La Guardia Civil estima que Lanzas movió 1,8 millones en
comisiones
El fondo que la Junta de Andalucía destinó para los ERE
conllevó comisiones desorbitadas para intermediarios y conseguidores. Esas
tajadas tuvieron un protagonista llamado Juan Lanzas, que supuestamente desvió
al menos 1,8 millones a través de tres empresas pantalla con tres testaferros,
según denuncia la Guardia Civil en un informe enviado a la juez del caso,
Mercedes Alaya. La cifra final de las comisiones pagadas por la Consejería de
Empleo solo se obtendrá tras el análisis de cientos de cuentas bancarias que
han emprendido los agentes.
Lanzas nunca hizo
ostentación de riqueza, pero el año pasado le confesó a un vecino: “Tengo tanto
dinero que no sé qué hacer con él”. Poco después el comentario se extendió por
su pueblo natal, Albanchez de Mágina (Jaén, 1.200 habitantes). La investigación
del caso aclara poco a poco esos rumores y pone ceros a las cantidades que
percibió Lanzas desde las arcas públicas. El protagonismo de Lanzas, amigo del
exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, ha sido definido por fuentes del
caso de manera gráfica: “Era el ajo de todas las salsas”.
Sin embargo, el
exsindicalista de UGT imputado en el caso no actuaba solo, según los agentes.
El holding Vitalia, liderado por María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos imputados
en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, y el bufete Estudios Jurídicos
Villasís (para el que trabajó Lanzas) participaron en esta operativa para
canalizar las comisiones de los ERE. El informe desvela “sobrecomisiones” de
hasta el 16,9% cuando la media del mercado se sitúa en el 3%. Para determinar
los flujos de dinero, la Guardia Civil ha pedido a la juez investigar nada
menos que 153 cuentas corrientes del grupo Vitalia “para esclarecer el presunto
enriquecimiento ilícito” del entramado. Los agentes analizan las cuentas de
seis firmas del grupo: Vitalia Vida, Irson Empresarial, Primadeco, Personal
Life, Fortia Vida y Apra Leven.
El destino que
Vitalia dio a parte de esos fondos es rocambolesco: bonos basura del ladrillo.
La consultora invirtió en el ladrillo de países tan dispares como Rumanía,
Brasil y República Dominicana. Compañías como Fortia Vida Apra Leven
arriesgaron y se lanzaron a por el alto interés que dieron los bonos basura de
promociones inmobiliarias en el extranjero con nula fiabilidad. Al margen de
este desvío de fondos que investiga la Unidad Central Operativa (UCO), los
agentes analizan el modus operandi de Vitalia junto a Lanzas y el despacho
sevillano Estudio Jurídico Villasís.
“Mediante esta
maniobra introducían en el circuito financiero, dotando de apariencia de
legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas
suscritas con financiación de la Junta de Andalucía, en las cuales estos
participaron”, denuncia el informe. Lanzas, Vitalia y el bufete de abogados
utilizaron “con o sin su consentimiento” las empresas Atrado Mensajería SL,
Estudios Agenciales SL y Distripack Transporte Urgente SL, así como a Eduardo
Leal, Beatriz Núñez y Juan Francisco Algarín para desviar sus pagos entre 2003
y 2006. Leal cobró 47 cheques por valor de 1,5 millones y Algarín otros tantos
por 362.000 euros. Algarín cobró por parte de empresas que recibieron
subvenciones en las que Lanzas actuó como intermediario. “Lanzas habría
desarrollado un importante papel y con empresas vinculadas de una u otra manera
a este”.
Además, Lanzas figura
como titular de tres cuentas investigadas, pero también su hija María Lorena y
su cuñado Ismael José Sierra, vinculado a la empresa Maginae Solutions, que
realizó informes ficticios para Mercasevilla. Los documentos intervenidos en
Vitalia revelaron los porcentajes de los “gastos externos” en el ERE de
Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima,
hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de Vitalia (el 23,89%). De
otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%).
Mientras, las
relaciones y flujos de dinero se amplían con la empresa Atrado Mensajería SL.
Esta firma mantuvo relaciones eocnómicas en 2006 con el restaurante sevillano
Río Grande, que recibió una ayuda de 1,5 millones para un ERE, pero que la
investigación considera es una ayuda concedida de manera encubierta como una subvención
directa a empresa. El círculo se cierra en torno a Lanzas, ya que también
ejerció como comercial para el restaurante, cuya dueña Carmen García está
imputada en el caso. Además, en la tramitación de esta póliza participaron
Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís, cuyo responsable Carlos Leal está
asimismo imputado. Además, la firma de mensajería Atrado también tuvo
relaciones con otra empresa en la que figuraba como administrador solidario
Antonio Albarracín, ex director comercial de Vitalia.
Para completar el
flujo del dinero pagado en comisiones, los investigadores creen necesario
investigar las cuentas de la consultora Uniter, que sustituyó a Vitalia en la
tramitación de los ERE que subvencionó Empleo. La Guardia Civil acusa al
exresponsable imputado de la firma, José González Mata, de conocer y participar
en la inclusión de los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas
con ayudas). A pesar de que González Mata ha negado mantener amistad con el
exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los agentes subrayan que este fue el
motivo de que interviniera en expedientes con pólizas millonarias como Santana,
la Faja Pirítica y Delphi. Los agentes solicitan investigar los movimientos de
54 cuentas corrientes vinculadas a las empresas Herederos de Torrent Miranda,
Asinver Jerez 2005, Ingotor Seguros, Cureña, vinculadas a Uniter.
En otro informe del
pasado julio entregado ayer a las partes del caso, la Guardia Civil aclara que
intenta determinar el destino de las subvenciones por 1,3 millones que recibió
Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero recientemente excarcelado: “Con el
fin de que le entregaran cantidades de dinero en metálico a este \[por
Guerrero\], así como diversos regalos, y sufragarle otros gastos y consumos”,
destaca el instructor del informe.Trujillo declaró ante la juez que consumió
cocaína y participó en fiestas pagadas con los fondos públicos (1,3 millones)
que obtuvo a través de tres subvenciones para sus empresas Sapphire, Lógica
Estratégica Empresaria, Inverdosmar, Iniciativa Turística Sierra Morena y Ave
Nueva.
El informe desarrolla
la vía de las comisiones en la tramitación de los ERE. Pero la cifra que la
Junta pagó a los intermediarios, que el PP cifró en más de 200 millones, se
retrasará aún meses hasta que los agentes contrasten los movimientos bancarios.
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