Crónica de una muerte anunciada:
ERE de extinción en La Naval de Sestao
La manifestación de esta tarde
contra el cierre de La Naval de Sestao y en demanda de soluciones que
garanticen la viabilidad de la empresa se va a celebrar en el peor de los
escenarios posibles. La dirección del astillero y la administración concursal han
comunicado esta mañana al comité de empresa que se va a presentar antes de que
finalice este mes de octubre el temido ERE de extinción para toda la plantilla,
compuesta por cerca de 180 trabajadores, tras agotarse la tesorería y ante la
falta de un inversor que dé continuidad a la actividad. El anuncio supone la
certificación de una muerte anunciada ante la imposibilidad a corto plazo de
cumplir con la exigencia que impone el armador holandés Van Oord para la
construcción de la draga ‘Alexia’ de encontrar un inversor que “soporte la
responsabilidad del astillero”.
El futuro del astillero, en
concurso de acreedores desde hace más de un año, se había dibujado todavía más
negro después de que el pasado 24 de septiembre el Consejo de Administración de
Construcciones Navales del Norte (CNN), sociedad propietaria de La Naval de
Sestao, decidiera solicitar al juzgado la apertura de la fase de liquidación de
la empresa al no culminar con éxito los meses de negociación mantenidos con el
armador Van Oord y los bancos implicados en el proyecto de construcción de la
draga, cuya ejecución se encuentra paralizada, para garantizar la continuidad
de la empresa.
Más de 100 años de historia de La
Naval por la borda: entra en concurso de acreedores
José Mari Alonso. Bilbao
Los accionistas del astillero han
adoptado esta medida en junta extraordinaria ante la falta de inversores para
cubrir los 42 millones de euros necesarios para responder a la ampliación de
capital
En este difícil escenario, la
dirección del astillero y el administrador concursal habían convocado de
urgencia a última hora del martes a los representantes de los trabajadores a
una reunión para abordar la situación de la empresa y en la que se han cumplido
los peores presagios, ya que la intención es proceder a la extinción de todos
los contratos en el plazo de unas dos semanas. La dificultad de encontrar un
inversor que pueda insuflar músculo económico a un astillero sin ingresos hace
que se dé prácticamente por cerrada la puerta a la continuidad de la actividad
de la empresa, lo que lleva a la "obligación" de iniciar "en
breve" el proceso de despido de toda la plantilla. El administrador
concursal que supervisa la situación del astillero vizcaíno considera que no
existe ninguna posibilidad de continuar con la actividad del astillero y, por
ello, salvo un giro radical de los acontecimientos durante el periodo de
consultas con los trabajadores y de tramitación del expediente, La Naval
certificará su defunción este mes dentro de un proceso que culminará antes de
que concluya el año si nadie lo remedia.
La defunción del astillero
también afectará a cerca de unos 2.000 empleados de empresas auxiliares
Los trabajadores aún guardaban
esperanzas de encontrar una salida a la difícil situación que atraviesa el
astillero, que acumula pérdidas millonarias, pero ahora todo hace indicar que
se ha escrito ya la definitiva crónica de una muerte anunciada. Son 180
trabajadores los que se ven afectados de forma directa, pero la defunción del
astillero también afectará a cerca de unos 2.000 empleados de empresas
auxiliares. Para alrededor de 150 trabajadores de la plantilla de La Naval
existe la opción de poder reclamar al Estado su incorporación en alguna
sociedad pública, una garantía que les fue concedida con la privatización del astillero
en 2006, si bien esta opción conllevaría un desplazamiento a otras comunidades.
El principio del fin de un
proyecto con más de un siglo de historia a flote comenzó a finales de agosto
del pasado año, cuando los accionistas de La Naval aprobaron solicitar el
concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante la falta de
inversores que diera viabilidad al astillero. Desde entonces, las grandes
esperanzas estaban depositadas principalmente en el empresario asturiano
afincado en Miami Manuel del Gago, principal accionista de Naviera del Norte,
propietaria del 10,5% de las acciones de La Naval, que había mostrado su
intención de depositar los 42 millones de euros necesarios para responder a la
ampliación de capital que requería la empresa. Pero todo interés en el
astillero se ha ido a pique. De hecho, la existencia de un inversor que soporte
la responsabilidad del astillero es la condición indispensable que viene
demandando Van Oord para la construcción del buque 347.
El ERE de extinción para toda la
plantilla se conoce a las puertas de que esta tarde, a partir de las 18.30
horas, se lleve a cabo una manifestación desde La Naval contra el cierre del
astillero y en demanda de soluciones que garanticen la viabilidad de la
empresa, y que concluirá ante el Ayuntamiento de Sestao. Las interpelaciones de
los trabajadores y de los partidos políticos alcanzan en esencia a los
gobiernos español y vasco. A este respecto, el Ejecutivo de Vitoria ha dejado
constancia en varias ocasiones -la última el pasado viernes por boca del
lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pleno de control del Parlamento Vasco-, de la
imposibilidad de otorgar ayudas de tipo financiero ya que serían declaradas
"ilegales" por la normativa europea.
La labor del Ejecutivo de Vitoria
se centra en atraer inversiones que, a corto plazo, permitan la construcción de
la draga con Van Oord y, ya mirando al futuro, garanticen la viabilidad del
astillero. El Gobierno vasco no descarta plantear su entrada en el accionariado
de la empresa, pero esta medida, en todo caso, está condicionada a que salga
del concurso de acreedores en el que está inmersa. Los trabajadores del
astillero volverán a pedir la implicación del Gobierno de Urkullu este jueves
con una concentración ante las puertas del Parlamento Vasco con motivo de la
celebración del pleno ordinario, y en el que precisamente se abordará la
situación de La Naval a instancias de EH Bildu y Podemos, que han presentado
una proposición no de ley encaminada a "poner todos los medios disponibles
para evitar el cierre de la empresa y la desaparición de su industria
auxiliar".
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