Los ayuntamientos deberán publicar en Internet el patrimonio de sus alcaldes y concejales, para que los vecinos del municipio puedan consultarlo cuando deseen. Ésta es una de las novedades del anteproyecto de ley de Gobierno Local, que el Gobierno comienza hoy a negociar con el PP con el fin de aprobarlo en este periodo de sesiones.
El texto también señala que las licencias de obras, convenios, contratos y modificaciones de los planes de ordenación urbana deben ser publicados en la Red para lograr un mayor control de las decisiones de los ayuntamientos en ese ámbito.
Con el anteproyecto, el Ejecutivo quiere afrontar la lucha contra la corrupción municipal. "Se trata de poner dificultades a la posibilidad de la corrupción en los municipios con un aumento de la transparencia", señalan fuentes del Ministerio de Política Territorial. El texto recoge y actualiza el borrador de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 que en la pasada legislatura elaboró el equipo del entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Otras medidas previstas en el anteproyecto son las siguientes:
- Fortalecer a la oposición.
La minoría de la oposición municipal podrá exigir la comparecencia, en pleno o comisión, de los directivos de organismos públicos y de servicios municipales, además de la de los concejales. Para poder ejercer de manera efectiva su papel de control del Gobierno, también tendrá derecho a una retribución económica. El número de concejales retribuidos variará en función del número de habitantes de los ayuntamientos, pero, en todo caso, al menos uno de los ediles de la oposición tendrá sueldo.
- Delimitación de funciones.
La reforma propone delimitar de modo claro las funciones del equipo de Gobierno municipal y el papel de la oposición. El control no será del pleno municipal sobre el alcalde, sino de la minoría sobre la mayoría. También delimitará las funciones del consejo de gobierno de las del pleno municipal, de forma que no se tengan que someter a este órgano asuntos sin trascendencia política.
- Iniciativa popular.
Los vecinos de los municipios podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Están pendientes de fijar los baremos, pero una propuesta sitúa en el 20% de la población en ayuntamientos menores de 5.000 habitantes la cifra mínima para hacer efectiva la iniciativa popular. Hay que tener en cuenta que el 85% de los más de 8.000 municipios españoles tienen menos de 5.000 vecinos.
- Alegaciones de los vecinos.
Los vecinos podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas, con la excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno. El anteproyecto de ley reconoce también el derecho de los vecinos a ser informados, "previa petición razonada", y a dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con los expedientes y documentación municipal.
- Consultas populares.
La celebración de consultas populares en los ayuntamientos también quedará regulada. Requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo. Se podrán someter a consulta o referéndum popular asuntos de competencia estrictamente municipal, con excepción de los referentes a la Hacienda local.
- El papel de las diputaciones.
La delimitación del papel de los municipios y de las diputaciones es otro de los objetivos del anteproyecto. El nuevo papel de las diputaciones consistirá en ser una entidad al servicio de los ayuntamientos en la prestación de los servicios mancomunados; esto es, una entidad al servicio de una agrupación de municipios que juntos superen carencias o impulsen proyectos que por sí solos no abordarían.
- Competencias.
Los ayuntamientos ejercerán todas aquellas competencias que no están expresamente prohibidas o atribuidas a otra autoridad, sea estatal o autonómica. Fija varios campos de actuación, unos 25, en competencias para la ordenación y prestación de los servicios básicos locales, desde la gestión del padrón municipal de habitantes hasta el desarrollo local y la promoción turística de su territorio, de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Padrón municipal.
El Gobierno pretende aprovechar la reforma de le Ley de Régimen Local para introducir criterios que impidan la sobreocupación de pisos (en la que estarían incluidos los pisos patera) y el fraude electoral. Respecto a este último, se puede producir en municipios pequeños por la vía de inscribir en el padrón unos meses antes de las elecciones a decenas de personas que votan e inclinan la balanza a favor de un partido determinado. La vía para impedirlo consistirá en fijar en la ley mecanismos de "inhabitabilidad" que desarrollarán las ordenanzas municipales.
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