Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de
Gallardón, torturadores y jueces del franquismo
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa
humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio
de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina.
Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes
del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la
imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la
represión franquista.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido
acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo
Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y
José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de
Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del
"torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del
franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del
exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús
Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados
el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un
momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga
que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de
prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera
vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron
de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la
asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14
de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los
crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución
argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los
culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han sumado
ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1
de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de 25 a 30 años de
prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por
la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del
franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación
de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los
restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la
anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la
dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por
parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la
legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la
dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la
Transición"
El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de
Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de
Gobernación (76-79) como “la porra de la
Transición” por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones
obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la
intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con
una nutrida implicación de organizaciones fascistas.
De manera más específica, la querella pedirá su imputación
como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco
trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976
cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar
habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en
lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido
a la asamblea.
Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de
cinco obreros en Vitoria El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María
Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso
Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral
de 30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en
1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el
puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975.
Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y
de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo,
también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y
1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre
producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de
Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al
mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y
presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma
compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue
presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa
Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid
(1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de Gallardón
La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen
franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma
parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista
comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido
fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y
vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del
dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su
dimisión el 3 de abril de 1978.
Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte
de Puig Antich
La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el
franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia
a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, condenado a muerte por un
tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del
subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, cuando
se procedía a su detención.
En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el
diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del
monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del
Gobierno socialista”. “Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de
avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido
España”, escribe.
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño
Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo largo
de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco,
Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más
impactante. De hecho, tiene un amplio
dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años
del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas
en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías,
por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una
falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un
año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta
por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos
judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de
procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los
juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley
de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber
cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u
ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”.
Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta
relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos
antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español,
autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su
honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le
condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena
homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de
algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos
Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese
mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más
tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de
Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de
la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas
empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de
la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de
equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación por sus
servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como
guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su
intervención en el 23-F. Él fue el primero en dirigirse a los diputados para
comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por
supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo
se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las
puertas del Parlamento.
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber
protagonizado un golpe de Estado
Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de
torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil
de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de
ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar” por el
que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en
octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener
setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
5. Fernando Suárez, en segunda fila
Fernando Suárez inicia su carrera política, como tantos
otros políticos del régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección
de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación
política de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director
general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en 1975
para ocupar la cartera de Trabajo.
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la
sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de
1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan
Paredes Manotas y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como
responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario