“¿Se está privatizando la
Seguridad Social?”. Alarma entre los pensionistas
Según ha podido saber El
Confidencial Digital por fuentes de varias oficinas de la Tesorería General de
la Seguridad Social, el motivo de la alarma se atribuye en primer lugar a la
falta de personal que ha comenzado a hacerse visible en las oficinas de
atención al público de este organismo.
Además, los ciudadanos están
percibiendo que las delegaciones que gestionan las prestaciones públicas han
iniciado un discreto proceso de cierres. Las clausuras se han acelerado,
además, en el último mes y medio: más de una decena de oficinas de toda España
han cesado su actividad desde comienzos de año.
Oleada de llamadas de
preocupación
Así las cosas, fuentes internas
de la Seguridad Social explican que los funcionarios de distintas oficinas
provinciales están teniendo que afrontar estos días una oleada de llamadas y
consultas presenciales reclamando respuestas sobre el futuro de su pensión.
“¿Es que están privatizando el sistema y por eso cierran?”. Es una de las
cuestiones más trasladadas por ciudadanos que han comprobado que su oficina
habitual había echado el cierre.
También algunas consejerías de
Hacienda y otros organismos oficiales han recibido preguntas de este tipo. Los
interlocutores, explican, se encuadran entre los 9 millones de jubilados que
hay en España y aquellos que están a menos de diez años de retirarse.
Goteo incesante de cierres de
delegaciones
Según las fuentes consultadas,
este proceso de cierres en la Seguridad Social no se circunscribe únicamente a
Madrid. Se extiende ya a otras capitales de provincia, como Valencia,
Valladolid y Huelva. El organismo cuenta con 449 delegaciones repartidas por
todo el país.
También ha comenzado a inquietar
a los ciudadanos que haya oficinas atendidas por solo dos empleados en
municipios de más de 25.000 habitantes. Fuentes internas confirman que un 27%
de las delegaciones son gestionadas por entre uno y tres trabajadores.
Existen también oficinas en
grandes ciudades, como Madrid, Castellón o Santa Cruz de Tenerife, que cuentan
con un solo empleado de atención al público.
La calma del Gobierno no convence
en la calle
Estas llamadas han vuelto a
alertar a las autoridades: los mensajes de tranquilidad no están calando en la
calle. La preocupación es creciente.
Este repunte de la inquietud se
produce después de la última crisis que tuvo lugar hace cinco meses. Entonces,
el Gobierno acababa de reconocer ante Bruselas que la hucha de las pensiones
iba camino de vaciarse. Sólo queda dinero en la caja de la Seguridad Social
para este año. En ese momento el pánico comenzó a apoderarse de las personas
más mayores.
La consigna que ha vuelto a
intensificar el Ejecutivo en los últimos días se considera “ineficaz”: “Las
pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento
económico y la generación de empleo”, se vio obligado a declarar la semana
pasada, en varias ocasiones, Luis de Guindos.
El ministro de Economía tuvo que
salir rápidamente a matizar las últimas palabras de Felipe González y del
gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que proponían retrasar la
edad de jubilación más allá de los 67 años.
Se cuela entre los problemas de
los españoles
En el Gobierno tampoco se pasa
por alto que la inquietud por las pensiones llevaba varios años contenida. Sin
embargo, la preocupación de los españoles por este asunto se ha incrementado en
el último mes y supone ya el octavo problema para el país, según el último
barómetro del CIS correspondiente a enero.
Es el nivel más alto desde enero
del 2011, cuando se alcanzó un porcentaje idéntico coincidiendo con la escalada
de la prima de riesgo de la deuda pública y el inicio del procedimiento para
rescatar a la banca española.
Desde mediados de ese año, la
preocupación de los españoles por esta cuestión había empezado a moderarse
hasta llegar a niveles muy bajos: alcanzó el 1,5% durante el 2014.
La nueva alarma se ha analizado
en el Pacto de Toledo
Ante este escenario, según ha
podido saber ECD por fuentes conocedoras de las conversaciones, PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos han comenzado a acercar posturas en los últimos días.
Todos reconocen que hay que discutir medidas para garantizar el pago de las
pensiones en el futuro.
Además, han tomado conciencia de
que deben sentarse a negociarlas con urgencia, dada la sensibilidad de la
población ante cualquier movimiento. Según datos internos de la Seguridad
Social, la previsión es que 1.500 empleados más abandonen el organismo en los
dos próximos años si no se acomete una reforma profunda del sistema.
Estas conversaciones se han
producido en el ámbito del Pacto de Toledo, que se ha reunido en los últimos
días a puerta cerrada en el Congreso. Se ha considerado una “cuestión
prioritaria” que habrá que acometer en serio antes del próximo otoño.
El Gobierno se ha comprometido a
pilotar el proceso, pero la reforma de la Seguridad Social es un tema
transversal que exige el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
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