Represión en Argentina
El 1 de agosto de 2017 Santiago
Maldonado se encontraba apoyando una protesta de la comunidad mapuche de
Cushamen, en la provincia del Chubut, por la liberación del preso político
Facundo Jones Huala. La Gendarmería argentina dispersó la protesta, persiguió a
los manifestantes dentro de las tierras de la comunidad hasta llegar a un río,
donde pudieron escapar, salvo Santiago.
Miembros de la comunidad aseguran que Santiago
fue detenido por la Gendarmería. Desde ese momento estuvo desaparecido durante
77 días hasta que su cuerpo fue encontrado en el río, a 300 metros del lugar
donde lograron escapar el resto de los manifestantes.
El Gobierno argentino niega el asesinato y los
grandes medios de comunicación amplifican su mensaje asegurando que fue un
accidente y que Santiago se ahogó solo.
Es sabido que las fuerzas de seguridad cumplen
la función de proteger los intereses de las empresas y los grandes
terratenientes de la Patagonia, comandados por este Gobierno de turno. El jefe de
Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación dirigió en persona el
operativo de represión.
Cuatro meses después, el 25 de noviembre, otro
asesinato perpetrado por la Prefectura argentina, también en la Patagonia, nos
da la certeza de lo sucedido a Santiago. Fue asesinado Rafael Nahuel, de 21
años, fusilado por la espalda, cuando intentaba escapar de una nueva represión
al pueblo mapuche.
El pueblo mapuche está sufriendo persecución,
difamación, asesinatos y cárcel.
Algunos preceptos ancestrales de la
cosmovisión mapuche entran en contradicción directa con la lógica del Capital.
No reivindican la propiedad privada, sino la comunal. Tampoco quieren un Estado
y, sobre todo, cuestionan a aquel que intentó exterminarlos y los esclavizó
bajo los símbolos de la patria.
En el 2007 realizaron la primera recuperación
de tierras ancestrales, cuyo "dueño" actual es Benetton. A partir de
ese momento los conflictos se intensificaron.
Pero esta confrontación directa, que irrita y
pone en cuestión la esencia del Estado y el Capital, ya no puede ser afrontada,
como en otras épocas, por el gigantesco poder prebendado del Estado. Es
entonces cuando comienza a ser utilizada como disciplinamiento general.
Para el Gobierno nacional el pueblo mapuche es
sólo un juguete, una prueba testigo para atemorizar a toda la población e
instaurar un clima de impunidad y represión general. Los grandes medios de
comunicación son una pieza fundamental para legitimar la represión e impedir la
solidaridad y la resistencia: mienten, difaman instigan al odio.
Lejos de los centros urbanos, con problemas de
comunicación y de recursos, la fastuosa operación militar y política en la
Patagonia se vuelve sanguinaria y anticipa los planes represivos para el resto
de Argentina.
A la represión en el sur debe sumarse la
ejercida en la provincia más septentrional, fronteriza con Bolivia: Jujuy. Allí
la mayoría de la población es de ascendencia indígena. La represión a los
trabajadores de los ingenios azucareros se ha cobrado varios heridos y detenidos
durante diciembre, entre los que se encuentra un periodista de medios
alternativos. A su vez se encuentra detenida, hace casi dos años, una dirigente
social vinculada al Gobierno anterior, junto a otros militantes de su
organización, mediante un proceso arbitrario que muestra una clara persecución
política.
Mientras en el sur argentino la pelea por la
tierra deriva de la necesidad básica de subsistencia de las comunidades
mapuches, en el marco nacional los negocios son mucho más suculentos y
apetecibles, aunque íntimamente relacionados con aquellos*.
El nuevo Gobierno asumido en diciembre de 2015
inició una política económica de fuerte redistribución del ingreso nacional
hacia los sectores más ricos.
Se produjo un incremento de los servicios
básicos: gas 200 por cien, luz 400 por cien, agua 300 por cien. Durante el 2016
el poder adquisitivo de los alimentos básicos se redujo un 29 por cien
(IndEP-CEPA). Esto se suma a una economía recesiva que va generando despidos en
muchas empresas, además de los producidos por los recortes en el presupuesto
del Estado.
Se estima que la transferencia de recursos
hacia los sectores concentrados de la economía rondan los 70.000 millones de
dólares durante el 2016 (PBI 2016: 500.000 millones de dólares) debido al
aumento de los servicios, la condonación de deudas a las empresas y la
eximición de impuestos a los terratenientes (Argentina es el primer exportador
mundial de harina y aceite de soja y tercer exportador mundial de maíz y
biodiésel).
La tasa de pobreza es del 33 por cien de la
población (menos de 86 dólares por mes) y de indigencia del 7 por cien (menos
de 36 dólares por mes), según datos de organismos oficiales.
Pero sabemos que el capital es voraz y no
cesa.
También en la Patagonia, ciudad de Neuquén, 15
días después del asesinato de Rafael Nahuel el Gobierno provincial comenzó a
recortar el presupuesto en salud. Ante la protesta sindical la respuesta fue
una brutal represión que dejó hospitalizados a muchos trabajadores, incluidos
diputados de la oposición.
Tres medidas ocupan la agenda para propiciar
el próximo latigazo a los trabajadores: la reforma previsional, la reforma
tributaria y la reforma laboral.
La primera fue aprobada el lunes 18 de
diciembre por el parlamento nacional, luego de una multitudinaria manifestación
que se estima entre 200 y 500 mil trabajadores.
La principal central sindical (CGT,
Confederación General del Trabajo) no se movilizó, pero muchos sindicatos de
base, adheridos, participaron igual.
La represión fue feroz, con un saldo que
superó los 80 detenidos e infinidad de heridos.
En Buenos Aires las fuerzas de represión no
han utilizado aún balas de plomo, como sí han hecho en la Patagonia. Se han
limitado al uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, carros
hidrantes y garrotes, pero el uso de estos elementos superaron claramente el
manual policial de dispersión de multitudes.
Los hechos fueron una muestra del segundo
escalón (luego de la muerte de Santiago y Rafael) para generalizar el miedo en
todo el territorio, desmovilizar, demostrar impunidad y avanzar hacia el
próximo paso. La prensa que cubría los sucesos fue atacada permanentemente con
gas y balas de goma y quedaron varios periodistas heridos. Los grandes medios
no cubrieron la movilización, sólo difamaron los enfrentamientos violentos
reclamando sangre y detenciones.
Pero, si bien el Gobierno logró el primer
punto de su agenda el 18 de diciembre, unos días antes había tenido que
postergar la aprobación de la ley gracias a otra enorme movilización, que
obligó al Gobierno no solo a suspenderla, sino a retirar el enorme operativo
militar encargado a la Gendarmería, la misma fuerza que asesinó a Santiago
Maldonado. De esa jornada aún quedan dos detenidos.
La Gendarmería nacional, fuerza militar
encargada de vigilar las fronteras, fue reemplazada por la policía de la ciudad
para reprimir el 18 de diciembre. Un paso atrás para el Gobierno, conseguido
por la movilización popular, pero a la espera de dar dos hacia adelante.
No cabe duda de que el Gobierno, a cargo de
las fuerzas represivas del Estado, quiere saltar a un próximo escalón represivo
y alargar su brazo asesino, desde la Patagonia a todos los rincones de
resistencia.
Al cierre de este artículo el Ministerio de Seguridad
presentó un informe en el que acusa a una "supuesta" organización
llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) de actos terroristas, y establece
vínculos con organizaciones sociales y políticas (entre los que menciona a la
Federación Libertaria Argentina).
El informe es un burdo trabajo con datos
falsos y tendenciosos, cuyas fuentes son en su mayoría artículos periodísticos,
pero presentado con rango ministerial.
El mecanismo de dominio está funcionando al
desnudo. El Gobierno dice al oído a los grandes medios de comunicación quiénes
deben ser estigmatizados, perseguidos y detenidos (¿o es al revés?). Los medios
ablandan a la opinión pública durante un tiempo, el Gobierno mide el impacto y
manda a los jueces a reprimir y encarcelar.
Diseñan una sofisticada dictadura.
Los medios de comunicación que no son
cómplices directos son arrinconados judicialmente y varios periodistas fueron
expulsados bajo clara presión gubernamental. Algunos miembros del principal
partido opositor están encarcelados con causas fraudulentas y 11 diputados
fueron denunciados penalmente, por el Gobierno, por apoyar las últimas
manifestaciones.
Pero, aún con la cantidad de hechos expuestos
hasta aquí, todos tienen muy presentes las revueltas del 19 y 20 de diciembre
de 2001, saben que el futuro no está comprado, ni diseñado a su gusto, y las
movilizaciones gigantescas de diciembre de 2017 muestran una multitud dispuesta
a enfrentar.
Por su parte, la FLA se solidariza con el
pueblo mapuche, con sus justas intenciones de recuperación de las tierras
comunales en manos de empresas y terratenientes, con la libertad de Facundo
Jones Huala y de todos los luchadores que están siendo perseguidos.
*En la Patagonia los negocios se
han vuelto interesantes no sólo para Benetton, que posee 900.000 hectáreas,
sino para la explotación minera y petrolera, de ahí la persecución encarnizada
al pueblo mapuche.
Juan Iyambae
No hay comentarios:
Publicar un comentario