Adelanto electoral y retroceso
político en la memoria
Rafael Guerrero
Periodista y escritor
El adelanto electoral en
Andalucía ya es un hecho tras el anuncio de la disolución del Parlamento
andaluz efectuado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el doble
pretexto oficial de la “inestabilidad” política en el Gobierno de coalición y
de los “intereses generales de todos los andaluces”.
Ambos argumentos resultan cuando
menos cuestionables, ya que la próxima composición del Parlamento autonómico —que
puede pasar de 3 a 6 grupos políticos— no facilitará ni la estabilidad ni la
gobernabilidad. Los tiempos de las cómodas mayorías absolutas para el PSOE
pasaron ya a la historia. En cuanto al siempre socorrido pretexto paternalista
de que “es por vuestro bien”, es más que discutible cuando parece que el otro
motivo para hacer efectiva la prerrogativa presidencial, de poner fin
precipitadamente a la legislatura, viene dado por la evolución de las
encuestas, que sitúan ahora mismo al PSOE en la posición menos mala si se tiene
en cuenta lo que puede pasar con los contrincantes hasta dentro de un año, el
plazo normal de un mandato cuatrienal.
Expuesta la crítica a los
pretextos oficiales de la presidenta Díaz, podemos entrar en otras
consideraciones que deberían estar más presentes en la mente responsable de un
estadista. Pongamos por caso la gestión política relacionada con algo tan
fundamental como los derechos humanos, en un tema tan sensible como la memoria
histórica, sobre el que los organismos internacionales están llamando tanto la
atención —por su incumplimiento— al Estado español.
Bien es sabido que Andalucía fue
el territorio español más masacrado por la represión franquista. Así lo avalan
los más de 50.000 asesinatos políticos y las más de 600 fosas comunes, siendo
una de ellas, la de Málaga, la más grande de toda Europa después de la de
Sebrenica, en la antigua Yugoslavia. No pocos historiadores y analistas
políticos consideran que la configuración sociológica andaluza, marcada por una
hegemonía de la ideología progresista y de izquierdas mantiene con lo anterior
una relación causa-efecto.
Sin embargo, Susana Díaz, en su
discurso de investidura de septiembre de 2013, se olvidó de hablar de la
memoria histórica, pese a la fuerte pujanza social que este movimiento
memorialista mantiene en Andalucía, gracias a los nietos de las víctimas. Sólo
se le vio empática e implicada con esta problemática en los pasados cursos de
verano de la Fundación Garzón sobre derechos humanos en Torres (Jaén), donde
alardeó de la inminente aprobación de una Ley de Memoria Democrática que
reforzaría el papel de referente estatal y vanguardista de Andalucía en
políticas memorialistas.
Entonces era un anteproyecto de
ley que, tras un amplio proceso de participación de numerosas asociaciones de
familiares y de expertos, tenía que dotarse de una memoria económica y pasar
por el Consejo Consultivo. Era, además, una de las bazas más emblemáticas del
socio de Gobierno —Izquierda Unida— en el paquete legislativo pactado para la
coalición.
Pues bien, el pasado martes , 20
de enero, se aprobó por fin el proyecto de Ley de Memoria Democrática de
Andalucía, un ambicioso texto legal inspirado en los principios fundamentales
del derecho internacional de los derechos humanos que iba a pasar al Parlamento
para su tramitación. Con la disolución anticipada de la Cámara, ya nunca podrá
ser debatido ni aprobado.
Un texto producto del consenso de
un Gobierno de izquierdas sensible a las demandas sociales, que facilita las
exhumaciones desde las instancias públicas; que amplía el concepto de víctimas
a familiares, niños robados y deportados en los campos nazis; que obliga a
retirar la simbología fascista de nuestras calles; que quiere completar el mapa
de fosas y elaborar un censo de las víctimas; que persigue llevar la memoria
histórica a los institutos; que promueve la señalización de lugares de la
memoria y crear un banco de ADN para la identificación de miles de
desaparecidos. Que, en definitiva, pretende sustentar, reforzar y consolidar la
justa reivindicación del movimiento memorialista sobre los tres grandes pilares
homologados a nivel internacional de Verdad, Justicia y Reparación. Una ley de
referencia nacional con proyección exterior que contrasta con la desactivación
de facto por parte del Gobierno de Rajoy de la tímida Ley de Memoria Histórica
de Zapatero.
Esa Ley de Memoria Democrática
tan importante para situar la defensa de los derechos humanos desde Andalucía
hacia España en sus justos términos será condenada al olvido por un adelanto
electoral de dudosa justificación general y comprensión por parte de las
familiares de las víctimas del franquismo. Dos años de intenso trabajo, de
estudios, de preparación, de encajes jurídicos, de investigaciones, de análisis
comparados, etc., que se van al garete de un plumazo. Una gestión política para
avanzar que al final no ha servido para nada, salvo para crear frustración. La
Ley de Memoria Democrática de Andalucía pasa así a formar parte de lo que pudo
ser y no fue. Pasará al olvido, de donde tratan de salir las víctimas a las que
pretendía amparar.
¿Adelanto electoral por el bien
de Andalucía? Que se lo pregunten a las víctimas del franquismo, de nuevo
condenadas al olvido.
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/3767/adelanto-electoral-y-retroceso-politico-en-la-memoria/
La foto no pertenece al articulo
(fosa Puerto Real)
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