánchez desde su casa sobre lo ocurrido.
Con su blog "desdecuba.com/Generación Y", Sánchez, de 34 años, ha ganado el premio español de periodismo digital Ortega y Gaset y el estadounidense María Moors Cabot, entre otros que no ha podido recibir porque las autoridades le impiden salir de Cuba. El régimen, además, llegó a prohibir el acceso al blog desde la isla.
EFE
Yoani Sánchez relató que iba caminando por una calle de La Habana con otros blogueros y fueron interceptados por policías que les pidieron que les acompañaran, a lo cual se negaron y exigieron que les mostraran órdenes de arresto.Los policías los metieron a la fuerza en dos vehículos y los maltrataron "física y verbalmente" antes de dejarlos en otro lugar de la ciudad veinte minutos después."Fui secuestrada al peor estilo siciliano, con violencia verbal, física, llaves de inmovilidad, rodillazos", relató Sánchez desde su casa sobre lo ocurrido.
Con su blog "desdecuba.com/Generación Y", Sánchez, de 34 años, ha ganado el premio español de periodismo digital Ortega y Gaset y el estadounidense María Moors Cabot, entre otros que no ha podido recibir porque las autoridades le impiden salir de Cuba. El régimen, además, llegó a prohibir el acceso al blog desde la isla.
EFE
6.11.09
Puerto Real roza los 5.000 parados
Los nuevos datos del paro nos han vuelto a estremecer.
Según los datos oficiales, Puerto Real cerró el mes de octubre con un aumento de 130 parados. Lo que supone una subida del 2.39% y situa el total de desempleados inscritos en la oficina del INEM en 4.962.
Urge que el Ayuntamiento se preocupe de una vez por esta la grave situación que afecta a tantas familias en nuestro pueblo y que deje de perder el tiempo con Las Aletas y materialice la creación de esos puestos de trabajo en los terrenos disponibles y legales en nuestro termino municipal que están criando jaramagos a la espera de actividad.
No sabemos porqué Barroso ignora el espacio disponible en el bajo de la cabezuela, en los terrenos ociosos de Astillero o en cualquiera de los polígonos industriales que poseemos, y se permite el lujo de llevar 10 años pensando más en Las Aletas que en generar, o facilitar que se generen, puestos de trabajo.
No es presentable que mientras la población sufre semejantes tasas de paro él y el resto de administraciones pierdan el tiempo fantaseando con recalificaciones de grandes extensiones de terreno, que además deberían formar parte del Parque Natural de la Bahía, cuando existe terreno de sobra para que cualquier empresa que se quiera instalar en esta zona lo haga de forma inmediata.
Según los datos oficiales, Puerto Real cerró el mes de octubre con un aumento de 130 parados. Lo que supone una subida del 2.39% y situa el total de desempleados inscritos en la oficina del INEM en 4.962.
Urge que el Ayuntamiento se preocupe de una vez por esta la grave situación que afecta a tantas familias en nuestro pueblo y que deje de perder el tiempo con Las Aletas y materialice la creación de esos puestos de trabajo en los terrenos disponibles y legales en nuestro termino municipal que están criando jaramagos a la espera de actividad.
No sabemos porqué Barroso ignora el espacio disponible en el bajo de la cabezuela, en los terrenos ociosos de Astillero o en cualquiera de los polígonos industriales que poseemos, y se permite el lujo de llevar 10 años pensando más en Las Aletas que en generar, o facilitar que se generen, puestos de trabajo.
No es presentable que mientras la población sufre semejantes tasas de paro él y el resto de administraciones pierdan el tiempo fantaseando con recalificaciones de grandes extensiones de terreno, que además deberían formar parte del Parque Natural de la Bahía, cuando existe terreno de sobra para que cualquier empresa que se quiera instalar en esta zona lo haga de forma inmediata.
fuente: Los Verdes
Los ecologistas salvan Las Aletas de la actuación irresponsable e ilegal del Estado, de la Junta y de Barroso.
El Estado, la Junta de Andalucía y Barroso son un lastre para el desarrollo económico sostenible de la Bahía y un peligro para la conservación de nuestros espacios naturales.
Estos organismos en su empeño por gestionar lo público como quien gobierna un cortijo no dudan en plantear actuaciones, como la de las Aletas, con la suficiencia y la soberbia de quien se siente por encima de la ley y la justicia.
Ahora, además, en un alarde de demagogia vuelcan su ira y su frustración contra los ecologistas y contra el Supremo, cuando ellos son los únicos responsables de un proyecto que además de ilegal es a todas luces innecesario instalar en Las Aletas.
Los Verdes también planteamos nuestras alegaciones, y en distintas ocasiones hemos manifestado nuestra postura con respecto a este proyecto, y ahora, que el Supremo en sentencia de 19 de octubre de 2009 ha tumbado esta iniciativa ilegal, nos hacemos las siguientes preguntas:
Estos organismos en su empeño por gestionar lo público como quien gobierna un cortijo no dudan en plantear actuaciones, como la de las Aletas, con la suficiencia y la soberbia de quien se siente por encima de la ley y la justicia.
Ahora, además, en un alarde de demagogia vuelcan su ira y su frustración contra los ecologistas y contra el Supremo, cuando ellos son los únicos responsables de un proyecto que además de ilegal es a todas luces innecesario instalar en Las Aletas.
Los Verdes también planteamos nuestras alegaciones, y en distintas ocasiones hemos manifestado nuestra postura con respecto a este proyecto, y ahora, que el Supremo en sentencia de 19 de octubre de 2009 ha tumbado esta iniciativa ilegal, nos hacemos las siguientes preguntas:
-Porqué ese empeño en situarlo en esta zona de marismas?
-Porqué, si es cierto que hay tantas empresas que se quieren ubicar en esta zona, no se acondiciona el espacio libre en los Bajos de la Cabezuela?
-Porqué si es cierto que se pueden crear más de 30.000 empleos la Junta ofrece 30.000 Euros a cualquier ex-Delphi si libera a la Junta de su promesa de buscarle trabajo?
-Porqué, si hay tanta demanda de suelo por parte de las empresas, siguen existiendo parcelas llenas de jaramagos en todos nuestros polígonos industriales?
-Porqué a nuestros dirigentes se les llena la boca de sostenibilidad, de protección de la Naturaleza, de lucha contra el cambio climático...........etc, y luego no dudan en cargarse una zona de marismas que debería estar formando parte del Parque Natural de la Bahía?
-Porqué, ahora que estamos en plena crisis, nos venden el proyecto de las Aletas como generador de mas de 30.000 puestos de trabajo, y en plena época de bonanza no han sido capaces de recolocar a 2.000 ex-Delphis?
-Porqué se sienten estos políticos con poder y legitimados para desafiar a la justicia y pasarse las leyes por el forro de sus caprichos ? ("El proyecto de las Aletas sigue adelante y es irreversible" Pizarro dixit).
Si se dedicaran a trabajar para los ciudadanos, que somos quienes los mantenemos, y se dejaran de demagogia y de perseguir objetivos personales y de partido, a todos nos iría mucho mejor.
Para finalizar, consideramos que es una irresponsabilidad generar espectativas falsas de empleo a una población asolada por el paro, cerca de 5.000 personas en Puerto Real, y si esas espectativas son reales es una irresponsabilidad empeñarse en consolidarlas de forma ilegal y a costa del medio ambiente, y que su materialización se eternice en el tiempo, llevamos mas de 10 años mareando la perdiz, mientras que el paro sigue creciendo, y ellos son los únicos responsables de esto.
Imputados el alcalde y 6 cargos del PSOE por delitos urbanísticos en Punta Umbría
El juzgado de Instrucción 4 de Huelva ha imputado al alcalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado; a su asesor, cargo del PSOE y secretario de los socialistas puntaumbrieños, Juan Pomares; a cinco concejales del Gobierno puntaumbrieño, entre ellos el de Urbanismo, y a un técnico municipal en el procedimiento abierto a raíz de la querella criminal interpuesta por la empresa Ibercons Ingeniería por presuntos delitos de amenazas, alteración del precio de subastas y concursos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.
Según recoge una providencia dictada el pasado 29 de octubre, el juez cita a los imputados a declarar los próximos días 16 y 18 de febrero de 2010, así como a Juan Carlos Trigueros, director técnico de la empresa supuestamente coaccionada por el PSOE para que se apartase de la adjudicación de unas obras, que lo hará en calidad de testigo.
En la querella, Ibercons expone la «trama» que orquestó el Gobierno socialista para decantar el proyecto previsto en una plaza del núcleo costero de El Portil hacia otra empresa, Punta Enebro (creada a los tres meses de llegar el PSOE a la Alcaldía de Punta), pese a que ofertó un presupuesto más caro y con un mayor tiempo de ejecución.
Según recoge una providencia dictada el pasado 29 de octubre, el juez cita a los imputados a declarar los próximos días 16 y 18 de febrero de 2010, así como a Juan Carlos Trigueros, director técnico de la empresa supuestamente coaccionada por el PSOE para que se apartase de la adjudicación de unas obras, que lo hará en calidad de testigo.
En la querella, Ibercons expone la «trama» que orquestó el Gobierno socialista para decantar el proyecto previsto en una plaza del núcleo costero de El Portil hacia otra empresa, Punta Enebro (creada a los tres meses de llegar el PSOE a la Alcaldía de Punta), pese a que ofertó un presupuesto más caro y con un mayor tiempo de ejecución.
Convenio Colectivo empresa Aqualia (Rota-Sanlucar-Paterna-Benalup-La Linea)
Para ver el convenio pulse en el enlace de abajo en su pagina 13:
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP213_06-11-09.pdf
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP213_06-11-09.pdf
Puerto Real se sitúa al borde del precipio legal de endeudamiento
El Ayuntamiento de Puerto Real se coloca al borde del precipicio. Con la operación de tesorería con Cajasol por un millón de euros aprobada ayer en pleno, el equipo de gobierno se sitúa a menos de punto y medio del límite legal en endeudamiento a corto plazo.
En concreto, el ejecutivo local alcanza un 28,52 por ciento, cuando el tope se fija en el 30 por ciento para operaciones corrientes.
La perspectiva es todavía menos halagüeña de aquí a 2011, cuando vencerán todos los créditos que el Ayuntamiento mantiene a largo plazo, lo que hará que se cierna una situación financiera todavía más difícil.
El delegado municipal de Economía, Federico Paz fue escueto en su explicación sobre el destino del crédito con Cajasol: «para necesidades transitorias», manifestó. Respecto a una posible puesta en peligro del cobro del sueldo por los funcionarios municipales, Paz replicó que «hasta ahora se ha pagado la nómina religiosamente a finales de mes, o como máximo a primeros del siguiente».
Respecto a la situación venidera, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Aldayturriaga, alertó al ejecutivo local que «este será el único crédito que van a poder pedir, porque lo siguiente probablemente tendrá que ser con autorización de la Junta», sentenció.
Por su parte el representante de Los Verdes, Antonio Hernández Leyton, adelantó que su formación mantendrá su voto negativo en otras operaciones similares que puedan venir de aquí en adelante.
En el turno de réplica, Paz trajo a colación el problema por el que está pasando el Ayuntamiento con la caída de las licencias urbanísticas, cuyos ingresos para las arcas municipales han descendido en un 80 por ciento.
El edil reclamó igualmente propuestas constructivas, lo que provocó la reacción en cascada de la oposición al completo.
Aldayturriaga replicó que desde el año 2000 su grupo defendía la idea de un plan de saneamiento. «Si se hubiera acometido responsablemente en tiempos de bonanza, no estaríamos como estamos», se lamentó. La portavoz andalucista, Maribel Peinado, compartía esa queja: «Este grupo ha pedido un plan de saneamiento en más de una ocasión», aportó. Las palabras de Paz encontraron igualmente la contestación de Hernández Leyton: «No diga que no ofrecemos alternativas, cuando llevamos dos años ofreciéndonos a consensuar un plan financiero para lo que se veía venir», devolvió. A ello se sumaron desde Los Verdes las alternativas que presentó su grupo para paliar la subida de tasas e impuestos.
5.11.09
Los cargos de la esposa de Montilla
En las últimas fechas han comenzado a denunciarse la acumulación de cargos de Ana Hernández Bonancia, esposa del presidente catalán José Montilla y cuyo nombre aparece en 14 empresas públicas y privadas. Hernández es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Just Desvern; gerente del Consorcio de la Colonia Güell; consejera del Túnel del Cadí, Concessionaria S. A.; consejera del Barrio de la Mina; delegada del área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona: consejera de la Caixa. En esa acumulación de cargos figura la presidencia de Promunsa, Promociones Municipales Santjustenques, S. A., que forma parte de un grupo de empresas asociadas denominado AVS-Associats, sección catalana de la Asociación Española de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS).
A esta entidad de promotores pertenece también Gramepark, la empresa municipal de urbanismo de Santa Coloma investigada por Garzón.Pero lo que realmente preocupa a los internautas respecto a Hernández es lo que cobra por los cargos que ocupa.
A esta entidad de promotores pertenece también Gramepark, la empresa municipal de urbanismo de Santa Coloma investigada por Garzón.Pero lo que realmente preocupa a los internautas respecto a Hernández es lo que cobra por los cargos que ocupa.
fuente: Libertad Digital
Pacheco declarará mañana por la denuncia de Anticorrupcion
Pacheco regresa de nuevo a los juzgados donde ha dado muestras suficientes de moverse con sobrada soltura, y será mañana cuando vuelva a comparecer ante la titular del nº 3 de Instrucción de Jerez por el conocido caso de los asesores. Su citación ha sido de nuevo a petición propia y se espera que esta vez responda a las preguntas de la jueza y no se acoja a su derecho a no declarar como hizo la anterior ocasión.
El ex alcalde está imputado por malversación y falsedad documental a partir de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que ésta fue presentada hace ya más de un año, Pacheco aún no ha prestado declaración sobre su posible influencia para que dos ex compañeros de partido -José López Benítez y Manuel Cobacho- fueran contratados como asesores de dos sociedades municipales; unos contratos que según las pesquisas del Ministerio Público le reportaron unas remuneraciones a los otros dos imputados de 200.000 euros entre 2005 y 2007 por labores de asesoría que nunca se justificaron.
La denuncia de la fiscal Anticorrupción tiene su origen en un amplio dossier que la actual alcaldesa jerezana y enemiga política más que declarada de Pacheco, entregara a la Fiscalía para que investigara los movimientos del ex edil en su última etapa en el Ayuntamiento. Esto supuso una declaración de guerra en toda regla para Pacheco, quien retó verbalmente a su antigua socia de Gobierno para que demostrara qué diferencia había entre sus asesores y los que han sido contratados bajo el mandato de Pilar Sánchez. En mayo, Pacheco se negó a declarar alegando que su letrado había solicitado una documentación vital para su defensa pero ésta no se había facilitado aún.
Los trabajadores de los astilleros de Huelva retienen un buque
Los casi 200 trabajadores de las aproximadamente 30 empresas auxiliares de Astilleros de Huelva protestaron ayer por los sucesivos impagos de la empresa en el buque Odoardo Amoretti, construido en la factoría onubense. Los operarios exigen que se les abone los 10 millones de euros que "se les debe", aseguró Idalio Benabat, gerente de una de las contratas. El barco tenía previsto zarpar hoy pero los trabajadores advertían: "No lo vamos a permitir". De esta forma, explicaron, ejercen una medida de presión para que el ente público Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), con participación de la Junta, "pague la deuda".
fuente: el pais
El Supremo falla en contra del recurso del ex presidente de Asprodeme
El Tribunal Supremo ha fallado en contra del recurso que presentó el ex presidente de la asociación Asprodeme Diego Periñán Quintero y su hijo Francisco Javier Periñán Delgado por la condena de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad documental.
La sentencia, fallada en octubre de 2008, estimaba probado que durante 2002 y 2003 Periñán, se apropió de 56.760 euros de la asociación provincial de atención a discapacitados Asprodeme, ubicada en Puerto Real y del que fue presidente durante 27 años.
El tribunal también condenó a su hijo, Francisco Javier Periñán Delgado, a dos años y seis meses de prisión por los mismos delitos.
El Supremo, según la sentencia facilitada hoy a Efe, ha desestimado cada uno de los argumentos presentado por el ex director de Asprodeme y su hijo al considerar más que probado cada uno de los hechos que se le imputaron.
En el primero de ellos, que hace alusión a la tarjeta 4B de la asociación que Periñán usaba para compras personales y que el ex presidente negó haber utilizado.
La anterior sentencia relataba que Diego Periñán acudía personalmente a diversos centros comerciales de la provincia y en particular a Makro, en El Puerto, para hacer la compra de productos necesarios para el centro residencial de Asprodeme.
Aprovechando que no se hacía inventario de existencias y productos comprados para el centro, indica, hacía también allí la compra de efectos destinados a su domicilio.
Todo ello, agrega la resolución, lo pagaba con una tarjeta bancaria vinculada a una cuenta de la asociación.
El Tribunal Supremo ha decido desestimar este recurso porque considera "más que probado" al basarse en las declaraciones de dos trabajadores que comparecieron como testigos.
A esto se une la comprobación a través de las facturas, de las compras en la óptica "Airis Visión" cuyos pacientes a los que le correspondían los gastos en la esposa y el hijo del acusado.
La sentencia, fallada en octubre de 2008, estimaba probado que durante 2002 y 2003 Periñán, se apropió de 56.760 euros de la asociación provincial de atención a discapacitados Asprodeme, ubicada en Puerto Real y del que fue presidente durante 27 años.
El tribunal también condenó a su hijo, Francisco Javier Periñán Delgado, a dos años y seis meses de prisión por los mismos delitos.
El Supremo, según la sentencia facilitada hoy a Efe, ha desestimado cada uno de los argumentos presentado por el ex director de Asprodeme y su hijo al considerar más que probado cada uno de los hechos que se le imputaron.
En el primero de ellos, que hace alusión a la tarjeta 4B de la asociación que Periñán usaba para compras personales y que el ex presidente negó haber utilizado.
La anterior sentencia relataba que Diego Periñán acudía personalmente a diversos centros comerciales de la provincia y en particular a Makro, en El Puerto, para hacer la compra de productos necesarios para el centro residencial de Asprodeme.
Aprovechando que no se hacía inventario de existencias y productos comprados para el centro, indica, hacía también allí la compra de efectos destinados a su domicilio.
Todo ello, agrega la resolución, lo pagaba con una tarjeta bancaria vinculada a una cuenta de la asociación.
El Tribunal Supremo ha decido desestimar este recurso porque considera "más que probado" al basarse en las declaraciones de dos trabajadores que comparecieron como testigos.
A esto se une la comprobación a través de las facturas, de las compras en la óptica "Airis Visión" cuyos pacientes a los que le correspondían los gastos en la esposa y el hijo del acusado.
4.11.09
Detenidos promotores y constructores en Chiclana (Cadiz)
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha culminado dos investigaciones encargadas por los juzgados mixtos tres y cuatro de Chiclana de la Frontera (Cádiz) sobre sendos posibles casos contra la ordenación del territorio, dando como resultado la imputación de cinco personas, entre promotores y constructores. Según explicó la Junta en un comunicado, la primera de las investigaciones comenzó en verano por encargo del juzgado mixto número tres, referente a una parcela de suelo no urbanizable en el Pago de los Guisos de Chiclana. Mediante el cotejo de ortografías aéreas, los funcionarios policiales comprobaron que en 2005 desaparece una casa pequeña de antigua construcción y aparece una nueva edificación unifamiliar de 90 metros cuadrados de planta con piscina. Posteriormente, en 2007 se inició la construcción de otra similar tras ser dividida la parcela con un muro de hormigón, todo ello sin licencia municipal de obras. Además, para hacer las obras se talaron todos los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental. Así, tras localizar y oír en declaración a los promotores y al constructor de ambas viviendas, fueron imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
PAGO MAJADILLAS
La segunda investigación, encargada por el juzgado mixto número cuatro, también se hizo sobre unas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable en el Pago Majadillas de la localidad, donde se había construido un edificio de dos plantas de 120 metros cuadrados y otro edificio de una planta de 50 metros cuadrados sin ningún tipo de licencia municipal.Por las ortoimágenes, se comprobó que la obra acabó en 2005, declarándose ese año la obra nueva, pero no de las construcciones levantadas, sino de la antigua casa. Según dijo, esto constituye un procedimiento habitual para "enmascarar la irregularidad y dar aspecto de legalidad". Posteriormente, los promotores y constructores de las mismas fueron localizados y oídos en declaración, tras lo que fueron imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
PAGO MAJADILLAS
La segunda investigación, encargada por el juzgado mixto número cuatro, también se hizo sobre unas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable en el Pago Majadillas de la localidad, donde se había construido un edificio de dos plantas de 120 metros cuadrados y otro edificio de una planta de 50 metros cuadrados sin ningún tipo de licencia municipal.Por las ortoimágenes, se comprobó que la obra acabó en 2005, declarándose ese año la obra nueva, pero no de las construcciones levantadas, sino de la antigua casa. Según dijo, esto constituye un procedimiento habitual para "enmascarar la irregularidad y dar aspecto de legalidad". Posteriormente, los promotores y constructores de las mismas fueron localizados y oídos en declaración, tras lo que fueron imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
El cajero municipal (San Fernando- Cadiz) Clemente Ruiz ingresa directamente en prisión y la cajera queda en libertad con cargos
Clemente Ruiz, uno de los dos cajeros imputado en el desfalco municipal, ha sido trasladado a prisión tras la comparecencia en el Juzgado de San Fernando acusado de malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil, mientras que la otra cajera imputada ha quedado en libertad con cargos, como estaba desde el pasado mes de abril.El detenido fue sacado de las dependencias judiciales andando por la puerta de la calle Dolores y recogido en la esquina, lo que consiguió burlar a la prensa que se encontraba apostada en la plaza de San José desde antes de las dos de la tarde.El abogado de Clemente Ruiz, José Ignacio Quintana, mantiene que su defendido no ha sido el autor del robo, al menos de la totalidad de lo sustraído, por lo que insiste en el levantamiento del sumario para poder defender a su cliente.Los dos cajeros imputados en la presunta malversación de fondos de la Caja municipal entraron en el Juzgado aproximadamente a la una y media de la tarde , en el primer movimiento de este tipo que se produce -o que al menos haya trascendido- desde que se decretó el secreto del sumario a principios del mes de abril.Ambos imputados llegaron a las instalaciones de la plaza de San José por sus propios medios y posteriormente lo hicieron sus respectivos abogados. La declaración se produce cuando se especula con que se levante el secreto del sumario y que incluso los letrados de los imputados lo han solicitado para poder defenderlo en el contencioso administrativo que mantienen contra el Ayuntamiento por la suspensión de empleo y sueldo decretada por el alcalde. Ahora también lo piden para defender a Clemente Ruiz de los nuevos cargos imputados y su ingreso en prisión.
Un alto cargo de la Junta de Castilla y León compró cuatro casas en cinco años
Según ha podido saber la Cadena SER, el que fuera teniente de alcalde y concejal de obras del Ayuntamiento de Boadilla en la etapa más controvertida, Miguel Ignacio González, ahora alto cargo de la Junta de Castilla y León, ha conseguido acumular un patrimonio inmobiliario notable en tiempo record; 4 viviendas en lugares emblemáticos en 5 años. Miguel Ignacio González aparece en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Madrid, vinculado al "albondiguilla" por parte de Francisco Correa en un episodio de reparto de comisiones, hecho éste desmentido por el propio interesado
Miguel Ignacio González Sánchez ha conseguido comprar hasta cuatro viviendas en tan sólo cinco años coincidiendo con su etapa en el ayuntamiento de Boadilla del Monte.
En 2001, a los pocos meses de fichar como asesor de Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla imputado en el caso Gürtel, Miguel Ignacio González adquirió un apartamento en pleno casco histórico de Salamanca, su tierra natal.
Pero sin duda, su mejor año como nuevo propietario de inmuebles fue en 2.004: en marzo compra un dúplex de 60 metros cuadrados en el Madrid de los Austrias, una de las zonas privilegiadas de la capital de España. Y tan sólo unas semanas después, se hace con la mitad de la propiedad de una casona de más de 200 metros cuadrados en Candelario, en la zona más turística de la provincia salmantina.
La cuarta vivienda comprada por el actual director de deportes, es un piso de casi 70 metros cuadrados muy cerca de la catedral de Salamanca. Fue escriturado en 2006, pocos meses después de haber dejado Boadilla del Monte para ocupar la dirección de deportes de la Junta de Castilla y León.
Todos esos inmuebles suman hipotecas que rondan los 500.000 euros.
A Miguel Ignacio González no se le conocía ocupación fija retribuida anterior a esta etapa. La Cadena SER se ha puesto en contacto con el alto cargo de la Junta, Miguel Ignacio González asegura que no piensa presentar la dimisión y que este patrimonio se explica porque lleva una vida austera y que a los 42 años continúa viviendo con sus padres.
Miguel Ignacio González Sánchez ha conseguido comprar hasta cuatro viviendas en tan sólo cinco años coincidiendo con su etapa en el ayuntamiento de Boadilla del Monte.
En 2001, a los pocos meses de fichar como asesor de Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla imputado en el caso Gürtel, Miguel Ignacio González adquirió un apartamento en pleno casco histórico de Salamanca, su tierra natal.
Pero sin duda, su mejor año como nuevo propietario de inmuebles fue en 2.004: en marzo compra un dúplex de 60 metros cuadrados en el Madrid de los Austrias, una de las zonas privilegiadas de la capital de España. Y tan sólo unas semanas después, se hace con la mitad de la propiedad de una casona de más de 200 metros cuadrados en Candelario, en la zona más turística de la provincia salmantina.
La cuarta vivienda comprada por el actual director de deportes, es un piso de casi 70 metros cuadrados muy cerca de la catedral de Salamanca. Fue escriturado en 2006, pocos meses después de haber dejado Boadilla del Monte para ocupar la dirección de deportes de la Junta de Castilla y León.
Todos esos inmuebles suman hipotecas que rondan los 500.000 euros.
A Miguel Ignacio González no se le conocía ocupación fija retribuida anterior a esta etapa. La Cadena SER se ha puesto en contacto con el alto cargo de la Junta, Miguel Ignacio González asegura que no piensa presentar la dimisión y que este patrimonio se explica porque lleva una vida austera y que a los 42 años continúa viviendo con sus padres.
fuente: cadena ser
RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL FASCISMO
Cientos de personas recordaron a sus familiares y amigos fallecidos en el cementerio de San Juan Bautista de Chiclana. A la entrada, a la derecha, del Cementerio de S. Juan Bautista hay un recuerdo para las víctimas del franquismo. En una piedra hay un escrito que dice: “En memoria de los hombres y mujeres que se atrevieron a pensar que era posible una sociedad más justa y dieron su vida por lo que creían”.A su derecha hay otra piedra con una larga lista en la que vienen los nombres de veintinueve chiclaneros, la mayoría de filiación anarcosindicalista, que acompañados en su trágico destino por compañeros de diversas ideologías, fueron fusilados por los fascistas, allá por 1936. Es un homenaje de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en la cual aportan su granito de arena compañeros del Sov de la CNT-AIT de Chiclana, que desde hace dos años largos, hicieron posible un punto a falta del paradero de sus familiares desaparecidos donde depositar flores. Que la tierra os sea leve.
CNT Chiclana
Tintorería Subway despide injustamente a trabajadora
Por medio de esta nota os informamos del conflicto laboral que este sindicato mantiene contra la empresa de lavandería SUBWAY S.L. (Tintorería Net a Sec).María Teresa, trabajadora de esta empresa y afiliada a nuestro sindicato, tiene una jornada laboral semanal superior a las 40 horas de trabajo, por lo que en ausencia de cualquier tipo de Convenio y remitiéndose al Estatuto de los trabajadores, solicitó a Subway que estas horas de más que realizaba semanalmente se le abonasen como horas extraordinarias. A raíz de esto la empresa empezó a acosar a la trabajadora, creando un ambiente laboral insoportable que provocó que la compañera sufriera una depresión y solicitase la baja.
Mª Teresa se reincorporó a su trabajo en la última semana de Octubre, momento en que se notifica la creación de la sección sindical de CNT – AIT en Subway, siendo nombrada como delegada esta trabajadora. La reacción de la empresa no ha podido ser más represiva: ha despedido inmediatamente a Mª Teresa, sin que ni siquiera haya presentado carta de despido.Desde CNT entendemos que se han vulnerado los derechos laborales y sindicales de esta empleada, y no permitiremos que esta agresión quede impune. Por tanto, iniciamos una campaña pública de denuncia de la política laboral de esta empresa, que se concreta en concentraciones ante la puerta de Subway (en Avda. Lola Flores, junto a Alfredo Café & Copas) los días 6, 13 y 20 de Noviembre. Las concentraciones serán a las 19,30 h.
READMISION INMEDIATA DE LA COMPAÑERA DESPEDIDABASTA DE ACOSO LABORAL.SI ATACAN A UNA COMPAÑERA LO HACEN CON TODA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.SOLIDARIDAD CON MARIA TERESA.!!!!ANARCOSINDICALISMO Y ACCION DIRECTA¡¡¡¡¡!!!!!CNT EN LUCHA¡¡¡¡¡¡¡
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE JEREZ DE LA FRONTERAPlaza del Arenal, nº 20,22, bajo- JerezTlf. y fax 956.332.456- E-mail: cntjerez@yahoo.comPágina web: http://jerez.cnt.es/
Concentración a las puertas de los Ayuntamiento de la Mancomunidad del
El próximo jueves día 5 de Noviembre de 17:00 a 21:00, se concentrarán a las puertas de
los Ayuntamiento los trabajadores de Escuelas Taller y Talleres de Empleo de la
mancomunidad, convocados por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pidiendo
su sueldo y la dimisión al gerente José Antonio Navarro.
Los Trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir llevan sin cobrar desde
Septiembre, solo han cobrado un 30% y se sabe que unos 5 0 6 trabajadores han cobrado
todo, esto lo hace la empresa para intentar dividir.
La situación según CNT es muy tensa en mancomunidad, el gerente José Antonio Navarro,
con su pésima gestión solo ha conseguido arruinar las arcas de dicha entidad, no se entiende
como se ha podido perder el dinero de los trabajadores, cuando este viene a través de la
consejería de empleo y ya le habían pagado el 75% de todo, CNT teme que intente pagar
con el dinero de nuevos proyectos, creando un agujero todavía mayor, con lo cual lo
pagarían mas adelante los nuevos trabajadores y sería mucho mas difícil solucionar este
problema. Por esto CNT pide el cese del gerente a todos los alcaldes de la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Guadalquivir.
La siguiente acción de CNT en Mancomunidad será el lunes día 9 de Noviembre, que tiene
convocada una Huelga en mancomunidad y una concentración a las puertas de la delegación
de empleo en Sevilla.
los Ayuntamiento los trabajadores de Escuelas Taller y Talleres de Empleo de la
mancomunidad, convocados por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pidiendo
su sueldo y la dimisión al gerente José Antonio Navarro.
Los Trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir llevan sin cobrar desde
Septiembre, solo han cobrado un 30% y se sabe que unos 5 0 6 trabajadores han cobrado
todo, esto lo hace la empresa para intentar dividir.
La situación según CNT es muy tensa en mancomunidad, el gerente José Antonio Navarro,
con su pésima gestión solo ha conseguido arruinar las arcas de dicha entidad, no se entiende
como se ha podido perder el dinero de los trabajadores, cuando este viene a través de la
consejería de empleo y ya le habían pagado el 75% de todo, CNT teme que intente pagar
con el dinero de nuevos proyectos, creando un agujero todavía mayor, con lo cual lo
pagarían mas adelante los nuevos trabajadores y sería mucho mas difícil solucionar este
problema. Por esto CNT pide el cese del gerente a todos los alcaldes de la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Guadalquivir.
La siguiente acción de CNT en Mancomunidad será el lunes día 9 de Noviembre, que tiene
convocada una Huelga en mancomunidad y una concentración a las puertas de la delegación
de empleo en Sevilla.
3.11.09
Cospedal cobra dos sueldos, dos indemnizaciones y un complemento
La presidenta de los populares castellano-manchegos y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, cobra de dos sueldos (del Senado, del Partido Popular) más un complemento por antigüedad como funcionaria que le abona el Ministerio de Justicia, que le reportan una cantidad económica que asciende a 118.859 euros.
Según la declaración de sus actividades, bienes y rentas presentada a las Cortes regionales, y publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), también percibe dos indemnizaciones. Una, por los gastos derivados de sus funciones representativas del Parlamento autonómico de 13.371,26 euros, a la que intentó renunciar hace unos meses, pero que no permite el reglamento de la Cámara regional. Asimismo, cobra un complemento del Senado (indemización artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara Alta) que asciende a 27.608.84 euros.
En total, sumando todos estos ingresos a los recibidos por conferencias (1.176,47 euros) y rendimientos financieros (4.364,78 euros), Cospedal ganó en 2008 165.651,65 euros.
Los diputados regionales de Castilla-La Mancha están obligados a presentar declaración de sus actividades, bienes y rentas, para la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según establece el Reglamento de las Cortes regionales.
Cospedal actualmente aglutina los cargos de presidenta del PP en Castilla-La Mancha, nombrada el 25 de junio de 2006; senadora por Castilla-La Mancha desde el 7 de septiembre de 2006, secretaria general del PP desde el 22 de junio de 2008, y además es parlamentaria regional, y abogada del Estado.
Según la declaración de sus actividades, bienes y rentas presentada a las Cortes regionales, y publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), también percibe dos indemnizaciones. Una, por los gastos derivados de sus funciones representativas del Parlamento autonómico de 13.371,26 euros, a la que intentó renunciar hace unos meses, pero que no permite el reglamento de la Cámara regional. Asimismo, cobra un complemento del Senado (indemización artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara Alta) que asciende a 27.608.84 euros.
En total, sumando todos estos ingresos a los recibidos por conferencias (1.176,47 euros) y rendimientos financieros (4.364,78 euros), Cospedal ganó en 2008 165.651,65 euros.
Los diputados regionales de Castilla-La Mancha están obligados a presentar declaración de sus actividades, bienes y rentas, para la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según establece el Reglamento de las Cortes regionales.
Cospedal actualmente aglutina los cargos de presidenta del PP en Castilla-La Mancha, nombrada el 25 de junio de 2006; senadora por Castilla-La Mancha desde el 7 de septiembre de 2006, secretaria general del PP desde el 22 de junio de 2008, y además es parlamentaria regional, y abogada del Estado.
fuente: Europa-Press
Detenido un jefe de la Policía Nacional en Tudela por un delito de tráfico
El jefe de la Policía Nacional en la ciudad navarra de Tudela, Félix de Benito, ha sido detenido por agentes de la Policía Foral como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
El Gobierno de Navarra ha confirmado que el arresto, revelado este martes por el 'Diario de Navarra', se practicó en la madrugada del sábado cuando el mando policial se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.
Una patrulla de policías forales vio cómo el coche que éste conducía se había saltado una rotonda y cuando se dirigieron a él observaron además que parecía haber bebido, por lo que quisieron hacerle una prueba de alcoholemia a la que se negó.
La Delegación del Gobierno en Navarra ha precisado en un comunicado que se han abierto diligencias para esclarecer lo acontecido y, entre tanto, Félix de Benito no ostentará su cargo al frente de la Policía en Tudela.
El Gobierno de Navarra ha confirmado que el arresto, revelado este martes por el 'Diario de Navarra', se practicó en la madrugada del sábado cuando el mando policial se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.
Una patrulla de policías forales vio cómo el coche que éste conducía se había saltado una rotonda y cuando se dirigieron a él observaron además que parecía haber bebido, por lo que quisieron hacerle una prueba de alcoholemia a la que se negó.
La Delegación del Gobierno en Navarra ha precisado en un comunicado que se han abierto diligencias para esclarecer lo acontecido y, entre tanto, Félix de Benito no ostentará su cargo al frente de la Policía en Tudela.
Detenido un jefe de la Policía Nacional en Tudela por un delito de tráfico
El jefe de la Policía Nacional en la ciudad navarra de Tudela, Félix de Benito, ha sido detenido por agentes de la Policía Foral como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
El Gobierno de Navarra ha confirmado que el arresto, revelado este martes por el 'Diario de Navarra', se practicó en la madrugada del sábado cuando el mando policial se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.
Una patrulla de policías forales vio cómo el coche que éste conducía se había saltado una rotonda y cuando se dirigieron a él observaron además que parecía haber bebido, por lo que quisieron hacerle una prueba de alcoholemia a la que se negó.
La Delegación del Gobierno en Navarra ha precisado en un comunicado que se han abierto diligencias para esclarecer lo acontecido y, entre tanto, Félix de Benito no ostentará su cargo al frente de la Policía en Tudela.
El Gobierno de Navarra ha confirmado que el arresto, revelado este martes por el 'Diario de Navarra', se practicó en la madrugada del sábado cuando el mando policial se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.
Una patrulla de policías forales vio cómo el coche que éste conducía se había saltado una rotonda y cuando se dirigieron a él observaron además que parecía haber bebido, por lo que quisieron hacerle una prueba de alcoholemia a la que se negó.
La Delegación del Gobierno en Navarra ha precisado en un comunicado que se han abierto diligencias para esclarecer lo acontecido y, entre tanto, Félix de Benito no ostentará su cargo al frente de la Policía en Tudela.
Reflexiones sobre Las Aletas
Purificación González de la Blanca, de Cádiz
Por una Sentencia del Tribunal Supremo ha quedado anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que daba luz verde al denominado Parque Empresarial Las Aletas, proyectado en plena zona de dominio público marítimo-terrestre estatal, con una ocupación prevista de 5.200.000 m2. No podía ser de otra manera al amparo de la legalidad vigente, que antepone la protección de este dominio como valor prevalente a cualquier otra consideración, aunque la provincia de Cádiz esté plagada de inadmisibles precedentes.
En este país, en el que todo se pervierte, la última modalidad especulativa de pelotazo ha pasado a ser la de los parques industriales o empresariales, que sistemáticamente se vienen proyectando en zona marítimo-terrestre estatal, con la complicidad de unas administraciones que utilizan este territorio protegido (por la propia Constitución Española y por la ley que la desarrolla en esta materia: la de Costas) como moneda de cambio. Al tratarse de suelo protegido y público (de todos) no va a ser defendido por nadie y va a ser más barato, incluso gratis. Además, al ser necesario desecarlo y/o drenarlo, convierte las obras en sumamente costosas para la hacienda pública pero altamente rentables para determinadas empresas, de todos conocidas, que son las que “venden” los proyectos, deciden las inversiones públicas y hacen su agosto a costa de los rellenos, desecaciones e infraestructuras.
Es sorprendente que tantas administraciones, partidos, incluso sindicatos, se hayan puesto de acuerdo para vulnerar abiertamente el artículo 132 de la Constitución Española, el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y la Ley de Costas, entre otras disposiciones. Tan sorprendente como conocer declaraciones de algún político de que “La Junta espera que el Consejo de Ministros lo arregle”.
¿En qué país estamos? ¿Aún no conocen la división de poderes? Pues que tengan cuidado con esa Ley de Costas (artículo93), que hace responsables a los promotores, los constructores, los políticos, los funcionarios, los asesores, los organismos colegiados, etc.,…que adoptaran decisiones o acuerdos en contra de esta ley. Pero si lo que quieren son terrenos –no obras, como parece- , en la Bahía de Cádiz hay numerosos excedentes de terrenos desecados para polígonos industriales (ahora llamados parques industriales o empresariales), que en algunos casos, como el de Tres Caminos, en que fueron desecados 665.532 M2 de salinas, después de 30 años todavía tienen sin cubrir alrededor del 50% de su superficie. En otros, como el de IMPULSA, en las Salinas de Poniente (El Puerto de Santa María), tras tan inmenso derroche de desecación de salinas y marismas en un lugar de tan alta sensibilidad ecológica (que afecta también a la ribera del Guadalete) y derroche también de alumbrado, parece ser que solo tiene instaladas dos o tres naves industriales.
Y además tenemos desecaciones en El Trocadero, 1.239.024 M2; Río San Pedro, 310.000 M2 ; Salina San José, de 1.000.000 M2; Salina La Isleta, de aproximadamente 1.000.000 M2; Salina de Poniente, de 1.600.000 M2 desecados, y prácticamente vacía en su totalidad, etc., por solo mencionar algunos de estos polígonos. En el caso de Las Aletas, con gran parte de terrenos desecados (sin que por ello dejen de ser de dominio público), albergan una importante biodiversidad, ya que aquí se censan distintas especies protegidas, en proceso de extinción, como las escasas cigüeñas negras que visitan la provincia, terreras marismeñas, patos cuchara, ánades frisos, alcaravanes, garzas, ánades reales (han llegado a contarse hasta un millón), etc. Siendo también territorio de caza de algunos halcones, ya que aquí proliferan las liebres. Todo esto deben saberlo quienes tienen la obligación de preservar el litoral y el medio ambiente. Pero parecen ignorarlo cuando actúan sistemáticamente contra todos esos seres que, sin duda, constituyen una de las grandes riquezas de esta provincia.
Han tratado de vendernos Las Aletas como la panacea que iba a resucitar la Bahía, tal y como hicieron con los rellenos de San Felipe, esos terrenos hoy marginales que iban a dar 12.000 puestos de trabajo y se convertirían en “el motor del desarrollo”. No hablemos de Puerto Sherry, que iba a dar empleo a medio El Puerto de Santa María… (consulten la hemeroteca). Qué falta de respeto a los ciudadanos. Cómo destruyen el medio ambiente y cómo dilapidan los presupuestos públicos.Pero la gran pregunta que hay que hacerse es qué está sucediendo con el dominio público marítimo-terrestre estatal en la provincia de Cádiz.
Por una Sentencia del Tribunal Supremo ha quedado anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que daba luz verde al denominado Parque Empresarial Las Aletas, proyectado en plena zona de dominio público marítimo-terrestre estatal, con una ocupación prevista de 5.200.000 m2. No podía ser de otra manera al amparo de la legalidad vigente, que antepone la protección de este dominio como valor prevalente a cualquier otra consideración, aunque la provincia de Cádiz esté plagada de inadmisibles precedentes.
En este país, en el que todo se pervierte, la última modalidad especulativa de pelotazo ha pasado a ser la de los parques industriales o empresariales, que sistemáticamente se vienen proyectando en zona marítimo-terrestre estatal, con la complicidad de unas administraciones que utilizan este territorio protegido (por la propia Constitución Española y por la ley que la desarrolla en esta materia: la de Costas) como moneda de cambio. Al tratarse de suelo protegido y público (de todos) no va a ser defendido por nadie y va a ser más barato, incluso gratis. Además, al ser necesario desecarlo y/o drenarlo, convierte las obras en sumamente costosas para la hacienda pública pero altamente rentables para determinadas empresas, de todos conocidas, que son las que “venden” los proyectos, deciden las inversiones públicas y hacen su agosto a costa de los rellenos, desecaciones e infraestructuras.
Es sorprendente que tantas administraciones, partidos, incluso sindicatos, se hayan puesto de acuerdo para vulnerar abiertamente el artículo 132 de la Constitución Española, el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y la Ley de Costas, entre otras disposiciones. Tan sorprendente como conocer declaraciones de algún político de que “La Junta espera que el Consejo de Ministros lo arregle”.
¿En qué país estamos? ¿Aún no conocen la división de poderes? Pues que tengan cuidado con esa Ley de Costas (artículo93), que hace responsables a los promotores, los constructores, los políticos, los funcionarios, los asesores, los organismos colegiados, etc.,…que adoptaran decisiones o acuerdos en contra de esta ley. Pero si lo que quieren son terrenos –no obras, como parece- , en la Bahía de Cádiz hay numerosos excedentes de terrenos desecados para polígonos industriales (ahora llamados parques industriales o empresariales), que en algunos casos, como el de Tres Caminos, en que fueron desecados 665.532 M2 de salinas, después de 30 años todavía tienen sin cubrir alrededor del 50% de su superficie. En otros, como el de IMPULSA, en las Salinas de Poniente (El Puerto de Santa María), tras tan inmenso derroche de desecación de salinas y marismas en un lugar de tan alta sensibilidad ecológica (que afecta también a la ribera del Guadalete) y derroche también de alumbrado, parece ser que solo tiene instaladas dos o tres naves industriales.
Y además tenemos desecaciones en El Trocadero, 1.239.024 M2; Río San Pedro, 310.000 M2 ; Salina San José, de 1.000.000 M2; Salina La Isleta, de aproximadamente 1.000.000 M2; Salina de Poniente, de 1.600.000 M2 desecados, y prácticamente vacía en su totalidad, etc., por solo mencionar algunos de estos polígonos. En el caso de Las Aletas, con gran parte de terrenos desecados (sin que por ello dejen de ser de dominio público), albergan una importante biodiversidad, ya que aquí se censan distintas especies protegidas, en proceso de extinción, como las escasas cigüeñas negras que visitan la provincia, terreras marismeñas, patos cuchara, ánades frisos, alcaravanes, garzas, ánades reales (han llegado a contarse hasta un millón), etc. Siendo también territorio de caza de algunos halcones, ya que aquí proliferan las liebres. Todo esto deben saberlo quienes tienen la obligación de preservar el litoral y el medio ambiente. Pero parecen ignorarlo cuando actúan sistemáticamente contra todos esos seres que, sin duda, constituyen una de las grandes riquezas de esta provincia.
Han tratado de vendernos Las Aletas como la panacea que iba a resucitar la Bahía, tal y como hicieron con los rellenos de San Felipe, esos terrenos hoy marginales que iban a dar 12.000 puestos de trabajo y se convertirían en “el motor del desarrollo”. No hablemos de Puerto Sherry, que iba a dar empleo a medio El Puerto de Santa María… (consulten la hemeroteca). Qué falta de respeto a los ciudadanos. Cómo destruyen el medio ambiente y cómo dilapidan los presupuestos públicos.Pero la gran pregunta que hay que hacerse es qué está sucediendo con el dominio público marítimo-terrestre estatal en la provincia de Cádiz.
Cuatro diputados viajarán a EEUU a pesar de que sus reuniones han sido anuladas
Todo se inició con una petición de la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Delia Blanco, al Congreso de los Diputados para realizar un viaje a Estados Unidos, concretamente a Nueva York y a Washington, al que acudirían ella misma y otros tres diputados más.
Para ello, presentaron un "borrador" en el que explicaban en qué consistiría este viaje. Sin embargo, nada estaba hecho ni cerrado. Hasta en diez ocasiones hablan de "posibles encuentros".
Por ejemplo, aparece: "Posible encuentro con la Administradora del Programa de NNUU para el Desarrollo, Sra. Helen Clark" o "posible encuentro con Sr. Olav Kjorven, encargado de políticas de desarrollo medioambientales y cambio climático", entre otros.
En ese borrador lleno de "posibles" aparece también la cifra del viaje, casi 40.000 euros. El Estado tendría que pagar 8.760 euros por diputado más 700 euros por persona en gastos de representación.
Fue tal la extrañeza que este escrito causó que se pidieron explicaciones a Blanco. Ésta justifica los "posibles encuentros" aduciendo que no podrían confirmarlos hasta que tuvieran la autorización del Congreso.
Los diputados que acudirán a EEUU son además de Delia Blanco, el socialista Joan Calabuig, el popular Gonzalo Robles y el parlamentario de CIU, Carles Campuzano
Para ello, presentaron un "borrador" en el que explicaban en qué consistiría este viaje. Sin embargo, nada estaba hecho ni cerrado. Hasta en diez ocasiones hablan de "posibles encuentros".
Por ejemplo, aparece: "Posible encuentro con la Administradora del Programa de NNUU para el Desarrollo, Sra. Helen Clark" o "posible encuentro con Sr. Olav Kjorven, encargado de políticas de desarrollo medioambientales y cambio climático", entre otros.
En ese borrador lleno de "posibles" aparece también la cifra del viaje, casi 40.000 euros. El Estado tendría que pagar 8.760 euros por diputado más 700 euros por persona en gastos de representación.
Fue tal la extrañeza que este escrito causó que se pidieron explicaciones a Blanco. Ésta justifica los "posibles encuentros" aduciendo que no podrían confirmarlos hasta que tuvieran la autorización del Congreso.
Los diputados que acudirán a EEUU son además de Delia Blanco, el socialista Joan Calabuig, el popular Gonzalo Robles y el parlamentario de CIU, Carles Campuzano
2.11.09
Tomás Moro denuncia a López Garrido por malversación
El equipo de abogados del Centro Jurídico Tomás Moro, ha presentado ante el Registro General de los Juzgados de Instrucción de Madrid, una querella criminal contra Diego López Garrido por un presunto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Según este Centro Jurídico, el ex portavoz del PSOE en el Congreso figuraba desde su nombramiento como Secretario de Estado para la UE y hasta el 25 de mayo de 2009 como miembro del Patronato de la Fundación Alternativas, fundación afín al partido socialista, por cuanto entre sus Patronos figuran, o han figurado, destacadas personalidades como los cineastas Pere Portabella, Manuel Gutiérrez Aragón, músicos como Teddy Bautista, escritores y periodistas como Joaquín Araujo, Vicente Molina Foix, Antonio Muñoz Molina y Rosa Regás; así como Nicolás Sartorius, Joaquín Almunia, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, Felipe González Márquez, Gregorio Peces Barba, y el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. De igual forma, en la constitución fundacional en 1997 figuraba doña Emilia Casas Baamonde.
Igualmente, este Centro Jurídico pudo constatar que con fecha 22 de Julio de 2008, Diego López Garrido firmaba una Resolución de 22 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se publicaba la concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2008, para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.
Entre dichas ayudas, figuraba una por importe de 60.000 euros, por la actividad “Análisis estadístico y presentación de resultados de la encuesta nacional “Hablemos de Europa: ¿qué Europa queremos?”, siendo el beneficiario de dicha ayuda la Fundación de la que es patrono a la vez que el Secretario de Estado que resolvía dicha concesión.
Igualmente, en el BOE número 117 de fecha 14 de Mayo de 2009, se publica una Resolución de fecha 28 de Abril de 2009, de dicha Secretaría de Estado, por la que se concedían las antedichas ayudas, correspondientes al ejercicio 2009. Entre dichas ayudas, figuraba un importe de 18.000 euros por la actividad “Portal Web ¿Qué Europa queremos?”, siendo beneficiaria de dicha ayuda la Fundación Alternativas.
Según Tomás Moro "la incuestionable vinculación del querellado, pasada o presente, con la Fundación Alternativas, convierten la concesión de sendas ayudas por importe de 60.000 € y 18.000 € por parte del Sr. López Garrido, actuando como Secretario de Estado, en actos reprobables jurídicamente y constitutivos de los presuntos delitos objeto de la querella".
Además, el centro jurídico destaca que "tales hechos también entran en conflicto con las normas del Código de Buen Gobierno aprobado por Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, dictadas por el mismo Gobierno, algunos de cuyos miembros también forman parte del patronato de la Fundación Alternativas".
De igual forma, "su conducta está conculcando las normas sobre incompatibilidad de los Funcionarios de la Administración Pública, Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (art. 3- ámbito de aplicación; art. 7 -deber de inhibición y abstención, y art. 10- compatibilidad con actividades privadas)".
Por estos hechos, el Centro Jurídico Tomás Moro pide la dimisión de López Garrido como Secretario de Estado para la UE.
fuente: Libertad Digital
Según este Centro Jurídico, el ex portavoz del PSOE en el Congreso figuraba desde su nombramiento como Secretario de Estado para la UE y hasta el 25 de mayo de 2009 como miembro del Patronato de la Fundación Alternativas, fundación afín al partido socialista, por cuanto entre sus Patronos figuran, o han figurado, destacadas personalidades como los cineastas Pere Portabella, Manuel Gutiérrez Aragón, músicos como Teddy Bautista, escritores y periodistas como Joaquín Araujo, Vicente Molina Foix, Antonio Muñoz Molina y Rosa Regás; así como Nicolás Sartorius, Joaquín Almunia, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, Felipe González Márquez, Gregorio Peces Barba, y el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. De igual forma, en la constitución fundacional en 1997 figuraba doña Emilia Casas Baamonde.
Igualmente, este Centro Jurídico pudo constatar que con fecha 22 de Julio de 2008, Diego López Garrido firmaba una Resolución de 22 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se publicaba la concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2008, para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.
Entre dichas ayudas, figuraba una por importe de 60.000 euros, por la actividad “Análisis estadístico y presentación de resultados de la encuesta nacional “Hablemos de Europa: ¿qué Europa queremos?”, siendo el beneficiario de dicha ayuda la Fundación de la que es patrono a la vez que el Secretario de Estado que resolvía dicha concesión.
Igualmente, en el BOE número 117 de fecha 14 de Mayo de 2009, se publica una Resolución de fecha 28 de Abril de 2009, de dicha Secretaría de Estado, por la que se concedían las antedichas ayudas, correspondientes al ejercicio 2009. Entre dichas ayudas, figuraba un importe de 18.000 euros por la actividad “Portal Web ¿Qué Europa queremos?”, siendo beneficiaria de dicha ayuda la Fundación Alternativas.
Según Tomás Moro "la incuestionable vinculación del querellado, pasada o presente, con la Fundación Alternativas, convierten la concesión de sendas ayudas por importe de 60.000 € y 18.000 € por parte del Sr. López Garrido, actuando como Secretario de Estado, en actos reprobables jurídicamente y constitutivos de los presuntos delitos objeto de la querella".
Además, el centro jurídico destaca que "tales hechos también entran en conflicto con las normas del Código de Buen Gobierno aprobado por Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, dictadas por el mismo Gobierno, algunos de cuyos miembros también forman parte del patronato de la Fundación Alternativas".
De igual forma, "su conducta está conculcando las normas sobre incompatibilidad de los Funcionarios de la Administración Pública, Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (art. 3- ámbito de aplicación; art. 7 -deber de inhibición y abstención, y art. 10- compatibilidad con actividades privadas)".
Por estos hechos, el Centro Jurídico Tomás Moro pide la dimisión de López Garrido como Secretario de Estado para la UE.
fuente: Libertad Digital
82 ayuntamientos valencianos no les queda ni un euro en la caja
Las administraciones locales se han convertido en el mayor nicho subprime de la crisis en el momento actual. Según recientes informaciones, los consistorios acumulan deudas de 3.500 millones de euros con las empresas pertenecientes a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, según esta propia organización.
Además, la crisis lleva al límite los impagos. El 90% de las pymes almacena facturas impagadasy una cuarta parte está al borde de la quiebra. Los retrasos alcanzan hasta los 800 días en Andalucía.
Precisamente esta comunidad autónoma alberga el primer ayuntamiento que suspendió pagos, el de Palomares, según una información de Pedro de Tena el pasado mes de junio en Libertad Digital.
Los ayuntamientos y las CCAA, adeudan a proveedores 30.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente. Dicho de otro modo, este secuestro de recursos es más del triple de la recaudación extra que espera obtener el Gobierno con su última subida de impuestos (que afectará al tipo del IRPF, del IVA y los rendimientos del ahorro).
Ahora, según publica levante-emv.com un total de 82 ayuntamientos valencianos han pedido ayuda al Gobierno porque tienen las arcas vacías. Según esta publicación, los consistorios han pedido al Gobierno central 257 millones en préstamos para hacer frente a los pagos más inmediatos, como las nóminas de sus funcionarios. Algunos de los concejales que han dado la cara explican, como el responsable de hacienda del Ayuntamiento de Torrent, quien se defiende señalando que arrastraban remanentes negativos "heredados de la gestión socialista" desde 2006 a 2008 que llegaron a 8,7 millones.
Además, levante-emv.com señala que el Minisetrio de Economía y Hacienda ha autorizado a los 82 consistorios valencianos, concretar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería. Tienen las arcas públicas vacías. Así, los ayuntamientos podrán liquidar facturas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, así como con sus propios funcionarios. El único requisito que el Gobierno exigía para poder acogerse a este plan es no tener ni un solo euro en la caja a cierre del ejercicio de 2008.
Además, la crisis lleva al límite los impagos. El 90% de las pymes almacena facturas impagadasy una cuarta parte está al borde de la quiebra. Los retrasos alcanzan hasta los 800 días en Andalucía.
Precisamente esta comunidad autónoma alberga el primer ayuntamiento que suspendió pagos, el de Palomares, según una información de Pedro de Tena el pasado mes de junio en Libertad Digital.
Los ayuntamientos y las CCAA, adeudan a proveedores 30.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente. Dicho de otro modo, este secuestro de recursos es más del triple de la recaudación extra que espera obtener el Gobierno con su última subida de impuestos (que afectará al tipo del IRPF, del IVA y los rendimientos del ahorro).
Ahora, según publica levante-emv.com un total de 82 ayuntamientos valencianos han pedido ayuda al Gobierno porque tienen las arcas vacías. Según esta publicación, los consistorios han pedido al Gobierno central 257 millones en préstamos para hacer frente a los pagos más inmediatos, como las nóminas de sus funcionarios. Algunos de los concejales que han dado la cara explican, como el responsable de hacienda del Ayuntamiento de Torrent, quien se defiende señalando que arrastraban remanentes negativos "heredados de la gestión socialista" desde 2006 a 2008 que llegaron a 8,7 millones.
Además, levante-emv.com señala que el Minisetrio de Economía y Hacienda ha autorizado a los 82 consistorios valencianos, concretar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería. Tienen las arcas públicas vacías. Así, los ayuntamientos podrán liquidar facturas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, así como con sus propios funcionarios. El único requisito que el Gobierno exigía para poder acogerse a este plan es no tener ni un solo euro en la caja a cierre del ejercicio de 2008.
La crisis pasa de largo por la empresa familiar de Aznar
La crisis ni siquiera ha rozado a Famaztella, la sociedad familiar creada en 2004 por José María Aznar tras abandonar la Moncloa y a través de la cual canaliza los ingresos que le depara su actividad en el ámbito intelectual y académico y, sobre todo, en el de los negocios. A falta de conocer los datos de 2009, la sociedad cosechó en 2008 una ganancia neta (beneficios después de impuestos) de 412.770 euros, un 34,4% más que en el ejercicio anterior.
En 2007, la Central de Balances del Banco de España cifró en un 24% la disminución de beneficios de las empresas no financieras españolas. Pero ese descenso no va con Aznar, cuya empresa ha ganado en tres años casi un millón de euros. Exactamente, 952.625 euros, un volumen envidiable para la mayoría de las pymes, categoría en la que se encuadra Famaztella.
En 2007, la Central de Balances del Banco de España cifró en un 24% la disminución de beneficios de las empresas no financieras españolas. Pero ese descenso no va con Aznar, cuya empresa ha ganado en tres años casi un millón de euros. Exactamente, 952.625 euros, un volumen envidiable para la mayoría de las pymes, categoría en la que se encuadra Famaztella.
La sociedad cerró con una ganancia neta de 412.770 euros
Al igual que ocurrió en 2007, los gastos de personal fueron nimios para Famaztella: 9.668 euros, frente a los 7.502 del ejercicio precedente. De nuevo, la compañía decidió no repartir dividendos, con lo que los 412.770 euros de beneficio neto pasan a engrosar su patrimonio. En la casilla "otros gastos de explotación", Famaztella anotó 10.693 euros frente a los 9.711 consignados en las cuentas de 2007.
Fuentes de la fundación FAES, el conservador laboratorio de ideas que preside Aznar, confirmaron a Público que el ex presidente continúa en el consejo directivo de News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch. En 2008, ese puesto le reportó 148.000 euros.
El mascarón de proa del imperio Murdoch, o al menos el medio que moviliza a más estadounidenses, es la cadena Fox, la misma que ha colocado en la diana a Barack Obama y su plan de reforma sanitaria.
El ex presidente continúa al servicio de Rupert Murdoch, látigo de Obama
La relación empresarial de Aznar con Murdoch se remonta, oficialmente, a septiembre de 2004, cuando Famaztella pasó a percibir de News Corporation 10.000 euros mensuales por sus "servicios de asesoría". Cuando el acuerdo quedó sellado, el ex presidente y el magnate ya mantenían una fluida relación: de hecho, el 5 de septiembre de 2002 Murdoch fue uno de los invitados a la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag.
La vinculación de Aznar con News Corporation no es la única que le liga al mundo de los negocios. El presidente de honor del PP, cuya última incursión en la política le permitió, el pasado jueves, cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy, también se sienta en el consejo asesor de la compañía estadounidense J.E. Roberts, dedicada a grandes operaciones inmobiliarias.
En julio de 2007, Aznar acompañó al accionista mayoritario y cara visible de la compañía, Joseph E. Roberts, durante su entrevista con el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner. La empresa tenía ya en esa fecha intereses en Argentina, con una operación valorada en 26 millones de dólares.
Su último paso académico, dirigir la cátedra de Ética en la UCAM murciana
En febrero, trascendió que Aznar había dejado de ser asesor de la firma británica de capital riesgo Centaurus Capital. Los zarpazos de la crisis empujaron a la compañía a prescindir del ex mandatario español.
Los elogios de Camps
Desde que en marzo de 2004 cesó como presidente, Aznar ha compaginado su nutrida actividad económica con una no menos abultada carrera académica. El último hito en este campo, anunciado en octubre, es su incorporación a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) como catedrático de Ética.
Vinculado a la universidad estadounidense de Georgetown desde hace cinco años, el jefe de FAES no ha parado de recibir doctorados honoris causa. En su mayoría, el otorgamiento de estas distinciones ha partido de universidades privadas de talante derechista, como la Andrés Bello de Santiago de Chile y la Francisco Marroquín de Guatemala.
Igualmente, lo invistieron honoris causa la Universidad Sofía de Tokio (1997), la Universidad Internacional de Florida (1998), la Bar Ilan de Israel (2005), la de Ciencias Aplicadas de Perú (2006), la Católica del Sacro Cuore de Milán (2007). Y, este año, la CEU Cardenal Herrera de Valencia le ha concedido idéntica dignidad por su "defensa de las raíces cristianas". La investidura como honoris causa por la CEU tuvo lugar el pasado 20 de febrero. Durante el acto, Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, elogió al ex presidente por su "ética, honestidad, coherencia y responsabilidad".
Jerez-Parque XXI destruirá unos 4.000 empleos locales
Los comerciantes de la ciudad están indignados con la situación que atraviesa este sector local con la construcción de grandes superficies comerciales a lo que han manifestado que Jerez pasará de tener el título de “gran ciudad” a “gran centro comercial”.Todo ello porque según un estudio de la Asociación de Comerciantes del Centro Asunico ha puesto de manifiesto que la próxima apertura del complejo de Ikea con Parque XXI traerá consigo la destrucción de unos 4.000 puestos de trabajo de los establecimientos pequeños de la ciudad, “mientras que la alcaldesa, Pilar Sánchez, sigue insistiendo en que supondrá la creación de miles de empleos”, denunció el presidente de Asunico, Manuel García.“Es imposible competir con estas grandes multinacionales que ofrecen todo tipo de facilidades al cliente, cuando en el centro la accesibilidad es nula y no se cuenta con el mismo respaldo municipal, cuando la alcaldesa debería dar más oportunidades, si cabe, a los empresarios locales antes que a empresas suecas que el dinero que ganen lo invertirán fuera de esta ciudad”, alegó García.Por ello, junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad y a los representantes de la Plaza de Abastos de la Plaza Esteve, Asunico ha demandado la necesidad de que el Ayuntamiento instituya una Mesa del Comercio Local donde se luche por ofrecer las mismas herramientas y oportunidades tanto a los empresarios de fuera de la ciudad como a los de Jerez.Como ejemplo de la “nefasta política que la alcaldesa está realizando por el comercio local”, destacaron que “jamás se ha visto a la alcaldesa apoyando la apertura de un establecimiento local de 70 metros cuadrados, mientras que se pone sus mejores galas para acudir a las primeras piedras o firmar acuerdos con multinacionales de empleo precario”.
La Generalitat dio dos créditos al Palau pese a haber hallado irregularidades
El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de crédito del Gobierno catalán, dio dos créditos que suman dos millones de euros al Consorcio del Palau de la Música entre diciembre de 2004 y marzo 2005. La concesión se efectuó a pesar de las irregularidades que habían hallado las auditorías internas del Departamento de Economía y Finanzas y las de la Sindicatura de Cuentas. Éstas todavía no habían sido subsanadas por el entonces gerente del consorcio, el imputado Fèlix Millet. Fuentes del departamento aseguran que sus auditores están revisando el destino de ambos préstamos, que consideran "correctos".
El primer crédito, concedido el 16 de diciembre de 2004, ascendía a 1,27 millones, y el segundo, del 10 de marzo de 2005, era de 731.710 euros. Ambos debían ser devueltos en 20 años y estaban destinados a "instalaciones, inmuebles y construcciones". Ninguno fue autorizado por el Gobierno catalán o el departamento, lo cual -advierte la auditoría- era obligatorio. "Este trámite no ha sido cumplido, situación que debe corregirse", determinaban los informes.
Fuentes del departamento explican que estos créditos, destinados a obras del Palau y del Petit Palau, deben considerarse una "inversión", lo cual exime tanto al consorcio como al ICF de pasar por el Gobierno catalán. Estas mismas fuentes sostienen que ambos créditos son "legales" y "correctos". Además insisten en que el crédito se ha ido devolviendo puntualmente, puesto que de momento el Palau ha amortizado 400.000 euros.
El departamento que dirige Antoni Castells recuerda también que se han dado créditos similares a otras fundaciones, a pesar de que el ICF tiene como objetivo financiar proyectos de "innovación, crecimiento e internacionalización de las empresas catalanas" para mejorar su productividad y competitividad.
Pero además, estos créditos se dieron justo después de que la Sindicatura de Cuentas remitiera en 2002 un informe en el que ponía de manifiesto múltiples anomalías en la gestión del Palau y de que el Gobierno catalán tuviera ya en su poder las auditorías de las cuentas de 2002 y 2003 del consorcio, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. En estos informes se advierte de varias irregularidades, como pagos insuficientemente justificados a la Asociación Orfeó Català y facturas por servicios que nadie contrató.El Departamento de Economía insiste en que de ninguna de las anomalías detectadas se desprenden "hechos delictivos", aunque la semana pasada anunció que volverá a revisar todas las auditorías que se realizaron entre 2002 y 2008. La consejería explica, además, que el informe se remitía al Departamento de Cultura, a los gestores del consorcio y a la Sindicatura de Cuentas.
Un portavoz de Cultura asegura que la auditoría llegó también al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura. Ello supone que eran cuatro las instituciones, además de los gestores del consorcio, que estaban al corriente de las anomalías detectadas por la auditoría. Cultura esgrime los mismos argumentos que Economía: no se percibieron hechos delictivos. "En el caso de que se hubiera observado algún delito, se debería haber llevado a la fiscalía", aseguran en el departamento que en el momento de darse los créditos dirigía la socialista Caterina Mieras.
El consorcio abrió en 2003, además, un eurodepósito abierto en Caixa Catalunya Perpignan por un periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2003 y el 19 de enero de 2004, que reportó al Palau unos intereses de 948 euros. Fuentes de Economía señalan que las imposiciones a plazo son normales si los productos financieros son seguros y si se trata de cantidades que no van a usarse, por ejemplo, porque están destinadas a unas obras que todavía no van a empezar. En 2005 el consorcio volvió a destinar dinero a un instrumento financiero. En esta ocasión, se dedicaron 600.000 euros a un fondo de inversión mobiliario.
fuente: El Pais
El primer crédito, concedido el 16 de diciembre de 2004, ascendía a 1,27 millones, y el segundo, del 10 de marzo de 2005, era de 731.710 euros. Ambos debían ser devueltos en 20 años y estaban destinados a "instalaciones, inmuebles y construcciones". Ninguno fue autorizado por el Gobierno catalán o el departamento, lo cual -advierte la auditoría- era obligatorio. "Este trámite no ha sido cumplido, situación que debe corregirse", determinaban los informes.
Fuentes del departamento explican que estos créditos, destinados a obras del Palau y del Petit Palau, deben considerarse una "inversión", lo cual exime tanto al consorcio como al ICF de pasar por el Gobierno catalán. Estas mismas fuentes sostienen que ambos créditos son "legales" y "correctos". Además insisten en que el crédito se ha ido devolviendo puntualmente, puesto que de momento el Palau ha amortizado 400.000 euros.
El departamento que dirige Antoni Castells recuerda también que se han dado créditos similares a otras fundaciones, a pesar de que el ICF tiene como objetivo financiar proyectos de "innovación, crecimiento e internacionalización de las empresas catalanas" para mejorar su productividad y competitividad.
Pero además, estos créditos se dieron justo después de que la Sindicatura de Cuentas remitiera en 2002 un informe en el que ponía de manifiesto múltiples anomalías en la gestión del Palau y de que el Gobierno catalán tuviera ya en su poder las auditorías de las cuentas de 2002 y 2003 del consorcio, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. En estos informes se advierte de varias irregularidades, como pagos insuficientemente justificados a la Asociación Orfeó Català y facturas por servicios que nadie contrató.El Departamento de Economía insiste en que de ninguna de las anomalías detectadas se desprenden "hechos delictivos", aunque la semana pasada anunció que volverá a revisar todas las auditorías que se realizaron entre 2002 y 2008. La consejería explica, además, que el informe se remitía al Departamento de Cultura, a los gestores del consorcio y a la Sindicatura de Cuentas.
Un portavoz de Cultura asegura que la auditoría llegó también al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura. Ello supone que eran cuatro las instituciones, además de los gestores del consorcio, que estaban al corriente de las anomalías detectadas por la auditoría. Cultura esgrime los mismos argumentos que Economía: no se percibieron hechos delictivos. "En el caso de que se hubiera observado algún delito, se debería haber llevado a la fiscalía", aseguran en el departamento que en el momento de darse los créditos dirigía la socialista Caterina Mieras.
El consorcio abrió en 2003, además, un eurodepósito abierto en Caixa Catalunya Perpignan por un periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2003 y el 19 de enero de 2004, que reportó al Palau unos intereses de 948 euros. Fuentes de Economía señalan que las imposiciones a plazo son normales si los productos financieros son seguros y si se trata de cantidades que no van a usarse, por ejemplo, porque están destinadas a unas obras que todavía no van a empezar. En 2005 el consorcio volvió a destinar dinero a un instrumento financiero. En esta ocasión, se dedicaron 600.000 euros a un fondo de inversión mobiliario.
fuente: El Pais
CNT convoca rueda de prensa para pedir la dimisión del concejal de personal de Adra
Desde la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Adra queremos comunicar el fin del conflicto laboral que el Sindicato de Servicios Públicos de la CNT ha mantenido con el Ayuntamiento de Adra por el despido de las trabajadoras de la Radio Municipal. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Juzgado de lo Social nº 1 de Almería han dado la razón a las dos trabajadoras despedidas.
SENTENCIAS JUDICIALES
Con la resolución favorable del recurso presentado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revoca en su totalidad, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería y consecuentemente, declara improcedente también, el fallo judicial que afectaba a esta trabajadora de la emisora municipal damos por finalizado el litigio con el Consistorio abderitano. Desde la asesoría jurídica de esta central sindical se recurrió la sentencia y finalmente, tal y como esperábamos, la máxima instancia judicial de Andalucía nos ha dado la razón, condenando al Ayuntamiento a su readmisión en las mismas condiciones que tenía cuando fue despedida o una indemnización de cuarenta y cinco días por año de servicio, y a los salarios de tramitación, que suman unos 16.000 euros en total, dinero que el equipo de Gobierno de Carmen Crespo ya ha pagado con el dinero de todos los abderitanos, ya que no han querido contemplar la posibilidad de readmitir a la trabajadora.
En el caso de la otra compañera, despedida también en septiembre del pasado año, fue el Juzgado de los Social nº 1 de Almería, el que declaraba la improcedencia del despido condenando también al Ayuntamiento de Adra a readmitirla o a indemnizarla con 6.377 euros, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. Es decir unos 12.000 euros. El Ayuntamiento de Adra lejos de enmendar el despido y readmitir a la trabajadora, también optó por destinar dinero público para la destrucción de empleo.Estas dos sentencias, la del Juzgado de los Social número 1 de Almería y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, vienen a sancionar legalmente lo que CNT ha venido denunciando de forma pública desde el principio de este conflicto laboral, y pone en evidencia el cinismo y la hipocresía del equipo de gobierno del PP de Adra, encabezado por su alcaldesa, Dña Carmen Crespo.
Mientras la señora alcaldesa y sus concejales se manifestaban en movilizaciones convocadas por el Partido Popular en distintas provincias andaluzas en defensa del empleo, ponían en la calle a estas dos trabajadoras despidiéndolas como está acreditado en las sentencias judiciales a las que hacemos referencia, de forma injustificada aunque para ello, hayan tenido que hacer uso de 30.000 euros de las arcas municipales. Un mal ejemplo que resta credibilidad a la política de empleo que el Partido Popular pretende impulsar entre los andaluces y andaluzas.
CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY
Por otro lado, CNT también quiere denunciar públicamente el uso fraudulento que el Ayuntamiento de Adra realiza de la contratación temporal, como también se ha puesto de manifiesto en estos dos casos, ya que en uno de ellos, con una antigüedad de dos años y medio, se seguían encadenando contratos temporales y por otro, se utilizaba la contratación eventual para cubrir funciones de carácter fijo en la emisora municipal por lo que en este sentido, el consistorio no está respetando la normativa laboral vigente.
Por ello, queremos resaltar que estos despidos están propiciados por la mala gestión en la planificación de personal, basada en contrataciones en fraude de ley, en la no convocatoria pública de puestos de trabajo reservada a personal laboral abonando el clientelismo. Políticas irresponsables y clientelares que se deben erradicar de la administración local. En definitiva estas trabajadoras, como muchos otros trabajadores que han perdido el puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Adra no están en la calle ni por la crisis económica, ni por no cumplir correctamente con su trabajo del que nunca había habido quejas, sino por la incompetencia de unos dirigentes políticos que no han sabido al contrario de lo que pregonan, estar sensibilizados con la destrucción de empleo ni en nuestra localidad, ni en la provincia, ni en Andalucía.Por otra parte, para CNT los políticos deberían de responsabilizarse de sus actos y las indemnizaciones y los salarios de tramitación que el Ayuntamiento de Adra ha pagado a estas trabajadoras, los debería de haber pagado el Concejal de Personal de su bolsillo y no escurrir el bulto para que el dinero de todos los abderitanos se emplee para destruir puestos de trabajo del personal que ‘no le baila el agua’ al equipo de gobierno.
Desde un principio, CNT le mostró al Ayuntamiento de Adra su intención de sentarse a negociar para llegar a una solución en este conflicto laboral, pero en lugar de aceptar el diálogo con este sindicato, del que son afiliadas ambas trabajadoras, optó por amedrentarlas para que no siguieran adelante con la demanda. De esta forma, el equipo de gobierno de Carmen Crespo, ha puesto de manifiesto su nula capacidad de diálogo y su nulo espíritu conciliador y tolerante, del que hacen gala.
DIMISIÓN
En el transcurso de este conflicto sindical ha quedado patente, en las numerosas intervenciones y respuestas vertidas por el concejal de personal en los medios de comunicación, la falta del más mínimo rigor ético al utilizar sin escrúpulo, la mentira como una cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía ante un conflicto sindical motivado, exclusivamente, por el despido improcedente de las dos trabajadoras de la radio municipal. Despidos que fueron denunciados públicamente por esta central sindical y sancionados legalmente por los Tribunales de Justicia.
En numerosas declaraciones a la prensa el concejal de Personal del Ayuntamiento de Adra, Juan Antonio Piqueras, reiteró que en el consistorio abderitano no había despidos, que los supuestos despidos de las trabajadoras de la radio municipal eran finalizaciones de contrato; atribuyó a intereses ocultos las movilizaciones con que esta central sindical protestó por la extinción de la relación laboral de estas trabajadoras y pidió la dimisión de los representantes sindicales por según él, mentir e intoxicar a la opinión pública.
Ahora le preguntamos directamente a él si: ¿Considera que el Juez del Juzgado de lo Social nº1 de Almería o los Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tienen también intereses ocultos al condenar al Ayuntamiento de Adra por despido improcedente? ¿Por que ha preferido utilizar 30.000 euros de las arcas municipales para pagar indemnizaciones por despido en vez de readmitir a las trabajadoras y después encabezar manifestaciones como un hipócrita por el pleno empleo?
Para la CNT el concejal de personal del Ayuntamiento de Adra, carece de credibilidad alguna y con las cualidades que ha exhibido a lo largo de este litigio ha demostrado que su actitud se asemeja más a la de los políticos que por su conducta (en la actualidad tenemos demasiados ejemplos), jamás debieron ocupar un cargo público. Pedimos encarecidamente su dimisión porque ha demostrado que no tiene reparos en mentir para salvaguardar la poltrona que ocupa y eludir cualquier crítica de la opinión pública. Su dimisión debe dignificar un cargo para el que lamentablemente ha demostrado que moralmente, está incapacitado.
AGRADECIMIENTOS
Desde aquí, queremos aprovechar para agradecer a los compañeros de CNT de otras localidades como Motril, o Almería, que nos han apoyado durante este conflicto con su presencia en las diversas concentraciones que hemos llevado a cabo, así como compañeros de CNT de diversos puntos de España, que han mandado numerosos fax al Ayuntamiento de Adra como muestra de apoyo. Tampoco queremos olvidarnos de la Asociación de la Prensa de Almería y de los muchos abderitanos que también se han interesado por la situación de estas trabajadoras.
IU y PNV contratan latinoamericanos por 200 euros en el Ayuntamiento de Bilbo
Segun informa Boltxe.Info, el ayuntamiento bilbotarra, gestionado por PNV e IU, entra de lleno en practicas de explotacion obrera.
Se denunció ayer que trabajadores de origen sudamericano montaron escenarios y carpas para varios ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Bilbo, a través de una subcontrata de la empresa ASTESA sin contrato, Seguridad Social y sin apenas cobrar.
En una comparencia pública, en la que participaron alguno de los trabajadores explotados, se subrayó la gravedad del caso porque las nueve personas estaban trabajando en última instancia para instituciones públicas que han cometido una negligencia en la custodia de los derechos laborales.
Así mismo, denunciaron que también estuvieron empleados en el BEC de Barakaldo, donde prepararon los elementos necesarios en una Oferta Pública de Empleo.
Los trabajadores explotados fueron obligado a desarrollar jornadas laborales maratonianas y no se les facilitaba ningún elemento de seguridad adecuado para su trabajo.
En lo que respecta al salario, los denunciantes señalaron que no percibían salario alguno por su trabajo, salvo 200 euros entregados a mano.
Se denunció ayer que trabajadores de origen sudamericano montaron escenarios y carpas para varios ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Bilbo, a través de una subcontrata de la empresa ASTESA sin contrato, Seguridad Social y sin apenas cobrar.
En una comparencia pública, en la que participaron alguno de los trabajadores explotados, se subrayó la gravedad del caso porque las nueve personas estaban trabajando en última instancia para instituciones públicas que han cometido una negligencia en la custodia de los derechos laborales.
Así mismo, denunciaron que también estuvieron empleados en el BEC de Barakaldo, donde prepararon los elementos necesarios en una Oferta Pública de Empleo.
Los trabajadores explotados fueron obligado a desarrollar jornadas laborales maratonianas y no se les facilitaba ningún elemento de seguridad adecuado para su trabajo.
En lo que respecta al salario, los denunciantes señalaron que no percibían salario alguno por su trabajo, salvo 200 euros entregados a mano.
fuente: LaHaine
1.11.09
Tres agentes, juzgados por colaborar con un ‘narco’
Dos policías nacionales y un guardia civil serán juzgados en febrero por una supuesta trama de corrupción policial vinculada con un narcotraficante onubense conocido como El Yeyo, según informaron a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.Los dos policías, uno de Huelva y otro de Sevilla, y un guardia civil de Tráfico de Huelva, han sido apartados de sus funciones por colaborar presuntamente con narcotraficantes de la provincia, según adelantó ayer el periódico Huelva Información.La investigación de Asuntos Internos ha durado casi tres años, coordinada por el Juzgado de instrucción número 3 de Huelva, y ha contado con seguimientos y escuchas telefónicas.Los agentes habrían trabajado a sueldo del narcotraficante hasta 2005, haciendo de topos y confidentes, según el citado periódico.El Yeyo está considerado como uno de los mayores narcotraficantes de los últimos tiempos en la provincia y en estos momentos cumple condena y tiene varios procedimientos abiertos.
fuente: Andalucia Informacion
fuente: Andalucia Informacion
Imputados por levantar un complejo rural ilegal
La Guardia Civil ha imputado a ocho personas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y a una novena también por estafa acusados de levantar de forma ilegal un complejo rural de casas de madera a las afueras de Villalba del Alcor (Huelva).La investigación fue realizada por agentes del Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que inspeccionaron el Complejo Rural Cuatro Caminos S.L., en el paraje conocido como El Piojo, perteneciente al término municipal de Villalba.La Guardia Civil informó ayer de que el complejo está integrado por nueve parcelas de unos 1.000 metros cuadrados y otra de unos 6.000, donde se han realizado construcciones ilegales, concretamente nueve casas y cuatro piscinas.
fuente: Andalucia Informacion
fuente: Andalucia Informacion
La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años
La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.
Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.
En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.
El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.
En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.
El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).
La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".
También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.
Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.
En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.
El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.
En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.
El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).
La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".
Miles de personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción
Miles de personas -40.000 según la organización y 2.200 según la Policía de la Generalitat- se han manifestado este sábado en Valencia convocados por el colectivo "No a la Corrupció", para exigir el fin de la corrupción, la dimisión del presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Bajo el lema ''No a la corrupció, Camps dimissió'', los convocantes de la manifestación escenificaron por las calles de la capital del Turia una "marcha fúnebre" en la que se pudo ver un ataúd, acompañado de dos cabezudos, centenares de personas portando velas y una bandera a modo de cruz en la que se podía leer ''Per les víctimes de la corrupció''.
La marcha, que fue convocada a través de un grupo creado en Facebook contra la corrupción, transcurrió sin incidentes y comenzó a las 18.00 horas de la Plaza de San Agustín de Valencia. Desde allí, los manifestantes recorrieron la calle San Vicente Mártir, continuaron por la Plaza de la Reina y finalizaron en la Plaza de la Virgen, donde se leyó un manifiesto.
El colectivo denuncia en el manifiesto que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido reiteradamente y públicamente ha denunciado las evidencias" y añade que "ha humillado" a la población con "su continua negación y sus sonrisas" ante la evidencia de "la convivencia y complacencia del PP con la trama".
Asimismo, señala que "queda mucho por saber y mucho por juzgar a los tribunales" y subraya que si Camps busca un cabeza de turco, "en realidad, está reconociendo su propia culpa" ya que, según indica el manifiesto, las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y sus familiares "extienden la responsabilidad a todos los escalafones del partido".
En este sentido, el colectivo exige la "dimisión definitiva de Camps" y reclama "con urgencia un cambió y una renovación de la democracia", ya que considera que la política es "una dedicación digna que un grupo de políticos no tiene derecho a ensuciar".
Anuncian nuevas manifestaciones
Los responsables del colectivo organizador de la marcha destacaron su deseo de que Francisco Camps, así como los imputados e implicados en la trama Gürtel dimitan, para lograr que los valencianos puedan tener "un futuro que el PP nos está robando".
Por ello, desde "No a la Corrupció" han anunciado su intención de continuar realizando actos como el celebrado este sábado por las calles de Valencia hasta que Francisco Camps "dimita y convoque elecciones anticipadas", ha manifestado la portavoz de la entidad, quien recalcó la necesidad de una "regeneración democrática".
En el acto, también participaron dirigentes socialistas. Así, el eurodiputado Andrés Perelló que incidió en que debe ser la sociedad quien ponga punto y final a la corrupción y "solucione la situación" de la Comunitat.
fuente: Cadena Ser
Bajo el lema ''No a la corrupció, Camps dimissió'', los convocantes de la manifestación escenificaron por las calles de la capital del Turia una "marcha fúnebre" en la que se pudo ver un ataúd, acompañado de dos cabezudos, centenares de personas portando velas y una bandera a modo de cruz en la que se podía leer ''Per les víctimes de la corrupció''.
La marcha, que fue convocada a través de un grupo creado en Facebook contra la corrupción, transcurrió sin incidentes y comenzó a las 18.00 horas de la Plaza de San Agustín de Valencia. Desde allí, los manifestantes recorrieron la calle San Vicente Mártir, continuaron por la Plaza de la Reina y finalizaron en la Plaza de la Virgen, donde se leyó un manifiesto.
El colectivo denuncia en el manifiesto que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido reiteradamente y públicamente ha denunciado las evidencias" y añade que "ha humillado" a la población con "su continua negación y sus sonrisas" ante la evidencia de "la convivencia y complacencia del PP con la trama".
Asimismo, señala que "queda mucho por saber y mucho por juzgar a los tribunales" y subraya que si Camps busca un cabeza de turco, "en realidad, está reconociendo su propia culpa" ya que, según indica el manifiesto, las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y sus familiares "extienden la responsabilidad a todos los escalafones del partido".
En este sentido, el colectivo exige la "dimisión definitiva de Camps" y reclama "con urgencia un cambió y una renovación de la democracia", ya que considera que la política es "una dedicación digna que un grupo de políticos no tiene derecho a ensuciar".
Anuncian nuevas manifestaciones
Los responsables del colectivo organizador de la marcha destacaron su deseo de que Francisco Camps, así como los imputados e implicados en la trama Gürtel dimitan, para lograr que los valencianos puedan tener "un futuro que el PP nos está robando".
Por ello, desde "No a la Corrupció" han anunciado su intención de continuar realizando actos como el celebrado este sábado por las calles de Valencia hasta que Francisco Camps "dimita y convoque elecciones anticipadas", ha manifestado la portavoz de la entidad, quien recalcó la necesidad de una "regeneración democrática".
En el acto, también participaron dirigentes socialistas. Así, el eurodiputado Andrés Perelló que incidió en que debe ser la sociedad quien ponga punto y final a la corrupción y "solucione la situación" de la Comunitat.
fuente: Cadena Ser
La Inspección de Trabajo sanciona por infracciones al servicio de alcantarillado
La Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa UTE San Fernando, concesionaria del servicio de alcantarillado hasta el pasado mes de septiembre, hasta en tres ocasiones después de comprobar in situ la zona de vestuarios y aseos que corresponde a los trabajadores y el material de trabajo con el que desempeñan sus funciones éstos, después de la denuncia presentada por la federación de Servicios Públicos de UGT Cádiz. No cuentan ni con taquillas ni con duchas adecuadas, pero lo peor, apuntaba el sindicato, es que los trabajadores no disponían ni siquiera de equipos de protección apropiados, amén de que el material de trabajo carece de condiciones de seguridad y de que la empresa no efectuaba una evaluación de riesgos laborales.La Autoridad Laboral ha levantado acta de infracción por falta de adecuación de la zona de vestuarios al carecer de taquillas dobles para separar la ropa de la calle de la del trabajo y por falta de adecuación del cuarto de baño y de las duchas, donde además existía diverso material que impide el uso adecuado de dicha dependencia. Ante esta situación detectada, la Inspección requería a la empresa que adecuara la zona, en lo que se refiere a iluminación y retirada de residuos, al tiempo que le instaba a que proporcionara a los trabajadores equipos de protección individual adecuados, tales como guantes, ropa de frío y agua, calzados de seguridad, equipos respiratorios, arnés de seguridad, además de que esos equipos cuenten con un lugar de almacenamiento.Esta falta de material específico y adecuado ha provocado que la Inspección haya levantado otra acta de infracción a la empresa esta vez por que los equipos de trabajo utilizados por el personal (trípode, detectores de gases y cables, entre otros) no reunían las condiciones de seguridad para los trabajadores, ya que carecen de pasadores o pestillos de seguridad. Asimismo, se requería a la empresa que implante un programa de mantenimiento periódico de aparatos de presión.Será la empresa que se ha hecho cargo del servicio, Aquagest, la que tenga que hacer frente a todas estas medidas, algunas ya puestas en marcha en lo que va de mes.
La Inspección de Trabajo sanciona por infracciones al servicio de alcantarillado
La Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa UTE San Fernando, concesionaria del servicio de alcantarillado hasta el pasado mes de septiembre, hasta en tres ocasiones después de comprobar in situ la zona de vestuarios y aseos que corresponde a los trabajadores y el material de trabajo con el que desempeñan sus funciones éstos, después de la denuncia presentada por la federación de Servicios Públicos de UGT Cádiz. No cuentan ni con taquillas ni con duchas adecuadas, pero lo peor, apuntaba el sindicato, es que los trabajadores no disponían ni siquiera de equipos de protección apropiados, amén de que el material de trabajo carece de condiciones de seguridad y de que la empresa no efectuaba una evaluación de riesgos laborales.La Autoridad Laboral ha levantado acta de infracción por falta de adecuación de la zona de vestuarios al carecer de taquillas dobles para separar la ropa de la calle de la del trabajo y por falta de adecuación del cuarto de baño y de las duchas, donde además existía diverso material que impide el uso adecuado de dicha dependencia. Ante esta situación detectada, la Inspección requería a la empresa que adecuara la zona, en lo que se refiere a iluminación y retirada de residuos, al tiempo que le instaba a que proporcionara a los trabajadores equipos de protección individual adecuados, tales como guantes, ropa de frío y agua, calzados de seguridad, equipos respiratorios, arnés de seguridad, además de que esos equipos cuenten con un lugar de almacenamiento.Esta falta de material específico y adecuado ha provocado que la Inspección haya levantado otra acta de infracción a la empresa esta vez por que los equipos de trabajo utilizados por el personal (trípode, detectores de gases y cables, entre otros) no reunían las condiciones de seguridad para los trabajadores, ya que carecen de pasadores o pestillos de seguridad. Asimismo, se requería a la empresa que implante un programa de mantenimiento periódico de aparatos de presión.Será la empresa que se ha hecho cargo del servicio, Aquagest, la que tenga que hacer frente a todas estas medidas, algunas ya puestas en marcha en lo que va de mes.
Ecologistas en Accion satisfecha con la paralizacion de Las Aletas
La asociación Ecologistas en Acción se ha mostrado su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 en lo que hace referencia al contencioso administrativo de Las Aletasa, que forman parte del dominio público marítimo-terrestre.
Ecologistas en Acción de Cádiz se muestra satisfecha tras llevar más de tres años oponiéndose al proyecto de Las Aletas "por considerar que los terrenos en los que se quería instalar son Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por ello, el proyecto es contrario a la Ley de Costas".
Asimismo, criticaron la "incomprensibilidad" del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Puerto Real de "estar dispuestos a cumplir una ley básica del ordenamiento jurídico".
En esta línea, Ecologistas en Acción criticó que "en estas horas bajas que vive la clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Tribunal Supremo, no deja de ser preocupante"; y es que según la asociación ecologista, resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo".
De esta forma, los ecologistas recordaron que habían estado alegando que el proyecto del polígono de Las Aletas es "contrario a la Ley de Costas", algo que por parte de la propia autoridad urbanística, la Consejería de Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y Hacienda resulta "lamentable" que se esté pretendiendo "destruir un espacio marítimo-terrestre y forzar el marco normativo que salvaguarda nuestras costas", el cual "no sólo protege el carácter público del espacio marítimo-terrestre, sino también sus características naturales".
Pero además, Ecologistas en Acción consideró que se trataba de un proyecto "innecesario", pues el incremento de suelo industrial de Las Aletas "no está justificado", ya que, "por ejemplo, en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 metros cuadrados sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, y el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 metros cuadrados, que tiene un índice de ocupación inferior al 30 por ciento.
El TS dictó ayer una sentencia en la que dejó "anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre "podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas".
También indica dicha sentencia que esta zona "posee unas características de alto valor ambiental que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible", además, en ella se recuerda que los fines que deben perseguir las administraciones en este DPMT son "asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación".
Ecologistas en Acción de Cádiz se muestra satisfecha tras llevar más de tres años oponiéndose al proyecto de Las Aletas "por considerar que los terrenos en los que se quería instalar son Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por ello, el proyecto es contrario a la Ley de Costas".
Asimismo, criticaron la "incomprensibilidad" del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Puerto Real de "estar dispuestos a cumplir una ley básica del ordenamiento jurídico".
En esta línea, Ecologistas en Acción criticó que "en estas horas bajas que vive la clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Tribunal Supremo, no deja de ser preocupante"; y es que según la asociación ecologista, resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo".
De esta forma, los ecologistas recordaron que habían estado alegando que el proyecto del polígono de Las Aletas es "contrario a la Ley de Costas", algo que por parte de la propia autoridad urbanística, la Consejería de Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y Hacienda resulta "lamentable" que se esté pretendiendo "destruir un espacio marítimo-terrestre y forzar el marco normativo que salvaguarda nuestras costas", el cual "no sólo protege el carácter público del espacio marítimo-terrestre, sino también sus características naturales".
Pero además, Ecologistas en Acción consideró que se trataba de un proyecto "innecesario", pues el incremento de suelo industrial de Las Aletas "no está justificado", ya que, "por ejemplo, en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 metros cuadrados sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, y el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 metros cuadrados, que tiene un índice de ocupación inferior al 30 por ciento.
El TS dictó ayer una sentencia en la que dejó "anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre "podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas".
También indica dicha sentencia que esta zona "posee unas características de alto valor ambiental que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible", además, en ella se recuerda que los fines que deben perseguir las administraciones en este DPMT son "asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación".
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