Cuando pides a alguien un sacrificio, debes empezar sacrificándote tú mismo. Esto lo digo porque entiendo la mayor parte de la reforma del sistema de pensiones que plantea el Gobierno, pero no entiendo que los políticos no vayan a compartir el sacrificio del resto de los españoles en este tema.
Veamos: lo que el Gobierno quiere hacer con las pensiones nos exige más a todos, incluso retrasar dos años la jubilación. Esto, visto en frío, es una faena. Pero si lo consideras en conjunto, la reforma que se plantea busca la sostenibilidad del sistema y pone coto a algunas inequidades que ha ido acumulando.
Por ejemplo, en el régimen de pensión vitalicia por incapacidad se amparan casos como los de futbolistas profesionales que sufren una lesión o una enfermedad congénita (pongamos por caso, disfunciones cardiacas). Estas personas, habiendo trabajado poco tiempo como jugadores, ya tienen una pensión de por vida. Y el caso es que no pueden jugar más, pero sí podrían desempeñar un trabajo reposado. El Gobierno alega que “no es razonable que trabajos profesionales que se desarrollan en exclusiva en una parte de la vida, generen pensiones vitalicias”, ni tampoco “que prestaciones pensadas para cubrir la imposibilidad de trabajar –incapacidad permanente absoluta– se compaginen con el trabajo”. Se trata de un cambio que parece de sentido común.
Pero empecemos ahora a hablar del sacrificio que no hacen diputados y senadores: ellos pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de su vida laboral hayan cotizado por la mínima. Bastan 11 años en el Parlamento para tener derecho al cien por cien de la pensión máxima y con siete años se llevan el 80%. Aún reconociendo las particularidades que tiene ser diputado, con la interrupción de carreras profesionales en el ámbito privado, este complemento vitalicio a las pensiones de sus señorías los convierte en un colectivo privilegiado. Más aún si se consideran otras ayudas que reciben, como que las Cortes paguen la cotización de los ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral.
Entre las exigencias propuestas del Gobierno para acceder a la pensión no hay ninguna referencia a sus señorías. La explicación no se debe a un fallo de memoria sino que es puramente técnica: la reforma afecta al sistema de la Seguridad Social mientras que el complemento de pensiones de los parlamentarios sale del presupuesto del Congreso. Yo, que no soy nada técnica, sólo veo una cuestión: ambas cosas salen del dinero público.
Es una oportunidad única para que los miembros del Pacto de Toledo, que son los que van a decidir nuestras pensiones futuras, den ejemplo y se igualen al resto de ciudadanos.
Podemos debatir la necesidad de introducir cambios en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, incluso estar de acuerdo con algunos. Es cierto que la relación entre años de trabajo y años de retiro se ha deteriorado. Hace tres décadas se trabajaba durante 40 años y se cobraba la pensión menos de diez, porque te morías antes. Ahora se trabaja una media de 37 años y se vive retirado unos 18. Es decir, el Estado debe pagar las pensiones más tiempo y la proporción entre activos y jubilados mengua.
Pero, antes de resignarnos a que dentro de 15 o 20 años haya que jubilarse a los 67, habría que comprobar si no se pueden incrementar los cotizantes por otras vías. Por ejemplo: aumentando la tasa de ocupación, logrando la plena incorporación laboral de la mujer, con la llegada de inmigrantes o que los jóvenes –que sufren una tasa de paro superior al 40%– encuentren empleo.
Incluso aceptando que, por motivos de pirámide de población, no se lograra un número suficiente de cotizantes a la Seguridad Social, lo que resulta paradójico es que sigan permitiendo prejubilarse –por miedo a que impedirlo incremente las cifras del paro– mientras se retrasa la edad de retiro. El Gobierno propone “limitar” las prejubilaciones en las empresas con beneficios y de los directivos aunque, al no “prohibir”, podemos presumir que seguirá habiendo prejubilaciones.
Pero el debate de las pensiones lleva a otro: Si tantas ganas tenemos de jubilarnos, ¿no deberían ser nuestras condiciones de trabajo las que habría que revisar?
Veamos: lo que el Gobierno quiere hacer con las pensiones nos exige más a todos, incluso retrasar dos años la jubilación. Esto, visto en frío, es una faena. Pero si lo consideras en conjunto, la reforma que se plantea busca la sostenibilidad del sistema y pone coto a algunas inequidades que ha ido acumulando.
Por ejemplo, en el régimen de pensión vitalicia por incapacidad se amparan casos como los de futbolistas profesionales que sufren una lesión o una enfermedad congénita (pongamos por caso, disfunciones cardiacas). Estas personas, habiendo trabajado poco tiempo como jugadores, ya tienen una pensión de por vida. Y el caso es que no pueden jugar más, pero sí podrían desempeñar un trabajo reposado. El Gobierno alega que “no es razonable que trabajos profesionales que se desarrollan en exclusiva en una parte de la vida, generen pensiones vitalicias”, ni tampoco “que prestaciones pensadas para cubrir la imposibilidad de trabajar –incapacidad permanente absoluta– se compaginen con el trabajo”. Se trata de un cambio que parece de sentido común.
Pero empecemos ahora a hablar del sacrificio que no hacen diputados y senadores: ellos pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de su vida laboral hayan cotizado por la mínima. Bastan 11 años en el Parlamento para tener derecho al cien por cien de la pensión máxima y con siete años se llevan el 80%. Aún reconociendo las particularidades que tiene ser diputado, con la interrupción de carreras profesionales en el ámbito privado, este complemento vitalicio a las pensiones de sus señorías los convierte en un colectivo privilegiado. Más aún si se consideran otras ayudas que reciben, como que las Cortes paguen la cotización de los ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral.
Entre las exigencias propuestas del Gobierno para acceder a la pensión no hay ninguna referencia a sus señorías. La explicación no se debe a un fallo de memoria sino que es puramente técnica: la reforma afecta al sistema de la Seguridad Social mientras que el complemento de pensiones de los parlamentarios sale del presupuesto del Congreso. Yo, que no soy nada técnica, sólo veo una cuestión: ambas cosas salen del dinero público.
Es una oportunidad única para que los miembros del Pacto de Toledo, que son los que van a decidir nuestras pensiones futuras, den ejemplo y se igualen al resto de ciudadanos.
Podemos debatir la necesidad de introducir cambios en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, incluso estar de acuerdo con algunos. Es cierto que la relación entre años de trabajo y años de retiro se ha deteriorado. Hace tres décadas se trabajaba durante 40 años y se cobraba la pensión menos de diez, porque te morías antes. Ahora se trabaja una media de 37 años y se vive retirado unos 18. Es decir, el Estado debe pagar las pensiones más tiempo y la proporción entre activos y jubilados mengua.
Pero, antes de resignarnos a que dentro de 15 o 20 años haya que jubilarse a los 67, habría que comprobar si no se pueden incrementar los cotizantes por otras vías. Por ejemplo: aumentando la tasa de ocupación, logrando la plena incorporación laboral de la mujer, con la llegada de inmigrantes o que los jóvenes –que sufren una tasa de paro superior al 40%– encuentren empleo.
Incluso aceptando que, por motivos de pirámide de población, no se lograra un número suficiente de cotizantes a la Seguridad Social, lo que resulta paradójico es que sigan permitiendo prejubilarse –por miedo a que impedirlo incremente las cifras del paro– mientras se retrasa la edad de retiro. El Gobierno propone “limitar” las prejubilaciones en las empresas con beneficios y de los directivos aunque, al no “prohibir”, podemos presumir que seguirá habiendo prejubilaciones.
Pero el debate de las pensiones lleva a otro: Si tantas ganas tenemos de jubilarnos, ¿no deberían ser nuestras condiciones de trabajo las que habría que revisar?
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