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lunes, 5 de enero de 2015

EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL INVESTIGADO POR LA CAMARA DE CUENTAS


AYUNTAMIENTOS BAJO LA LUPA JUDICIAL POR “HACER TRAMPAS “ CON LAS SUBVENCIONES

La condena de la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por el desvío de subvenciones obtenidas a través de planes estatales y convenios con la Administración andaluza ha supuesto la censura jurídica a una práctica que no fue un hecho aislado, sólo llevado a cabo en el Consistorio jerezano.

La crisis golpeó con dureza a los ayuntamientos a partir de 2007, reduciendo sus ingresos y aumentando sus deudas. Esa bola de impagos fue creciendo, dejando en la bancarrota algunos municipios y a otros pidiendo el auxilio del Estado para obtener la liquidez que les permitiera afrontar los gastos más urgentes; por ejemplo liquidar las deudas con los proveedores.

A través de la difusión del caso judicial que implicó a la exregidora de Jerez, la opinión pública conoció una forma de conseguir fondos, que los Gobiernos locales articularon como medida de urgencia ante la escasez que presentaban sus arcas. Una decisión política que ahora la Justicia ha condenado, tildándola de prevaricadora.

Tras las últimas elecciones municipales que propiciaron el cambio de color político en algunos consistorios, comenzaron a aflorar estos desvíos de subvenciones para tapar agujeros en sus tesorerías.

Los nuevos equipos de Gobierno se encontraban con órdenes de reintegro inesperadas. Al no ejecutarse las ayudas para los fines autorizados, la Administración que había liberado los fondos ordenaba la devolución.

Sin las obras ejecutadas y con la obligación de devolver dinero, estas prácticas salieron a la luz pública. Era un arma para desacreditar a la oposición, pero también una explicación a la caótica situación financiera que anticipaba a la adopción de medidas de ajustes poco populares.

A cinco meses de los próximos comicios municipales, la Justicia está investigando varias denuncias contra ayuntamientos que recurrieron al dinero de fondos estatales como el Plan E para atender a otras necesidades.

Dicho plan tenía como fin reactivar las economías locales a a través de la realización de obras y la consiguiente contratación de trabajadores. Pero en muchos municipios esa política activa de empleo chocó y se hundió frente a la realidad de los ayuntamientos, necesitados de ingresos para cubrir su funcionamiento ordinario.

La sentencia de dos años de cárcel impuesta a Pilar Sánchez por ordenar ese desvío de dinero público ha cargado de razones a aquellos consistorios que decidieron judicializar esta cuestión.

Otros, sin embargo, convocaron ruedas de prensa, arremetieron contra los artífices del uso de ayudas y subvenciones para otros menesteres, pero se quedaron ahí, en el enfrentamiento mediático y no recurrieron a los tribunales.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer el listado detallado de esos municipios que están bajo la lupa judicial. Pero algunos de los casos se encuentran en un momento muy incipiente de la investigación, de la que apenas trasciende información.

Tan sólo hay confirmado a través de fuentes judiciales que son varios los ayuntamientos denunciados.

Obras sin ejecutar, la clave

La clave para que el caso acabe en los tribunales y no sea archivado sin consecuencias legales es que las inversiones que debieron haberse ejecutado con los fondos que recibió la Administración local, se llevaron a cabo.

A continuación se detallan algunas de las denuncias que han trascendido ?la lista es más extensa? y que confirman que la decisión acordada por el equipo de Pilar Sánchez fue asumida en otros ayuntamientos. Estos casos evidencian también que no fue una práctica exclusiva de un partido político.

Vejer: 1,5 millones

El PP arrebató la Alcaldía al PSOE en los últimos comicios. A los pocos meses de arrancar la legislatura, denunciaron que varias administraciones les reclamaban el reintegro de unas ayudas concedidas al municipio para la ejecución de proyectos como la ampliación del campo de fútbol o la construcción de la segunda fase del polígono industrial Cañada Ancha.

En total, el nuevo gobierno se encontró con diez expedientes que habían recibido financiación pero que no se habían ejecutado. Una comisión interna cifró en 1,4 millones de euros el dinero que debían devolver más los intereses devengados.

El PSOE reconoció en dicha comisión que había usado esos fondos para pagar la nómina municipal y alegó al principio de caja única a partir de la cual se atienden las obligaciones de pago.

El Ayuntamiento denunció a la Fiscalía de Cádiz, que en estos momentos está trabajando conjuntamente con la Guardia Civil.

Bornos: 1,3 millones

Su alcalde, Juan Sevillano (PSOE), recuperaba el bastón de mando en 2011. Apenas había cumplido el año de su regreso a la Alcaldía de Bornos cuando denunciaba públicamente que el anterior equipo de Gobierno del PP les había dejado una herencia de más de un millón de euros (1,3) de pagos que presentaban reparos porque los fondos procedían de ayudas para la ejecución de proyectos en la localidad serrana.

Sevillano acusó a su antecesor, Fernando García, de haber «aplicando mal un principio de caja única que no existe» y dejarle cuentas pendientes como la devolución de 229.000 euros a la Junta por no justificar el uso de esa inversión para la rehabilitación de casas en la pedanía de Coto de Bornos.

Pero esas declaraciones a la prensa en mayo de 2012 no llegaron a más y el asunto se fue diluyendo con el paso del tiempo.

Jerez: 9,7 millones

Por esas fechas, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), ya había anunciado que denunciaría en Fiscalía el desvío de fondos que se produjo durante la última etapa del Gobierno de Pilar Sánchez (PSOE), esgrimiendo los mismos argumentos que el regidor socialista de Bornos.

En primera instancia la Justicia le ha dado la razón a García-Pelayo. Tanto la jueza como el fiscal señalan el convenio y la normativa que amparaban las ayudas concedidas por la Junta y el Estado, respectivamente, y que impedían el uso de esos fondos para otros objetivos.

Para dificultar ese desvío, las administraciones que aportan los recursos económicos incluyen la obligación de ingresar las subvenciones en cuentas bancarias restringidas para diferenciar esos ingresos del resto y evitar su utilización para sufragar otros gastos.

Este obstáculo para impedir el desvío de fondos procedentes de subvenciones fue incorporado al articulado del Real Decreto aprobado en 2009 y que entró en vigor un año después. Con él, el Estado autorizaba continuar con la ejecución de obras locales que ayudaran a reactivar el empleo en los municipios.

Era el segundo decreto firmado por el gobierno socialista. El primero, que vio la luz en 2008, había reservado una partida de ocho mil millones de euros para llevar a cabo esta política de dinamización de las economías locales. Nacía una de la grandes apuestas del presidente Rodríguez Zapatero para paliar la incipiente crisis económica.

El Estado impuso medidas para frenar esta práctica

Ese primer decreto no obligaba a los ayuntamientos a crear una cuenta bancaria restringida. Eso facilitó que los fondos del Plan E fueran usados por los ayuntamientos como flotador ante el naufragio de sus arcas públicas.

Aunque no hubo un reconocimiento público de esas irregularidades en el funcionamiento del Plan E, el Gobierno central trató de blindó los fondos estatales que enviaba a los consistorios en el segundo decreto.

Puerto Real: 5 millones

La Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades en varios préstamos concedidos al Consistorio puertorrealeño durante la última legislatura de José Antonio Barroso (IU) como alcalde. Uno de esos créditos fue solicitado a través de una empresa municipal tan sólo un mes y medio antes de las elecciones.

El actual equipo de Gobierno del PA reconoció que uno de esos préstamos eran para las obras del soterramiento pero finalmente no llegó a invertirse para ese fin.

No es la única sombra que hay en algunas operaciones de tesorería realizadas en ese Consistorio.

Dos meses después de las elecciones, el concejal de Hacienda, Jesús Plaza (PA), denunciaba que se habían encontrado con una partida de 1,3 millones procedentes de los fondos de estabilidad del Estado que habían tenido otra utilidad. Anunciaba a la prensa que podrían esa documentación en manos de la Fiscalía.

En el seno de este Ayuntamiento se abrió una comisión de investigación para aclarar el destino final de los fondos que debieron usarse en el soterramiento.

Desde Equo Puerto Real solicitaron que se incorporaran a esa mesa de trabajo las subvenciones del Plan E y Plan Proteja por importe de cinco millones de euros recibidos en la anterior legislatura, pero la propuesta no salió adelante.

«Estamos convencidos que lo mismo que ha ocurrido en Jerez, se ha hecho en Puerto Real donde se han quedado obras sin hacer, pero el equipo de Gobierno no informa sobre ese anuncio de denuncia que hicieron hace tiempo. Vamos a pedir explicaciones porque dudamos que al final se haya realizado», afirma el portavoz de la formación ecologista, Iván Canca.

Fuente: Silvia Tubio – La Voz Digital Cadiz

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