Los oncólogos
reclaman una ley general de amianto para evitar más muertes
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se suma a la
petición de varias organizaciones de desarrollar una Ley Integral del Amianto.
El objetivo es evitar las muertes derivadas de la exposición a este material
cancerígeno. Así, junto a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(Separ), entre otras sociedades científicas, los oncólogos se adhieren al Manifiesto publicado recientemente.
En la actualidad alrededor de 125 millones de personas en todo
el mundo se exponen al amianto, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). En general, la exposición se produce en el lugar de trabajo, lo que
provoca que, al año, mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón,
cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis, y 1.523.000 años de vida ajustados
por discapacidad.
Los expertos oncólogos recuerdan que pueden atribuirse miles de
muertes a otras enfermedades relacionadas con el amianto. Además, También se
relacionan los fallecimientos con exposiciones a este material que no están
relacionadas con el lugar de trabajo. Entre estas, la OMS estima unas 400
muertes. Aunque en España está prohibida desde 2002 la producción del amianto
no existe una regulación sobre este que ya está instalado a nivel nacional.
Hasta ese año fue muy utilizado en España y aún sigue formando parte de
múltiples instalaciones.
“Por desgracia,
en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas
con el amianto y existe por tanto un infradiagnóstico importante. Además, no
hay competencia nacional reguladora en España para gestionar la prevención de
la exposición. Y todo esto hace necesario una ley integral que regule todo esto”,
asegura el Dr. Álvaro
Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM.
Latencia
de hasta 40 años
El oncólogo recuerda que este material tiene un periodo de
latencia de hasta 40 años, lo que lo convierte en la actualidad en “un problema sanitario prevalente de gran
impacto en España”. El Dr. Rodríguez-Lescure advierte de que esto “se mantendrá en las próximas décadas”.
Por otra parte, insisten en que no se trata de un enfermedad
asociada que afecte únicamente a los antiguos trabajadores del amianto. “Nos afecta a todos, como población general
expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno
desconocido en este aspecto. Concretamente el amianto tiene una relación
directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de
ovario”.
Desde SEOM crearon un grupo de trabajo específico sobre este
asunto, centrado en la prevención, la colaboración con Medicina del Trabajo,
las bajas laborales y la identificación de enfermedades profesionales de naturaleza
oncológica.
Los oncólogos también destacan los beneficios para la salud
pública que tendría una Ley Integral del Amianto. Por una parte, quedarían
reguladas las medidas para la identificación de población de alto riesgo de
enfermedad atribuible al amianto. “Esto
permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el
periodo de latencia de enfermedad”, aseguran desde SEOM.
En segundo lugar, podrían identificarse los casos atribuibles a
este material cancerígeno. Esto se haría a través de un Registro de
Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al amianto como la
asbestosis o el cáncer.
Manejo
de pacientes con enfermedades del amianto
Desde oncología también piden fomentar la importancia de la
identificación de estas enfermedades en el registro. En concreto, entre los
especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con
enfermedades del amianto, incluidos los oncólogos.
Por otro lado es importante evitar el infradiagnóstico. Para
ello, aconsejan permitir el acceso al registro a todos los especialistas que
intervienen en el manejo de estos pacientes. Desde el médico de atención
primaria, neumólogo y oncólogo, hasta el médico del trabajo, entre otros.
Otro aspecto importante es la identificación de los casos
potencialmente atribuibles al amianto, como aquellos relacionados con la
exposición en población general ambiental/residencial. Por último, desde SEOM
señalan que esta ley permitiría, a corto plazo, tener una imagen de la
situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención/diagnóstico
por áreas de prioridad.
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