Líderes de UGT, PSOE y CCOO
lograron plaza de funcionario sin concurso
Estalla otra polémica al saber
que medio centenar de afiliados al PSOE y los sindicatos, con familiares
incluidos, lograron una plaza de funcionario por decisión política.
La guerra política en el municipio resucita la
transformación masiva en funcionarios de decenas de empleados vinculados al
PSOE y a los sindicatos
Las ‘sagas familiares’, la
coincidencia de apellidos, la poco casual coincidencia entre carné y puesto de
trabajo obtenido forman parte de las leyendas que pesan sobre buena parte de
los Ayuntamientos españoles.
Pero pocas veces se puede poner
negro sobre blanco un fenómeno que todo el mundo intuye pero pocos pueden
demostrar. Y ese parece ser el caso de Alcorcón, uno de los grandes municipios
del área metropolitana de Madrid, gobernado históricamente por la izquierda
hasta 2011, cuando el PP alcanzó una alcaldía que le parecía negada para
siempre en los últimos años.
Medio centenar de agraciados con
una plaza fija tienen carné de sindicatos o partidos, con lazos familiares
incluso Allí, el posible enchufismo, como lo considera el actual Equipo de
Gobierno, puede haber batido todos los récord aunque, paradójicamente, la
justicia puede determinar que ese proceso es legal: el Tribunal Superior de
Justicia así lo ha decidido en sentencia dictada el pasado 7 de julio que
obliga a funcionarizar de nuevo a 84 empleados que fueron ‘desfuncionarizados’
por el PP al entrar a gobernar, algo que afecta a medio millar de empleados que
no se juegan la plaza ni el salario; sólo el tipo de relación contractual con
la Administración Local, según la documentación oficial a la que ha accedido
Esdiario.
Habrá recurso
El Ayuntamiento, confirman
fuentes municipales, lo va a recurrir y el Consejo Consultivo de la Comunidad
de Madrid, por dos veces, le dio la razón, aunque la última palabra judicial
hasta ahora ha sido adversa para el Ejecutivo local.
Pero más allá de lo que diga la
ley, los hechos son estéticamente sorprendentes, por ser benévolos. Aunque la
polémica llega a nuestros días, su origen está en 2011. Entonces gobernaba
Enrique Cascallana, del PSOE, uno de los alcaldes que llevó a su ciudad a la
cabeza de las clasificaciones de municipios más endeudados de España, con
cifras que podrían haber superado los 600 millones de euros en su momento.
Se olía la derrota, tal vez, y
decidió transformar en funcionarios a 500 empleados laborales del Ayuntamiento.
Una cifra espectacular ya de por sí, pero mucho más cuando se repasa la
identidad de parte los agraciados: hay casi
50 con carné de los sindicatos o del PSOE, una extraña casualidad que
nadie en Alcorcón se cree.
El jefe de UGT
Según el listado al que ha
accedido Esdiario, cotejados nombre a nombre y comprobada su militancia, al
menos 24 miembros de los cuatro sindicatos municipales lograron una plaza de
por vida por esa decisión de Cascallana.
Y entre ellos, algunos muy
llamativos: el mismísimo secretario general de UGT en el Ayuntamiento, Miguel
Ángel Retamosa, y su propia esposa; figuran en el listado de agraciados.
Y no son los únicos. El marido de
una de las lideresas de CC.OO en el Consistorio, Sacramento Cobo Arenas,
también obtuvo premio en ese proceso de funcionarización que no permite aspirar
al resto de ciudadanos a esa plaza, en libre concurrencia, y lo limita a
personal que ya estaba en el Ayuntamiento antes, también seguramente sin
oposición. Todos ellos trabajan en el Ayuntamiento y, si prospera el fallo
provisional del Tribunal Superior, podrán decir con razón que todo fue legal.
No es eso lo que se juzga, sino
la imagen que proyecta la posible relación directa entre una militancia
política y una relación sanguínea y la obtención de un empleo por el que tantos
otros vecinos suspirarían.
"Vicios groseros"
Así lo vio el Consejo Consultivo
de la Comunidad, con dictámenes cuya lectura casi sonroja. “El proceso de
funcionarización se ha alejado del previsto en la ley de forma que no es
reconocible o identificable como tal (…) Los vicios de las bases son tan
groseros, graves y ostensibles que los interesados no pueden alegar buena fe”.
No terminan ahí las sorpresas.
Junto a los nuevos funcionarios de CC.OO, UGT, CSFI y Solidaridad Obrera
aparece otra veintena de nombres con carné del PSOE, el partido que gobernaba
cuando se adoptó la decisión.
Uno de ellos es el de Sonia López
Cedena, que además de lograr el título de funcionario sin hacer oposición, es
en la actualidad concejala socialista en el mismo Ayuntamiento en el que obtuvo
plaza para siempre por decisión de Cascallana. Otra compañera suya, Pilar
García, edil socialista en la pasada legislatura, forma parte igualmente del
cupo de beneficiarios.
Los líderes sindicales y
concejales del PSOE, uno en activo, lograron plaza de funcionario por ese
método
La izquierda, no obstante, no lo
ve así. PSOE, IU y Ganar Alcorcón presentan este miércoles una moción en el
pleno para reclamar al Ayuntamiento que no acudar al recurso de casación y, en
definitiva, acepte la funcionarización definitiva de los trabajadores, muchos
de los cuales no tienen relación alguna con siglas políticas y sindicales.
Y la UGT, a través de su
delegación en el Suroeste de Madrid, va todavía más lejos: no sólo se felicita
a su sección sindical en Alcorcón, sino que se exige al actual alcalde, el
popular David Pérez, que presente sus disculpas por haber criticado duramente
lo que pàra él es “enchufismo” y para los sindicatos, tal y como recoge un
comunicado, “un derecho recogido en la Constitución”.
Sin estética
Entre tanta nota, comunicado,
moción y declaración, nadie explica algo que escapa del estricto ámbito legal y
se adentra en el moral y estético. Sea o no legal, al vecino de a pie le puede
quedar la razonable duda de por qué no puedo él intentar lograr esa plaza y por
qué si lo hicieron personas con un carné político y, bien es cierto, una
trayectoria laboral dentro del Ayuntamiento.
Mientras, la batalla política se
ha convertido en endémica en Alcorcón, quizá el municipio madrileño con más
crispación política. El duelo entre Pérez y la oposición, saldado en multitud de
confrontaciones y en una convivencia irrespirable, no parece tener fin. Y una
parte significativa de sus detractores forman parte, precisamente, de las
siglas más beneficiadas por la decisión de Cascallana.
En 2019, cuando los vecinos vayan
a las urnas, tal vez termine el combate. Antes, el Ayuntamiento seguirá
convertido en un ring sin campana para el descanso entre asaltos.
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