MARTÍN VILLA NO SERÁ EXTRADITADO
PORQUE "FIRMAR PENAS DE MUERTE NO ERA UN DELITO"
REDACCIÓN.- Después de mucho "chalaneo", tiras
y aflojas y maniobras de despiste, por fin el Gobierno español se ve obligado
empezar a hablar con cierta claridad en relación con las extradiciones
solicitadas por la justicia argentina.
El nuevo ministro español de
Justicia, Rafael Catalá, dejó claro el pasado fin de semana que el Ejecutivo ultraconservador adoptó el acuerdo de «no continuación de la
extradición» que reclamaba la jueza
argentina María Servini.
Servini había solicitado al
Estado español la extradición de 20 altos cargos franquistas y funcionarios
policiales, entre los que se encontraban los ex ministros Rodolfo Martín Villa
y José Utrera Molina, así como un número de policías de la brigada político
social presuntamente implicados en torturas.
El Gobierno de Rajoy argumenta
por boca de su ministro para no proceder a la entrega de estos sujetos, algunos
de ellos estrechamente vinculados políticamente con el Partido Popular, que los
hechos investigados por la jueza Servini han prescrito y que algunas
infracciones penales que se le imputan a los reos de asesinatos, como por
ejemplo la firma de penas de muerte, no constituían delito en el momento en el
que fueron omitidas
"El haber firmado sentencias de penas de
muerte en los años 70 no era delictivo en aquel momento, una etapa superada,
claro, pero el Código Penal vigente entonces preveía la pena de muerte»,
argumento contundente el ministro ultraconservador.
El ministro alegó igualmente que
el hecho de que las personas a las que se reclama sean «ciudadanos de
nacionalidad española, que están en España» y que se trate de «delitos
cometidos en España, supuestamente», es motivo «suficiente» para no conceder la
extradición, pues en virtud del «principio de jurisdicción preferente»
correspondería al Estado español enjuiciarlos.
Además, ha esgrimido que «los
delitos que supuestamente se les imputan se cometieron en los años 70», y que
el Código Penal entonces vigente preveía la «extinción de responsabilidad» a
los 15 años.
En consecuencia, «en el año 2014,
estaría totalmente extinguida, prescrita, la responsabilidad criminal» según el
portavoz judicial del gobierno de Rajoy
El titular de Justicia ha
defendido, además, que de dar por buenos «algunos de los delitos que se les
imputan» se incurriría en una «doble incriminación».
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