Las deudas ahogan al Consistorio de Barbate. El Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, ha embargado la cuantía del Plan E que le corresponde al Ayuntamiento de Barbate para 2009, debido a una deuda de 30 millones de euros contraída con la Tesorería de la Seguridad Social.
El alcalde de la localidad, el socialista Rafael Quirós, reconoce que la situación de las arcas municipales es «crítica» y aclara que se trata de la mala gestión del Gobierno anterior del PP y que heredó en 2007. El último revés al que se enfrenta es a la paralización del Plan E. El Ayuntamiento recibió a primeros de año una asignación de cuatro millones de euros para pequeñas obras con cargo al Fondo Estatal para el Empleo. Sin embargo, el dinero no ha llegado a su destino. El alcalde comentó ayer que una deuda de 30 millones por impago de las cuotas de la Seguridad Social ha tirado por tierra el plan en Barbate. Quirós no pierde la esperanza y sigue luchando por esta asignación para realizar 20 obras en el municipio.
El alcalde adelantó a LA VOZ que su equipo ha mantenido reuniones al más alto nivel para liberar el dinero y teme que la asignación del Plan E para 2010, cifrada en 2,5 millones de euros, tampoco llegue por culpa de la deuda con la Seguridad Social. El Consistorio no puede pagar esa deuda.
20.11.09
El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países
Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.
Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.
El laberinto de sociedades de la trama es el objetivo prioritario
La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.
Ingeniería financiera
A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.
La escasa colaboración de algunos países dificulta los avances
El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.
El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.
El secreto del sumario blinda la investigación internacional
En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.
Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental.
Países pendientes
Aún no hay solicitudes de información a países asiáticos
Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.
A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.
Buscan el dinero en Suiza y Mónaco pero también en Holanda y Portugal
De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.
Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.
El Supremo alarga el secreto
Correa creó cinco sociedades pantalla en Panamá entre 2005 y 2007
Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.
Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.
Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.
El laberinto de sociedades de la trama es el objetivo prioritario
La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.
Ingeniería financiera
A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.
La escasa colaboración de algunos países dificulta los avances
El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.
El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.
El secreto del sumario blinda la investigación internacional
En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.
Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental.
Países pendientes
Aún no hay solicitudes de información a países asiáticos
Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.
A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.
Buscan el dinero en Suiza y Mónaco pero también en Holanda y Portugal
De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.
Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.
El Supremo alarga el secreto
Correa creó cinco sociedades pantalla en Panamá entre 2005 y 2007
Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.
Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.
La profanación franquista de las fosas republicanas
Después de pasar décadas dejando flores en una tumba profanada, sin saberlo, el profesor Joan Pinyol tiene claro que sobran los motivos para abrir las fosas que todavía ocultan a los republicanos fusilados, como su abuelo. Pinyol supo a través de una reciente investigación de la revista Sapiens que el régimen robó los restos de su abuelo republicano, Joan Colom, para rellenar el cementerio de "héroes y mártires de la Cruzada" habitado por la abadía del Valle de los Caídos, que hoy, 20-N, recordará con una misa la muerte de Franco y José Antonio. Los documentos del Ministerio de Gobernación, a los que ha tenido acceso Público, revelan el porqué de esas profanaciones.
El Gobierno autorizó el traslado de republicanos sin aviso a las familias tras comprobar la dificultad para identificar a sus propios homenajeados. En 1958 se vislumbra el final de las obras y el cementerio está listo para recibir cuerpos. Los gobernadores civiles preguntan entonces a Gobernación qué hacer con las fosas comunes donde los cuerpos yacen amontonados, sobre todo en las zonas donde el frente de guerra acabó con miles de soldados republicanos y golpistas.
El Ministerio, en una circular de mayo de ese mismo año, responde que en esos casos "no es preciso el consentimiento familiar" para el traslado. Un informe consultado por este diario en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares relata que "al tratar de llevar a la práctica, los traslados se tropieza con que parte o la generalidad de los familiares de los allí [en las fosas comunes] enterrados, unas veces en campo Nacional y otras del contrario, manifiestan su oposición a las exhumaciones". Como consecuencia, el Gobierno sigue con las exhumaciones clandestinas en las fosas de los republicanos y paraliza las de los franquistas cuyas familias se oponen.
Los cuerpos se envían al Valle a toda prisa para su inauguración y una circular de octubre de 1958 señala que los Gobernadores civiles han concluido que han sido trasladados 2.494 cuerpos identificados y 32.001 en cajas colectivas. La suma de ambos explica que la abadía sostenga que fueran llevados "35.000 cuerpos aproximadamente".
El Gobierno autorizó el traslado de republicanos sin aviso a las familias tras comprobar la dificultad para identificar a sus propios homenajeados. En 1958 se vislumbra el final de las obras y el cementerio está listo para recibir cuerpos. Los gobernadores civiles preguntan entonces a Gobernación qué hacer con las fosas comunes donde los cuerpos yacen amontonados, sobre todo en las zonas donde el frente de guerra acabó con miles de soldados republicanos y golpistas.
El Ministerio, en una circular de mayo de ese mismo año, responde que en esos casos "no es preciso el consentimiento familiar" para el traslado. Un informe consultado por este diario en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares relata que "al tratar de llevar a la práctica, los traslados se tropieza con que parte o la generalidad de los familiares de los allí [en las fosas comunes] enterrados, unas veces en campo Nacional y otras del contrario, manifiestan su oposición a las exhumaciones". Como consecuencia, el Gobierno sigue con las exhumaciones clandestinas en las fosas de los republicanos y paraliza las de los franquistas cuyas familias se oponen.
Los cuerpos se envían al Valle a toda prisa para su inauguración y una circular de octubre de 1958 señala que los Gobernadores civiles han concluido que han sido trasladados 2.494 cuerpos identificados y 32.001 en cajas colectivas. La suma de ambos explica que la abadía sostenga que fueran llevados "35.000 cuerpos aproximadamente".
El objetivo fundamental del traslado de la fosa de Paracuellos fracasó un año antes del estreno
Las exhumaciones practicadas por las familias de las víctimas, con la recuperación de la democracia, demuestran que en muchas fosas faltan cuerpos que presumiblemente pertenecen a esos 32.001 cuerpos.
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto fracasó apenas un año antes de su inauguración, en 1959. Los familiares de los asesinados en Paracuellos del Jarama, símbolo de la propaganda franquista, se negaron al traslado. El escándalo saltó a la prensa internacional, que denunció una "manifestación ante Gobernación". El Ministerio responde con circulares a toda España en las que desmiente que "familiares de víctimas de la revolución roja se manifestaran". Matizan que "una veintena" de personas, entre las que estaba el hijo del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, reclamaron al Gobierno que no se llevara los cuerpos porque era imposible identificarlos. El director de las obras, Diego Méndez, acude aParacuellos en 1958 y confirma ese extremo. Sólo se trasladarían a la sierra de Guadarrama los restos que pudieron ser identificados.
Negativa del Obispado
A Gobernación llegaron justificaciones de todos los ámbitos para impedir el traslado. El Obispado de Málaga envío una carta tres meses antes de la inauguración que asegura que la identificación de los enterrados en la cripta de la catedral "es imposible". El Obispado razona así la negativa al traslado de "miles" de cuerpos: "Están perfectamente conservados y sobre todo especialmente atendidos en cuanto a la parte espiritual". Además, añade que los familiares acuden a la cripta "para tener el consuelo cerca de los que murieron por Dios y por España".
El decreto fundacional de 1940 de la que acabaría siendo la tumba honorífica de Franco estableció dos criterios para el traslado que fueron pasados por alto. Sólo se exhumarían personas despedidas desde la "fe católica" (es decir, en cementerios religiosos) y de "nacionalidad española". Esas acotaciones llevaron a la protesta de los familiares del soldado holandés Roberto Dellemijn, que cruzó a nado la frontera española como voluntario para participar, según su familia, "en la lucha entre la idea de Dios y el comunismo" y murió en el frente en Alcubierre (Zaragoza). Gobernación lo asumió y decidió que se buscasen sus restos para el traslado.
Se sube a una grúa a 40 metros en Nerva para exigir el pago de una deuda de 175.000 euros a su empresa subcontratada
El dueño de una de las empresas subcontratadas en Huelva por la constructora inmobiliaria granadina Garasa, Antonio González, natural de Cartaya (Huelva), comenzó hoy a las 08,00 horas una protesta subido en una grúa a unos 40 metros de altura en unas obras de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Nerva para reivindicar el pago de los 175.000 euros que esta compañía le debe tras siete meses de contrato.Así lo explicó a Europa Press el propio González, quien aseguró que no se bajará "hasta que cobre esta deuda", por la que, según indicó, ha tenido que cerrar su empresa y dejar a "14 ó 15 trabajadores en el paro".Antonio González decidió esta mañana subirse a la grúa después de interponer varias denuncias para que esta empresa abone esta deuda, pero lamentó que "no hay forma de cobrar", a lo que añadió que "aguantar a 40 metros de altura sin comer ni beber hasta que recupere el dinero es la única solución".La constructora granadina Garasa-Esñeco solicitó a finales de septiembre en el Juzgado de lo Mercantil de Granada un concurso voluntario de acreedores, junto con una propuesta anticipada de convenio ante la imposibilidad de formalizar la refinanciación bancaria que ha estado negociando desde el pasado marzo de este año para eludir su actual situación de insolvencia.
El hotel Los Monteros suspende pagos tras seis meses de cierre
Apenas 11 meses después de hacerse con la propiedad del hotel de lujo Los Monteros de Marbella y sin haber acometido ni uno solo de los planes anunciados, el magnate ruso Ernest Malyshev ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil la solicitud de concurso de acreedores.
CC OO informó ayer de que el expediente de suspensión de pagos afecta a las tres sociedades controladas por el empresario petrolero ruso, Las Dunas Land, Inversiones Aljoda, e Inversiones Dajoal. La secretaria de hostelería de CC OO en Málaga, Lola Villalba, advirtió de que si el concurso de acreedores es admitido, se tendrá que reabrir el hotel, y confió en que si el establecimiento queda bajo administración judicial puedan encontrarse fórmulas para la viabilidad del establecimiento.
El expediente de suspensión de pagos se ha presentado después de que el empresario haya incumplido el plan que firmó en septiembre con los trabajadores, que aceptaron un expediente temporal de empleo para 60 de ellos, mientras que otros 72 permanecían en la plantilla para reabrir el establecimiento. En el pacto se comprometió a abonar las nóminas atrasadas y a acometer una serie de inversiones, extremos que tampoco ha cumplido.
Malyshev cerró de forma unilateral el hotel en mayo, y fue sancionado con 90.00 euros por cierre patronal. Desde el mes de enero no ha pagado una nómina a los trabajadores, que tienen puesta demanda de autoempleo. En agosto, la Fiscalía puso una denuncia por presunto delito contra el derecho de los trabajadores por "el impago de los salarios, la inexistencia de un plan de viabilidad para la empresa y el inicio de distintos expedientes de regulación de empleo".
Los Monteros se suma así a otros hoteles de alta categoría de la Costa del Sol que suspenden pagos, casi todos ellos de grupos inmobiliarios, como los dos Guadalpín de Marbella, Incosol, Byblos o Torrequebrada.
Pueblos enteros ilegales en Almanzora... y en los juzgados
Agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han tramitado en los últimos años decenas de atestados sobre construcciones ilegales en el municipio de Arboleas y en otros pueblos del Almanzora, especialmente Zurgena y Albox, a raíz de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por ciudadanos particulares.
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).
El Supremo admite los recursos a la sentencia del TSJA contra el PGOU
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, del Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite los recursos que el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía elevaron a comienzos de año tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que, por tercera vez en menos de tres años, se anulaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU ). Una sentencia, la referida, que, cabe recordar, se produjo tras estimar el TSJA sendos recursos contencioso-administrativos planteados por una entidad mercantil y un particular de la ciudad contra el documento de planeamiento urbanístico impulsado por el Ayuntamiento y ratificado, meses antes de las pasadas Municipales, por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.La admisión de estos recursos, cuya resolución, según estimó meses atrás la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, se podría dilatar por un periodo de tiempo superior a los dos años, supone una importante noticia para el equipo de gobierno y para la ciudad, ya que el actual documento de planeamiento mantendrá su vigencia hasta que no se produzca un pronunciamiento firme por parte del Supremo.De este modo, iniciativas del peso y de la importancia del propio proceso de regularización de viviendas proyectado en las Áreas de Gestión Básica, en el que, además, se enmarcan iniciativas empresariales y comerciales destacadas, podrán seguir su curso en los próximos meses y años.Asimismo, el Ayuntamiento, tal y como había previsto tras presentar el citado recurso, contará con tiempo suficiente para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tarea que ya se le ha encomendado a la empresa Territorio y Ciudad y que prevé que se culmine antes de que se produzca la sentencia del Tribunal Supremo, al objeto de que no se produzca ningún vacío en lo que a planeamiento se refiere si finalmente dicho dictamen fuese contrario a los intereses de la ciudad.Cabe destacar que en el nuevo PGOU el equipo de gobierno tiene previsto incluir importantes novedades, como es el caso de la protección íntegra del Pinar de Hierro e iniciativas destinadas a la ampliación y mejora del parque de vivienda pública de la localidad.En este sentido, cabe recordar que nada más conocerse la sentencia del TSJA José María Román señaló que, "aunque pueda resultar una contradicción innegable, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana va a suponer una oportunidad para, a través de la revisión del documento de planeamiento que vamos a abordar en los próximos dos años, trabajar hasta el último momento en favor de un objetivo que siempre hemos tenido en mente y que hemos defendido con claridad, la conservación íntegra del Pinar de Hierro", tarea para la que ya se ha alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria de los citados terrenos.Por otra parte, el alcalde también adelantó que a través de la revisión del documento de planeamiento "vamos a impulsar la construcción de vivienda en los terrenos del campo de fútbol", actualmente con calificación para uso comercial.En definitiva, la admisión de los citados recursos tranquiliza a un equipo de gobierno que, de no haberse producido el mismo, se habría enfrentado a una situación límite, sin poder sacar adelante los proyectos empresariales, comerciales, de vivienda, etcétera, claves para una ciudad que se enfrenta a un serio problema de empleo y desarrollo en el actual momento de crisis.
La regularización de las viviendas ilegales en Chiclana, sin limitación temporal
El plazo para la regularización de las miles de viviendas ilegales de Chiclana que se encuentran dentro de las Áreas de Gestión Básica (AGB) no será de tres años, tal y como se recogía en un primer momento en las Ordenanzas, sino que no tendrá un tiempo máximo para ejecutarse. Éste será uno de los grandes cambios que se introducirán en este texto legal, una vez estudiadas las propuestas vecinales que han llegado sobre el documento desde que se aprobase –con el único apoyo del Gobierno local-.La modificación tiene como objetivo, según la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, “facilitar más aún” el proceso. “Nuestro objetivo está claro: poner en marcha una iniciativa que resuelva un problema y hacerlo de la manera más cómoda posible para las personas implicadas. En ello estamos y cualquier propuesta que consideremos buena saldrá adelante, como se puede comprobar. Ha sido un gran esfuerzo técnico, pero al final hemos podido introducir esta variación, que estimamos de gran relevancia para ayudar a que el proceso sea un éxito”.En cuanto a la realización de las obras, la edil socialista asegura que los vecinos participarán activamente en el proceso de selección de las empresas que las ejecutarán. “El proceso va a ser muy claro y transparente, con intervención, en todo momento, de los principales implicados, esto es, los propietarios de las viviendas que vamos a regularizar”.Además, se redactará nuevamente el apartado de las Ordenanzas en que se afirma que los servicios para las viviendas se podrán incorporar por fases. “En este caso no hay cambio en el fondo, pero como había quienes nos habían apuntado que sería preciso una redacción más clara, a eso vamos. Y volvemos a reiterar que se llevará a cabo el proceso de creación de servicios sólo cuando la mayoría de los vecinos lo reclamen”.Por otra parte, a las viviendas que fueran construidas después de marzo de 2007, fecha en principio fijada para la regularización, se agregarán las que fueron edificadas más tarde, bien hasta junio de este año o hasta la aprobación definitiva de las Ordenanzas, antes de final de año. “Esto no quiere decir en absoluto que se disminuya la presión sobre quienes edifican de forma ilegal. La disciplina urbanística actual es muy importante, y se están atajando todas las nuevas construcciones, abriendo el correspondiente expediente e imponiendo la sanción”, subraya Verdier en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.La introducción de los cambios en las polémicas Ordenanzas se hará “con la máxima diligencia posible, puesto que el interés del equipo de Gobierno es agilizar un proceso reclamado por numerosos vecinos y empresarios”. De este modo, antes de final de año estarán incorporadas al texto definitivo.
PROCESO “ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN” Y AUSENCIAS DE LA OPOSICIÓN“
Hemos abierto el proceso a la participación de la ciudadanía desde el primer momento. A lo largo de los últimos meses, cualquier particular o cualquier asociación que ha pedido explicaciones sobre el proceso la ha tenido. De este modo, en las sedes vecinales o en la Gerencia de Urbanismo, o en la oficina de las Áreas de Gestión Básica, en Huerta Rosario, se han facilitado todos los datos solicitados, algo que seguimos haciendo ahora y continuaremos en los próximos meses”, agrega Verdier.Por otro lado, la delegada lamenta que ni PP, IU y PA participaran en la tarde del miércoles en la Junta Local de portavoces convocada por el equipo de gobierno tripartito –liderado por el PSOE- para hablar de la regularización. “Se trata de temas de vital importancia para la ciudad, donde se ofrece la opción, como no podía ser de otro modo, de participar en un proceso de gran relevancia para miles de ciudadanos. Parece ser que el tema no les interesa mucho a estos partidos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a un pasotismo absoluto de estos partidos y de sus representantes cuando se trata de temas de gran importancia para la ciudad”.Respecto a la intervención de la popular Teresa Ruiz-Sillero en el Parlamento andaluz, Cándida Verdier lamenta que “el PP siga pensando que cuanto más se degrade en el exterior la imagen de Chiclana, mejor para ellos”. “No sabemos si a Teresa Ruiz-Sillero le ha sentado mal que Ernesto Marín le haya ganado en la carrera hacia la candidatura a la Alcaldía o que son estrictas órdenes desde arriba de su partido de intentar torpedear cuanto bueno se haga por Chiclana, ya que de no hacerlo, mostraría la incompetencia que ellos mostraron durante 17 meses y que llevó a que Marín tuviera que dejar la Alcaldía por la puerta de atrás”.
El interventor del ayuntamiento de San Fernando denuncia contratos y gastos irregulares
Los números continúan sin cuadrar en las cuentas municipales y los informes negativos del interventor, que salen a la luz pública como cuentagotas, ponen el dedo en una herida que sigue sangrando por la pérdida de 7,8 millones de euros de la Caja municipal. Unos documentos en los que se advierte, incluso en repetidas ocasiones, de prácticas que están mermando la capacidad inversora del Consistorio. Es el caso de la falta de un seguimiento riguroso de las obras, lo que eleva el gasto final de forma considerable.
En tal situación se enmarca la polémica plaza de las Esculturas en la que se resalta que no se han cumplido los requisitos mínimos exigidos para el procedimiento de contratación. Lo que significa, que no se cumplió con la licitación pública correspondiente a una actuación de tal envergadura, finalmente ejecutada por la empresa Derribos Aragón con un importe superior a los 257.000 euros.
En este precio se incluye una factura de 54.000 euros correspondiente al mobiliario urbano, cuando en el emplazamiento no existen bancos ni fuentes que justifiquen un gasto tan desmesurado.
Pero las irregularidades aparecen también en otros gastos como la adquisición, por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana, de un reloj Citizen valorado en 270 euros y comprado a un comercio textil, junto a camisetas y chaquetas, que entregó la factura de una joyería. Según el informe del interventor, se trata de una gestión incorrecta pues la compra se efectúa a un comercio de venta directa a través de otro comercio de venta directa.
Engorde de presupuestos
La mala gestión del Bipartito no se cierne sólo a los problemas a la hora de adquirir material o realizar obras, sino que también se evidencian en la falta de planificación a la hora de organizar los presupuestos. El técnico también llama la atención sobre este asunto. En concreto en las áreas de Cultura y de Urbanismo.
Ambas delegaciones presentaban previsiones iniciales de ingresos sobrestimadas, por lo que el funcionario exponía la necesidad de reducir tanto los ingresos como los gastos recogidos en un 15% para Cultura y en un 50% para Urbanismo.
En la liquidación del presupuesto de 2008, se puede observar como ha aumentado considerablemente las partidas presupuestarias que tenían asignadas las diferentes áreas. Entre ellas, destaca el coste de desplazamientos del actual equipo de Gobierno. Tanto es así que de 9.000 euros contemplados se ha pasado a más de 46.500 euros. Un aumento muy significativo que se repite en otras áreas como en el caso del suministro de comunicación que de 3.000 euros se ha ampliado a 43.000, mientras que la partida de publicidad ha aumentado de 20.800 a 41.000 euros.
Insistencia
Estas advertencias no son nuevas ya que el interventor hace referencia a otros informes con fecha de 2007 en la que ya exponía la necesidad de reforzar el control en la gestión económica del Ayuntamiento y en concreto en las actuaciones públicas que se desarrollan en la ciudad. Unos argumentos de los que se ha hecho eco el Partido Socialista (PSOE) para criticar la mala gestión económica del Bipartito. «Aprobaron un presupuesto sin lógica ya que es normal que haya modificaciones de un 10% pero lo que parece es que se han inflado de manera descontrolada», apuntaba el concejal socialista, Fernando León. En este sentido la oposición volvió a señalar a las facturas sin consignación presupuestarias destacando la existente en el Patronato de Deportes por valor de 1,2 millones de euros a una única empresa sin que se haya realizado ninguna intención de subsanar la abultada deuda.
19.11.09
Reapertura del conflicto con Doña Jimena
ENVIO DE FAXES Y EMAILS DE SOLIDARIDAD.
Desde el SOV de Toledo informamos de la reapertura del conflicto con Doña Jimena, al haber interpuesto esta empresa una denuncia (por vía penal), contra un compañero de este sindicato por envío de emails y llamadas telefónicas, en la que se le acusa de injurias y calumnias.
Consideramos que esta denuncia tiene un triple carácter:
Revanchista, por haberse solucionado el conflicto favorablemente por la vía de la lucha sindical.
Antisindical, por denunciar a un compañero por ejercer su derecho sindical.
Victimista, por llegar la denuncia justo cinco días después de que la compañera Mª Isabel denunciara a esta empresa por amenazas.
Por tanto, se solicita el envío de faxes, email y llamadas telefónicas así como el boicot a la empresa Doña Jimena y a sus clientes, con el siguiente texto:
¡ RETIRADA DE LA DENUNCIA YA!¡BASTA DE REPRESION SINDICAL!BOICOT A DOÑA JIMENA
A las siguientes direcciones:
DOÑA JIMENA:Telefono: 953 56 02 3Fax: 953 56 02 34e-mail: info@donajimena.es
TUMADUL:Telefono: 925 38 01 50Fax: 925 38 25 45e-mail: infoit@donajimena.es
DOÑA JIMENA MÉXICO:Tf/Fax: 00525 5481000
DOÑA JIMENA ARGENTINA:Tf: 0054 1147175757Fax: 0054 1147176209e-mail: djimena@arnet.com.ar
Secretaría de acción sindical CNT-AIT Toledo
Consideramos que esta denuncia tiene un triple carácter:
Revanchista, por haberse solucionado el conflicto favorablemente por la vía de la lucha sindical.
Antisindical, por denunciar a un compañero por ejercer su derecho sindical.
Victimista, por llegar la denuncia justo cinco días después de que la compañera Mª Isabel denunciara a esta empresa por amenazas.
Por tanto, se solicita el envío de faxes, email y llamadas telefónicas así como el boicot a la empresa Doña Jimena y a sus clientes, con el siguiente texto:
¡ RETIRADA DE LA DENUNCIA YA!¡BASTA DE REPRESION SINDICAL!BOICOT A DOÑA JIMENA
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Huelga indefinida en el Ayuntamiento linense
Un total de 300 trabajadores municipales de los 900 empleados en el Ayuntamiento de La Línea comienzan hoy jueves una huelga indefinida para exigir el pago de los salarios atrasados. Esta decisión se produce después de que durante la jornada de ayer, miércoles, los empleados municipales repitieran un nuevo corte de tráfico a la entrada de la localidad. Concretamente, la movilización de los trabajadores municipales se extendió esta vez hasta casi el acceso por Campamento, provocando intensos problemas al tráfico rodado.Así, en la mañana de ayer la protesta alcanzó el límite de la vecina barriada sanroqueña de Campamento, cerca de la cual los agentes habían formado un cordón policial. Al llegar la marcha a su altura, abrieron el camino para facilitarles el paso a trabajadores y sindicatos, quienes una jornada más estuvieron acompañados de sus inseparables bombos, pitos, banderas y pancarta y recibiendo el apoyo de los ciudadanos.Desde el pasado día 6, los trabajadores vienen protagonizando protestas diarias a las puertas del Palacio de Congresos, sede del Ayuntamiento. Después, de 9.30 a 10.30 horas, trasladan sus movilizaciones a puntos calientes de tráfico en la ciudad para cortar las vías. El sindicato UGT informó ayer tarde que los trabajadores habían tomado la decisión de emprender huelga en una asamblea a la que también asistieron los delegados de USO y CC OO.“No da más de sí”El secretario comarcal de FSP-UGT, José Porras Naranjo, aseguró que la situación “no se solventará con que en algunos días se cobre la nómina del mes pasado, sino con las siguientes, ya que las arcas municipales no dan más de sí”. Los sindicatos coinciden en que la única solución pasa porque la Junta de Andalucía intervenga las cuentas “por la mala gestión realizada por los mandatarios municipales”.El municipio linense cambió de regidor el pasado 14 de octubre, cuando resultó elegido Alejandro Sánchez (PP) por el Pleno municipal tras la dimisión de su predecesor, Juan Carlos Juárez, después de que una sentencia decretara una inhabilitación de seis meses contra él.La próxima semana se celebrará una nueva asamblea en la que se decidirá la duración de las jornadas de huelga, aunque UGT adelantó que previsiblemente será de “entre una y tres horas”. Los sindicatos no descartan que se lleve a cabo un paro general en todos los servicios municipales.Porras añadió que proseguirán las protestas en la localidad y realizó un llamamiento a todos los ciudadanos para que apoyasen a los empleados municipales. “Al final también los comerciantes y los ciudadanos pagan las consecuencias de que los trabajadores no cobren sus nóminas, ya que si ellos no tienen dinero tampoco consumen ni compran nada”, reiteró Porras. Ante un ambiente muy caldeado y con evidentes estados nerviosos entre los trabajadores, los representantes de los tres sindicatos convocantes explicaron a los funcionarios cómo está la situación. La Casa de la Cultura municipal, fue el escenario para decidir qué hacer ante el enésimo impago de las nóminas que vienen padeciendo. La previsión para hoy jueves es volver a las puertas del Palacio de Congresos a las 9.30 horas. Una vez allí, como cada jornada de protesta se decidirán las acciones a seguir y se comprobará como cada mañana si el cobro se ha hecho efectivo.Solución “en horas”Por su parte el concejal de Hacienda, Francisco Muñiz, a raíz del interés que esta situación ha despertado en la ciudad de cara a conocer aspectos relacionados con el pago de la nómina del personal municipal, indicó ayer tarde, horas después de conocerse la convocatoria de huelga, que este asunto “debe estar solucionado en horas”. En esta misma línea, el Consistorio linense subrayó que “cualquier novedad al respecto, añadió, sería dada a conocer oportunamente. El secretario comarcal de servicios a la ciudadanía de CC OO, Jesús González Aragón, aseguró que “ya no nos creemos nada”. Deseó que la información fuera cierta y hoy empiecen a cobrar los trabajadores, momento en el que todas las movilizaciones quedarán automáticamente desconvocadas, a pesar de que no se ha informado de ninguna solución de cara a los salarios de los próximos meses. CC OO resaltó ayer el “ejemplar” comportamiento que los agentes de la Policía Nacional durante estas protestas. González Aragón aseguró que el trato que recibían de los agentes era “exquisito”, habiéndoselo trasladado en varias ocasiones y recibiendo el aplauso de los empleados.
Reapertura del conflicto con Doña Jimena
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Desde el SOV de Toledo informamos de la reapertura del conflicto con Doña Jimena, al haber interpuesto esta empresa una denuncia (por vía penal), contra un compañero de este sindicato por envío de emails y llamadas telefónicas, en la que se le acusa de injurias y calumnias.
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20 Noviembre 2009, 73 años de la muerte de Buenaventura Durruti
"Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones: ese mundo está creciendo en este instante"
Buenaventura Durruti
Buenaventura Durruti Dumange (León, 14 de julio de 1896 - Madrid, 20 de noviembre de 1936). Sindicalista y revolucionario anarquista español.
Biografía [editar]
Nació en León el 14 de julio de 1896 en el barrio de Santa Ana, hijo de un obrero afiliado al sindicato socialista UGT.
Participó en la huelga general revolucionaria de 1917 como militante de la UGT, de la que sería expulsado por defender posiciones revolucionarias. Se trasladó en 1920 a Barcelona, donde se afilió a la CNT. En 1922 formó junto con Joan García Oliver y Francisco Ascaso el grupo "Los Solidarios", con el que perpetró un atraco al Banco de España de Gijón en 1923. Se le imputó también el asesinato del cardenal Juan Soldevila y Romero, uno de los principales financiadores en Aragón de los comandos de pistoleros blancos de la patronal, que asesinaban a militantes obreros destacados. Tuvo que huir a Argentina y luego a Chile lugar donde junto a compañeros anarquistas llevan a cabo el primer asalto en ese país, el atraco es producto de una campaña para juntar recursos para libertar a compañeros que se encontraban en algunas cárceles de España, continuó luego su paso por otros países latinoamericanos y europeos.
En 1931 volvió a España, y se integró en el sector faísta (próximo a la FAI) de la CNT —beligerante con la II República— y tomó parte en las insurrecciones de 1932 y 1933.
Su actuación en la Guerra Civil Española
Al estallar la Guerra Civil en 1936 fue uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte el grupo "Nosotros" (sucesores de "Los Solidarios") de la dirección de la defensa de la ciudad de Barcelona, en la cual falleció su compañero de toda la vida Francisco Ascaso por un disparo procedente del bando nacional. El 20 de julio, ya derrotado el alzamiento en Barcelona y siendo la CNT la dueña de la situación, sobretodo tras apoderarse del parque de Artilleria de San Andrés, sus principales dirigentes tuvieron una entrevista con el presidente de la Generalitat catalana, Lluis Companys. En una segunda entrevista al día siguiente, después del pleno de Federaciones locales de la CNT, Durruti junto con otros principales dirigentes de la CNT propusieron nombrar un Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, siendo aceptado por las restantes organizaciones. Este comité (formado por libertarios, republicanos nacionalistas y marxistas) se convirtió en el verdadero poder en Cataluña, ratificando la Generalitat posteriormente lo que se decidia. Cansado de las disputas internas y el desgaste debido al hecho de encontrarse en una guerra civil, del Comité de Milicias Antifasciastas (de la cual era jefe del departamento de transportes), decidió pasar al frente con el bando republicano, empezando por liberar de los nacionales Zaragoza, tras Barcelona, otro gran núcleo urbano anarquista. Se formó entonces la famosa Columna Durruti, que tomó rumbo a Zaragoza.
A la columna se le negó el suministro de armas, artillería, etcétera, por parte de los agentes comunistas, por lo que tuvo que limitarse a tomar todos los pueblos por donde pasaba. En ellos los campesinos se veían libres para hacer la revolución: los terratenientes eran expropiados de sus tierras, las cuales eran colectivizadas, se abolía la propiedad privada y se instauraba el comunismo libertario. En noviembre de aquel año marchó a Madrid con su columna a contener la ofensiva de las tropas sublevadas (batalla de Madrid).
Cuando se encontraba en las proximidades del Hospital Clínico de Madrid (ocupado por los sublevados) fue herido mortalmente por un disparo cuya procedencia no está muy clara, existiendo diversas hipótesis sobre el origen de la bala que le hirió. Mientras algunas versiones afirman que fue disparada accidentalmente por su propio "naranjero" (versión española del subfusil Schmeisser MP28 II), otras apuntan a que pudo ser asesinado por agentes estalinistas. La versión del accidente es bastante verosímil, por cuanto el citado modelo de subfusil carecía de seguro y podía disparse por un simple golpe de la culata contra el suelo. Joan García Oliver, compañero de Durruti desde los tiempos de los solidarios, nos explica en su libro biografico "El Eco de los Pasos", y que fue la persona que acompaño a Durruti al frente de Madrid, vivo, y que lo acompaño de regreso a Barcelona, muerto, que nunca quiso creer está historia pues Durruti nunca en su vida usó naranjero, el mismo García Oliver nunca lo vio con ninguno, usaba pistola, ni tampoco en fotografía,recordando que Durruti se hacía acompañar permanentemente de un fotógrafo y un médico.
Aun así, el posterior asesinato de Andreu Nin, líder del POUM, partido comunista no-prosoviético, por parte del NKVD, refuerza la sospecha que Durruti también fue asesinado por el régimen de la URSS.
Todas las pruebas contra María José Campanario
• La mujer de Jesulín de Ubrique se enfrenta a una petición de más de cuatro años de cárcel. La acusan de negociar y pagar 18.000 euros con el fin de lograr una pensión de invalidez para su madre, Remedios Torres, también acusada. El sumario muestra las chapuzas y el desparpajo que utilizaron casi a partes iguales todos.
Cohecho, estafa y falsedad. Para el fiscal y la acusación, ejercida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, María José Campanario y su madre son autoras de estos delitos. La mujer del torero Jesulín de Ubrique pagó 18.000 euros para que el grupo dirigido por Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Municipal de Ubrique, lograse de forma fraudulenta una pensión de invalidez para su madre, Remedios Torres, que la Seguridad Social le había denegado en 2003. Un informe de la Guardia Civil afirma que “María José lleva directamente el asunto de la pensión de su madre” y “Campanario debía saber que los tres millones de pesetas que entregó a José Luis López [el Turronero, amigo de su marido] debían ir dirigidos al pago de los servicios de los funcionarios”.La Guardia Civil asegura que la esposa y la suegra del diestro sabían que una persona iba a suplantar a Remedios Torres para pasar una revisión médica. Las escuchas telefónicas no dejan dudas. El juez ha anulado las de seis días, pero el resto deja claro el papel de Campanario, su madre y muchos otros acusados, hasta 26 –de los que tres son médicos– en el caso de los falsos inválidos.Una pensión imposible“María José, tu madre no ha trabajao en su puta vida. Y le va a quedar una paga de doscientas mil pesetas” Carlos Carretero había sido jefe de la Policía Municipal de Ubrique (Cádiz), tierra de los Janeiro. Y había logrado una pensión por problemas en un ojo. Carretero, para el que el fiscal pide diez años de prisión, es amigo de José Luis López, alias el Turronero, también implicado en la trama, un personaje muy conocido en Ubrique y amigo de Jesulín y de su familia.La madre de María José Campanario, Remedios Torres Jiménez, relató al juez cómo empezó todo: “Una noche de julio o agosto de 2004, cenando en un restaurante en Castellón junto a José Luis ‘el Turronero’, su hija, su marido y otras personas, sale la conversación y le pregunta José Luis si está jubilada, y ella le comenta que no, que ha cotizado nueve años y que no creía que tuviera derecho a jubilarse”. Entonces el Turronero le dijo: “Vamos a ver si se puede revisar tu minusvalía”. La mujer tenía reconocida una minusvalía del 54 por ciento, pero sin derecho a pensión. Los baremos de la Seguridad Social pedían siete puntos y ella sumaba cero.
fuente: Interviu
La Guardia Civil halla uranio en los fosfoyesos que vende Fertiberia
Uranio, cobre, aluminio, níquel, plomo, cadmio, arsénico, cobalto... La Guardia Civil encontró trazas de todos estos elementos en los fosfoyesos que la empresa Fertiberia vende como "enmienda en tierras de cultivo" del Bajo Guadalquivir. En un informe del Seprona de marzo se detalla que estos subproductos -que son los residuos de la fabricación de abonos- presentan "elevados contenidos en sulfato, calcio, sodio y fósforo, destacando además la presencia de uranio". Los subproductos -los fosfoyesos- se venden para corregir la acidez de la tierra de determinadas zonas.
"El uso de fosfoyesos en agricultura, de forma intensiva o continua, puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", advierte la Guardia Civil. El caso primero estuvo en un juzgado de Huelva y ahora está en uno de Lebrija (Sevilla), según Greenpeace. Esta asociación reclamó que cese la venta de este producto. Según esta organización, "la comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, frente al parque nacional de Doñana". Son unas 70.000 hectáreas dedicadas al girasol, remolacha, arroz y algodón."Los fosfoyesos de Fertiberia están contaminando campos de cultivo y aguas del entorno de Doñana", es la conclusión a la que han llegado las organizaciones Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, que presentaron ayer en Sevilla el informe del Seprona.
La empresa lo niega. El director general de Fertiberia, Roberto Ibáñez, reconoció que este subproducto se está vendiendo "desde hace muchos años": "Es algo positivo". Ibáñez, al igual que la Consejería de Medio Ambiente, indicó que la venta de estos residuos de la fabricación de los abonos está permitida y regulada. En concreto, por un Real Decreto de julio de 2005, que luego fue desarrollado por una orden ministerial de 2008.
El problema, según las organizaciones ecologistas, reside en que este subproducto no podría contener los restos de uranio y las otras sustancias detectadas por la Guardia Civil en una inspección de marzo de este año. El informe del Seprona fue remitido a la justicia en junio.
Según explica el Seprona en su informe, Fertiberia produce "fertilizantes fosfásicos para la agricultura". Emplean rocas "fosfáticas" de Marruecos que son tratadas con ácido sulfúrico. "Por cada tonelada de ácido fosfórico producido se generan aproximadamente unas cinco toneladas de residuo de fosfoyeso", que es el subproducto que luego se vende como "enmienda" y en el que se han encontrado los restos de uranio.
Según la Guardia Civil, el uranio "puede pasar al medio acuoso con el agua de riego o lluvia, con el consiguiente riesgo de ser absorbido por las plantas de cultivo". "El continuo empleo de fosfoyesos como agente acondicionador de tierras de cultivo puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", continua el informe del servicio del Seprona.
Roberto Ibáñez dijo ayer que Fertiberia desconoce "qué tipo de análisis se han realizado". Además, dijo que no tiene "ningún conocimiento" de que haya un procedimiento judicial abierto por este asunto.
Los informes elaborados por la Guardia Civil surgieron de una inspección realizada por los agentes en marzo. El Seprona acudió a la factoría onubense para certificar que la empresa había dejado de verter fosfoyesos, como ha ordenado la Audiencia Nacional. Según relatan los agentes en su informe, allí se encontraron con un camión cargado de fosfoyesos que se dirigía a la cooperativa El Cuervo, de Sevilla. Unos días después, se inspeccionó uno de estos vehículos cargados de fosfoyesos. Se recogieron las muestras y se analizaron. Luego, se instruyeron las diligencias por un "supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".
Los portavoces de las organizaciones ecologistas recordaron ayer los problemas medioambientales y judiciales que está provocando desde hace años la factoría onubense de Fertiberia, a la que la Audiencia Nacional ha denegado la concesión para seguir vertiendo fosfoyesos en la ría de Huelva y cuya Autorización Ambiental Integrada está recurrida en la Comisión Europea.
"El uso de fosfoyesos en agricultura, de forma intensiva o continua, puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", advierte la Guardia Civil. El caso primero estuvo en un juzgado de Huelva y ahora está en uno de Lebrija (Sevilla), según Greenpeace. Esta asociación reclamó que cese la venta de este producto. Según esta organización, "la comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, frente al parque nacional de Doñana". Son unas 70.000 hectáreas dedicadas al girasol, remolacha, arroz y algodón."Los fosfoyesos de Fertiberia están contaminando campos de cultivo y aguas del entorno de Doñana", es la conclusión a la que han llegado las organizaciones Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, que presentaron ayer en Sevilla el informe del Seprona.
La empresa lo niega. El director general de Fertiberia, Roberto Ibáñez, reconoció que este subproducto se está vendiendo "desde hace muchos años": "Es algo positivo". Ibáñez, al igual que la Consejería de Medio Ambiente, indicó que la venta de estos residuos de la fabricación de los abonos está permitida y regulada. En concreto, por un Real Decreto de julio de 2005, que luego fue desarrollado por una orden ministerial de 2008.
El problema, según las organizaciones ecologistas, reside en que este subproducto no podría contener los restos de uranio y las otras sustancias detectadas por la Guardia Civil en una inspección de marzo de este año. El informe del Seprona fue remitido a la justicia en junio.
Según explica el Seprona en su informe, Fertiberia produce "fertilizantes fosfásicos para la agricultura". Emplean rocas "fosfáticas" de Marruecos que son tratadas con ácido sulfúrico. "Por cada tonelada de ácido fosfórico producido se generan aproximadamente unas cinco toneladas de residuo de fosfoyeso", que es el subproducto que luego se vende como "enmienda" y en el que se han encontrado los restos de uranio.
Según la Guardia Civil, el uranio "puede pasar al medio acuoso con el agua de riego o lluvia, con el consiguiente riesgo de ser absorbido por las plantas de cultivo". "El continuo empleo de fosfoyesos como agente acondicionador de tierras de cultivo puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", continua el informe del servicio del Seprona.
Roberto Ibáñez dijo ayer que Fertiberia desconoce "qué tipo de análisis se han realizado". Además, dijo que no tiene "ningún conocimiento" de que haya un procedimiento judicial abierto por este asunto.
Los informes elaborados por la Guardia Civil surgieron de una inspección realizada por los agentes en marzo. El Seprona acudió a la factoría onubense para certificar que la empresa había dejado de verter fosfoyesos, como ha ordenado la Audiencia Nacional. Según relatan los agentes en su informe, allí se encontraron con un camión cargado de fosfoyesos que se dirigía a la cooperativa El Cuervo, de Sevilla. Unos días después, se inspeccionó uno de estos vehículos cargados de fosfoyesos. Se recogieron las muestras y se analizaron. Luego, se instruyeron las diligencias por un "supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".
Los portavoces de las organizaciones ecologistas recordaron ayer los problemas medioambientales y judiciales que está provocando desde hace años la factoría onubense de Fertiberia, a la que la Audiencia Nacional ha denegado la concesión para seguir vertiendo fosfoyesos en la ría de Huelva y cuya Autorización Ambiental Integrada está recurrida en la Comisión Europea.
Un edil del PSOE gasta 4.000 euros en gasolina con cargo a tarjetas municipales
El ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), gastó más de 4.000 euros en repostar combustible con cargo a las tarjetas de crédito del Consistorio, según la denuncia del actual alcalde, Fernando Palma (PP).
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Roque ha creado una comisión de investigación para esclarecer el gasto y el uso de las tarjetas por parte de algunos concejales. En la actualidad, se investigan un total de diez tarjetas.
"ya hay dos identificadas, que pertenecen a Ruiz Boix y al anterior edil de Medio Ambiente, Miguel Núñez. "Sus gastos superan los 4.000 euros y queremos conocer los motivos", argumenta el alcalde 'popular'.
Aunque el alcalde Fernando Palma (PP) sólo ofrece estos dos nombres, no descarta que aparezcan más en los próximos días, incluso de concejales que actualmente son socios del PP en el gobierno. "De momento no hay indicios pero podría ser", afirma el regidor 'popular'.
Esta presunta malversación de fondos públicos tiene detalles curiosos. "Hay días en los que se ha llenado un tanque hasta en tres ocasiones por parte de Ruiz Boix", expone el alcalde, por lo que se impone "una explicación" y, sobre todo, que "no vuelva a suceder".
Con este objetivo se ha decidido, por parte del Ayuntamiento, contar con un tanque de 5.000 litros de gasóleo para controlar el suministro, gasto y destino del combustible que utilizan los coches de las empresas y órganos municipales sanroqueños.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Roque ha creado una comisión de investigación para esclarecer el gasto y el uso de las tarjetas por parte de algunos concejales. En la actualidad, se investigan un total de diez tarjetas.
"ya hay dos identificadas, que pertenecen a Ruiz Boix y al anterior edil de Medio Ambiente, Miguel Núñez. "Sus gastos superan los 4.000 euros y queremos conocer los motivos", argumenta el alcalde 'popular'.
Aunque el alcalde Fernando Palma (PP) sólo ofrece estos dos nombres, no descarta que aparezcan más en los próximos días, incluso de concejales que actualmente son socios del PP en el gobierno. "De momento no hay indicios pero podría ser", afirma el regidor 'popular'.
Esta presunta malversación de fondos públicos tiene detalles curiosos. "Hay días en los que se ha llenado un tanque hasta en tres ocasiones por parte de Ruiz Boix", expone el alcalde, por lo que se impone "una explicación" y, sobre todo, que "no vuelva a suceder".
Con este objetivo se ha decidido, por parte del Ayuntamiento, contar con un tanque de 5.000 litros de gasóleo para controlar el suministro, gasto y destino del combustible que utilizan los coches de las empresas y órganos municipales sanroqueños.
Padres de Puerto Real se movilizan para que El Cuco no sea escolarizado en la ciudad
Organizan una manifestación espontánea, sin el apoyo de ningún colectivo escolar
El menor imputado por la muerte de la joven sevillana , pendiente de vigilancia
La posible escolarización de El Cuco (el menor de 16 años implicado en la muerte de Marta del Castillo) en algún instituto de Puerto Real ha causado la inmediata reacción entre los padres de la localidad, que se oponen a que este joven imputado por un asesinato y una violación comparta aulas con sus hijos. La preocupación inicial entre los vecinos por el traslado del menor a un centro de internamiento de la localidad, se ha materializado rápidamente en forma de manifestación espontánea, convocada a través del boca a boca entre los padres y los alumnos de diversos institutos. «No me parece bien que esté con nuestros hijos y creo que los padres debemos pedirlo en la calle», afirmaba ayer una madre del instituto Virgen del Carmen, que prefería no revelar su identidad y que reconocía desconocer quién estaba detrás de la manifestación: «Estaba prevista para el viernes, pero se ha aplazado para la semana que viene».
Por el boca a boca
Fuentes de diferentes institutos de la localidad confirmaron ayer a LA VOZ que la convocatoria de la movilización «ha corrido como la pólvora de boca en boca entre los padres». Pero desvinculan a las asociaciones de madres y padres y a los centros de la organización de la protesta. De hecho, hasta ahora no existe ningún colectivo que se haya hecho responsable, ni que haya informado de ella de forma oficial en la Subdelegación del Gobierno.
El Cuco, de 16 años, está imputado de un delito de violación y otro de asesinato, como presunto autor de la muerte de la sevillana Marta del Castillo, cuyo cuerpo aún no ha aparecido. La pasada semana, el juez acordó su libertad vigilada en un piso tutelado a 50 kilómetros de la capital hispalense, pero la Junta lo trasladó al centro de internamiento de régimen abierto de Puerto Real. La propia consejera de Justicia, Begoña Alvarez, insistió en que el niño estaría bajo la custodia de dos agentes policiales, pero como adelantó La VOZ, la Policía ha reclamado su falta de capacidad operativa para realizar ese control.
El menor imputado por la muerte de la joven sevillana , pendiente de vigilancia
La posible escolarización de El Cuco (el menor de 16 años implicado en la muerte de Marta del Castillo) en algún instituto de Puerto Real ha causado la inmediata reacción entre los padres de la localidad, que se oponen a que este joven imputado por un asesinato y una violación comparta aulas con sus hijos. La preocupación inicial entre los vecinos por el traslado del menor a un centro de internamiento de la localidad, se ha materializado rápidamente en forma de manifestación espontánea, convocada a través del boca a boca entre los padres y los alumnos de diversos institutos. «No me parece bien que esté con nuestros hijos y creo que los padres debemos pedirlo en la calle», afirmaba ayer una madre del instituto Virgen del Carmen, que prefería no revelar su identidad y que reconocía desconocer quién estaba detrás de la manifestación: «Estaba prevista para el viernes, pero se ha aplazado para la semana que viene».
Por el boca a boca
Fuentes de diferentes institutos de la localidad confirmaron ayer a LA VOZ que la convocatoria de la movilización «ha corrido como la pólvora de boca en boca entre los padres». Pero desvinculan a las asociaciones de madres y padres y a los centros de la organización de la protesta. De hecho, hasta ahora no existe ningún colectivo que se haya hecho responsable, ni que haya informado de ella de forma oficial en la Subdelegación del Gobierno.
El Cuco, de 16 años, está imputado de un delito de violación y otro de asesinato, como presunto autor de la muerte de la sevillana Marta del Castillo, cuyo cuerpo aún no ha aparecido. La pasada semana, el juez acordó su libertad vigilada en un piso tutelado a 50 kilómetros de la capital hispalense, pero la Junta lo trasladó al centro de internamiento de régimen abierto de Puerto Real. La propia consejera de Justicia, Begoña Alvarez, insistió en que el niño estaría bajo la custodia de dos agentes policiales, pero como adelantó La VOZ, la Policía ha reclamado su falta de capacidad operativa para realizar ese control.
El fiscal pide cuatro años y 500.000 euros para el ex alcalde de La Línea
La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa a miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea en el caso Roseworld, originado por la venta de cuatro parcelas municipales a una empresa con ese nombre, de recibir dos millones de euros "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación.
En concreto, acusa a los miembros de la Mesa de Contratación que aprobó esta operación: el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez, y los ediles del PP María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez. Además, acusa a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y a Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró luego dichas parcelas.
La Fiscalía concluye que son responsables de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo Juárez, Atienza, Montero, Muñiz, Calama, Agustín Sevillano y Sergio Gómez, a los que por el segundo de los delitos solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros a cada uno con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante 8 años y seis meses.Para Thakurdas solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito de cohecho.
La multa más cuantiosa es la que solicita para Rafael Reyes Medina por un delito de blanqueo. En concreto, la Fiscalía solicita una multa de 25 millones de euros, tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria.Así consta en el escrito de calificación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha derivado al juzgado número uno de La Línea, solicitando que las actuaciones se transformen en los trámites de procedimiento abreviado y que se abra juicio oral.
En el análisis de los hechos, el escrito de calificación de la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento acordó enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en La Colonia.
En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005, fue aprobada por el pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas.
Además se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.La Fiscalía considera que los acusados "se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta".
De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros que se efectuó en cuatro cheques. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.Pese al inicio del procedimiento penal, que se hizo constar en el Registro de la Propiedad así como al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo de impugnación a Roseworld, la Fiscalía explica que los acusados "en virtud del plan preconcebido, acordaron vender los terrenos objeto de litigio a Abuztúa Inversiones en febrero de 2007 para así simular la apariencia de tercero de buena fe y asegurarse el mantenimiento de las fincas, concertando el precio en 14,4 millones de euros más IVA".
Además, señala que 22 días antes de efectuarse la transmisión, Lábaro, grupo al que pertenece Abuztúa, ordenó un ingreso en el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros que Calama dijo era en concepto del pago de la deuda a Roseworld, constando otro importe igual fechado en marzo de 2008.En marzo de 2007, el Ayuntamiento requirió a Abuztúa el pago aplazado del débito de Roseworld, 6,1 más 980.000 euros de IVA al constarle por comunicación del apoderado de ésta que se había producido la transmisión.
Abuztúa pagó al Ayuntamiento la cantidad restante del precio que se aplazó a Roseworld, aunque no los 980.000 euros del IVA. La Fiscalía concluye que los acusados de la Mesa de Contratación recibieron a través de la empresa Líneatrans, "de la que es único titular y administrador Calama, por parte de Thakurdas en compensación por el trato de favor recibido y tal y como habían acordado, dos millones de euros, constando efectuado el ingreso a través de la sociedad de la que el único administrador y titular es Thakurdas, Laxmi Developments", agrega en el escrito de acusación.
18.11.09
El PSOE acumula 64 causas de corrupción más que el PP
La creciente corrupción entre la clase política española se ha traducido hoy en datos de boca del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha revelado que se están tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción. PSOE y PP acumulan 464 del total de las causas, 264 el Partido Socialista y 200 el PP. Conde-Pumpido ha desvelado estos datos durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso.
En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal (GIL) 17, Unió Mallorquina 7, Ezquerra Republicana de Catalunya 5, Bloque Nacionalista Galego 3 y PNV otras 3.
A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.
Según el fiscal general, "hay de todo" y en todos los partidos. Por eso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que existen "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que, según el fiscal "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
Conde-Pumpido ha explicado que en la actualidad existen 594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.
El fiscal general ha salido además en defensa de la Fiscalía, que según ha dicho persiguen a los delincuentes no por su afiliación política, "sino por los delitos que cometen" y ha asegurado que lo contrario es "ajeno por completo a la realidad del Ministerio Fiscal". "La Justicia no persigue a políticos, sólo persigue a corruptos y corruptores, estén donde estén, aunque estén en todas partes".
"No hay filtraciones"
Además de explicar los datos sobre la corrupción, Conde-Pumpido ha querido aclarar el asunto de las filtraciones en ciertos casos investigados por la Justicia. El fiscal ha asegurado que no hay filtración ninguna de actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al sumario, disponen de datos a veces porque han intervenido en los hechos investigados.
"Hemos evitado por tanto cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen", ha resaltado el fiscal general del Estado.
También ha recordado que "la investigación del caso Gürtel fue tramitada durante muchos meses a través de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese filtración alguna", lo que demuestra la absoluta discreción de los fiscales.
En concreto, según Conde-Pumpido, en relación con las supuestas filtraciones del sumario del "caso Gürtel" la Fiscalía ha llevado a cabo diez actuaciones diferentes y "ha promovido" que la investigación prospere por todos los medios a su alcance.
En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal (GIL) 17, Unió Mallorquina 7, Ezquerra Republicana de Catalunya 5, Bloque Nacionalista Galego 3 y PNV otras 3.
A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.
Según el fiscal general, "hay de todo" y en todos los partidos. Por eso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que existen "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que, según el fiscal "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
Conde-Pumpido ha explicado que en la actualidad existen 594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.
El fiscal general ha salido además en defensa de la Fiscalía, que según ha dicho persiguen a los delincuentes no por su afiliación política, "sino por los delitos que cometen" y ha asegurado que lo contrario es "ajeno por completo a la realidad del Ministerio Fiscal". "La Justicia no persigue a políticos, sólo persigue a corruptos y corruptores, estén donde estén, aunque estén en todas partes".
"No hay filtraciones"
Además de explicar los datos sobre la corrupción, Conde-Pumpido ha querido aclarar el asunto de las filtraciones en ciertos casos investigados por la Justicia. El fiscal ha asegurado que no hay filtración ninguna de actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al sumario, disponen de datos a veces porque han intervenido en los hechos investigados.
"Hemos evitado por tanto cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen", ha resaltado el fiscal general del Estado.
También ha recordado que "la investigación del caso Gürtel fue tramitada durante muchos meses a través de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese filtración alguna", lo que demuestra la absoluta discreción de los fiscales.
En concreto, según Conde-Pumpido, en relación con las supuestas filtraciones del sumario del "caso Gürtel" la Fiscalía ha llevado a cabo diez actuaciones diferentes y "ha promovido" que la investigación prospere por todos los medios a su alcance.
fuente: Publico
Expulsado de España por denunciar a su jefe
Una detención por estancia irregular en España no tiene por qué terminar en una expulsión del país. Pero la del paraguayo Luis Eduardo Egaña, de 23 años, no fue una detención más. La brigada de Extranjería de la Policía Nacional le pidió la documentación el 1 de octubre en el mismo juzgado santanderino donde iba a declarar contra la empresa Escenasant SL, que presuntamente empleó sin papeles durante 16 meses a Luis y a su compatriota y primo Claudio Cesar Maturana, de 27 años.
La protesta de su abogada evitó que se los llevaran a comisaría antes de declarar en el juicio, pero los quebraderos de cabeza no terminaron ahí. Un segundo juicio, previsto para hoy, estuvo a punto de no celebrarse después de que el lunes la Policía detuviera de nuevo a Luis, esta vez en Oviedo, donde ahora reside. Su posible expulsión, esa que era sólo un expediente hace apenas un mes, se transformó en una orden firme a 48 horas de que interviniera como demandante en la segunda vista.
La protesta de su abogada evitó que se los llevaran a comisaría antes de declarar en el juicio, pero los quebraderos de cabeza no terminaron ahí. Un segundo juicio, previsto para hoy, estuvo a punto de no celebrarse después de que el lunes la Policía detuviera de nuevo a Luis, esta vez en Oviedo, donde ahora reside. Su posible expulsión, esa que era sólo un expediente hace apenas un mes, se transformó en una orden firme a 48 horas de que interviniera como demandante en la segunda vista.
La ley protege al trabajador ilegal que actúa contra su explotación
Luis y Claudio habían interpuesto sendas denuncias contra Escenasant, una empresa dedicada al montaje de escenarios y carpas para todo tipo de eventos. El primer juicio terminó con la absolución de la empresa. La jueza consideró que las pruebas no establecían de manera inequívoca que Claudio hubiera trabajado para la compañía. Fuera, una vez terminada la vista, les esperaban la Policía Nacional, ocho horas en comisaría y dos expedientes de expulsión.
"Es la primera vez que veo algo así", exclama Juan Vega, uno de los abogados de los dos trabajadores. Como laboralista, Vega está acostumbrado a presentar denuncias a empresas que emplean a sin papeles. Muchas personas en situación irregular consiguen el permiso de trabajo si demuestran en un juicio que han estado trabajando al menos un año para una empresa.
"La Ley protege este derecho de los irregulares a denunciar sus condiciones laborales", recuerda el letrado, para quien "la Policía no puede efectuar controles de identidad de manera arbitraria, y menos en un juzgado donde a diario se presentan este tipo de casos". Este abogado califica de "espectacular" la rapidez con que se ha resuelto el expediente de expulsión de Luis.
Los inmigrantes demandan a la empresa por cuatro meses de impago
"La propia Ley de Extranjería establece que la expulsión es una medida extraordinaria", afirma Vega. Sobre todo en casos como el de Luis, que ha acreditado una estancia mínima de tres años en España y su condición de acreedor de 15.000 euros. Otra empresa que también le empleó sin papeles le debía esa cantidad, tal y como quedó demostrado en otro juicio previo.
Según la acusación, los problemas con Escenasant empezaron después de que a Luis le denegaran una primera solicitud de papeles, que presentó después de denunciar a la primera empresa para la que había trabajado. "A partir de ahí, Escenasant nos tuvo cuatro meses sin cobrar", asegura el joven. "Trabajábamos sin horario y en fines de semana con la única excusa de que vivíamos sin pagar el alquiler en casa de este hombre", cuenta, en referencia al titular de la sociedad, Bernabé Solana Arenal.
Solana confirmó a este periódico que ambos vivieron en un chalet de su propiedad, pero asegura que lo hacía sólo "para darles cobijo" y no porque fueran empleados suyos.
"Él decía que nos hacía un favor", replica Luis, "que si no nos gustaban esas condiciones nos podíamos ir a cualquier otro sitio". Esa situación, y los 3.600 euros que presuntamente les debe la empresa, los empujó a denunciar.
Una "tomadura de pelo"
La Justicia de momento no les ha dado la razón. "El juicio fue una tomadura de pelo", se queja Luis. La acusación ha pedido la nulidad de la primera vista porque la sentencia no tiene en cuenta una prueba considerada concluyente: el vídeo que muestra a Claudio al mando de un camión grúa, supuestamente propiedad de la empresa.
El recurso, anuncia Vega, está bien fundamentado y tiene muchas probabilidades de tener éxito, así se tendría que repetir la primera vista. El problema reside en que hasta que se resuelva la nulidad "pueden pasar 4 ó 5 meses", según Vega, y tanto Luis como Claudio pueden ser expulsados antes.
Una coalición de colectivos sociales asturianos apoya a estos dos inmigrantes
Además de sus abogados, una coalición de colectivos sociales asturianos apoya a estos dos inmigrantes para evitar que ambos tengan que volver a Paraguay como resultado de una carambola jurídica.
Los trabajos realizados por Escenasant incluyen el montaje de 2.500 metros cuadrados de carpa para el mitin de Mariano Rajoy en la fiesta patronal cántabra de la Bien Aparecida, el 12 de julio de 2008, al que asistieron 6.000 personas. La compañía también se encargó de montar una carpa para el día de las Fuerzas Armadas de este año en la plaza santanderina de Alfonso XIII.
El ERE temporal de SOS afectará a 950 trabajadores
SOS Corporación Alimentaria, con instalaciones en Andújar (Jaén), y Alcolea (Córdoba), presentará el próximo lunes, 23 de noviembre, ante el Ministerio de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que pretende aplicar en todos sus centros de trabajo en España durante un máximo de seis meses, con 950 trabajadores afectados, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.La compañía alimentaria y los sindicatos CCOO y UGT constituyeron ayer la mesa negociadora del ERE y acordaron un calendario de reuniones que recoge como plazo inicial para cerrar un acuerdo el próximo 17 de diciembre.Las fuentes destacaron que la propuesta del grupo es "maximalista", dado que toda la plantilla, incluidos trabajadores fijos, fijos-discontinuos y temporales, estaría "potencialmente" afectada por el expediente, aunque posteriormente, por razones productivas, se puede decidir no aplicarlo al completo.Entre los sindicatos existen "muchas dudas" sobre la necesidad del ERE, al entender que se plantea como una medida de ahorro de costes para reducir la deuda "insostenible" del grupo -unos 1.200 millones de euros-, lo que supone que la plantilla "paga el pato de la mala gestión de los directivos", en referencia a los ex ejecutivos, Jesús y Jaime Salazar.Así, consideran que SOS tiene que justificar que existe un exceso de capacidad productiva, dado que, según aseguran los delegados de los centros, "la actividad de las plantas es bastante normal y en algunos casos se requiere más personal".Los representantes de los trabajadores pretenden asimismo solicitar a la compañía información sobre la marcha de las negociaciones con la banca acreedora, al tiempo que, en relación con las desinversiones previstas, pedirán la inclusión de "medidas condicionales" al ERE. Así, se preguntan "qué sentido tiene" incluir determinadas actividades si la compañía tiene previsto desprenderse de ellas, como el arroz.SOS no ha definido aún las prestaciones que podrían percibir los trabajadores afectados, al considerar que esos acuerdos se deberán desarrollar en cada centro, según las mismas fuentes.La intención del grupo es parar todos los centros de trabajo en España durante un periodo máximo de seis meses y dentro de los doce meses siguientes a la fecha de autorización de la medida, según comunicó la empresa a finales de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta medida, el grupo alimentario prevé obtener un ahorro de costes de diez millones de euros, según confirmaron la pasada semana a Europa Press en fuentes de la compañía.La multinacional se encuentra inmersa en el proceso de renegociación de su deuda, que asciende a unos 1.200 millones de euros y que prevé reducir a la mitad en dos años con un plan de negocio hasta 2013 que incluye la desinversión en activos inmobiliarios y en todos aquellos negocios que no sea el aceite vegetal, como el arroz.
Convenio Colectivo Practicos Bahia de Algeciras y personal de Marineria
Para ver el convenio pinche en el enlace y vea la pagina 5:
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP221_18-11-09.pdf
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP221_18-11-09.pdf
Los contratos cumplen la ley ayuntamiento Puerto Real
teniente de alcalde delegada de Personal del Ayuntamiento, Lola Sanisidro, ha garantizado que las contrataciones de dos auxiliares administrativos, realizadas por parte de la administración local, «cumple rigurosamente -según sus propias palabras-, lo dictado por la Ley».
La responsable municipal de Personal pretende con ello aclarar algunas cuestiones relacionadas con la denuncia formulada en días pasados por los representantes de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento.
Respecto a las acusaciones de amiguismo, Sanisidro califica de «poco cautelosas» las declaraciones sindicales. Además añadió una observación de peso sobre dichas palabras: «Podrían estar rozando peligrosamente el delito de injurias». «Es sorprendente que estas manifestaciones provengan de un sindicato», se lamentó la teniente de alcalde. «Confrontan la subida salarial de personal laboral del Ayuntamiento con la contratación de dos personas igualmente cualificadas, que de otro modo se encontrarían en desempleo», ha apostillado la integrante del equipo de gobierno.
Sanisidro ha aportado igualmente que los acuerdos firmados en materia de retribuciones para los auxiliares administrativos tienen un plazo de ejecución de cuatro años, de los que sólo se ha superado la mitad. En este sentido, la edil refiere que ya se han hecho efectivos un 66% de los acuerdos pactados.
Réplica a CC OO
Con estas palabras Sanisidro replica a una de las principales demandas de los auxiliares administrativos y la representación sindical respecto a la existencia de acuerdos de 2006 aprobados en pleno y con dotación presupuestaria.
La responsable de Personal hace referencia igualmente a otro de los asuntos recriminados desde Comisiones Obreras, como los contratos por obras y servicio. El sindicato dejaba una acusación dura: «Suponen un acceso a la administración sin superar ningún proceso selectivo, y es una manera de colar a los amiguetes», advierten.
Sobre este tipo de contratación para proyectos o subvenciones, los representantes sindicales afirmaban: «Es utilizada para realizar ciertas contrataciones que sólo hacen aumentar el gasto de personal, contradiciendo el punto del plan de saneamiento referido a la total eliminación de las contrataciones laborales temporales».
La responsable municipal de Personal pretende con ello aclarar algunas cuestiones relacionadas con la denuncia formulada en días pasados por los representantes de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento.
Respecto a las acusaciones de amiguismo, Sanisidro califica de «poco cautelosas» las declaraciones sindicales. Además añadió una observación de peso sobre dichas palabras: «Podrían estar rozando peligrosamente el delito de injurias». «Es sorprendente que estas manifestaciones provengan de un sindicato», se lamentó la teniente de alcalde. «Confrontan la subida salarial de personal laboral del Ayuntamiento con la contratación de dos personas igualmente cualificadas, que de otro modo se encontrarían en desempleo», ha apostillado la integrante del equipo de gobierno.
Sanisidro ha aportado igualmente que los acuerdos firmados en materia de retribuciones para los auxiliares administrativos tienen un plazo de ejecución de cuatro años, de los que sólo se ha superado la mitad. En este sentido, la edil refiere que ya se han hecho efectivos un 66% de los acuerdos pactados.
Réplica a CC OO
Con estas palabras Sanisidro replica a una de las principales demandas de los auxiliares administrativos y la representación sindical respecto a la existencia de acuerdos de 2006 aprobados en pleno y con dotación presupuestaria.
La responsable de Personal hace referencia igualmente a otro de los asuntos recriminados desde Comisiones Obreras, como los contratos por obras y servicio. El sindicato dejaba una acusación dura: «Suponen un acceso a la administración sin superar ningún proceso selectivo, y es una manera de colar a los amiguetes», advierten.
Sobre este tipo de contratación para proyectos o subvenciones, los representantes sindicales afirmaban: «Es utilizada para realizar ciertas contrataciones que sólo hacen aumentar el gasto de personal, contradiciendo el punto del plan de saneamiento referido a la total eliminación de las contrataciones laborales temporales».
La asociación Mará acusa a Barroso y Mosquera de no tener respeto a los Derechos Humanos
La asociación de ayuda a drogodependientes y presos, Mará, ha acusado al Ayuntamiento de no respetar los Derechos Humanos. El colectivo centra sus quejas en el alcalde y en a la primera teniente de alcalde Ana Mosquera y asegura que «quieren negar el derecho a la formación, a una atención cultural y psicológica, a la recuperación de la autoestima y a la reinserción social y laboral», en referencia a las personas que atienden.
La entidad se detiene en la gestión del primer edil para justificar el origen de su labor: «Mará existe debido a la incompetencia de los equipos de gobierno que presidía el señor Barroso en las trágicas décadas de los años 80 y 90».
Desde la asociación se habla de «falta de capacidad de los políticos de turno para abordar la situación», motivo que consideran que obligó al alcalde a pactar soluciones consensuadas con voluntarios.
17.11.09
El desfalco del Ayuntamiento de San Fernando lo mete en numeros rojos
Las cuentas del Ayuntamiento no salen. El robo de los 7,8 millones de la Caja municipal han metido al Consistorio en número rojos en un momento económico delicado a consecuencia de la crisis. El resultado es evidente pues se han reducido considerablemente los ingresos -en más de 21 millones de euros- mientras que los gastos se han aumentado superando el millón y medio. Por todo ello, Tesorería alcanza un saldo negativo por encima de los 5,1 millones de euros. En un ejercicio que ha contado con varios informes negativos del Interventor.
La falta de vigilancia en las actuaciones de impulso municipal es una de sus principales reclamaciones, ya que esta falta de control ha elevado considerablemente las cifras de adjudicación de trabajos a causa de liquidaciones adicionales y del acopio de material. Pero no es el único punto que destaca el Interventor en sus informes pues también avisa de la excesiva facturación en determinados servicios sin que haya existido un procedimiento previo de contratación. En este caso pone los ejemplos de la antigua empresa encargada del alcantarillado (cuya supuesta estafa asciende a 600.000 euros) y de una empresa de montaje de escenarios y carpas en un trabajo por valor de 180.000 euros faseado en 12 meses. A lo anterior hay que sumar lo ocurrido en el Patronato de Deportes en la que los servicios médicos estaban siendo realizados por unos trabajadores sin contrato y en situación irregular. Para el PSOE existe una responsable evidente: la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo. El concejal socialista, Fernando León, no entiende cómo aún no ha dimitido y califica de «tomadura de pelo» a la ciudadanía tal actitud.
La falta de vigilancia en las actuaciones de impulso municipal es una de sus principales reclamaciones, ya que esta falta de control ha elevado considerablemente las cifras de adjudicación de trabajos a causa de liquidaciones adicionales y del acopio de material. Pero no es el único punto que destaca el Interventor en sus informes pues también avisa de la excesiva facturación en determinados servicios sin que haya existido un procedimiento previo de contratación. En este caso pone los ejemplos de la antigua empresa encargada del alcantarillado (cuya supuesta estafa asciende a 600.000 euros) y de una empresa de montaje de escenarios y carpas en un trabajo por valor de 180.000 euros faseado en 12 meses. A lo anterior hay que sumar lo ocurrido en el Patronato de Deportes en la que los servicios médicos estaban siendo realizados por unos trabajadores sin contrato y en situación irregular. Para el PSOE existe una responsable evidente: la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo. El concejal socialista, Fernando León, no entiende cómo aún no ha dimitido y califica de «tomadura de pelo» a la ciudadanía tal actitud.
La regularizacion sera dura, costosa y dificil para todos
El arquitecto y urbanista, Manuel Ángel González Fustegueras, aseguró en Chiclana hace unos meses que si la ciudad completaba con éxito la regularización de sus 15.000 viviendas ilegales saldría en el New York Times. Ayer, de nuevo ante los medios, no sólo se reafirmó en aquellas declaraciones, sino que fue más allá; «no sólo saldremos en el Times, sino en el periódico Pravda de Moscú».
Esta anécdota refleja, a las claras, lo que muchos expertos en la materia piensan pero no se atreven a desvelar. Y la opinión de uno de los mayores expertos en urbanismo del país es clara. Fustegueras sabe que la regularización «será dura, costosa y difícil para todos, porque es un problema grande».
El urbanista, que ayer firmó el contrato de su empresa con el Ayuntamiento para la redacción del nuevo Plan General de la localidad, tiene claro, sin embargo, que ejecutar este proceso es «necesario».
«Sería absurdo no acometer el proceso de regularización», una actuación que él calificó de «titánica pero no imposible».
Desde ayer mismo la empresa especializada de González Fustegueras, que se denomina Territorio y Ciudad, trabaja ya en la elaboración del nuevo PGOU local. Este documento deberá entrar en vigor antes de dos años, si se quiere evitar el vacío jurídico que se produciría en el término municipal si el Supremo anulase antes el actual plan general.
El futuro documento incluirá bastantes cambios, pero será elaborado tomando como punto de partida el planeamiento aprobado en 2003, que fue tumbado por varios recursos en el TSJA. Tanto Fustegueras como el alcalde de Chiclana, José María Román, fueron ayer muy explícitos. El técnico pidió que «no se caiga de nuevo en errores de procedimiento», pero recordó que «ningún recurso sobre el contenido en sí del plan prosperó en la justicia».
Defensor del Pueblo
Durante el acto protocolario de la firma del contrato entre ambas partes, tanto Fustegueras como Román hicieron referencia al reciente pronunciamiento del Defensor del Pueblo en materia de edificación ilegal, que según ambos «avala lo que se está haciendo en Chiclana». Román abogó, además, por «no hacer electoralismo» de un proceso de regularización que sigue sin convencer a la mayoría de propietarios de viviendas sin licencia, muchos de los cuales están convocados a una movilización el próximo sábado día 21 para pedir la rebaja en los costes del proceso. Fustegueras puso la guinda. «Yo apostaría por poner en marcha las Áreas de Gestión Básica inmediatamente». En eso, precisamente, está el Consistorio, que cree que así se reactivará la actividad económica a un municipio castigado por el incremento del paro
Esta anécdota refleja, a las claras, lo que muchos expertos en la materia piensan pero no se atreven a desvelar. Y la opinión de uno de los mayores expertos en urbanismo del país es clara. Fustegueras sabe que la regularización «será dura, costosa y difícil para todos, porque es un problema grande».
El urbanista, que ayer firmó el contrato de su empresa con el Ayuntamiento para la redacción del nuevo Plan General de la localidad, tiene claro, sin embargo, que ejecutar este proceso es «necesario».
«Sería absurdo no acometer el proceso de regularización», una actuación que él calificó de «titánica pero no imposible».
Desde ayer mismo la empresa especializada de González Fustegueras, que se denomina Territorio y Ciudad, trabaja ya en la elaboración del nuevo PGOU local. Este documento deberá entrar en vigor antes de dos años, si se quiere evitar el vacío jurídico que se produciría en el término municipal si el Supremo anulase antes el actual plan general.
El futuro documento incluirá bastantes cambios, pero será elaborado tomando como punto de partida el planeamiento aprobado en 2003, que fue tumbado por varios recursos en el TSJA. Tanto Fustegueras como el alcalde de Chiclana, José María Román, fueron ayer muy explícitos. El técnico pidió que «no se caiga de nuevo en errores de procedimiento», pero recordó que «ningún recurso sobre el contenido en sí del plan prosperó en la justicia».
Defensor del Pueblo
Durante el acto protocolario de la firma del contrato entre ambas partes, tanto Fustegueras como Román hicieron referencia al reciente pronunciamiento del Defensor del Pueblo en materia de edificación ilegal, que según ambos «avala lo que se está haciendo en Chiclana». Román abogó, además, por «no hacer electoralismo» de un proceso de regularización que sigue sin convencer a la mayoría de propietarios de viviendas sin licencia, muchos de los cuales están convocados a una movilización el próximo sábado día 21 para pedir la rebaja en los costes del proceso. Fustegueras puso la guinda. «Yo apostaría por poner en marcha las Áreas de Gestión Básica inmediatamente». En eso, precisamente, está el Consistorio, que cree que así se reactivará la actividad económica a un municipio castigado por el incremento del paro
El personal administrativo del Ayuntamiento de Puerto Real pone en 'jaque' a Barroso
La asamblea de los auxiliares administrativos municipales afectados por el incumplimiento de los acuerdos de promoción interna ha acordado por unanimidad solicitar por escrito una reunión con el alcalde, José Antonio Barroso, la primera teniente de alcalde, Ana Mosquera, la delegada municipal de Personal, Lola Sanisidro, y el jefe de Recursos Laborales para abordar su situación.
En el encuentro, al que se pretende que acudan tanto los representantes sindicales del Ayuntamiento como los propios auxiliares afectados, se pondrán sobre la mesa entre otros asuntos que la reclamación de estos trabajadores proviene de unos acuerdos firmados en 2006, aprobados por el pleno y que cuentan con una dotación presupuestaria ya consignada.
En la asamblea de ayer, a la que acudió la práctica totalidad de los empleados afectados, se adoptó esta medida como un primer paso de presión. En el caso de que en un plazo de 15 días la solicitud no obtuviera respuesta, se convocaría una nueva asamblea de afectados para el lunes 30 de noviembre, en la que se marcaría un calendario de movilizaciones. Uno de los asuntos recriminados desde Comisiones Obreras ha sido la realización de contratos por obras y servicio de personal, algo que, según explican, contraviene lo acordado con el propio jefe de Recursos Laborales. «Esta clase de contrataciones supone un acceso a la administración son superar ningún proceso selectivo, y es una manera de colar a los amiguetes», advierten con dureza. Otra de las quejas pasaba por la libre asignación de provisiones de puestos de trabajo con carácter definitivo, «que en algunos casos no cumplen con los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo, ni existen», aseguran.
La Abogacía del Estado tendrá en 15 días el informe para levantar Las Aletas
Una reunión de alto nivel. El ministro de Interior y diputado por Cádiz, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidido ayer tarde en su despacho de Madrid una reunión sobre el futuro de Las Aletas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que paraliza las obras en 287 hectáreas, de las 500 que ocupará el parque logístico. Al encuentro asistieron la presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana Lázaro, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, el titular de Empleo, Antonio Fernández, y el presidente de Diputación, Francisco González Cabaña.
La cita sirvió para plantear la estrategia a seguir a partir de ahora con el fin último de levantar el proyecto y reanudar cuanto antes los trabajos de construcción del que será el tercer parque logístico y empresarial de Andalucía. Los gestores aguardan en estos momentos el informe de la Abogacía del Estado, que será clave para corregir los errores cometidos en la tramitación del expediente y que han servido a la organización ecologista Adena para llevarse el gato al agua sobre el recurso que presentó contra la obra. Está previsto que en un plazo de quince días se pronuncie la Abogacía del Estado.
El Alto Tribunal emitió su dictamen a finales de octubre y destacó que la actuación en las marismas que comprenden la zona de dominio público marítimo terrestre en Puerto Real no cumple con la Ley de Costas. El consejero Luis Pizarro destacó el pasado viernes en Cádiz que se trata de un defecto de forma en el expediente y se mantendrá el proyecto en los mismos términos. Toca ahora, según el titular de Gobernación de la Junta, justificar con todo detalle, como requiere el Supremo, el interés económico y social de este proyecto, así como los motivos por los que se ha elegido una zona de dominio público para la implantación de empresas.
El proyecto de Las Aletas acumula retraso y, ni Pizarro, ni nadie de la Administración se atreven a dar una fecha sobre la terminación de la primera fase. El Consejo de Ministros será el que tenga que aprobar ahora un nuevo expediente con los errores subsanados.
16.11.09
Dos tránsfugas del PSOE dan la alcaldía granadina de Morelábor al PP
El 'popular' José Montalvo se ha convertido en el nuevo alcalde del municipio granadino de Morelábor tras prosperar la moción planteada por los dos ediles del PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE, tras lo que el hasta ahora alcalde socialista, Joaquín García, pasará a la oposición. El PSOE provincial llevará esta moción de censura a la Mesa Antitransfuguismo al entender que los populares han "violado" el acuerdo, y si se ratifica que es un caso de transfuguismo, lo trasladará a la Fiscalía.
El nuevo alcalde ha manifestado que esta moción de censura se ha planteado porque el anterior regidor "estaba haciendo lo que le daba la gana, sin pedir opinión y con poco talante". Montalvo ha asegurado que su antecesor en el cargo "decía una cosa y después hacía otra, incluso metiendo a su familia a trabajar, con tráfico de influencias", por lo que han decidido desbancarlo de la alcaldía para afrontar los principales problemas que existen en el municipio como el paro y el descenso en el número de habitantes.
Los tránsfugas mantienen sus cargos
A partir de hoy, el nuevo gobierno local se reunirá para comenzar a trabajar con el objetivo principal de concluir las obras que están en ejecución, ha precisado el nuevo regidor de Morelábor, que ha asegurado que los dos ediles, que ya han abandonado el PSOE y que han propiciado su elección, Belinda Clares y Celedonio Jiménez, mantendrán las mismas áreas que cuando formaban parte del gobierno socialista.
El ya ex alcalde del municipio, Joaquín García, ha manifestado que no esperaba la moción de censura porque los ediles que abandonaron el grupo municipal socialista "tenían las concejalías más fuertes y las mejores". García ha indicado que su sucesor "tiene ansias de poder y como se le han ofrecido estos concejales que teníamos en nuestra lista, pues no ha dudado en aceptar la oferta".
Morelábor es un municipio situado en la comarca de los Montes Orientales de la provincia de Granada que cuenta con unos 800 habitantes y en el que en las pasadas elecciones el PSOE fue la formación más votada con el 62,71% de los votos (380 sufragios y 5 ediles), seguida del PP, con el respaldo del 36,47% (221 sufragios y 2 ediles).
El 10 de Diciembre Manifestacion en San Fernando (Cadiz)
Por la subida abusiva de los impuestos municipales.
Por el desfalco de la caja municipal de 7,8 millones de euros.
Por las “irregularidades” y doble facturación en el alcantarillado.
.
Por todos estos hechos, muy graves para la economía de nuestra ciudad, creemos que ha llegado el momento de aunar todo el malestar y la decepción que existe en la mayoría de la ciudadanía a través de una
MANIFESTACIÓN
Próximo día 10 de Diciembre a las 18,30 horas
Salida: Paseo General Lobo (Glorieta de La Estación)
Los objetivos de la misma son claros:
A. Conseguir la recuperación de nuestro dinero.
B. Exigir mayor diligencia en la acción judicial, para que se esclarezcan los hechos y se juzguen a los responsables.
C. Exigir las responsabilidades públicas y políticas de nuestros gobernantes municipales. (Dimisión del alcalde, delegada de hacienda y primera teniente de alcalde)
Un colegio de Estepona pide a los padres papel higiénico y gel al no poder suministrarlos el Ayuntamiento
La dirección de la Escuela de Educación Infantil Parque Central de Estepona (Málaga) ha remitido un escrito a los padres en el que les solicita "su colaboración ante la situación que se nos plantea debido a la falta de abastecimiento de papel higiénico y gel de mano por parte del Ayuntamiento".Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, "tras las numerosas llamadas" al Ayuntamiento solicitando estos productos "la única respuesta obtenida hasta el momento es que no hay suministros", por lo que se recurre a los padres para que colaboren "con la aportación de un paquete de papel higiénico y un bote de gel de manos".Desde la dirección entienden que con esta cantidad habrá "suministros suficientes hasta que el Ayuntamiento pueda abastecernos" aunque no se descarta tener que solicitar otra aportación.Por su parte, la concejala de Educación, Rocío Andrades (PSOE), explicó en declaraciones a Europa Press que el Ayuntamiento "mantiene una deuda de 85.000 euros con la empresa proveedora de productos de droguería, por lo que se niegan a seguir suministrando material hasta que no se le realice algún pago".Según explicó la concejala, "se alcanzó un plan de pagos con la empresa, pero debido a la mala situación económica que atraviesan las arcas municipales no se ha podido hacer frente al mismo".Andrades dijo esperar que la situación "se solucione en los próximos días" y señaló que el corte de suministro "no solo afecta a los centros educativos, si no también a todas las dependencias municipales".
Piden un año de cárcel para el alcalde socialista de Casarabonela
El alcalde de Casarabonela (Málaga), Sebastián Gómez (PSOE), se enfrentará a una petición fiscal de un año de prisión y ocho de inhabilitación por conceder presuntamente una licencia de obras a sabiendas de la ilegalidad.
El ministerio público pide la apertura de juicio oral y que el regidor sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2006 cuando un particular solicitó una licencia municipal de obras para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el consistorio.
El Ayuntamiento incoó un expediente de licencia de obras y en mayo de 2007 se emitió un informe por la técnico municipal como "no favorable", pero, a pesar de ello, el alcalde dictó el mismo día un decreto que otorgaba la licencia de obras, sin informe jurídico y a sabiendas de la ilegalidad.
Unos días después se notificó al particular la concesión de la licencia de obras y se le especificaba que "era necesario presentar proyecto de ejecución para poder comenzar las obras".
Tras recibirse en el Ayuntamiento un oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) donde se ponía en conocimiento las obras que se estaban realizando, al día siguiente el regidor dictó decreto de suspensión de las obras.
El fiscal afirma que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las obras que consistían en la ampliación de una vivienda ubicada en suelo no urbanizable.
En abril de 2009 una técnico municipal tras una visita de inspección comprobó que las obras estaban prácticamente finalizadas.
Estas obras, según el fiscal, no son susceptibles de legalidad y fueron llevadas a cabo por el particular amparándose en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto técnico municipal y sin haberse aportado por parte del interesado proyecto de ejecución.
Por todo ello, el ministerio público también pide que el propietario de la vivienda sea juzgado y condenado por otro delito contra la ordenación del territorio a nueve meses de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para realizar obras durante dos años y seis meses. El fiscal también solicita en su escrito acusatorio que el propietario del inmueble proceda a la demolición de lo ilícitamente construido.
El ministerio público pide la apertura de juicio oral y que el regidor sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2006 cuando un particular solicitó una licencia municipal de obras para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el consistorio.
El Ayuntamiento incoó un expediente de licencia de obras y en mayo de 2007 se emitió un informe por la técnico municipal como "no favorable", pero, a pesar de ello, el alcalde dictó el mismo día un decreto que otorgaba la licencia de obras, sin informe jurídico y a sabiendas de la ilegalidad.
Unos días después se notificó al particular la concesión de la licencia de obras y se le especificaba que "era necesario presentar proyecto de ejecución para poder comenzar las obras".
Tras recibirse en el Ayuntamiento un oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) donde se ponía en conocimiento las obras que se estaban realizando, al día siguiente el regidor dictó decreto de suspensión de las obras.
El fiscal afirma que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las obras que consistían en la ampliación de una vivienda ubicada en suelo no urbanizable.
En abril de 2009 una técnico municipal tras una visita de inspección comprobó que las obras estaban prácticamente finalizadas.
Estas obras, según el fiscal, no son susceptibles de legalidad y fueron llevadas a cabo por el particular amparándose en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto técnico municipal y sin haberse aportado por parte del interesado proyecto de ejecución.
Por todo ello, el ministerio público también pide que el propietario de la vivienda sea juzgado y condenado por otro delito contra la ordenación del territorio a nueve meses de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para realizar obras durante dos años y seis meses. El fiscal también solicita en su escrito acusatorio que el propietario del inmueble proceda a la demolición de lo ilícitamente construido.
La Policía interviene el Ayuntamiento socialista de Arboleas
Según confirmaron fuentes de la investigación, que precisaron que agentes de paisano se encuentran en el interior del Consistorio gobernado por el PSOE solicitando documentación oficial relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.La operación, que se inició pasadas las 10.00 horas en presencia de un funcionario del juzgado de Huércal-Overa que instruye las diligencias y por agentes vestidos de paisano, se centra en la persona del ex secretario municipal, Fernando García, que se encuentra retenido en su despacho, que está siendo registrado mientras que el resto de dependencias del Ayuntamiento funcionan a pleno rendimiento y con normalidad.
Así lo reveló el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.
El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".
Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".
EFE
Así lo reveló el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.
El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".
Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".
EFE
15.11.09
La Plataforma de Parados de Rota y la CNT se concentran mañana para pedir al Ayuntamiento "medidas anticrisis"
Un grupo de trabajadores de la localidad gaditana de Rota, en colaboración con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), han creado una Plataforma de Parados que se concentrará, junto con la CNT, a las 11,00 horas de mañana en la plaza del Ayuntamiento roteño para ofrecer al Gobierno local "medidas anticrisis, porque en estos momentos los trabajadores son los que realmente sufren la situación".
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción sindical, Victoriano Vela, explicó que se propondrá al Consistorio "una serie de medidas para intentar paliar el problema de la crisis". Entre éstas, detalló que "se pedirá la creación de una comisión de empleo donde haya una representación de tres componentes de la plataforma y el Ayuntamiento de Rota; transparencia y control de las contrataciones del Ejecutivo local por parte de la plataforma; así como un reparto justo y rotativo del trabajo generado por las inversiones públicas, ya sean del Ayuntamiento o del Plan E, Proteja o cualquier otro".
Del mismo modo, "se exigirá que en los próximos presupuestos municipales se destine más dinero a la partida de servicios públicos y a la creación de empleo y la eliminación de las horas extras en Rota", argumentó Vela, quien añadió que "también se solicitará que se ofrezca información a la Plataforma de Parados sobre cursos que salgan para desempleados", igualmente que "se ofrezca el trabajo del Ayuntamiento a los empadronados en Rota y exigirle a las empresas la contratación de un mínimo de parados de la plataforma".
En este sentido, el secretario de Acción sindical aconsejó que "todas estas medidas deben ponerse en práctica si se quiere salir de la crisis, porque en Rota hay gente que lleva en el paro más de 16 meses y se les han acabado las ayudas familiares", al tiempo que exigió al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), gestionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que haga mucho mejor su trabajo, porque es lamentable, como las cifras lo avalan con un millón de parados".
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción sindical, Victoriano Vela, explicó que se propondrá al Consistorio "una serie de medidas para intentar paliar el problema de la crisis". Entre éstas, detalló que "se pedirá la creación de una comisión de empleo donde haya una representación de tres componentes de la plataforma y el Ayuntamiento de Rota; transparencia y control de las contrataciones del Ejecutivo local por parte de la plataforma; así como un reparto justo y rotativo del trabajo generado por las inversiones públicas, ya sean del Ayuntamiento o del Plan E, Proteja o cualquier otro".
Del mismo modo, "se exigirá que en los próximos presupuestos municipales se destine más dinero a la partida de servicios públicos y a la creación de empleo y la eliminación de las horas extras en Rota", argumentó Vela, quien añadió que "también se solicitará que se ofrezca información a la Plataforma de Parados sobre cursos que salgan para desempleados", igualmente que "se ofrezca el trabajo del Ayuntamiento a los empadronados en Rota y exigirle a las empresas la contratación de un mínimo de parados de la plataforma".
En este sentido, el secretario de Acción sindical aconsejó que "todas estas medidas deben ponerse en práctica si se quiere salir de la crisis, porque en Rota hay gente que lleva en el paro más de 16 meses y se les han acabado las ayudas familiares", al tiempo que exigió al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), gestionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que haga mucho mejor su trabajo, porque es lamentable, como las cifras lo avalan con un millón de parados".
europa-press
Facturas falsas 'compradas' en Cádiz justificaban los gastos de la trama de El Ejido
Seis de las subcontratas que trabajaban para Elsur, la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, propiedad de José Amate encarcelado en la operación Poniente desde el 23 de octubre, compraban facturas falsas a otras empresas, buena parte de ellas de la provincia de Cádiz, para justificar gastos e inversiones, según la primera denuncia anónima presentada en torno a la trama ante la Inspección de Hacienda el 14 de febrero de 2007, que ahora está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez que tramita el caso.
Entre estas facturas se encontraban, supuestamente, las emitidas por D.M., una empresa gaditana cuya actividad, recogida en el registro mercantil, es la del «comercio al por menor de pescados y caracoles», pero que facturó «12 kilómetros de tuberías» que habrían sido instaladas en El Ejido, «cosa que nadie se cree, porque esa gente no se ha visto nunca por aquí», señala la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, y que fue interpuesta presuntamente por un trabajador de Elsur.
Esta denuncia fue, precisamente, el primer hilo que sirvió para desenmarañar el ovillo de la trama que ha dado lugar a la operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción , en la que hasta el momento han sido detenidas 20 personas.
De ellas, siete permanecen en prisión, entre los que se encuentran el alcalde ejidense, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán, y el propio José Amate junto uno de sus hijos y dos yernos, como propietarios de las subcontratas que pudieron defraudar unos 150 millones de euros.
Lo que parece claro, dos años y medio después de la presentación de este documento, es que quien lo dirigió a Hacienda tenía un conocimiento profundo de la situación de las empresas y de sus actividades fraudulentas, puesto que buena parte de los hechos que relata han sido corroborados oficialmente después –en primer lugar por la Inspección de Trabajo en un informe demoledor sobre otras dos subcontratas de Amate (Arborimar y Mariroad)– y ahora siguen siendo investigados.
Tras esta primera denuncia, este diario puso de manifiesto la existencia de la red de subcontratas que trabajaban sólo para Elsur, constituidas la mayoría con un capital mínimo por el propio Amate, entonces también director de producción de la empresa mixta, y que conseguían desmesurados beneficios, puesto que sólo ofrecían mano de obra y apenas contaban con maquinaria o vehículos para hacer sus trabajos de servicios de todo tipo para el Ayuntamiento.
De ahí que, además de inflar los partes de trabajo de sus empleados –como el cobro de 2.100 euros por colocar una baldosa o 24.000 por un paso de peatones elevado– necesitaran de otras facturas para justificar las supuestas inversiones y gastos y completar los supuestos servicios cobrados al Ayuntamiento.
Entre estas facturas se encontraban, supuestamente, las emitidas por D.M., una empresa gaditana cuya actividad, recogida en el registro mercantil, es la del «comercio al por menor de pescados y caracoles», pero que facturó «12 kilómetros de tuberías» que habrían sido instaladas en El Ejido, «cosa que nadie se cree, porque esa gente no se ha visto nunca por aquí», señala la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, y que fue interpuesta presuntamente por un trabajador de Elsur.
Esta denuncia fue, precisamente, el primer hilo que sirvió para desenmarañar el ovillo de la trama que ha dado lugar a la operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción , en la que hasta el momento han sido detenidas 20 personas.
De ellas, siete permanecen en prisión, entre los que se encuentran el alcalde ejidense, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán, y el propio José Amate junto uno de sus hijos y dos yernos, como propietarios de las subcontratas que pudieron defraudar unos 150 millones de euros.
Lo que parece claro, dos años y medio después de la presentación de este documento, es que quien lo dirigió a Hacienda tenía un conocimiento profundo de la situación de las empresas y de sus actividades fraudulentas, puesto que buena parte de los hechos que relata han sido corroborados oficialmente después –en primer lugar por la Inspección de Trabajo en un informe demoledor sobre otras dos subcontratas de Amate (Arborimar y Mariroad)– y ahora siguen siendo investigados.
Tras esta primera denuncia, este diario puso de manifiesto la existencia de la red de subcontratas que trabajaban sólo para Elsur, constituidas la mayoría con un capital mínimo por el propio Amate, entonces también director de producción de la empresa mixta, y que conseguían desmesurados beneficios, puesto que sólo ofrecían mano de obra y apenas contaban con maquinaria o vehículos para hacer sus trabajos de servicios de todo tipo para el Ayuntamiento.
De ahí que, además de inflar los partes de trabajo de sus empleados –como el cobro de 2.100 euros por colocar una baldosa o 24.000 por un paso de peatones elevado– necesitaran de otras facturas para justificar las supuestas inversiones y gastos y completar los supuestos servicios cobrados al Ayuntamiento.
Protesta en Madrid contra la tasa de basuras al grito de "Gallardón, dimisión"
Tras la entrega de más de 50.000 firmas contra la tasa de basura en los registros de las Juntas Municipales y los más de 40.000 recursos presentados contra el impuesto, la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha encabezado una concentración en la madrileña Puerta del Sol para mostrar su rechazo ante lo que consideran un impuesto "injusto" que pretende "tapar los agujeros" del alcalde.Al grito de "no a la tasa", "manos arriba esto es un atraco" o "Gallardón, dimisión", y al ritmo de tambores, los manifestantes han mostrado su rechazo a una tasa que pretende, a su juicio, "pagar las consecuencias de una política de despilfarro que arroja lo que es de todos al pozo sin fondo de proyectos megalómanos concebidos más para el autobombo y la propagada que para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía".El PSOE, al menos en Madrid, critica subidas de impuestos como la decretada por el alcalde. Así, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de la capital, David Lucas, ha aprovechado la jornada para hacer oposición al asegurar que "lo único que pretende Gallardón es conseguir dinero para seguir despilfarrando", mientras los ciudadanos se "sienten engañados" por esta "política voraz y depredadora del Ayuntamiento".Tras señalar que la "campaña" contra la tasa de basuras "está siendo todo un éxito", Lucas se ha mostrado convencido de que la movilización de este domingo "va a dar sus frutos" como los ha dado la recogida de firmas y presentación de recursos, que ha propiciado que se amplíe el no pago de la tasa "a desempleados y pensionistas". Además, ha recordado que las personas que reciben ayuda a domicilio "también van a recibir parte de esas bonificaciones".Por su parte, el presidente de la FRAVM, Ignacio Murgui, ha denunciado que esta tasa "no carga más a quien más residuos emite ni a quien más dinero tiene", sino a las "familias más castigadas" por la crisis. Tras la manifestación las asociaciones vecinales van a convocar a los ciudadanos en las Juntas Municipales de distritos para el próximo pleno, según ha señalado Murgui.Al igual que Lucas y los convocantes, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, ha destacado que con la imposición de esta tasa de basuras, el alcalde sólo busca "tapar los agujeros que su propia gestión ha generado".En el transcurso de la concentración el responsable de Medio Ambiente de la FRAMV, Paco Caño, ha leído un comunicado en nombre de las asociaciones convocantes en el que ha insistido en la idea de que la tasa "no es ecológica, ni justa, ni oportuna", sino que se trata de una "medida meramente recaudatoria". Los manifestantes, con una media de edad alta, han terminado su protesta depositando las numerosas bolsas de basura que portaban en la fachada de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
EFE
Quejas vecinales por el «nulo» cuidado de los parques infantiles en Puerto Real
Vecinos y comerciantes de la Plaza de la Iglesia y Marina de la Bahía han expresado sus quejas por la falta de mantenimiento de los parques infantiles de sus zonas. Francisco Berenguer, estanquero de la Plaza de la Iglesia, advierte que ya se ha dirigido a los técnicos municipales en varias ocasiones por unos aparatos de juego que han sido anunciados por dos veces. «Me comentan que los tienen en la Brigada, pero todavía no los ponen», se lamenta. En el otro jardín de la plaza se iban a habilitar columpios, pero el Ayuntamiento dio permiso a Ono para instalar una caja con tensión eléctrica que lo impide.
En Marina de la Bahía unas vallas de obra cierran el perímetro que no quedó terminado. «Ahí los niños se cuelgan, y puede pasar cualquier cosa», advierte Mar Fernández, vecina de la zona.
El suelo de caucho instalado va absorbiendo una suciedad que no se limpia. José Villar, vecino, añade el problema de los desniveles: «Por ahí está todo ovalado, y cuando vienen las lluvias se forman unos buenos charcos», avisa.
fuente:la voz de cadiz
En Marina de la Bahía unas vallas de obra cierran el perímetro que no quedó terminado. «Ahí los niños se cuelgan, y puede pasar cualquier cosa», advierte Mar Fernández, vecina de la zona.
El suelo de caucho instalado va absorbiendo una suciedad que no se limpia. José Villar, vecino, añade el problema de los desniveles: «Por ahí está todo ovalado, y cuando vienen las lluvias se forman unos buenos charcos», avisa.
fuente:la voz de cadiz
El Ayuntamiento de Puerto Real se olvida de los convenios de promoción interna
Los representantes de la sección sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento han convocado a 26 auxiliares administrativos municipales a una asamblea en la que se decidirá si se adoptan movilizaciones por el incumplimiento, por parte del equipo de Gobierno de acuerdos de promoción interna. Desde CC OO alertan de la contratación por obra y servicio de dos personas que supondrán 18.000 euros al año cada una, frente a los 20.000 que significaría la promoción interna completa.
Los sindicalistas son categóricos: «Se acordó que se dejarían de hacer esta clase de contrataciones porque suponía un acceso a la administración sin superar ningún proceso selectivo, y era una manera de colar a los amiguetes».
Comentario de tiñoso:
No sé de que van estos sindicalistas pero el cabezón lleva colocando a sus amiguetes desde hace 30 años y ahora para colmo les toca a los hijos de los amiguetes en todas las empresas publicas y empresas concesionarias. Sólo se os escucha cuando no se os hace caso, mientras tanto bien que coméis de la olla podrida que es este ayuntamiento.
fuente: la voz de cadiz
Los sindicalistas son categóricos: «Se acordó que se dejarían de hacer esta clase de contrataciones porque suponía un acceso a la administración sin superar ningún proceso selectivo, y era una manera de colar a los amiguetes».
Comentario de tiñoso:
No sé de que van estos sindicalistas pero el cabezón lleva colocando a sus amiguetes desde hace 30 años y ahora para colmo les toca a los hijos de los amiguetes en todas las empresas publicas y empresas concesionarias. Sólo se os escucha cuando no se os hace caso, mientras tanto bien que coméis de la olla podrida que es este ayuntamiento.
fuente: la voz de cadiz
El Defensor del Pueblo dice que los costes recaigan en los dueños de casas ilegales
Esta institución considera que las arcas municipales no deben asumir los gastos de regularización y que paguen los beneficiarios · Chiclana lidera con creces el proceso de legalización de viviendas, que afecta a más de 10.000 parcelaciones.
Las consideraciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las parcelaciones ilegales, a través de un informe presentado el pasado 10 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, fueron contundentes a la hora de definirse sobre quién debería afrontar los costes de urbanización en cualquier proceso de regularización de viviendas.Así, en ese informe se deja claro que los gastos deben soportarlos los propios beneficiarios de la parcelación "que, además, es frecuente que adquieran sus parcelas a un precio menor porque las parcelaciones ilegales no habían asumido las obligaciones que deben abordar los promotores privados, e incluso es probable que muchos participaran como promotores en la propia edificación de las viviendas, evitando unos costes muy diferentes de los que tendrían que asumir si hubieran realizado la construcción en una urbanización legal", dice literalmente.Estas observaciones engloban a todo el conjunto de la Comunidad andaluza, aunque cabe precisar que a nivel provincial e incluso nacional, Chiclana es la población donde se ha puesto en marcha uno de los procesos más ambiciosos y controvertidos sobre la legalización de viviendas, ya que la aplicación de unas nuevas ordenanzas en este municipio afectarán a 10.500 parcelaciones.El reseñado informe del Defensor del Pueblo incide en la idea de que son los propios vecinos los que tienen que enfrentarse a los pagos de urbanización, al considerar esta institución que los propietarios de esas viviendas serían los beneficiarios, sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar importe alguno. En este sentido, destaca que "a la hora de abordar esa regularización y sin perjuicio de la cooperación pública a la hora de redactar proyectos técnicos, asesoramiento, mediación ante los residentes, etc., se evite que los costes de la regularización de las parcelaciones ilegales se trasladen a las arcas municipales, debiéndola afrontar los promotores y los residentes en ellas".Este punto de vista se ve reforzado al entender la institución que se cometería un agravio comparativo con aquellos vecinos que aportaron sus correspondientes pagos en conceptos de licencias y otras exigencias administrativas cuando construyeron o adquirieron sus viviendas de manera legal. Es por ello que en el documento se hace hincapié en el concepto de que "el resto del vecindario no tiene por qué asumir los costes de regularización, por vía indirecta con cargo a sus impuestos, o dejando de recibir servicios de calidad que no se podrían atender por destinar recursos públicos a aquella finalidad".Según el Defensor otra de las causas que tal vez esté presente en los referidos procesos de urbanización es la relativa a la "escasa cultura urbanística existente en la población, donde el Urbanismo y las consecuencias de la regulación no se han asumido por los ciudadanos como una garantía de calidad de vida, de bienestar a medio y corto plazo, sino como una injerencia en su patrimonio. Y es que la función social de la propiedad no ha sido asumida por muchos ciudadanos como límite y condicionamiento de su utilización". En esa línea, cree que no resulta extraño que algunos ayuntamientos "hayan propuesto que se realicen campañas de información para hacer comprender el significado del concepto de función social de la propiedad", indica.Chiclana no es el único municipio que se enfrenta a un proceso de regularización de viviendas, sino que también se aplicará en otros de la provincia, como, por ejemplo, puede ser el caso de El Palmar (Vejer). Esta medida acarrea polémica, impopularidad y disputas entre los ayuntamientos y los vecinos afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se inclina por la regularización "siempre que las circunstancias lo permitan y lo aconsejen, porque estamos convencidos de que la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla, si no es afrontada termina por generar graves problemas".
Vicasa pacta el cierre de la fábrica de botellas de Jerez
Sabor agridulce. Los trabajadores de la fábrica de botellas de Jerez se fundían anoche en abrazos tras escuchar el acuerdo alcanzado con la multinacional francesa Saint Gobain Vicasa sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que pesa sobre la factoría desde el pasado 15 de octubre. Celebraban que no habrá despidos forzosos; lloraban el cierre fulminante de una planta centenarias.
Los empleados y sus familias escuchaban anoche, en la oscuridad de los aparcamientos de la fábrica, su devenir más inmediato. Tras semanas de negociaciones, se selló el acercamiento entre las partes. El comité valoró un pacto "digno" que deja empleo en Jerez para algunos y prejubilaciones y traslados a otro centro de producción para el resto.
Finalmente, la compañía de vidrio clausurará la producción de botellas, pero creará en la misma ubicación el ya anunciado Centro de Servicios Técnicos de Saint Gobain Jerez, una instalación de almacenaje y reparación de maquinaria que absorberá a 40 de los 114 trabajadores de base que mantiene la empresa en la actualidad.
Asimismo, Vicasa prejubilará con el 95% de su sueldo a los 53 empleados de más de 55 años y trasladará a la fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al resto, 21 personas.
De estos últimos, una decena se colocará de manera inmediata en la planta sevillana, mientras que los otros 11 no migrarán a Alcalá hasta 2011, cuando está previsto que se amplíe la industria sevillana con un tercer horno. Hasta entonces, los empleados cobrarán el 100% de su sueldo, a pesar de que se aprobará para ellos un ERE temporal. El acuerdo también contempla que los 21 trabajadores que se marchen a Sevilla dispondrán de un complemento adicional de 280 euros al mes.
Los empleados y sus familias escuchaban anoche, en la oscuridad de los aparcamientos de la fábrica, su devenir más inmediato. Tras semanas de negociaciones, se selló el acercamiento entre las partes. El comité valoró un pacto "digno" que deja empleo en Jerez para algunos y prejubilaciones y traslados a otro centro de producción para el resto.
Finalmente, la compañía de vidrio clausurará la producción de botellas, pero creará en la misma ubicación el ya anunciado Centro de Servicios Técnicos de Saint Gobain Jerez, una instalación de almacenaje y reparación de maquinaria que absorberá a 40 de los 114 trabajadores de base que mantiene la empresa en la actualidad.
Asimismo, Vicasa prejubilará con el 95% de su sueldo a los 53 empleados de más de 55 años y trasladará a la fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al resto, 21 personas.
De estos últimos, una decena se colocará de manera inmediata en la planta sevillana, mientras que los otros 11 no migrarán a Alcalá hasta 2011, cuando está previsto que se amplíe la industria sevillana con un tercer horno. Hasta entonces, los empleados cobrarán el 100% de su sueldo, a pesar de que se aprobará para ellos un ERE temporal. El acuerdo también contempla que los 21 trabajadores que se marchen a Sevilla dispondrán de un complemento adicional de 280 euros al mes.
14.11.09
Detenido un guardia civil acusado de robos en casas de compañeros
Un guardia civil ha sido detenido, y puesto en libertad tras declarar, a espera del juicio; acusado de varios robos en casas de compañeros en la comarca de la Axarquía, y se le imputa la sustracción de 40, 100 y 200 euros en las viviendas de tres agentes, y además el robo del bote de las quinielas a las que los compañeros jugaban cada semana.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se inició tras detectarse varios hurtos de pequeñas sumas en efectivo en las taquillas de un cuartel del interior de la Axarquía.
El método empleado era muy similar, lo que llevó a los investigadores a pensar que se trataba del mismo autor, según informó esta mañana el diario Sur. De esta forma, esperaba el momento apropiado, cuando los moradores estaban fuera, y no utilizaba la fuerza para entrar, todo quedaba intacto y sólo faltaba el dinero.
Al observar el modus operandi, los agentes encargados del caso concluyeron que el ladrón habría utilizado las llaves de las casas de las víctimas para entrar, y entonces comenzaron a sospechar del agente de la Benemérita detenido. Además, en otro cuartel de la Axarquía desaparecieron los 55 euros de la porra que los agentes del puesto guardaban para jugar la quiniela de la semana. Así, el supuesto hurto coincidió en las mismas fechas en que el detenido estuvo de forma circunstancial en ese puesto, que no es el suyo de referencia.
Los investigadores le imputan supuestos delitos de robo en domicilio -los que se cometieron en las viviendas de los agentes- y una falta continuada de hurto, en relación a las pequeñas desapariciones de dinero en las taquillas.
Tras su arresto, el agente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, supuestamente habría reconocido los hechos que se le imputan, según indicaron las mismas fuentes. El imputado habría justificado sus actos por una supuesta cleptomanía, que es un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo. En la actualidad se encuentra de baja laboral, por lo que no está prestando servicio activo.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se inició tras detectarse varios hurtos de pequeñas sumas en efectivo en las taquillas de un cuartel del interior de la Axarquía.
El método empleado era muy similar, lo que llevó a los investigadores a pensar que se trataba del mismo autor, según informó esta mañana el diario Sur. De esta forma, esperaba el momento apropiado, cuando los moradores estaban fuera, y no utilizaba la fuerza para entrar, todo quedaba intacto y sólo faltaba el dinero.
Al observar el modus operandi, los agentes encargados del caso concluyeron que el ladrón habría utilizado las llaves de las casas de las víctimas para entrar, y entonces comenzaron a sospechar del agente de la Benemérita detenido. Además, en otro cuartel de la Axarquía desaparecieron los 55 euros de la porra que los agentes del puesto guardaban para jugar la quiniela de la semana. Así, el supuesto hurto coincidió en las mismas fechas en que el detenido estuvo de forma circunstancial en ese puesto, que no es el suyo de referencia.
Los investigadores le imputan supuestos delitos de robo en domicilio -los que se cometieron en las viviendas de los agentes- y una falta continuada de hurto, en relación a las pequeñas desapariciones de dinero en las taquillas.
Tras su arresto, el agente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, supuestamente habría reconocido los hechos que se le imputan, según indicaron las mismas fuentes. El imputado habría justificado sus actos por una supuesta cleptomanía, que es un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo. En la actualidad se encuentra de baja laboral, por lo que no está prestando servicio activo.
Condenado un empresario por explotar a inmigrantes
El Ministerio Público ha solicitado 14 años y seis meses de prisión para el empresario marroquí acusado de explotar laboralmente a cinco compatriotas el pasado año en Cartaya (Huelva). El fiscal califica los hechos como constitutivos de "un delito continuado de estafa, cinco delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones". Así lo comunicó ayer el letrado de las víctimas, Fernando Osuna, quien, por su parte, pidió más de 40 años para el acusado, que se encuentra en libertad provisional.
Los cinco trabajadores viajaron desde Marruecos con la promesa de obtener un empleo en una fábrica textil en el verano de 2008. Cuando llegaron, según el letrado, "encontraron un cuartucho donde apenas cabían y donde les escupían, amenazaban, humillaban y realizaban vejaciones de todo tipo", por lo que ahora han sido imputados por el Ministerio.
El atestado de la Guardia Civil "ha servido de prueba de cargo, junto a las declaraciones de los cinco trabajadores, las cuales son firmes y unánimes y no ofrecen dudas sobre la veracidad de lo ocurrido", añadió. Osuna prevé que el juicio se celebre durante el primer trimestre de 2010.
Por otra parte, el Juzgado de lo Social número 1 de la Audiencia Provincial de Huelva condenó el mes pasado a este empresario a pagar 16.000 euros por "los salarios y otros conceptos retributivos y por la cantidad de horas extraordinarias que trabajaron".
Los cinco trabajadores viajaron desde Marruecos con la promesa de obtener un empleo en una fábrica textil en el verano de 2008. Cuando llegaron, según el letrado, "encontraron un cuartucho donde apenas cabían y donde les escupían, amenazaban, humillaban y realizaban vejaciones de todo tipo", por lo que ahora han sido imputados por el Ministerio.
El atestado de la Guardia Civil "ha servido de prueba de cargo, junto a las declaraciones de los cinco trabajadores, las cuales son firmes y unánimes y no ofrecen dudas sobre la veracidad de lo ocurrido", añadió. Osuna prevé que el juicio se celebre durante el primer trimestre de 2010.
Por otra parte, el Juzgado de lo Social número 1 de la Audiencia Provincial de Huelva condenó el mes pasado a este empresario a pagar 16.000 euros por "los salarios y otros conceptos retributivos y por la cantidad de horas extraordinarias que trabajaron".
CDC devolverá los 630.000 euros que recibió del Palau de la Música
Cuarenta y tres días después de saberse que el Palau de la Música donó 630.000 euros a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya, la Trias Fargas, el secretario general del partido, Artur Mas, anunció ayer que el partido devolverá el dinero. Mas no habló, sin embargo, de una devolución, sino de "una donación a través de convenios de colaboración". Los detalles del retorno se fijaron en una reunión mantenida por la tarde entre las partes: acordaron que la fundación retornará la suma en ocho entregas, entre 2010 y 2017, de 79.000 euros cada una. "Entendemos que las subvenciones no se otorgaron en una sola vez", matizaron fuentes de la junta del Orfeó Català.
Por la mañana, Mas no había aclarado qué cantidad devolverían. Sí quiso dejar muy claro, sin embargo, que la fundación desconocía la ilegalidad de las subvenciones del Palau y que actuaron "de buena fe". Todos los partidos catalanes celebraron que Convergència devuelva un dinero que salió del Palau por decisión de Fèlix Millet y sin el permiso de sus patronos.
Por la mañana, Mas no había aclarado qué cantidad devolverían. Sí quiso dejar muy claro, sin embargo, que la fundación desconocía la ilegalidad de las subvenciones del Palau y que actuaron "de buena fe". Todos los partidos catalanes celebraron que Convergència devuelva un dinero que salió del Palau por decisión de Fèlix Millet y sin el permiso de sus patronos.
Los ex empleados de Primayor quieren igual trato que a la plantilla de Delphi
Los 145 ex trabajadores de la planta jiennense Primayor (antigua Cárnicas Molina) han protagonizado una marcha en el centro de la ciudad que ha finalizado ante la puerta de la delegación del Gobierno andaluz en protesta por su situación de incertidumbre.
Durante el recorrido al que se han sumado los dos concejales de IU en el Ayuntamiento, han reclamado información concreta sobre los plazos comprometidos por las administraciones local y autonómica sobre el calendario de implantación de las empresas Grupo Dhul y Proasego en la capital.
El representante de los ex empleados, que este mes dejarán de percibir las prestaciones por desempleo, ha criticado la «falta de información» sobre su futuro que pasa por un inicio inminente de los cursos específicos previos a su incorporación laboral, tal y como quedó comprometido por ambas administraciones.
El portavoz del colectivo de trabajadores, Manuel López, ha subrayado la falta de avances «y de fechas» en el proceso de recolocación a pesar de la reunión mantenida recientemente entre las partes con el fin de diseñar una hoja de ruta para el inicio de la actividad de ambas firmas.
El colectivo de ex trabajadores también ha reivindicado el abono de las cantidades pendientes de cobro y que individualmente rondan en torno a los 3.500 euros.
Asimismo han demandado de la delegación de Agricultura una respuesta favorable ante la situación de siete compañeros que aún mantienen su puesto de trabajo en las instalaciones de la fábrica realizando labores de vigilancia y que, según explicaron, durante los últimos tres meses han dejado de percibir sus nóminas pese al aval concretado por la Junta de Andalucía con la entidad financiera Cajasol para recibir una línea de crédito hasta tanto se produjera la liquidación de la empresa.
Por su parte, el candidato a la alcaldía y diputado autonómico, José Enrique Fernández de Moya, se ha comprometido a llevar este asunto al Parlamento andaluz refiriéndose a la actitud que mantiene la consejería de Empleo, «de discriminación absoluta» hacia estos profesionales, «simple y llanamente, porque los jiennenses no somos trabajadores de segunda».
De moya ha pedido «un trato igualitario, como el que se concede, concretamente, a los trabajadores de Delphi, y que haya cursos específicos de formación que les permitan complementar los genéricos que ya han llevado a cabo, con la finalidad de mantener su salario para poder salir adelante».
Durante el recorrido al que se han sumado los dos concejales de IU en el Ayuntamiento, han reclamado información concreta sobre los plazos comprometidos por las administraciones local y autonómica sobre el calendario de implantación de las empresas Grupo Dhul y Proasego en la capital.
El representante de los ex empleados, que este mes dejarán de percibir las prestaciones por desempleo, ha criticado la «falta de información» sobre su futuro que pasa por un inicio inminente de los cursos específicos previos a su incorporación laboral, tal y como quedó comprometido por ambas administraciones.
El portavoz del colectivo de trabajadores, Manuel López, ha subrayado la falta de avances «y de fechas» en el proceso de recolocación a pesar de la reunión mantenida recientemente entre las partes con el fin de diseñar una hoja de ruta para el inicio de la actividad de ambas firmas.
El colectivo de ex trabajadores también ha reivindicado el abono de las cantidades pendientes de cobro y que individualmente rondan en torno a los 3.500 euros.
Asimismo han demandado de la delegación de Agricultura una respuesta favorable ante la situación de siete compañeros que aún mantienen su puesto de trabajo en las instalaciones de la fábrica realizando labores de vigilancia y que, según explicaron, durante los últimos tres meses han dejado de percibir sus nóminas pese al aval concretado por la Junta de Andalucía con la entidad financiera Cajasol para recibir una línea de crédito hasta tanto se produjera la liquidación de la empresa.
Por su parte, el candidato a la alcaldía y diputado autonómico, José Enrique Fernández de Moya, se ha comprometido a llevar este asunto al Parlamento andaluz refiriéndose a la actitud que mantiene la consejería de Empleo, «de discriminación absoluta» hacia estos profesionales, «simple y llanamente, porque los jiennenses no somos trabajadores de segunda».
De moya ha pedido «un trato igualitario, como el que se concede, concretamente, a los trabajadores de Delphi, y que haya cursos específicos de formación que les permitan complementar los genéricos que ya han llevado a cabo, con la finalidad de mantener su salario para poder salir adelante».
El juez del caso 'Malaya' pide información sobre la aparición de Julián Muñoz en televisión
El juez encargado del caso 'Malaya', contra la corrupción en el municipio de Marbella, Óscar Pérez, ha solicitado a Telecinco que informe sobre la aparición del ex alcalde marbellí Julián Muñoz en dicha cadena, en concreto si ha sido contratado directamente o a través de una productora y acerca de una posible retribución económica.
A través de una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el instructor, "a la vista de la intervención" de Muñoz en el programa Sálvame Deluxe de esa televisión, pide a la cadena que indique "si está previsto que participe en alguno de sus programas" y si ha sido contratado "directamente o a través de una productora u otra persona física o jurídica".
Además, en dicho documento, que está fechado el 10 de noviembre y fue notificado este jueves, se insta a que se exprese en concreto "el pagador de la retribución acordada e información de cualquier otra ventaja económica entregada o por entregar", solicitando también una copia del acuerdo o contrato suscrito, "bajo el apercibimiento legal de desobediencia".
Esta petición se realiza tras el escrito enviado al juzgado por el Ayuntamiento marbellí, al que tuvo acceso Europa Press, en el que instaba al juez a pedir información sobre la aparición de Muñoz el viernes día 6 por la noche en ese programa de Telecinco y, en su caso, "asegurar mediante el embargo de los emolumentos previstos las responsabilidades pecuniarias" del caso 'Malaya'.
El instructor ya solicitó en noviembre del pasado año a varias cadenas de televisión, mediante otra providencia, que informaran al juzgado si tenían previsto realizar una entrevista a Muñoz. En esa ocasión también se instaba a informar sobre la forma en la que había sido contratado el ex alcalde.
La entrevista fue emitida el 28 de noviembre de 2008 en Telecinco. Una semana antes agentes de la Policía Nacional se personaron en la sede de la cadena en Madrid para recabar toda la documentación contractual entre la emisora y el ex alcalde, contrato que consta en una pieza separada del sumario del caso, y en el que se fija en 350.000 euros el precio de la exclusiva.
Tras eso, la misma cadena ingresó en la cuenta de los juzgados de Marbella la cantidad de 188.000 euros que tenía pendiente de recibir Muñoz por sus intervenciones, en cumplimiento del requerimiento hecho por el instructor, que en aquel momento acordó embargar parte de las cantidades a percibir por Muñoz por su intervención en programas televisivos.
A través de una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el instructor, "a la vista de la intervención" de Muñoz en el programa Sálvame Deluxe de esa televisión, pide a la cadena que indique "si está previsto que participe en alguno de sus programas" y si ha sido contratado "directamente o a través de una productora u otra persona física o jurídica".
Además, en dicho documento, que está fechado el 10 de noviembre y fue notificado este jueves, se insta a que se exprese en concreto "el pagador de la retribución acordada e información de cualquier otra ventaja económica entregada o por entregar", solicitando también una copia del acuerdo o contrato suscrito, "bajo el apercibimiento legal de desobediencia".
Esta petición se realiza tras el escrito enviado al juzgado por el Ayuntamiento marbellí, al que tuvo acceso Europa Press, en el que instaba al juez a pedir información sobre la aparición de Muñoz el viernes día 6 por la noche en ese programa de Telecinco y, en su caso, "asegurar mediante el embargo de los emolumentos previstos las responsabilidades pecuniarias" del caso 'Malaya'.
El instructor ya solicitó en noviembre del pasado año a varias cadenas de televisión, mediante otra providencia, que informaran al juzgado si tenían previsto realizar una entrevista a Muñoz. En esa ocasión también se instaba a informar sobre la forma en la que había sido contratado el ex alcalde.
La entrevista fue emitida el 28 de noviembre de 2008 en Telecinco. Una semana antes agentes de la Policía Nacional se personaron en la sede de la cadena en Madrid para recabar toda la documentación contractual entre la emisora y el ex alcalde, contrato que consta en una pieza separada del sumario del caso, y en el que se fija en 350.000 euros el precio de la exclusiva.
Tras eso, la misma cadena ingresó en la cuenta de los juzgados de Marbella la cantidad de 188.000 euros que tenía pendiente de recibir Muñoz por sus intervenciones, en cumplimiento del requerimiento hecho por el instructor, que en aquel momento acordó embargar parte de las cantidades a percibir por Muñoz por su intervención en programas televisivos.
Los trabajadores de Cernaval temen perder su empleo tras el vertido del 'Shenzhen'
El vertido de fuel del mercante 'Shenzhen' a la bahía de Algeciras arrastra consecuencias no sólo medioambientales. Los 150 trabajadores de la plantilla de Cernaval, el astillero en cuyo dique seco ha quedado inmovilizado por orden judicial el buque, muestran su preocupación ya que ven peligrar sus puestos: ‘Cernaval no se cierra’, reclamaron hoy.
Según explicó un representante de la plantilla, «estamos preocupados porque los barcos (tres hasta el momento) se están desviando a los astilleros de Gibraltar, pedimos una solución». "La empresa nos ha dicho que en pocos días podemos perder el trabajo», apunta Gázquez, quien reconoce que «el astillero está limpio y dispuesto para recibir barcos pero no tenemos autorizaciones».
En estos momentos, la situación es más complicada desde el punto administrativo que desde ningún otro. Manuel Piedra, director general del astillero, confirmó que la Consejería de Medio Ambiente ya les ha dado autorización para vaciar las 90.000 toneladas de agua al mar que permanecían en el interior del dique.
Pero faltan, según explicó el director de Cernaval, al menos tres meses para acabar con las tareas de limpieza, aunque ya es posible recibir barcos para reparaciones. Sin embargo, no es posible hasta que las cuatro partes implicadas en el suceso (remocaldores, prácticos, armador y astillero) no se pongan de acuerdo. Mientras tanto Cernaval explicó, «sin ánimo de bucar culpables», lo ocurrido el día de autos, a través de las grabaciones y fotografías realizadas. Piedra subrayó que su compañía «no se arrepiente de lo que hizo», actuar como refugio del buque, «pese a que la aseguradora del barco nos dijo que habría sido mejor dejar el fuel en la Bahía, que se limpia muy bien en las playas».
Por su parte, el capitán Rogelio Garcés dejó claro que era evidente la existencia de «errores en la maniobra», aunque, según él, «habría que conocer los cuadernos de bitácora y otros informes», pero las imágenes dejan claro que «el barco tocó el muelle en la izquierda y que estaba enfilado a 22 metros de proa y 28 de costado, cuando lo ideal es que esa distancia sea de 25 metros», por lo que concluyó, sin culpar a nadie, que «la maniobra ha fallado».
Según explicó un representante de la plantilla, «estamos preocupados porque los barcos (tres hasta el momento) se están desviando a los astilleros de Gibraltar, pedimos una solución». "La empresa nos ha dicho que en pocos días podemos perder el trabajo», apunta Gázquez, quien reconoce que «el astillero está limpio y dispuesto para recibir barcos pero no tenemos autorizaciones».
En estos momentos, la situación es más complicada desde el punto administrativo que desde ningún otro. Manuel Piedra, director general del astillero, confirmó que la Consejería de Medio Ambiente ya les ha dado autorización para vaciar las 90.000 toneladas de agua al mar que permanecían en el interior del dique.
Pero faltan, según explicó el director de Cernaval, al menos tres meses para acabar con las tareas de limpieza, aunque ya es posible recibir barcos para reparaciones. Sin embargo, no es posible hasta que las cuatro partes implicadas en el suceso (remocaldores, prácticos, armador y astillero) no se pongan de acuerdo. Mientras tanto Cernaval explicó, «sin ánimo de bucar culpables», lo ocurrido el día de autos, a través de las grabaciones y fotografías realizadas. Piedra subrayó que su compañía «no se arrepiente de lo que hizo», actuar como refugio del buque, «pese a que la aseguradora del barco nos dijo que habría sido mejor dejar el fuel en la Bahía, que se limpia muy bien en las playas».
Por su parte, el capitán Rogelio Garcés dejó claro que era evidente la existencia de «errores en la maniobra», aunque, según él, «habría que conocer los cuadernos de bitácora y otros informes», pero las imágenes dejan claro que «el barco tocó el muelle en la izquierda y que estaba enfilado a 22 metros de proa y 28 de costado, cuando lo ideal es que esa distancia sea de 25 metros», por lo que concluyó, sin culpar a nadie, que «la maniobra ha fallado».
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